En un comunicado emitido el último jueves el Tribunal Constitucional (TC) anunció que, por decisión de sus integrantes, declaraba fundadas las demandas competenciales presentadas en 2022 por el Congreso contra el Poder Judicial. Algunos especialistas alertan que el fallo ahora impide que el sistema de justicia ejerza un verdadero control sobre las decisiones del Parlamento y menoscaba la estructura democrática del país.

Marianella Ledesma, expresidenta del TC, es una de esas voces especializadas. "Están destruyendo el equilibrio de poderes. La actividad del Ejecutivo puede ejercer contrapeso al Legislativo e incluso también puede ser controlada por los jueces del Poder Judicial, como se ha venido haciendo en décadas", explica la abogada a Convoca.pe.

Como se sabe, el Parlamento llevó sus reclamos ante el TC porque algunas resoluciones judiciales no permitían que los legisladores ejercieran "control político" sobre asuntos de su competencia. En los últimos meses el Poder Judicial ha interrumpido en el Congreso una denuncia constitucional que involucraba al titular del JNE Jorge Salas Arenas, así como el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y la entrada en vigor de unas modificaciones a la Ley Universitaria.

Ledesma considera que el TC, con su nueva posición de anular las resoluciones judiciales, ha convertido al Poder Legislativo en un "área intocable". "Ahora nos quedamos con un Congreso que puede hacer lo que quiera porque ningún juez del Poder Judicial lo puede controlar con el riesgo de que sea enviado ante la Junta Nacional de Justicia", resalta la exmagistrada.

Ledesma advierte que la decisión del Tribunal está "destruyendo el equilibrio de poderes". Foto: Andina.

En efecto, los miembros del Tribunal Constitucional también "hicieron de conocimiento" de la Junta Nacional de Justicia su sentencia para que "proceda según sus atribuciones sobre el comportamiento de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República".

De un plumazo

En su sesión plenaria de ayer, el Tribunal tomó varias decisiones sobre el enfrentamiento entre los dos poderes del Estado y le dio la razón al Parlamento. Su primera decisión fue declarar la nulidad de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, en el marco de una demanda de amparo planteada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que frenaban la elección de un nuevo Defensor en el Congreso luego de la renuncia de Walter Gutiérrez en abril de 2022.

Como se recuerda, en junio de ese año el Tercer Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar que suspendió el procedimiento parlamentario. Los argumentos esgrimidos por los demandantes fueron la falta de transparencia con la que se conducían los legisladores y el incumplimiento de las normas para esta elección.

La Procuraduría del Congreso, en reacción, presentó una demanda competencial al respecto ante el Tribunal Constitucional en octubre último. En tanto, el proceso en el Poder Judicial seguía su curso. De hecho, el último 5 de febrero, el juez John Paredes Salas sentenció y dio la razón al sindicato.

Otra resolución judicial anulada por el Tribunal es la que evitaba que se apliquen las modificaciones aprobadas por el Congreso en la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, institución que ha tenido a su cargo hasta ahora la reforma universitaria.

El pleno del Tribunal tomó estas decisiones el último 23 de febrero. Foto: Andina.

Muchos especialistas advirtieron en su momento que los cambios generarían no solo un desbalance para las tomas de decisiones, sino también conflictos de interés, pues representantes de universidades pasarían a formar parte del órgano máximo de la entidad que debía fiscalizarlas. Antes los miembros del Consejo Directivo eran escogidos por concurso público.

La Sunedu presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial y la jueza Milagros Grajeda, del Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior, le dio la razón.

Ahora pueden acusar al titular del JNE

Otra de las posturas que tomó el TC tiene que ver con las investigaciones parlamentarias. El caso se inicia a raíz de que el Congreso abrió una investigación contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Luis Salas Arenas y este presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que prosiguieran denuncias en su contra en la sede parlamentaria. El alto funcionario argumentó que, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, los miembros del sistema electoral no pueden ser objeto de acusaciones constitucionales.

Salas obtuvo un fallo favorable en la sede judicial. La jueza Karina Apaza del Carpio, de la Corte Superior de Arequipa, declaró fundada sus pretensiones y, como parte de la sentencia, ordenó anular los registros de la denuncia constitucional en el Parlamento, así como lo actuado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dispuso además que la denuncia fuera enviada al archivo.

La denuncia constitucional por la que se investigó a Jorge Salas Arenas fue presentada en febrero de 2022 por el excandidato a la alcaldía de Trujillo por Renovación Popular, Carlos Enrique Calderón Carvajal.

De cualquier modo, en noviembre de 2022 la denuncia fue declarada improcedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por no cumplir con el requisito de que se refiera a hechos que constituyan infracción constitucional o delito de función.

El pleno del TC ha anulado la resolución que liberaba a Salas Arenas de una posible acusación constitucional. Foto: Andina.pe.

Pero el TC no solo se limita a anular la decisión sobre el caso de Salas Arenas, sino que exhorta al Congreso —"exhorta" con mayúsculas, según el comunicado— a modificar el artículo 99 de la Constitución Política, así como el Reglamento del Legislativo, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la Onpe y la jefa del Reniec como funcionarios a quienes se les puede acusar constitucionalmente.

Al respeto, la exmagistrada Marianella Ledesma advierte que si bien para que sea posible acusar constitucionalmente a los representantes del sistema electoral se necesitaría una "reforma constitucional" —mecanismo que implica mayoría calificada y aprobación en al menos dos legislaturas—, este Parlamento podría cambiar las reglas de juego a través de leyes ordinarias.

"No me llamaría la atención que pretendan reformar la Constitución con leyes ordinarias. Hay casos en que el Congreso lo ha hecho y este TC lo ha validado", comenta la exmagistrada.

Magistrado Gutiérrez: "Estamos marcando un derrotero"

En entrevista con medios de comunicación, Gustavo Gutiérrez Ticse, actual magistrado del TC, dijo que la decisión suya y de sus colegas "establece un criterio de que los jueces no tienen competencia para tomar decisión sobre aspectos de competencia exclusiva del Congreso".

"Debemos resguardar las competencias del Parlamento. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es un obstáculo judicial, por ejemplo, para impedir la elección del defensor del pueblo", dijo el magistrado en entrevista en Canal N. 

Gutiérrez además afirmó que el sistema judicial ha estado en "desacato permanente" con respecto a la legalidad y que por ello han informado a la Junta Nacional de Justicia para que tome acciones contra los jueces, de ser necesario. "Estamos marcando un derrotero", afirmó.

Gutiérrez Ticse juramentó para ingresar al cargo de magistrado en mayo de 2022. Foto: Andina.

Sobre el caso del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, sostuvo que podría interponer un amparo por la afectación al plazo razonable o de su derecho de defensa, pero no podría hacerlo para evitar que se le inicie un procedimiento. "Porque la Constitución sí establece un modelo de control político", aseguró.

Con información de Luis Enrique Pérez.