Como relator de la ONU sobre contaminación y Derechos Humanos, ¿cuál es su labor y el motivo de la visita en Perú? 

El trabajo de la relatoría de [elementos] tóxicos y Derechos Humanos es un trabajo de monitoreo y de reporte. Llevar a cabo esas tareas, el recabar testimonios, escuchar a personas que han sido afectadas por exposición de contaminantes peligrosos, a químicos tóxicos, es sumamente importante. 

En el marco de la visita académica, he tenido la oportunidad [recabar esta información] con una serie de organizaciones y dirigentes indígenas. Ese es el trabajo de relatoría, que es acompañar a las personas que sufren de la exposición a contaminantes tóxicos porque el Sistema de Naciones Unidas ha sido establecido para la protección de los Derechos Humanos. 

En Loreto, los pasivos ambientales vinculados a los hidrocarburos en el Lote 192 se mantienen desde hace décadas. ¿Usted pudo constatar la situación? 

Se pudo observar en el terreno, de manera presencial, el impacto de décadas de explotación petrolera en el territorio. La contaminación está patente, se exhiben los crudos en el medio ambiente. Los testimonios de las personas que he entrevistado dan cuenta del impacto que [estos derrames] han tenido en sus comunidades por la exposición a los metales pesados de la contaminación. 

También pude observar el abandono de la gente. A pesar de que el derecho internacional reconoce el derecho a las comunidades indígenas a participar de manera equitativa de los beneficios de cualquier actividad que se realice en sus territorios, la actividad petrolera deja muchas preguntas abiertas en torno a qué beneficios han recibido las comunidades. 

El abandono de los servicios públicos, la falta de electrificación, la falta de agua limpia y ni qué decir del saneamiento: todo esto da cuenta del abandono y la falta de beneficios de las comunidades que están en la pobreza y la extrema pobreza. 

El relator de la ONU constató cómo los pasivos ambientales por hidrocarburos aún se exhiben en las inmediaciones del Lote 192. Foto: Miguel Lévano/OXFAM

Ante estas situaciones, ¿cree usted que el Estado peruano está cumpliendo con proteger la salud de estas poblaciones afectadas? 

El primer deber del Estado es el de garantizar los derechos. En eso consiste la autoridad estatal en el régimen moderno de los estados. Sin embargo, vemos que la afectación de personas expuestas a estas sustancias tóxicas, y que por lo mismo tienen afectaciones por enfermedades terminales, [generan] situaciones muy complicadas y problemáticas para las comunidades. 

En el Cusco, en la provincia de Espinar donde opera la minera suiza Glencore y que usted ha visitado, en el 2018 las autoridades de salud de esa región detectaron metales tóxicos en el agua que consumen. ¿Cree usted que esta es una responsabilidad dejada de lado por el Estado? 

La situación en Espinar es sintomática en muchas comunidades indígenas y comunidades campesinas que sufren los impactos de la contaminación por las industrias extractivas, la contaminación de los suelos, aires y agua que utilizan para su sustento. El tomar agua contaminada genera todo tipo de afectaciones a la salud. Estas preocupaciones son graves y en Espinar es un sitio donde los testimonios apuntan en esa dirección.

También resaltaría la falta de asistencia médica. Es recurrente que en comunidades que han sido dejadas de lado por el Estado, los servicios públicos, como la asistencia médica especializada para atender a personas con metales tóxicos, estén ausentes. Muchas personas mueren en abandono.

También hay reclamos desde las poblaciones afectadas, ya que, además de convivir con metales tóxicos al interior de sus cuerpos, no tienen acceso a salud de calidad para atender enfermedades relacionadas con la exposición a estos contaminantes. ¿Usted ha podido constatar la situación en materia de acceso a la salud? 

Al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable. Además, le corresponde un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada.

De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver como va evolucionando [la salud de la población].

En su visita a la provincia de Espinar en Cusco, el relator de la ONU se reunió con los afectados por exposición y contaminación a metales tóxicos vinculados a la actividad minera. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras

No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos.

Me indicó que por temas de tiempo no ha logrado visitar las zonas de Ventanilla y Ancón afectadas por el derrame de más de 10 mil barriles de petróleo en el mar, pero se ha reunido con los pescadores artesanales afectados. ¿Cuáles son las principales debilidades o vacíos que ha dejado el Estado en su acción para atender a los afectados del derrame de Repsol? 

La relatoría ha recibido el testimonio de pescadores que dicen que a más de 40 días del desastre ambiental aún no tienen la oportunidad de trabajar y no reciben ingresos. No hubo una asistencia humanitaria que les permita afrontar esta dura situación.

También recibí información de cómo la respuesta del Estado ha sido tardía. Ha habido una demora para atender al derrame en su dimensión ambiental, lo cual ha agravado los impactos ambientales.

Además, resulta preocupante el informe de técnicos de las Naciones Unidas, que analizaron la información documental y explícitamente habla de la falta de información acerca de los impactos sociales. Esto es grave porque la afectación de los derechos a la alimentación, de un nivel de vida adecuado, el derecho a la información, el derecho al medio ambiente sano, todos se encuentran comprometidos porque no existe un plan de intervención que permita asistir a las poblaciones afectadas.

El relator de la ONU en su visita académica también observó la falta de un plan de intervención que permita atender a las poblaciones afectadas, como los pescadores artesanales. Foto: Andina

De esta visita académica, ¿cuál es la impresión que se ha llevado de los testimonios que ha recibido? 

Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la aatención es la determinación de la gente que sufre la exposición, en su búsqueda de justicia ambiental. No he visto gente que deje caer los brazos y que se rinda a la adversidad, sino todo lo contrario. 

He visto que hay personas que luchan por mantener su conexión con la tierra y el medio ambiente, que buscan un desarrollo y autonomía que les permita existir como pueblos, como lo han hecho durante siglos y milenios. Eso llama poderosamente la atención frente al gran grado de adversidad que enfrentan las personas víctimas de contaminación. 

Ante tanta negligencia de un Estado que no asume sus responsabilidades para prevenir la contaminación por metales tóxicos, ¿qué herramienta tienen los ciudadanos para solicitar justicia, atención y reparación?

He hecho un llamado al Congreso a ratificar sin demora el Acuerdo de Escazú. Me parece que el momento que vive el país frente al derrame de Ventanilla pone en relieve la importancia del acceso a la justicia, que es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, que busca fortalecer que el derecho a la justicia no sea ilusorio sino que sea real.

Es el caso de los pescadores afectados por el derrame. En este momento [con las normas actuales], para que los pescadores y otras personas afectadas accedan a una indemnización, se encuentran en la obligación de probar la negligencia de la empresa [Repsol] que actuó con culpa. 

El Acuerdo de Escazú busca establecer la “prueba dinámica”, que establece que aquella parte que tiene la información que permite probar un hecho, tiene la carga de hacerlo. En este caso, es la empresa [Repsol] la que tiene la información acerca de la situación del derrame.  El acuerdo de Escazú permitiría un mayor acceso a la justicia en materia ambiental.

Marcos Orellana ha pedido al Congreso que "apruebe sin demora" el Acuerdo de Escazú. Foto: Red Muqui

¿Ha planeado una próxima visita oficial?

Espero que esta visita académica, que he podido realizar para profundizar en el conocimiento de lo que son las realidades de la implementación del derecho al medio ambiente sano en Perú, sea seguida por una visita oficial que culminaría con un informe oficial, que se presentaría ante el Consejo de Derechos Humanos y que incluiría recomendaciones concretas para ir enfrentando la realidad.

Estoy en conversaciones con la Cancillería del Perú. Lo que falta es definir fechas. Estoy a la espera de las fechas que el gobierno peruano va a proponer.

Actualización, 3 de marzo de 2022

Tres días después de su visita al Perú, se hizo pública la carta que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y sustancias tóxicas, Marcos Orellana, envió previamente al presidente de la República, Pedro Castillo. Está fechada el 10 de febrero. Allí incluyó una serie de recomendaciones para la implementación del Plan Multisectorial de atención a personas afectadas por metales y otras sustancias relacionadas a actividades extractivas.

Entre las recomendaciones brindadas, el relator de las Naciones Unidas indicó que el Estado debe incluir la participación de los actores sociales en las instancias de monitoreo en la etapa preparatoria de elaboración de este plan.

Además, recomendó que el liderazgo para la ejecución de esos lineamientos podría recaer en la Presidencia del Consejo de Ministros, así como las medidas para obtener el compromiso multisectorial de todas las instancias competentes para su monitoreo e implementación. Asimismo, consideró que también se debe involucrar a los gobiernos regionales y a las Direcciones Regionales de Salud.

Carta del relator de la ONU al gobierno peruano (03/03/2022) by ConvocaRedes on Scribd