El Gobierno de Keiko Fujimori busca obtener facultades legislativas para modificar normas vinculadas con la actividad minera, entre ellas las relacionadas con la formalización minera, pero no toma en consideración los impactos que esta actividad está causando en regiones andinas y amazónicas. Tras verificar votaciones, revisar el documento de exposición de motivos del pedido de facultades legislativas y dialogar con especialistas, Convoca identificó a tres diputados de Fuerza Popular que apoyaron las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un régimen que se extendió por 14 años, y que ahora impulsan el pedido de facultades legislativas donde la protección ambiental está ausente. Se trata de los legisladores Luis Arturo Alegría, Eduardo Castillo y Rosangella Barbarán.

Cuando hablamos de minería artesanal e informal, no se pueden dejar de lado sus impactos ambientales. El Estado peruano ha declarado en estado de emergencia la zona del  Alto Nanay, precisamente por la presencia de minería informal y dragas que impactan el río y ponen en riesgo a las más de 160 mil personas que habitan en este territorio. Otras regiones, como Madre de Dios, Arequipa y Cajamarca, donde también existe este tipo de minería, enfrentan impactos en sus ecosistemas y han visto transformada la vida de sus habitantes por la expansión de esta actividad. Pese a ello, el Ejecutivo no ha incluido en su propuesta de facultades ningún elemento orientado a reducir o prevenir sus impactos ambientales.

Desde el lado político, los mineros han logrado un amplio nivel de influencia. Este año, representantes de  la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) se reunieron con la Presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes. 

Convoca.pe identificó al menos a 22 dirigentes, asesores y operadores con vínculos partidarios que integran la red política y gremial que impulsó las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un régimen temporal que se extendió por 14 años perforado por la minería ilegal e informal que multiplicó los impactos ambientales y sociales en el Perú. Estos personajes tuvieron o tienen vínculos con partidos políticos como Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Perú Libre y el Partido Aprista, ya sea como militantes, candidatos, asesores o dirigentes cercanos a las agrupaciones mineras.

Por su parte, el pedido de facultades legislativas es cuestionado por sus inconsistencias para abordar la problemática de la minería informal. En la exposición de motivos no se desarrolla la dimensión de los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. En cambio, el documento prioriza la simplificación burocrática y la promoción de la actividad minera.

La única referencia al componente ambiental aparece vinculada a la capacitación, con el objetivo de “fortalecer condiciones laborales y ambientales”. Sin embargo, el documento no aborda la problemática generada por años de extracción minera en territorios ambientalmente sensibles, como las cabeceras de cuenca de los ríos, ni sus consecuencias sobre las poblaciones que habitan estas zonas.

Según el análisis de José De Echave, de CooperAcción, el documento presentado por el Ejecutivo contiene varias incoherencias y una formulación amplia que no plantea de manera concreta la problemática ambiental ni los impactos de la minería informal en zonas como Madre de Dios y Loreto. CooperAcción advierte que, de aprobarse las facultades en los términos planteados, su alcance podría dejar un margen amplio para que el Gobierno legisle sobre la actividad minera, incluidos aspectos ambientales y sociales, lo que, en opinión del especialista, va a generar escenarios de conflictividad.

De Echave también explicó a Convoca que el presupuesto destinado a la formalización minera se ha reducido para 2027. Por ello, considera que no existen las condiciones para aplicar las propuestas incluidas en el pedido de facultades ni capacidad suficiente para implementar la nueva ley de formalización minera que viene preparando el Ministerio de Energía y Minas.

Fuente: Documento de la Exposición de motivos del Pedido de Facultades

Esta discusión se cruza ahora con otro proyecto que definirá el futuro del sector. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que el Gobierno enviará al Congreso, a más tardar el 15 de octubre, el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Según explicó, la propuesta contemplará un nuevo proceso de formalización con requisitos simplificados para los mineros que no logren completar sus trámites antes del cierre del actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El ministro informó que alrededor de 31.500 personas permanecen inscritas en este registro y que solo unas 2.300 han conseguido completar su formalización.

La propuesta deberá ser evaluada por el mismo Congreso que aún no ha iniciado el debate sobre el pedido de facultades del Ejecutivo. Se abre así una doble discusión sobre el futuro de la pequeña minería y la minería artesanal: por un lado, las facultades permitirían al Gobierno legislar sobre la formalización minera, aunque todavía no está definido cómo abordará este tema; por otro, la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento.

Congresistas que apoyan REINFO y Facultades legislativas

Entre los actuales parlamentarios que intervienen en esta discusión están Luis Arturo Alegría García, Eduardo Castillo Rivas y Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, quienes durante el anterior periodo parlamentario votaron a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el mecanismo creado para formalizar la pequeña minería y la minería artesanal, y que ha sido cuestionado por especialistas y organizaciones debido a sus 14 años de sucesivas prórrogas  y a las dificultades para excluir a quienes realizan actividades ilegales. Los tres aparecen entre los legisladores que respaldaron la ampliación aprobada en 2025.

Crédito: Convoca

Una de las pocas comisiones de la Cámara de Diputados que aprobó el pedido de facultades legislativas fue la Comisión de Medio Ambiente, con el voto decisivo de su presidente: Luis Arturo Alegría García, de Fuerza Popular, luego de un empate de nueve votos.

Alegría no es un actor nuevo en esta discusión. En 2025 se mostró a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una posición que se conecta con decisiones adoptadas durante el anterior periodo parlamentario sobre la formalización minera.

Convoca revisó las votaciones relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las contrastó con las posiciones que los actuales diputados han asumido frente al pedido del Ejecutivo. Este cruce permite identificar a parlamentarios que ya participaron en decisiones sobre la continuidad del proceso de formalización y que ahora intervienen en la discusión de las nuevas reglas.

Otro de los legisladores que aparece en este cruce es Eduardo Castillo Rivas, de Fuerza Popular, actual presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. En septiembre, esa comisión evaluó el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo, y Castillo Rivas fue uno de los que votó a favor, después de haber respaldado en el Congreso del periodo anterior la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Por su parte, Rosangella Barbarán ha defendido públicamente el pedido de facultades y figura entre las congresistas que votaron a favor de ampliar el REINFO durante el periodo parlamentario anterior. Sin embargo, ante los medios ha expresado una posición diferente a como vota.  Barbarán ha declarado a medios que recurrir a constantes prórrogas del REINFO “no ataca el problema de fondo” de la minería informal e ilegal, sino que funciona como una medida provisional o paliativa.

El debate en la comisión de energía y minas del Congreso

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados concluyó el 9 de septiembre, con 11 votos a favor y 8 en contra, que no es viable otorgar al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en materias vinculadas con el sector minero, hidrocarburos y electricidad.

La comisión sostiene que las materias planteadas por el Ejecutivo tienen implicancias económicas, sociales y ambientales que requieren un debate más amplio, con participación de los actores involucrados y en las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado.  Concluyeron que todos estos aspectos deben ser  discutidos por el Parlamento, sobre todo, temas como  la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la minería ilegal y la conflictividad socioambiental.

Leyenda: La minería informal está relacionada con graves problemas ambientales

Hubo una voz especialmente discordante. El diputado Frank Krklec Torres de Renovación Popular cuestionó la posición de la Comisión, al considerar que su análisis no habría tomado en cuenta de manera integral la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo. Indicó que dicho documento sí contempla aspectos relacionados con la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), la simplificación de la formalización minera, la trazabilidad y la asistencia técnica.

Krklec señaló, además, que la exposición de motivos aborda otros componentes del pedido de facultades que, a su juicio, no habrían sido considerados adecuadamente en la opinión de la comisión.

La formalización minera como tema en discusión

Como explicó Beatriz Cortez, de Red Muqui, a Convoca, la discusión sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en uno de los puntos más controversiales de la política minera de los últimos años. La ampliación aprobada en diciembre de 2025 extendió nuevamente su vigencia hasta fines de 2026. Ahora, el futuro de este mecanismo vuelve a estar en disputa mientras el Gobierno prepara una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo contenido aún no se conoce en detalle y que deberá definir cómo se abordará no solo la formalización, sino también los impactos ambientales y sociales de esta actividad.

La Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) llega en un momento en que el actual modelo de formalización muestra resultados limitados, mientras los impactos de la minería informal continúan afectando territorios como Madre de Dios y Loreto. Según Beatriz Cortez, de Red Muqui, la nueva legislación debería considerar también las afectaciones que esta actividad ha generado durante años en los territorios donde se desarrolla.

Es llamativa la cantidad de personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): según el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, son alrededor de 31.500 mineros. El Ejecutivo plantea ahora una nueva ruta de formalización con requisitos simplificados, pero será el Parlamento el que defina qué sucederá con este proceso, ya sea mediante la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno o a través del debate y eventual aprobación de la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) presentada por el Ejecutivo.

Para los especialistas José De Echave y Beatriz Cortez, Gobierno de Keiko Fujimori no tiene la capacidad para conducir este proceso de formalización minera ni de evaluar los impactos ambientales de esta actividad, especialmente en un escenario de menores recursos. De Echave cuestiona, además, que el pedido de facultades no plantee una estrategia que vincule la formalización con la protección ambiental. “Las medidas del pedido de facultades son más de lo mismo, ya se habían planteado esas medidas en gobiernos anteriores”, señaló a Convoca.