La madrugada del 27 de abril, miles de truchas aparecieron muertas en las aguas del río Yuracyacu, en Pariahuanca, Junín. En la parte alta de la microcuenca donde ocurrió la tragedia existen concesiones mineras y registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigentes y otros suspendidos.

Siete piscigranjas quedaron devastadas y decenas de familias perdieron su principal fuente de ingresos. Un informe químico-toxicológico de la Policía Nacional detectó cianuro en muestras de agua y en los tejidos de los peces, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en más de S/ 7 millones (más de 2 millones de dólares).

Las autoridades prohibieron el uso del agua para consumo humano, riego y actividades productivas.  A casi dos meses del desastre, las investigaciones aún no han identificado a los responsables. Pero el caso dejó al descubierto un problema mayor: las debilidades de un sistema de formalización minera y la escasa capacidad de fiscalización estatal.

El envenenamiento del río causó una mortalidad del 100% en los estanques, dejando a decenas de familias sin su principal fuente de ingresos. Foto: Huanuco Informa

Para Beatriz Cortez, integrante del Área de Incidencia Legal de Red Muqui, lo ocurrido en el río Yuracyacu evidencia las dificultades para supervisar actividades mineras en cabeceras de cuenca y las zonas grises que persisten dentro del proceso de formalización. Mientras la Autoridad Nacional del Agua no detectó cianuro en sus análisis, una pericia de la Policía Nacional sí encontró rastros de esta sustancia en las truchas y en instalaciones vinculadas a actividades mineras de la zona. La coexistencia de concesiones, registros Reinfo activos y suspendidos, explica, vuelve más compleja la determinación de responsabilidades y la actuación de las autoridades ambientales.

La tragedia de Yuracyacu reabrió así una discusión que el país arrastra desde hace más de una década: ¿cómo un mecanismo creado en 2012 para formalizar temporalmente a pequeños mineros terminó convirtiéndose en un régimen permanente que hoy concentra miles de registros, sucesivas ampliaciones y crecientes cuestionamientos por sus impactos ambientales, sociales e institucionales?

La respuesta conduce a una compleja red de dirigentes gremiales, asesores, operadores políticos y congresistas que durante años impulsaron una misma agenda: evitar el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ampliar reiteradamente su vigencia y promover una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) alineada con los intereses de los principales gremios del sector.

La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, liderada por Máximo Franco tiene alcance en Madre de Dios, Huánuco, Arequipa y La Libertad. Foto: Confemin

Convoca.pe identificó 26 actores vinculados a organizaciones que promovieron la continuidad del Reinfo. De ellos, al menos 22 tienen o tuvieron vínculos con partidos políticos como Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Perú Libre y el Partido Aprista, ya sea como militantes, candidatos, asesores o dirigentes cercanos a estas agrupaciones.

Este reportaje revela cómo se consolidó una estructura de influencia capaz de trasladar las demandas de los gremios mineros a las comisiones parlamentarias. Para Iván Arenas, analista político y consultor en temas de minería, estos grupos lograron construir capacidad de influencia precisamente en los espacios donde se toman las decisiones públicas.

 "No necesariamente tienen una fuerza social altamente organizada, pero sí tienen fuerza en el Congreso y en los espacios donde se diseñan las políticas públicas", señala. 

El régimen temporal que nunca terminó

Cuando fue creado en 2012, el Reinfo tenía un objetivo específico: servir como una herramienta transitoria para que los mineros informales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y administrativos antes de incorporarse plenamente a la legalidad.

Sin embargo, en diciembre de 2025, el Congreso aprobó su quinta ampliación y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental y vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal, el sistema terminó desnaturalizándose.

“El Reinfo se ha convertido en una especie de blindaje que permite seguir operando sin cumplir plenamente las exigencias legales y ambientales”, advierte. Según el especialista, las sucesivas ampliaciones generaron incentivos para permanecer indefinidamente en la informalidad y dificultaron la persecución de actividades vinculadas a la minería ilegal.

Beatriz Cortez, integrante del Área de Incidencia Legal de Red Muqui, sostiene que el problema se agravó porque este mecanismo terminó sustituyendo una política integral de formalización. "Se crea como un procedimiento excepcional, pero termina convirtiéndose en la regla", advierte. Según explica, las sucesivas ampliaciones han permitido que el régimen continúe operando incluso en zonas ambientalmente sensibles, sin incorporar criterios de ordenamiento territorial.

Concentración de trabajadores de Confemin. Foto: Confemin

"El Reinfo puede otorgarse incluso en cabeceras de cuenca o zonas de recarga hídrica. No responde a ningún tipo de ordenamiento territorial", señala Cortez, quien considera que esta es una de las principales debilidades estructurales del sistema.

El problema adquiere una dimensión mayor si se considera el peso económico de la minería ilegal en el país. El Observatorio de Minería Ilegal estima que esta actividad mueve alrededor de 11.500 millones de dólares al año y constituye una de las economías ilícitas más rentables del Perú.

La red que impulsó las ampliaciones

Detrás de cada extensión del Reinfo no solo existieron reclamos de pequeños productores mineros. También operó una estructura organizada de representación gremial y articulación política a través de asesores y operadores que lograron trasladar sus demandas al Congreso y al Ejecutivo.

Para Arenas, estos actores ejercieron influencia especialmente en la Comisión de Energía y Minas del Poder Legislativo y encontraron interlocutores dispuestos a impulsar sus propuestas. "Sí ejercen poder, sí ejercen influencia. Han tenido capacidad de influir tanto a través de dirigentes como de asesores", afirma

La organización con mayor capacidad de influencia identificada en esta investigación es la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuyos dirigentes participaron activamente en reuniones con congresistas, audiencias públicas y movilizaciones para exigir la ampliación del registro y promover una nueva Ley MAPE (para la pequeña minería y la minería artesanal).

Dirigentes mineros de Confemin en el Ministerio de Energia y Minas Foto: Confemin

Entre los dirigentes vinculados a Renovación Popular aparecen Máximo Franco Bequer, Javier Salas, Pedro Tacanga Gómez y José Nicanor Coa.

Franco Bequer, presidente de Confemin, se convirtió en uno de los principales rostros de la defensa del Reinfo. Su organización concentra bases en regiones estratégicas como Pataz, Arequipa, Puno y Apurímac, donde se ubican algunos de los principales focos de minería informal del país.

De acuerdo con Arenas, uno de los logros políticos más importantes de estos gremios fue instalar la ampliación del Reinfo como una demanda permanente dentro de la agenda pública. Sin embargo, considera que la discusión terminó desplazándose de criterios técnicos hacia intereses políticos. "Lo que era un tema técnico y jurídico terminó convirtiéndose en un tema político", sostiene

Bequer registra una denuncia por presunta usurpación vinculada a la invasión de una concesión minera en Caravelí, Arequipa. Según la denuncia, se le atribuyó la instalación de tranqueras, trabajos de perforación y uso de explosivos dentro de una concesión ajena.

Denuncia contra Maximo Franco Becquer por invasión a concesión de terceros. Foto: Captura denuncia PNP

La influencia de Confemin no se explica únicamente por su capacidad de movilización. Según Ivan Arenas, analista politico y consultor en temas de minería, gremios mineros informales han construido una agenda política centrada en la ampliación del Reinfo, la aprobación de la Ley MAPE, la reducción del régimen de concesiones y la reivindicación de la llamada “minería ancestral”.

Los puentes hacia el Congreso

La investigación de Convoca.pe también identificó operadores que funcionaron como nexos entre los gremios y el poder político.

Especialistas consultados coinciden en que la influencia de estos actores no puede entenderse únicamente a través de las movilizaciones. Nury García, coordinadora del Grupo MAPE de Red Muqui, sostiene que en los últimos años los gremios mineros incrementaron su capacidad de incidencia tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. "Ha crecido la capacidad de influencia de los gremios MAPE en los debates sobre el Reinfo y sobre la Ley MAPE", señala.

No obstante, García advierte que los gremios no constituyen un bloque homogéneo. Mientras algunos representan a pequeños productores que enfrentan barreras reales para formalizarse, otros han concentrado sus esfuerzos en conseguir nuevas ampliaciones sin impulsar reformas de fondo.

Entre ellos figura Christian Rosas, asesor político vinculado a Confemin y al entorno del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Asimismo, aparece José Farfán Estrada, exdirector de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y asesor de la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio (Anplaben), quien además fue identificado como uno de los impulsores de propuestas relacionadas con la reducción de plazos de las concesiones mineras.

Confemin celebró el cónclave de la pequeña minería y minería artesanal. Un evento en el que participó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien expresó su apoyo. También estuvo Alejandro Muñante y Guido Bellido. Foto: Municipalidad de Lima.

Podemos Perú aparece como el segundo espacio político con mayor presencia dentro de la red identificada por Convoca. Allí figuran dirigentes como José Torrealva Iparraguirre, Nelson Pinares, Víctor Hugo Pariatón García, Rosario García Julca, Pedro Ramírez Aguilar y Octavio Aranda Campos, todos vinculados a organizaciones que respaldan la continuidad del Reinfo y la aprobación de una Ley MAPE favorable a sus intereses.

El brazo parlamentario

La continuidad del Reinfo tampoco puede entenderse sin observar el papel del Congreso.

Una revisión de las votaciones realizada por Convoca muestra que al menos trece congresistas que volverán esta vez al Senado respaldaron una o más ampliaciones del régimen. Entre ellos figuran Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, David Jiménez, Nilza Chacón, Héctor Ventura, Fernando Rospigliosi, Alejandro Muñante, Milagros Jáuregui, Víctor Cutipa, Bernardo Quito y Silvana Robles.

La importancia de estas votaciones adquiere una dimensión adicional si se considera que varios de estos legisladores volverán a ocupar espacios de poder en el próximo Parlamento bicameral. Arenas considera que uno de los principales desafíos será vigilar qué sectores impulsarán una eventual nueva ampliación del régimen y bajo qué condiciones

El apoyo legislativo permitió que el régimen sobreviviera pese a las advertencias formuladas por especialistas, organismos ambientales y entidades dedicadas a combatir la minería ilegal. Mientras tanto, los gremios fortalecían su presencia en el Congreso mediante reuniones, audiencias y campañas para impulsar una nueva Ley MAPE.

Los costos de las ampliaciones

Las consecuencias de mantener abierto indefinidamente el Reinfo van más allá del incumplimiento de metas de formalización.

Según Beatriz Cortez, uno de los principales vacíos es la debilidad de los instrumentos ambientales exigidos durante la formalización. El Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM), explica, funciona en la práctica como una declaración administrativa que no garantiza la prevención efectiva de impactos ambientales. "Es básicamente un checklist. No permite medir ni prevenir el daño ambiental", sostiene.

Nury García agrega que el problema no se limita al incumplimiento de requisitos. A su juicio, la formalización ha sido abordada como un trámite administrativo cuando en realidad involucra conflictos estructurales sobre acceso al territorio, concesiones mineras y control de recursos naturales. "La formalización no depende únicamente del cumplimiento de requisitos; también depende de quién controla los derechos sobre el territorio", explica.

Cortez sostiene que uno de los principales problemas es que el proceso de formalización no incorpora adecuadamente criterios de ordenamiento territorial ni restricciones suficientes para proteger ecosistemas estratégicos.

Desde su perspectiva, el Estado ha permitido que el régimen opere sin resolver conflictos estructurales relacionados con el acceso al territorio, las concesiones y la protección de fuentes de agua.

El caso de Pariahuanca es ilustrativo. La contaminación que provocó la muerte masiva de truchas no solo afectó a piscicultores. También impactó a agricultores y comunidades que dependen de la microcuenca para sus actividades económicas y para el abastecimiento de agua.

Para los especialistas consultados, el problema no es únicamente ambiental. También existe un costo institucional.

García sostiene que el régimen terminó generando lo que denomina una "legalidad suspendida": un escenario en el que miles de operadores permanecen durante años en una situación intermedia entre la formalidad y la informalidad. "La transitoriedad termina adquiriendo un carácter permanente", afirma.

Cada ampliación transmite la señal de que los plazos pueden seguir postergándose y que los requisitos de formalización pueden incumplirse sin consecuencias reales. Bajo esa lógica, la excepcionalidad deja de ser excepcional y termina convirtiéndose en la regla.

Nury García, coordinadora del Grupo MAPE de Red Muqui, considera que el país necesita discutir la formalización minera desde una perspectiva más amplia, que incluya derechos territoriales, acceso a concesiones, protección ambiental y mecanismos diferenciados para pequeños productores que sí buscan incorporarse a la legalidad.

¿Es el cierre del Reinfo la salida?

Aunque existe consenso en que el modelo actual muestra signos evidentes de agotamiento, no todos los especialistas plantean la misma ruta de salida.

Sin embargo, no existe consenso sobre la viabilidad de un cierre inmediato. Arenas sostiene que, más allá de las críticas al sistema, el proceso se ha prolongado durante tantos años que una clausura abrupta resulta políticamente improbable y técnicamente compleja. "Uno quisiera cerrar el Reinfo, pero las condiciones no están dadas. El proceso de formalización no ha terminado y el problema se ha politizado tanto que ya dejó de ser únicamente técnico o jurídico", afirma.

Desde Red Muqui tampoco consideran que la discusión pueda reducirse únicamente a cerrar o ampliar el registro. García sostiene que el ciclo de "prórroga, fracaso y nueva prórroga" continuará mientras no se aborden reformas estructurales relacionadas con el sistema de concesiones, el ordenamiento territorial, la trazabilidad del oro y la depuración efectiva de los registros.

Ipenza sostiene que el cierre definitivo del Reinfo debe ir acompañado de medidas complementarias que impidan que la informalidad continúe reproduciéndose bajo otros mecanismos. 

Entre ellas propone la implementación de un sistema obligatorio de trazabilidad del oro, la fiscalización estricta de plantas de beneficio y comercializadores, el control de insumos químicos, el fortalecimiento de fiscalías ambientales y unidades policiales especializadas, la puesta en marcha del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal y sanciones efectivas para quienes incumplan los requisitos de formalización.

Sin estos componentes, advierte, cualquier nueva ampliación solo prolongará un problema que el Estado no ha logrado resolver durante más de diez años.

A pocos meses de que el Congreso y el futuro Senado vuelvan a discutir el destino del régimen, el debate ya no gira únicamente en torno a si el Reinfo debe ampliarse o desaparecer. La discusión de fondo involucra quién controla los territorios, cómo se fiscaliza la actividad minera y qué intereses influyen en las decisiones públicas.

Mientras los gremios continúan presionando por cambios en el sistema de concesiones y una nueva Ley MAPE, los especialistas advierten que sin trazabilidad del oro, depuración de registros, ordenamiento territorial y fiscalización efectiva, el país corre el riesgo de repetir un ciclo que lleva más de una década: formalizaciones inconclusas, nuevas prórrogas y crecientes costos ambientales y sociales.

*Este reportaje se realizó en colaboración con el equipo de especialistas del segmento de la Red Muqui #LoQueEstáEnJuego.