Alrededor de cinco meses tomará la investigación interna y el proceso sancionador que el Ministerio de Relaciones Exteriores inició a siete diplomáticos y una servidora pública que recibieron irregularmente dosis experimentales de la vacuna anticovid-19 del laboratorio chino Sinopharm, con la autorización del equipo médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), según fuentes de la Cancillería. Es decir, en esta entidad estiman que el proceso administrativo sancionador finalice en julio próximo.

Después del Ministerio de Salud (Minsa), la Cancillería es la segunda entidad con más funcionarios beneficiados con las vacunas de prueba aplicadas de forma oculta, caso conocido como 'vacunagate'. En esta entidad, la entonces canciller Elizabeth Astete fue inmunizada con dos dosis, así como el renunciante secretario general Francisco Tenya Hasegawa y la asistente administrativa, Claudia Halabi Almeyda, cuyos nombres figuraban en la lista de 470 personas que la UPCH entregó a las autoridades.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores también recibieron la vacuna experimental, de forma irregular, Jorge Lazo Escalante (exdirector de Ceremonial del Estado), Manuel Gonzales Chávez (exsubdirector a cargo de los temas de la península coreana y el Japón en la Dirección General de Asia), el embajador Javier Sánchez-Checa Salazar (exjefe del Gabinete Ministerial de Elizabeth Astete), así como el embajador Óscar Suárez Peña (ex cónsul general del Perú en Vancouver, Canadá).

El caso del embajador Jorge Arturo Jarama, exdirector de Ciencia y Tecnología de la Cancillería, es particular, pues además de haberse inmunizado con las dosis de prueba de la vacuna china, facilitó el mismo beneficio para su esposa Darlene Mendizabal, su suegra Violeta Quiñonez Vda. de Mendizabal y su cuñado Víctor Mendizabal.

El martes 16 de febrero último, el flamante canciller Allan Wagner, como primera medida de su gestión, solicitó la renuncia y retiró de sus cargos en Lima y en el exterior a los ocho diplomáticos y funcionarios involucrados en el 'vacunagate'. Además, dispuso la apertura de una investigación preliminar en la entidad ministerial, en la que se incluyó a la exministra Astete. 

En respuesta a Convoca.pe, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que el proceso iniciado a los diplomáticos y funcionarios vacunados indebidamente se encuentra en la etapa de investigación preliminar, la cual está a cargo de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Oficina General de Recursos Humanos desde el miércoles 17 de febrero. En esta etapa se recopilan los elementos indiciarios o probatorios de las supuestas irregularidades en un plazo máximo de 60 días hábiles, pero puede ser prorrogado por 20 días más. 

Con los indicios, evidencias o pruebas hallados, la Comisión Disciplinaria del Servicio Diplomático de la República empezará el Procedimiento Administrativo Sancionador. En esta etapa, que tiene un plazo máximo de 70 días, se iniciará una investigación más exhaustiva, se interrogará a los diplomáticos implicados y luego se elaborará un informe final dirigido al viceministro de Relaciones Exteriores. Actualmente, el puesto de viceministro está vacante y será asumido desde el lunes próximo por el embajador Ignacio Higueras. 

El embajador Jorge Jarama inmunizó además, de forma irregular, a su esposa, suegra y cuñado. Foto: Difusión

Ese informe final será analizado por el viceministro referido, quien en un plazo máximo de 20 días hábiles tendrá que resolver el proceso sancionador y, por medio de una resolución viceministerial, deberá imponer las sanciones que correspondan.

De acuerdo con la Ley del Servicio Diplomático, las sanciones podrían ir desde una amonestación de forma verbal o escrita; una suspensión temporal de la actividad diplomática, de hasta un año; o la destitución definitiva del funcionario, lo que incluiría la inhabilitación para laborar en cualquier entidad de la administración pública hasta por cinco años.

No obstante, los exfuncionarios sancionados que no estén de acuerdo con la sanción impuesta, podrían apelar la resolución viceministerial en el plazo de quince días, después de ser emitida oficialmente. Esta apelación será resuelta en forma definitiva por el ministro de Relaciones Exteriores.