Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia  programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional  que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.

La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó  David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.

En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río", afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.

Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia  programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.