En noviembre del 2017, se produjo un enfrentamiento entre un grupo de trabajadores mineros con efectivos de la Policía Nacional en las instalaciones de la mina Santiago de Compostela, de la empresa Intigold Mining S.A., ubicada en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa. En aquel momento, la confrontación terminó con el fallecimiento de una persona.
Desde el sábado 10 reciente, cientos de mineros artesanales iniciaron una protesta en la misma concesión minera donde ocurrió aquel hecho hace unos tres años. Cerca de 300 mineros se mantienen en la zona, tras romperse un acuerdo con la referida compañía minera, que paralizó las actividades extractivas.
De acuerdo con los representantes de los mineros, que se encuentran asentados en el área, hay un conflicto por el pago de las regalías que los mineros realizan a la empresa por el realizar actividades de extracción de minerales. Consideran injusto que la minera solicite entre el 30% al 40% del total del mineral que extraen.
Los mineros dedicados a la extracción de oro aseguran que trabajan en la concesión minera hace más de cinco años, y que se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Al respecto, Juan Gualberto Muñiz, gerente regional de Energía y Minas de la región Arequipa, indicó a Convoca.pe que su despacho tomó conocimiento del conflicto, pero que no pueden intervenir, por tratarse de "mediana minería".
Este medio digital, además, intentó recoger la postura de representantes de Intigold Mining, pero no se obtuvo respuesta.
Al parecer, las disputas en este sector serían constantes. En enero pasado, la compañía minera emitió un comunicado donde indicaba ser foco de invasiones en la zona de sus actividades.
En aquella oportunidad, la empresa señaló a falsos mineros de incitar a otras personas a invadir sus concesiones y advertía que quienes lo hicieran podían ser denunciados por usurpación y otros delitos.
Intervención fiscal
El jueves 15 último, la fiscal adjunta Yolanda Martínez Ríos, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, acudió hasta el lugar para realizar una inspección previa a una medida de posible desalojo. La minera había presentado una denuncia por invasión el miércoles 7 pasado.
Los mineros sostuvieron que tenían posesión desde hace varios años, mientras que una representante de la empresa aseguró que los protestantes estaban invadiendo la zona.
En el área de la mina se encontró alrededor de 100 viviendas, donde viven niños y también mujeres en estado de gestación. La diligencia finalizó luego que la fiscal Martínez determinó que no había garantías para el desalojo.