ACTUALIZACIÒN: miércoles 20 de julio del 2022

Poder Judicial deja sin piso a la Contrarreforma Universitaria impulsada en el Congreso

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo que presentó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para frenar la denominada Ley de Contrarreforma Universitaria que la semana pasada fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República el pasado 13 de julio.

De esta manera, se suspenderán todos los efectos de dicha norma. Por ejemplo, la recomposición del actual Consejo Directivo de la superintendencia, que planteaba incluir a miembros de las universidades y devolver "la autonomía" a las casas superiores de estudio, para que funcionen sin ningún tipo de intervención del Ministerio de Educación. Las modificaciones generaban serios conflictos de interés en el proceso de evaluación de la calidad educativa, según especialistas.

La sentencia judicial señala que la ley de contrarreforma desconoce los pronunciamientos que fueron emitidos anteriormente por el Tribunal Constitucional para garantizar la constitucionalidad de la Ley Universitaria.

“[El juzgado declara] fundada la demanda interpuesta por la Sunedu contra el Congreso de la República sobre el proceso de amparo contra los proyectos acumulados signados 697/2021-CR, 862/2021-CR y 908/2021-CR, en consecuencia, nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20 y primera disposición complementaria final de la Ley N 30220″, se lee en la sentencia emitida por la jueza Milagros Grajeda Bashualdo.

Además, en su dictamen, la magistrada solicita al Congreso que “cumpla con observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes STC 00017-2008-AI/TC, STC N° 014-2014-PI/TC y STC 023-2014-PI/TC y que haga respetar el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa”.

En este marco, el despacho judicial instó al Congreso a que tome las medidas correspondientes para el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y que, en consecuencia, se abstengan de publicar la autógrafa de Ley aprobada la semana pasada. La congresista del Partido Morado y exministra de Educación, Flor Pablo, reiteró este pedido a la presidenta del Parlamento.

"Maricarmen Alva, [le pido] que, en cumplimiento de la decisión del Poder Judicial, no promulgue esta norma inconstitucional. Este logro a favor de la educación deja un precedente claro ante cualquier futuro intento de desbaratamiento a la Ley Universitaria", escribió Pablo en sus redes sociales.

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NOTA ORIGINAL: Viernes 15 de julio del 2022  

Contrarreforma universitaria: Ley tiene efecto inmediato en Sunedu y solo podrá revertirse en los tribunales

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sufrirá inmediatamente los efectos de la ley que le devuelve “autonomía e institucionalidad” a las universidades del país y que fue aprobada por insistencia en el Congreso la noche del último miércoles. Y dicha "autonomía" e "institucionalidad" son exactamente lo contrario, según los especialistas, pues la nueva medida permite conflictos de interés al interior de la entidad que debe evaluar la calidad educativa de las casas de estudio.

La aplicación inmediata de la ley la confirmó a Convoca.pe el procurador de esta entidad fiscalizadora, Mac Donald Rodríguez, quien explicó que la denominada “Ley de Contrarreforma” da a la superintendencia un plazo máximo de 30 días, contados a partir de que sea publicada en el diario oficial El Peruano, para reformular su consejo directivo.

La nueva mesa directiva de la Sunedu estará conformada por un representante del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y del Consejo Nacional de Colegios Profesionales.

Además, el nuevo comité estará integrado por dos representantes de las universidades públicas y uno más de las casas superiores de estudio privadas, lo que causa preocupación entre especialistas y estudiantes, pues estos miembros pueden frenar cualquier tipo de acción fiscalizadora y de control contra las instituciones educativas.

“La ley señala [que la recomposición se haga] dentro de los 30 días, pero ellos la pueden hacer en cualquier momento. ¿Cuándo lo harían? No se sabe si lo harían al día siguiente, pero el plazo que establece es de 30 días. Primero es la recomposición del consejo directivo, y el consejo directivo recompuesto elige al superintendente”, explicó el procurador a Convoca.pe.

El Pleno del Congreso votó para promulgar por insistencia la norma que afecta la autonomía de la Sunedu. Foto: Congreso.

La modificación, en la práctica, plantea un esquema de supervisión parecido al que operaba durante la época de la Asamblea Nacional de Rectores, donde los representantes académicos de las universidades eran juez y parte en el proceso de evaluación de calidad.

El camino judicial 

Como se sabe, un día antes de que el Congreso aprobara por insistencia la Ley de Contrarreforma, se realizó la audiencia por la acción de amparo que Sunedu había presentado en febrero pasado, para evitar los efectos de la norma que aún no se aprobaba. La titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, la magistrada Elizabeth Salas Fuentes, durante la diligencia informó que emitirá su veredicto en los próximos días, a través de las casillas judiciales de las partes.

“La jueza tiene ahora el plazo de 10 días [para pronunciarse], de acuerdo al Artículo 12 del Código Procesal Constitucional (...). La idea es que si saliera desfavorable [el fallo] para Sunedu, [tendremos que] interponer un recurso de apelación para que suba a la sala lo antes posible (...). Y si saliera favorable para nosotros, entiendo que el procurador del Congreso igual procederá a apelar nuestra sentencia”, explicó Mac Donald Rodríguez a este portal.

La jueza Salas Fuentes se convierte en una pieza clave debido a que, a pesar que el Congreso ya aprobó la Ley de Contrarreforma, puede declarar fundado el amparo formulado por la Superintendencia y contrarrestar los efectos de la norma inmediatamente. Con ello, mantendrá la actual composición de la Sunedu y asegurará que la Reforma Universitaria continúe y decenas miles de estudiantes no se vean afectados.

El procurador Rodríguez explicó que, en este caso, la jueza del Segundo Juzgado Constitucional de Lima debe apegarse al denominado "control difuso" de la Constitución, por el cual un magistrado no puede “sustraerse” de emitir un fallo sobre el fondo del asunto aunque este se haya convertido en ley, según lo señalado en casos anteriores por el Tribunal Constitucional. Es decir, debe aplicar la Constitución en la fundamentación de su sentencia, sobre todas las cosas.

Rodríguez explica que la aplicación de la ley es inmediata desde su promulgación. Sunedu tendrá un plazo de 30 días para cambiar su consejo directivo. Foto: Andina.

“Cuando interpusimos la acción de amparo, la interpusimos por amenaza, porque [el proyecto todavía] estaba a nivel de aprobación del dictamen (...), pero nosotros también lo hemos planteado en el sentido de [que el amparo también sea aplicable a] cualquier promulgación posterior. Es decir, si lo aprobaban por insistencia o si hay una publicación en El Peruano. La jueza tiene el derecho y, al mismo tiempo, el deber de pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque no le impide que se haya aprobado por insistencia en el pleno", anotó.

Si la jueza fallara a favor del Congreso, Sunedu presentará una apelación. Sin embargo, “no hay un plazo específico para que la nueva sala lo vea”. “Lo deben hacer de inmediato, por la urgencia de este proceso, de este amparo. Nosotros le hemos recalcado a la jueza que es un tema de trascendencia nacional, que al final va a ser histórica”, explicó Rodríguez.

En el Parlamento, los argumentos que impulsaron estos cambios no han destacado por ser muy elaborados. El último miércoles, durante el debate sobre la ley de contrarreforma universitaria, el congresista Edgar Tello, de Perú Libre, había señalado que actualmente la Sunedu está "manejada" por un sector "caviar" y que se usa a la universidades públicas “para hacer negocio".  

El debate en el Pleno se caracterizó por la abundancia de consideraciones políticas y no técnicas. Foto: Congreso.

En una postular similar, su colega Álex Paredes, del Bloque Magisterial, señaló que no es cierto que la nueva ley traiga de vuelta a la extinta y muy cuestionada Asamblea Nacional de Rectores (ANR), pues el consejo directivo de la Superintendencia no estará integrado necesariamente por rectores, sino por “representantes” de las casas de estudio.

El camino constitucional

Si bien la acción de amparo es la vía más inmediata y más favorable para revertir los efectos de la Contrarreforma Universitaria, no es la única que le queda a quienes intentan defender la calidad educativa. Esta otra ruta es la de la acción de inconstitucionalidad, para la cual ya se cuenta con más de 10 mil firmas recaudadas, confirmó a Convoca.pe el abogado constitucionalista Luciano López, quien promueve esta alternativa con el apoyo del Foro Educativo.

El especialista recordó que solo se necesitan 5 mil rúbricas validadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Reniec para activar este recurso que será interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

“Yo ya hice la demanda. Está lista. Si la ley es publicada, vamos a presentarla y comenzar a generar el proceso de validación (...). Es independiente [al amparo de Sunedu]. Si la jueza falla a favor, suma. Habría que esperar la publicación de la ley.  Mientras tanto, esperamos que la jueza tenga la suficiente sensibilidad social para darse cuenta de que puede parar este desatino”, explicó el constitucionalista a este portal.

No obstante, a partir de este punto la acción de inconstitucionalidad presenta algunos baches. Por ejemplo, quienes buscan la continuidad de la reforma universitaria tendrán que esperar entre dos o tres semanas para que el JNE y Reniec terminen de evaluar la validez de las firmas recaudadas. 

Cumplido este proceso, habrá que esperar al menos otros cuatro meses para que el Tribunal Constitucional emita un fallo sobre el caso. Y este plazo se considera solo si los tribunos actúan en tiempo récord, de la manera más rápida posible, como ocurrió cuando los anteriores magistrados se pronunciaron sobre el caso de los peajes de Lima, recordó López.   

“Cuánto podría tardar con esta [acción de inconstitucionalidad], no lo sabemos. Ese caso serviría como prueba de fuego de la independencia que mostrarían estos magistrados respecto a las personas que los eligieron, que son estos congresistas”, explicó López.

Seis de los siete miembros del TC fueron escogidos por el actual Congreso. Su presidente y el más antiguo miembro, Alfredo Ferrero, fue propuesto por Fuerza Popular. Foto: Tribunal Constitucional.

En paralelo a lo anunciado por el abogado constitucionalista, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, confirmó en sus redes sociales que el Bloque Parlamentario pro Reforma Universitaria también presentará en los próximos días una acción de inconstitucionalidad, con el fin de salvaguardar el derecho de más de un millón de jóvenes universitarios.

“Lamentamos este duro golpe al sistema universitario que constituye un franco retroceso de todo lo avanzado durante casi dos décadas, y nos solidarizamos con la comunidad universitaria a nivel nacional”, se lee en comunicado publicado por esta agrupación parlamentaria”.

Como se sabe, el Consejo Nacional de Educación (CNE), la Defensoría del Pueblo, la Unesco, el Ministerio de Educación (Minedu), rectores de universidades y gremios de estudiantes han mostrado su rechazo contra la ley aprobada en el Congreso.

Un congreso blindado

La acción de amparo es la vía más rápida y más favorable para contrarrestar los efectos de la ley que le da autonomía a la universidades y que dispone la recomposición del consejo directivo de Sunedu, explicó a Convoca.pe el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña. El extribuno expuso que una vez que este tribunal superior reciba la demanda, deberá enviarla al Congreso para su conocimiento. Alertó que esta etapa es tan larga, que puede enfriar o paralizar las pretensiones de la ciudadanía. Y este plazo es exclusivo para el parlamento.

“La ley, que los congresistas no han querido cambiar, dice que el Congreso tiene 30 días hábiles, [o sea] quítale sábados, domingos y feriados, y son prácticamente 40 días, para responder a la acción. Y ahí muchas veces, el problema político se soluciona a la mala o se olvida, teniendo en cuenta que tenemos problemas políticos no resueltos desde siempre y agravados desde el 2016”, explicó Espinosa-Saldaña.

El exmagistrado apuntó además que una vez que el parlamento responda a la demanda de inconstitucionalidad, el TC deberá programar una audiencia en un plazo de tres días. Finalmente, tras escuchar a  las partes, los magistrados deberán emitir sentencia en un término de 10 días.

Además de la extensión de los plazos, la acción de inconstitucionalidad también supone la suspensión del fallo que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima debe emitir sobre la acción de amparo de Sunedu. Esto, debido a que esta figura legal no tiene el peso de las causas acogidas por el TC. 

“El Poder Judicial puede decir muchas cosas, pero el Tribunal tiene la última palabra (...). Este es el momento en que la jueza debería dejar todo en su despacho para resolver (...). Con este Tribunal, cuya composición se dice que es más conservadora que la nuestra, es más difícil pensar que van a haber 5 votos de 7 para declarar inconstitucional la ley que recorta competencias a la Sunedu”, expuso el exmagistrado Espinosa- Saldaña a este medio digital.

Las próximas horas son determinantes pues, al publicarse la Ley de Contrarreforma en el Congreso, se activa el plazo para que Sunedu inicie la recomposición de su consejo directivo, y con él, la inclusión de miembros de las universidades públicas y privadas a la que justamente debe fiscalizar. A la jueza Elizabeth Salas Fuentes, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, le quedan menos de 10 días para emitir un veredicto que histórico para la calidad educativa.