Tras censurar a Rómulo Mucho, la Comisión de Energía y Minas estudia un predictamen que aboga por prorrogar hasta diciembre de 2026 el Registro Integral de Formalización MInera (REINFO) y eliminar la obligatoriedad de que los mineros artesanales se inscriban en el Registro de Insumos Químicos. La moción que presentó Fuerza Popular acusa además al ministro de una “gestión cuestionable de Petroperú”. La inclusión de Petroperú en el texto de la moción se da en medio de una guerra declarada por los gremios empresariales contra el nuevo directorio de la petrolera estatal, presidida por Alejandro Narváez.

 

 

La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha tenido una semana intensa tras la censura al ministro Romualdo Mucho. En sus manos está un predictamen que no solo propone prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta 2026, sino que también pretende eliminar la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Insumos Químicos para manipular estos productos a la minería artesanal. 


Este jueves el predictamen no se votó ante la falta de consenso y se optó porque sea visto por una mesa técnica. Mientras, en el Congreso, la Junta de Portavoces fragua una opción política para salir del estancamiento que permita prorrogar el REINFO por 6 meses más antes de que termine la legislatura. 
 

El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, con 79 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones “por su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión del sector y por la falta de interés e idoneidad para solucionar la problemática de los pequeños mineros artesanales”, según reza el texto que acumula las dos mociones presentadas. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha aceptado este jueves la renuncia de Mucho, ingeniero de minas y gerente hasta antes de asumir su cargo de una contratista minera.


Dos son las mociones que se unieron para pedir su censura, sustentadas en el debate por Arturo Alegría, de Fuerza Popular y Guido Bellido, de Podemos Perú. Los firmantes acusan al ministro de incompetencia por la presentación tardía del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocido como la Ley MAPE. Pero también lo señalan “por la gestión cuestionable de Petroperú”, una razón que es mencionada en la moción presentada por Fuerza Popular  


Sin embargo la demora en la presentación del proyecto de ley MAPE monopolizó los argumentos en el Pleno. Congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre, bancadas que respaldaron mayoritariamente la moción, calificaron este proyecto como “un despropósito” y “una ley de último segundo” y pidieron que el ministro asuma responsabilidades por lo que consideran una negligencia. 


El vocero del partido fujimorista, Arturo Alegría, fue quien llevó la voz cantante en el debate sobre la moción de censura. Aseguró que el ministro “les vendió gato por liebre” con un proyecto de última hora “que no va a resolver el problema social que hoy tienen nuestros hermanos que están en la minería artesanal”. 


El 21 de noviembre el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto MAPE con la aprobación del Consejo de Ministros. Tras varias postergaciones, este proyecto llegó en el tramo final de la legislatura y congresistas de diferentes bancadas advirtieron que no les iba a dar tiempo a revisarlo antes del fin del periodo de sesiones. 


Para César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, el retraso de la ley MAPE es una excusa. “Desde hace dos años el Congreso tiene en la Comisión de Energía y Minas un proyecto de formalización minera, pero no ha habido interés político en su aprobación porque ven a los mineros como una bolsa de votos”, explica a Convoca.pe.


Esta censura se da en medio de las protestas de mineros artesanales, que han acampado junto al Congreso y han bloqueado diversas vías en el interior del país. Rechazan el proyecto MAPE y exigen la ampliación del plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que vence este 31 de diciembre. De los más de 84 mil mineros inscritos en el REINFO, sólo un 2% ha logrado formalizarse. 


Poco después de la censura, el líder de Confemin, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. celebró en un video la caída del Ministro de Energía y Minas. “El triunfo de haber sacado al ministro es un triunfo del que todos los mineros tienen que estar contentos”, afirma en este video subido a redes sociales Máximo Adolfo Franco Bécquer, el líder de CONFEMIN. 

El proyecto MAPE deroga el Decreto Legislativo 1351, que actualmente no permite a la Policía Nacional o al Ministerio Público sancionar a mineros ilegales inscritos en el REINFO.

¿Qué dice la Ley MAPE que preocupa tanto a esta organización? Este proyecto extiende tan sólo durante 6 meses más la posibilidad de los inscritos en el REINFO de formalizarse en la Dirección Regional de Energía y Minas que les corresponda. Una vez cumplido ese plazo, los inscritos pasarían a depender del Ministerio de Energía y Minas. 


Para César Ipenza, uno de los puntos más calientes del proyecto MAPE es que deroga el Decreto Legislativo 1351, que actualmente no permite a la Policía Nacional o al Ministerio Público sancionar a mineros ilegales inscritos en el REINFO.


“Las bancadas están usando al Ministro de Energía y Minas y a la ley MAPE para justificar su apoyo para prorrogar el REINFO”, explica Ipenza. “Desde hace semanas las bancadas han venido negociando con los mineros para ampliar el proceso de formalización”.

Precisamente, el congresista Héctor Valer, de Somos Perú, reconoció este martes durante el debate de la moción de censura que “durante los últimos días diferentes congresistas han mantenido reuniones con los mineros que acampan en las inmediaciones del hemiciclo”. 


Valer llegó a pedir literalmente la cabeza de Mucho. “Ha llegado el momento de La Bastilla, que tienen que rodar cabezas, y la primera tiene que ser la de Rómulo Mucho”.


Según fuentes de Convoca, el ministro fue avisado en los últimos días de que la censura era inminente y fue invitado a renunciar. Sin embargo, él prefirió enfrentarse a la censura con esperanzas de salir airoso de este trance. 


Mientras en el Congreso tenía lugar la moción, la Comisión de Energía y Minas debatía una posible ampliación del REINFO. Paul Gutiérrez, de la Bancada Magisterial y presidente de esta comisión, hizo un receso ante la falta de consenso y anunció que este miércoles presentaría una propuesta al respecto. 


Una vez defenestrado el ministro, Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, llegó a la Comisión y pidió votar la propuesta de ampliación, pero Gutiérrez, que ya la había pasado a un cuarto intermedio, no varió su decisión. En ese momento, Alegría anunció su intención de votar a favor de la prórroga. 


El predictamen que Alegría quería votar con celeridad no solo prorroga 12 meses más el REINFO, con la posibilidad de que el Ejecutivo pueda otorgar una ampliación adicional hasta diciembre de 2026. Además, elimina la obligatoriedad de que los mineros informales se inscriban en el Registro de Insumos Químicos. 

Petroperú en la moción 


 En la moción 14629, presentada por Fuerza Popular, se menciona entre las 6 razones principales para censurar a Rómulo Mucho “la gestión cuestionable de Petroperú”. Consigna que “sus decisiones han afectado la autonomía técnica de Petroperú, enviando un mensaje negativo al mercado y generado incertidumbre en un contexto que demanda transparencia y sostenibilidad en el sector energético”. 


Esta supuesta gestión cuestionable estuvo fuera del debate en el Congreso. Sin embargo, la censura se da en el marco de una guerra abierta de los gremios empresariales contra el nuevo directorio de Petroperú, encabezado por Alejandro Narváez. 


El pasado 8 de noviembre, más de 36 gremios empresariales , entre los que figura Confiep, emitieron un duro comunicado contra la designación de Narváez, a quien consideraron un perfil “político y no técnico”. 


Pocos días después, el flamante presidente de Petroperú descartó la quiebra de la compañía y aseguró que están en condiciones de retomar el 38% del mercado petrolero en 2025. 


La Confiep se apresuró a desmentir estas afirmaciones. “Con estas decisiones, el gobierno parece inclinarse a que los ciudadanos sigan financiando a Petroperú con sus impuestos y contribuciones, dejando de lado la opción de renegociar con los acreedores financieros, quienes exigen una administración profesional, independiente y con reglas claras de gobernanza”, expresó en el comunicado.