“Nada justifica violar la soberanía de un Estado, aunque existan crímenes graves”, afirmó la abogada Elizabeth Salmón, al analizar las implicancias internacionales de la operación en Venezuela. Por su parte, la periodista Ronna Rísquez, coordinadora de la Asociación de Reporteros Independientes (ARI), señaló que la intervención refleja la complejidad de un país donde “el derecho internacional ya estaba siendo violado mientras Maduro permanecía en el poder”, en un contexto de denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad.

“No había otra manera de sacarlo ni de hacer justicia”, agregó, y destacó que este hecho histórico genera alegría, satisfacción y expectativa de justicia tras años de un régimen que sometió al país.

Desafíos y dudas en la transición venezolana

La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez señaló que, aunque la captura de Nicolás Maduro ha sido percibida por muchos venezolanos como el fin de una dictadura, el escenario posterior genera incertidumbre sobre la posibilidad de una transición democrática efectiva.

Rísquez expresó su preocupación porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya descartado públicamente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado del proceso de transición, mientras mantiene contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen chavista.

“Las personas que hoy están al frente del gobierno son, en esencia, las mismas que acompañaron a Maduro durante años”, explicó Rísquez en entrevista con Convoca.pe, al señalar que la diferencia radica en que ahora estarían bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos.

Para la periodista, resulta preocupante que una transición se apoye en figuras centrales del mismo poder político, acusado de represión, corrupción y violaciones de derechos humanos, mientras se excluye a los principales referentes opositores.

Este escenario, advirtió, abre un periodo de alta incertidumbre para la sociedad venezolana.
“Es difícil pensar cómo este mismo grupo puede conducir una transición real”, concluyó.

La mirada jurídica

Desde el plano jurídico, la abogada y doctora en Derecho Internacional Elizabeth Salmón advirtió en entrevista con Convoca.pe que la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela constituye una grave violación del derecho internacional, al margen de los delitos que se imputen a Nicolás Maduro.

“Más allá del nombre que se le quiera dar, estamos frente a una operación armada contra un Estado soberano. Eso, en el marco del derecho internacional, es una violación grave”, señaló.

Salmón explicó que la Carta de las Naciones Unidas de 1945 establece solo dos supuestos en los que el uso de la fuerza es legal: una autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU o la legítima defensa frente a un ataque armado.

“Ninguno de esos escenarios se presenta en este caso”, precisó, al subrayar que actividades criminales, contrabando o delitos comunes no constituyen un habilitante jurídico para el uso de la fuerza.

La especialista recordó que la prohibición del uso de la fuerza está consagrada en el artículo 2, inciso 4, de la Carta de la ONU, normas que obligan por igual a todos los Estados, incluidos Estados Unidos y Venezuela.

Violaciones de derechos no habilitan un ataque militar

Salmón subrayó que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, ampliamente documentadas por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

“Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y severas restricciones a la libertad de expresión y de reunión forman parte de un patrón comprobado”, indicó.

Sin embargo, enfatizó que la gravedad de estos crímenes no justifica una acción militar unilateral.

“El rechazo a estas violaciones debe ser absoluto, pero eso no abre la puerta para que cualquier Estado decida atacar a otro. La vía es el multilateralismo y el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, no la imposición por la fuerza”, sostuvo.

Un precedente que inquieta a América Latina

Para Salmón, lo ocurrido en Venezuela plantea un precedente preocupante para toda la región.

“La soberanía y la no intervención son garantías esenciales de supervivencia para los Estados latinoamericanos. Si se debilita el derecho internacional, retrocedemos a la ley del más fuerte, y los países más débiles quedan expuestos a riesgos permanentes”, advirtió.

Ataques, víctimas y falta de información oficial

La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, coordinadora de la Asociación de Reporteros Independientes (ARI), alertó sobre el impacto humano de la operación militar estadounidense en Venezuela, especialmente por los bombardeos registrados en distintos puntos del país.

“Los ataques se concentraron en varios estados, sobre todo en la zona norte costera de Venezuela, y dejaron personas heridas y fallecidas”, explicó.

Ante el hermetismo de las autoridades, periodistas y organizaciones han tenido que reconstruir la información de manera independiente. Según los datos recopilados hasta ahora por Rísquez y su equipo, se han identificado más de 30 personas fallecidas, sin contar a más de 30 ciudadanos cubanos que formaban parte del esquema de seguridad de Maduro.

Entre las víctimas civiles se incluyen al menos dos mujeres: una en La Guaira, que murió tras el colapso de una estructura, y otra en Miranda, alcanzada por un objeto durante una explosión. También se reportó el fallecimiento de una mujer de nacionalidad colombiana, según medios internacionales.

“No hay cifras oficiales claras. Todo se ha tenido que reconstruir con fuentes abiertas, redes sociales y testimonios directos”, precisó Rísquez.

Narcotráfico y proceso judicial

La periodista recordó que los cargos contra Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo no son nuevos y se remontan a años anteriores.

“Existen antecedentes importantes; sanciones a funcionarios del gobierno, el caso de los ‘narcosobrinos’ y señalamientos que vienen incluso desde la época de Hugo Chávez. Ahora le corresponde a Estados Unidos probar estas acusaciones con hechos concretos”, afirmó.

Estados Unidos ha imputado a Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York, donde será juzgado en tribunales federales por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, entre otros cargos penales.

Según la fiscal general Pam Bondi, Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan acusaciones de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas de fuego, vinculadas a una supuesta red criminal transnacional que habría utilizado el poder estatal para favorecer el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Rísquez calificó el proceso judicial como inédito, complejo y lleno de interrogantes, en un país donde la institucionalidad ha sido sistemáticamente debilitada.