Este 2023 ha sido el año del descalabro institucional en el Perú. Y en particular de la lucha anticorrupción, que no se había visto tan perjudicada desde la oscura dictadura de Fujimori y Montesinos. Mientras que el Ministerio Público todavía se recupera a tientas del trauma ocasionado por el caso de Patricia Benavides, ex fiscal de la nación sindicada de obstruir investigaciones, hostigar fiscales y traficar influencias, el responsable interino de la Procuraduría General del Estado Javier Pacheco desactiva la Unidad de Defensa Jurídica del Estado que lleva las denuncias contra 105 altos funcionarios.

Pera esa es sola una muestra. Desde el Congreso y el Poder Ejecutivo este año también han llegado frecuentes embates al estilo de una guerra relámpago. Algunos ejemplos son la norma que socava la colaboración eficaz, la que reduce los plazos de prescripción penal o la que resta autonomía a las procuradurías. ¿Qué está ocurriendo con el sistema de justicia?

Yván Montoya, exprocurador anticorrupción, afirma que “estamos otra vez en una de esas recurrencias cíclicas en la historia del Perú, de crisis, que en este caso engloba a un conjunto de poderes y organismos constitucionales autónomos”. Lo que se está viendo, dice, son intentos de “cooptación” en distintas entidades públicas que son claves para la administración de justicia, como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional.

En 2003, el Foro de Crimen y Sociedad de las Naciones Unidas publicó un trabajo académico sobre la infiltración del crimen organizado y la corrupción en el sector público, que propone cinco niveles de gravedad para evaluar cada país. En el primer nivel, el más bajo, solo existen sobornos esporádicos en instituciones de bajo rango. En el último nivel, el quinto, los grupos criminales ya han tomado altos cargos en el Estado para controlar el diseño de las políticas públicas, la creación de leyes, el uso de la fuerza pública e incluso las decisiones judiciales.

“Estamos en el nivel más grave, en el quinto”, alerta Montoya. “El propio Parlamento, que tiene cantidad de denuncias contra muchos de sus integrantes por actos de corrupción y delitos, ha capturado el Estado. Y el Ejecutivo es una de esas capturas”, advierte. Siguiendo esta línea, en el Perú la corrupción ya habría echado raíces y empezado a infestar las políticas de Estado desde el momento en que se conciben.

El Congreso peruano tiene apenas 6% de aprobación ciudadana según la última encuesta del IEP. Foto: Andina/Daniel Bracamonte.

“No hay forma de hacer un control efectivo y eso se manifiesta claramente. Por ejemplo, desde el Ejecutivo no tenemos un plan anticorrupción actualizado. El que tenemos ya caducó”, alerta el exprocurador.

En efecto, el último Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que debe trazar el norte para que todas las entidades públicas desplieguen acciones de combate contra los delitos de funcionarios, publicado durante el gobierno de Martín Vizcarra, solo tuvo vigencia entre 2018 y 2021. Las instituciones siguen utilizando esta versión desfasada hasta que no se genere un nuevo instrumento.

Meses sísmicos

En los dos últimos meses los organismos autónomos han sufrido fuertes fiebres y temblores. El auge y caída de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la nación ha sido una muestra de que las sospechas de una presunta captura de las instituciones son bastante válidas. Y más aún a la luz de lo revelado por su exasesor Jaime Villanueva, colaborador eficaz que ha narrado, por ejemplo, cómo se gestó la suspensión de 8 meses y 15 días contra Rafael Vela Barba, entonces coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del caso Lava Jato.

Villanueva ha contado a las autoridades el mecanismo de instrumentalización de los procesos disciplinarios para hostigar a Vela. Ha detallado, incluso, que estas gestiones fueron impulsadas por el exministro aprista Hernán Garrido-Lecca, investigado en más de un caso con vinculación a empresas brasileñas, y del penalista José Luis Hauyón, abogado de miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, que desde agosto son investigados por lavado de activos a partir de un reportaje de Convoca.pe.

Gracias a esta movida lo reemplazó de inmediato la fiscal Marena Mendoza, una persona de confianza de Benavides y sin experiencia en la materia. Aunque Mendoza renunció luego de que la Junta Nacional de Justicia separara a su exjefa del cargo el último 7 de diciembre, los indicios apuntan a que su objetivo era controlar algunas de las investigaciones más emblemáticas del Ministerio Público.

Patricia Benavides fue separada del Ministerio Público mientras dure la investigación que le sigue la Junta Nacional de Justicia. Su abogado es el exministro aprista Jorge del Castillo. Foto: Andina/Héctor Vinces.

La salida de Benavides, por supuesto, ha significado un respiro para la institución. Según Montoya, la recomposición de la Junta de Fiscales Supremos en el Ministerio Público —que antes no alcanzaba el quórum de tres sin Benavides— parece una especie de signo alentador en medio del caos. Desde la asunción de Juan Carlos Villena como nuevo jefe de la entidad, se restituyó a la fiscal Marita Barreto en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder —que había sido defenestrada por Benavides la misma madrugada en que se enteró de las investigaciones contra sus asesores— y se colocó a Elssie Garavito, mano derecha de Vela, en la coordinación de Lava Jato.

Por otro lado, Antonio Maldonado, también exprocurador anticorrupción y especialista en derechos humanos, resalta que el derrumbe de los planes de Benavides no se debió a un movimiento ciudadano ni a acciones de los principales actores políticos. “Acá hay una oposición oportunista y silente. No quieren hablar para no quemarse. La caída de Patricia Benavides la hace el trabajo honesto y técnico del equipo especial de fiscales y el Poder Judicial. No lo hace ningún movimiento político de oposición. ¿Dónde están los grandes líderes políticos? Yo no los veo. Están cuidándose de quedar bien con todo el mundo, de no meter la pata, de no quemarse para el 2026”, cuestiona.

Patricia Benavides pasó varios meses sin denunciar a Dina Boluarte por los asesinatos en protestas. Recién lo hizo a fines de noviembre, cuando su caída era inminente. Foto: Andina/Carlos Lezama Villantoy.

A la par de que en el Ministerio Público ocurría todo esto, el Poder Ejecutivo también se deshacía de forma similar de Daniel Soria Luján, entonces procurador general del Estado, que había impulsado las denuncias por homicidio contra la presidente Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.  Una comisión del Poder Judicial emitió el 24 de noviembre una medida cautelar que lo suspendió de sus funciones hasta que termine de resolverse un procedimiento administrativo sancionador en su contra.

Este último tiene que ver con los señalamientos de que Soria habría sido nombrado en el cargo sin haber cumplido con los requisitos. No obstante, ya en el pasado el Poder Judicial le dio la razón a Soria frente a las mismas imputaciones y lo repuso en sus funciones mediante una resolución.

“Era clarísima. Decía que había sido suspendido y cesado indebidamente y sin seguir el procedimiento de la nueva ley que crea la Procuraduría General de la República. Precisamente la suspensión que ha ocurrido ahora, durante el régimen de Boluarte, utiliza otro procedimiento, no el que el órgano judicial ha dicho que corresponde si quieren remover en el cargo al procurador. No creo que sea difícil que el órgano judicial que le dio la razón oportunamente simplemente extienda sus efectos a esta nueva decisión y [Soria] sea repuesto en sus funciones en unos pocos días”, comenta Yván Montoya.

En tanto, el procurador reemplazante, Javier Pacheco, investigado por presunta negociación incompatible, está en el centro del escándalo por haber emprendido una serie de acciones que algunos especialistas han calificado como un desmembramiento de la Procuraduría. Tan pronto como asumió el cargo de forma interina, su gestión solicitó informes a ocho procuradores a quienes luego les pidió sus respectivas renuncias. Además, ha disuelto la Unidad de Defensa Jurídica que servía de apoyo para impulsar las denuncias contra 72 congresistas, 40 exministros, tres presidentes y otros diez altos funcionarios.

“Si bien hay una situación de destrozo que está haciendo el procurador interino, que ha disuelto esta unidad que acompañaba al procurador general, [esperemos] que no tenga mucho tiempo en el cargo y  que rápidamente Soria sea restituido”, comenta Montoya.

Daniel Soria fue separado del cargo por una comisión del Ministerio de Justicia a pesar de que su nombramiento había sido ratificado por el Poder Judicial. Foto: Andina.

“El desaliento es enorme y se está procediendo a la destrucción del sistema de defensa jurídica del Estado. Pero esto también hay que mirarlo no como un hecho que surge de la noche a la mañana. El propio nombramiento de Soria no fue totalmente adecuado”, afirma por su parte Maldonado. Agrega que Soria tampoco tenía la experiencia debida cuando fue nombrado en 2020 por la entonces ministra de justicia Ana Teresa Revilla, durante el gobierno de Vizcarra.

En opinión de Maldonado, estos nombramientos y destituciones revelan un "despotismo político" al que ahora se le suma un "despotismo judicial", como ocurrió con la liberación del exdictador Alberto Fujimori el 6 de diciembre. Como se recuerda, los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse emitieron un fallo que desconocía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sin consultarlo con los otros integrantes Manuel Monteagudo y César Ochoa, que aseguraron en medios de prensa no haber tenido conocimiento de la decisión.

“Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es gravísimo. Es introducir grietas de no control, de desobedecer, de resistirse al control que puede ejercer la Corte IDH a través de sus sentencias o las resoluciones de seguimiento y supervisión de sentencias”, comenta por su parte Montoya.

De acuerdo con la propia instancia internacional, que publicó una resolución la semana pasada, el Estado peruano incurrió en “evidente y grave desacato” al no acoger la medida provisional solicitada por el presidente de la Corte IDH.

De hecho, ya varias voces en el Congreso proponen en coro el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que reconoce la jurisdicción del tribunal supranacional. En este conjunto se encuentran las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre.

Francisco Morales Saravia y Luz Pacheco Zerga, en la foto, firmaron la resolución que libera al exdictador Fujimori. Gustavo Gutiérrez Ticse fue el tercero. Foto: Andina/Carla Patiño

Hay un rasgo común entre estos grupos políticos: sus líderes y correligionarios figuran en carpetas fiscales por presuntos delitos de lavado de activos o corrupción.

Otra voz que el mismo tenor también exige la salida del Perú de esta corte internacional es la del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, prófugo en Europa y sindicado como cabecilla de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En su última presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en septiembre de este año, a través de una videollamada, señaló desde la clandestinidad: “Yo he denunciado la violación de mis derechos fundamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la interceptación [telefónica] ilegal, que no la ordenó un juez supremo, y me han dicho ‘inadmisible’, para conocimiento de ustedes y de todo el país. Por eso estoy de acuerdo con que se retire [al Perú] de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque favorece una ideología determinada”.

En esa misma sesión, por cierto, Hinostroza aprovechó para solicitar la prescripción del delito de tráfico de influencias que se le imputa, en aplicación de la“Ley Soto”, que recién había sido aprobada por el Pleno del Parlamento, que reduce los plazos para que la justicia persiga ilícitos penales. Una norma que le cae como anillo al dedo a él y a otros investigados en su misma situación.

“Hoy, en la justicia, ya ni siquiera estamos hablando de reformas dejadas de lado, de contrarreformas. Ya no es esa la característica de la coyuntura. Ahora estamos hablando de la captura de las instituciones de justicia por el crimen organizado. Y el caso de Patricia Benavides es ese”, anota Maldonado.

Como se recuerda, los chats de Villanueva también apuntan a que Benavides habría negociado con congresistas, a través de su entonces asesores, la destitución de su predecesora Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Qué tienen que ver estas acciones con los objetivos estratégicos del país en materia de paz y justicia?, cuestiona el abogado.

Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz. Foto: Difusión.

“Esta crisis tiene varios matices: tiene elementos de captura, de ineficiencia, tiene elementos desconocidos hasta ahora. Yo soy crítico de la Junta Nacional de Justicia, pero no a partir de comprarme los argumentos de cierto poder político. La primera crítica que le haría es haber incorporado a personas que no tenían la estatura para estar ahí”, añade Maldonado. Menciona, por ejemplo, a la exministra aprista  María Zavala y a Imelda Tumialán Pinto, cuya principal trayectoria es haber sido jefa de un programa de la Defensoría del Pueblo.

Durante 2023 varias bancadas parlamentarias han buscado la destitución de los miembros de la JNJ a través de una “investigación sumaria” que duró 28 días. El informe final, presentado a fines de octubre, recomendó al Pleno del Congreso la remoción de todos los miembros por supuesta “falta grave”. Con la reciente separación provisional de Patricia Benavides del cargo de fiscal de la nación, decidida por la JNJ el último 7 de diciembre, los parlamentarios han vuelto a la carga argumentando que esta fue una nueva irregularidad.

Así las cosas, el último 20 de diciembre la bancada de Renovación Popular solicitó al presidente del Congreso la convocatoria extraordinaria —pues ya acabó la legislatura— para que sesione el Pleno, con la intención de debatir lo antes posible la remoción de los miembros de esta entidad clave, que nombra y controla a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Aún es incierto si pedido de Pleno extraordinario será acogido dentro de los próximos días o semanas o si tendrá que esperar hasta marzo, cuando inicie la nueva legislatura.

Fracaso del sistema

¿Qué define a la crisis actual? “Es un escenario caracterizado por un progresivo y acentuado retroceso en todo lo que fue una esperanza de reforma de la justicia”, advierte Maldonado. Es la consecuencia de no haber aprovechado las oportunidades del pasado. “No son hechos que surgen de manera espontánea o desordenada. Tienen raíces profundas y nos hacen referencia al fracaso que ha habido entre la reforma política y la reforma en el ámbito de la justicia. Es imposible divorciar la justicia de la marcha del Estado, de las políticas públicas”, agrega.

Luego de la caída del fujimorato, en octubre de 2003, se instaló la Ceriajus, una comisión con representantes del sector público y la sociedad civil que tuvo el encargo de elaborar un Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia. Estas propuestas fueron presentadas en abril de 2004, pero no terminaron de materializarse. Y con el paso del tiempo, se ha hecho más difícil recobrar el impulso para aplicarlas.

Algunas de las propuestas de entonces incluían modificaciones importantes de la llamada “Constitución de 1993”, algo que en aquella época era motivo de un debate serio. Hoy la sola mención de ello levantaría gritos rabiosos en un sector de la política.

Alberto Fujimori, condenado por homicidio calificado, secuestro y corrupción, fue liberado por tres miembros del Tribunal Constitucional. Aún debe responder por la masacre de Pativilca ante el Poder Judicial. Foto: Andina.

“Lo que ha venido ocurriendo es que casi todos los presidentes, a excepción de Paniagua y Sagasti, han traicionado cualquier avance en la profundización del Estado de derecho y la democracia ”, agrega Maldonado. “Es como un pueblo destruido por la guerra. Para salir de esto se requiere más esfuerzo, más oposición, más sacrificio, más sangre inclusive, porque los gobiernos que deberían haber hecho las cosas no las hicieron”, lamenta.

El especialista anota que los congresos que siguieron al retorno de la democracia "han hecho todo menos legislar". "Lo que se encuentra es reformas parciales, tijeretazos", expresa, de la Constitución y otros cuerpos normativos, como el Código Penal. No ha habido propuestas para armonizar las leyes peruanas con los enfoques y obligaciones de los tratados tratados internacionales ni con las interpretaciones de los órganos que vigilan su cumplimiento.

"Como ha habido en la cumbre esta omisión gravísima, que ha dejado una arquitectura absurda, altamente ineficiente, y una democracia es antes que nada eficiente si no, no es democracia, para abajo ha sido así la tónica también", puntualiza.

Lo cierto es que en el país no se había visto un colapso institucional como el actual desde la última dictadura, que concluyó en el 2000. En palabras de Montoya, el Congreso, con la complicidad del Ejecutivo y otros organismos como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, está concretando una forma “progresiva de asesinato del Estado de derecho”. No con un golpe violento, dice, pero sí con “el uso irracional de las potestades de las entidades” y el desconocimiento de las decisiones de organismos que deben controlar o evitar decisiones arbitrarias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el propio Poder Judicial peruano, que ha intentado poner frenos al Congreso.

“Un año más, el panorama me parece lúgubre. No sé qué quedará, ruinas. Probablemente lo mismo que dejó Fujimori en el 2000. Si bien las instituciones no son para estar orgullosos, lo poco que quedaba, lo poco que empezaba a funcionar ha sido destruido por completo”, expresa.

¿Qué alternativa queda? Montoya opina que, a pesar de que el gobierno ha emitido normas que algunos especialistas califican de instrumentos para criminalizar las manifestaciones, el derecho a la protesta debe ejercerse para proteger las instituciones que aún quedan en pie. Como el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, que es una entidad clave para legitimar la voluntad popular en el próximo proceso electoral. Y otra vía es la legal: iniciar demandas de amparo contra procedimientos irregulares o arbitrarios de cualquier entidad pública y denunciar los abusos ante la comunidad internacional.

Foto principal: Presidencia de la República.