Por Maria Alejandra Gonzales/ Convoca
La inestabilidad política y social que vive Venezuela alcanzó un punto crítico este 3 de enero cuando Estados Unidos lanzó una operación militar directa en territorio venezolano, con bombardeos en Caracas y otras zonas costeras del norte país, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
En este contexto 26 organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que "ante la actual coyuntura venezolana, consideramos que se abre la posibilidad de avanzar hacia una transición orientada a la redemocratización de Venezuela. En ese marco, afirmamos que el primer paso indispensable de dicho proceso debe ser la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, como condición básica para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del Estado democrático"
En Venezuela permanecen más de 1.000 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. Sin embargo, durante una rueda de prensa, un periodista preguntó al expresidente estadounidense Donald Trump si ya había exigido a Delcy Rodríguez el retorno de la oposición política venezolana al país y la liberación de los presos políticos. Trump respondió que la prioridad inmediata es el petróleo y la recuperación de su producción, y que más adelante se abordarán temas como elecciones y otros asuntos políticos.
La declaración marcó un fuerte contraste con lo planteado por organizaciones venezolanas y voces del periodismo independiente, que advierten que postergar la libertad de los presos políticos equivale a debilitar cualquier narrativa de transición democrática. Para la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), la liberación de los presos políticos no puede ser una medida secundaria ni negociable.
“Yo creo que ese es uno de los puntos claves para de verdad saber si Venezuela va camino a una transición democrática. La liberación de los presos políticos es clave. Yo diría que es lo primero que se tiene que hacer”, afirmó en entrevista con Convoca.pe. Rísquez sostuvo que si esto no ocurre, las dudas sobre lo que pueda venir después van a ser mayores y, lamentablemente, se puede ir oscureciendo todo lo que está pasando en Venezuela.
La intervención militar de EEUU
La operación estadounidense, denominada “Operación Absolute Resolve” por administradores estadounidenses, incluyó bombardeos en instalaciones militares, daños a infraestructura civil y la captura del gobierno en funciones de Venezuela. Autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido que estas acciones podrían sentar un “precedente peligroso” y violan la soberanía nacional y el derecho internacional.
Gobiernos de países como México y Rusia han condenado la ofensiva como una violación del derecho internacional, mientras la Unión Africana y otras naciones llaman a la protección de los derechos humanos y la soberanía de Venezuela.
La incertidumbre política ahora se combina con riesgos de fragmentación institucional, tensiones internas entre fuerzas leales al chavismo y sectores de la oposición, y un espacio político aún dominado por prácticas de persecución a disidentes que datan de años.
La prisión política en Venezuela
Se estima que más de 1.000 personas permanecen encarceladas por razones políticas, muchas sometidas a desaparición forzada, sin debido proceso ni garantía de defensa, según organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
Las detenciones arbitrarias se han utilizado como herramienta de control político, con personas encarceladas por ejercer derechos fundamentales como opinar, protestar, informar o disentir. Las condiciones de reclusión, denuncian, son inhumanas y con graves impactos físicos y psicológicos.
En un comunicado conjunto, 26 ONGs subrayan que la liberación de todos los presos políticos debe ser el primer paso innegociable de cualquier proceso de redemocratización, no un gesto simbólico o una concesión política temporal. Afirman que la libertad plena , sin restricciones como regímenes de presentación, prohibiciones de salida o condiciones judiciales punitivas, es esencial para:
1) Restablecer la confianza social en un proceso de cambio político. 2) Garantizar que los ciudadanos que han sido perseguidos puedan participar en la vida pública sin miedo.Evitar que las detenciones arbitrarias sigan siendo un instrumento de coerción política.3) Alinear a Venezuela con normas internacionales de derechos humanos y debido proceso.
Las organizaciones enfatizan que las excarcelaciones selectivas y condicionadas no solo perpetúan la arbitrariedad, sino que también extienden el sufrimiento a las familias y comunidades de quienes permanecen detenidos. Por ello, exigen que cualquier medida de liberación sea inmediata, plena, incondicional y verificable, con mecanismos de transparencia y supervisión pública.
Además de la liberación, las organizaciones demandan la anulación de procesos judiciales ilegítimos, el fin de la persecución política como práctica sistemática, y la implementación de garantías que aseguren que estas violaciones no se repitan en el futuro. Esto incluiría:
1) Restitución de derechos civiles y políticos. 2) Reparación integral para las víctimas y sus familias. 3) Reformas profundas al sistema de justicia para garantizar independencia judicial. 4) Protección efectiva para defensores de derechos humanos y opositores. 5) Una transición democrática en medio de alta tensión internacional