¿Qué aciertos y vacíos tiene la ley que declara de interés nacional la atención en salud de personas afectadas por metales pesados?

El martes último se publicó en el diario oficial la Ley 31189, que declara de interés nacional la atención de salud para personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Aunque se trata de un paso importante para brindarle soluciones a quienes fueron perjudicados por la exposición a agentes contaminantes, esta norma aún no puede aplicarse debido a que no tiene un reglamento.

Para la especialista Karem Luque, coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana —integrada por instituciones de Derechos Humanos—, la publicación de esta ley es positiva, pues es el resultado de la lucha de muchos peruanos para que se reconozca su condición de afectados por metales pesados.

“Esta norma es la combinación de los proyectos legislativos 1256 y 2740, presentados hace años pero que no prosperaron por distintos acontecimientos que sucedieron con el Congreso”, comenta sobre el tiempo que tardó el Poder Legislativo en tomar acción sobre esa situación. Además, saludó que se vaya a dar un enfoque multisectorial. 

El registro al fin

Uno de los puntos más relevantes de esta nueva ley es su artículo 5, que dictamina la creación de un “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación de Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas”, la cual estará a cargo del Ministerio de Salud (Minsa). En 2018, el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) presentó un proyecto de ley para crear este registro, que no alcanzó el respaldo de otros parlamentarios para su aprobación.

Según Karem Luque, este registro cambiará la forma en que se atiende la salud de los peruanos contaminados con metales pesados. En octubre pasado, el Minsa reportó un informe en el que indicaba que más de 10 millones de personas habían sido expuestas a metales pesados, lo que representa casi a un tercio de la población. “Ese reporte de octubre era muy general, no se tenía una correcta identificación de regiones y distritos donde estaban los afectados”, confirmó la especialista en salud ambiental.

El informe del Ministerio de Salud indica que más de un tercio de la población estuvo expuesta a metales pesados.

Una de las ventajas de esta relación de afectados, que será implementada y actualizada por el Ministerio de Salud, es que dará la posibilidad de conocer la ubicación de las personas afectadas, así las personas podrán ser tratadas a tiempo en caso de presentarse alguna afectación de la salud. Según Luque, este beneficio está conectado con el artículo 4 de la misma ley, el cual está referida a la generación y actualización de los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. 

“Si una persona que vive en un contexto de industrias de extracción, va al médico con dolores de cabeza o algún malestar; con los nuevos protocolos, sobre todo actualizados, se les podrá tratar de una mejor forma, más acorde a la situación de contaminación de metales”, sostiene Karem Luque. Esto se basa en que cada médico de la zona tendrá los conocimientos necesarios sobre sintomatología de contaminación con metales pesados para poder ayudar a las personas.

Positiva, pero con vacíos

Si bien se pretende dar un enfoque multisectorial, en el texto de la ley solo se menciona a dos entidades: la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud. Esto, a pesar de que otros entes gubernamentales, como los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, también rigen las actividades de las industrias extractivas.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, ve el lado positivo sobre la participación de diversos entes de gobierno, pero considera que en varios casos debió ser especificado y consignado en el texto de la norma, sobre todo con miras a la prevención de un daño a la salud de las personas. 

A inicios de 2020, un grupo de familias de Pasco se trasladaron a Lima para realizar reclamos frente a la sede del Ministerio de Salud para reclamar atención médica a sus hijos y la reubicación que se les había ofrecido. Para Luque, reubicar a las personas de zonas extractivas parece ser una solución, sin embargo, no se tomarían en cuenta diversos factores culturales.

Operaciones mineras en Pasco. Foto: Difusión

“En lugar de retirarlos de donde han crecido y donde ya tienen una forma de vivir en su comunidad, sería mejor garantizarles un terreno y agua sana”, afirma.

Asimismo, la especialista manifiesta su desacuerdo con que la ley no establezca un presupuesto adicional, como se indica en el artículo 7. Considera que se debería destinar un monto determinado o que los gobiernos regionales asignen un incremento de su presupuesto para instalar unidades de metales pesados.

“Esto evitaría que todo se centralice en Lima. Cada región podría atender en primera instancia los incidentes en temas de industrias extractivas, se haría un esfuerzo conjunto y no disperso en diversos lugares”, apuntó. 

Labor de fiscalización

“En el Perú tenemos los estándares de calidad ambiental más permisibles de Latinoamérica, y estamos peor en comparación de Europa y Estados Unidos. El desafío es igualar esos estándares con los límites máximos permisibles con los de otros países. ¿Por qué un poblador peruano tendría que vivir en un ambiente más contaminado que un estadounidense?”, asevera Karem Luque sobre la actual situación de los permisos que poseen las empresas de industrias extractivas.

Para la coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, los actuales estándares de calidad ambiental en el país impiden que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pueda sancionar a las empresas infractoras de una manera correcta y efectiva. Esta es una de las razones de la desconfianza de parte de la población en relación a la labor del organismo fiscalizador.

Se deben modificar los estándares de calidad ambiental para que OEFA pueda sancionar de forma efectiva a compañías infractoras. Foto: Difusión

Cabe destacar que OEFA tuvo un periodo en el que no podía sancionar con multas a las empresas infractoras debido a la Ley Nº 30230, también conocida como "paquetazo ambiental" que priorizaba las acciones orientadas a la prevención y corrección. 

El Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento de la Ley dentro del plazo de 90 días calendario.

Convoca.pe ha seguido de cerca distintos problemas medioambientales en zonas donde las empresas de industrias extractivas realizan sus operaciones. Asimismo, este medio digital se ha relatado diversas historias sobre cómo los metales pesados han afectado la salud de peruanos; y ha publicado investigaciones sobre la inoperancia de los organismos gubernamentales en cuanto a la fiscalización.