En las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022 candidatearon 508 ciudadanos que, a junio de 2022, eran investigados por la Procuraduría Anticorrupción por presuntos delitos contra la administración pública. Sin embargo, los vecinos de algunos distritos decidieron darle la oportunidad de dirigir sus respectivas municipalidades a 83 de ellos, que acumulan un total de 237 carpetas fiscales y expedientes judiciales. Estos empezaron a gestionar sus comunas desde el 1 de enero pasado.

Convoca.pe pudo obtener esta información a partir del cruce de dos bases de datos: una de autoridades elegidas y proclamadas por Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otra de todos los candidatos investigados que lleva la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Este medio pudo hallar que la mayoría de los 83 alcaldes tienen más de un caso abierto en su contra, lo que explica por qué hay más expedientes que autoridades. Y el 70% tiene más de cinco imputaciones. La región que más casos concentra por presunta corrupción es Lima, con 12 alcaldes que acumulan 45 carpetas fiscales abiertas por delitos como peculado, aprovechamiento indebido del cargo, colusión agravada y malversación de fondos. Le sigue Arequipa, con 10 alcaldes investigados por corrupción. En el listado también se encuentra Junín (8); Ayacucho (8), San Martin (7), Cusco (7) e Ica (7). 

En Lima, de los 12 alcaldes denunciados por presunta corrupción, resalta el caso de Juan Álvarez Andrade, actual burgomaestre de Chancay, quien logra ser reelegido por cuarta vez. En las últimas elecciones fue el movimiento Patria Joven el que lo llevó al sillón municipal. Álvarez Andrade registra ocho casos abiertos por peculado y colusión agravada, dos de estos se encuentran en etapa de investigación formalizada y los otros en etapa intermedia. 
 
El actual alcalde de Chancay también gobernó el distrito en los períodos 2007-2010, 2011-2014 y 2015-2018. Durante su primer mandato se le denunció por ejecutar obras como tribunas de estadio y construcción de aulas que supuestamente beneficiaron a seis proveedores. Según informó el medio local Infored, en su gestión se habrían autorizado pagos sin haber firmado el contrato.

Álvarez asume por cuarta vez el sillón municipal de Chancay. Foto: Internet.

A Álvarez Andrade, que declara tener cinco bienes inmuebles por 1 millón 600 mil soles, también se lo investiga por presuntamente permitir que terceros se apropien indebidamente de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay y que hayan obtenido ganancias sin pagar a la Municipalidad, generando un perjuicio económico a la entidad. Esto sucedió en su tercer mandato.

Otra investigación de la Fiscalía indica que el alcalde de Chancay habría permitido que sus funcionarios de confianza cobren la suma de un sueldo íntegro por gratificaciones, cuando aquel pago solo les correspondía a los obreros municipales

Otro caso en Lima es el de Erick Chirino Jiménez, quien ganó las elecciones en el distrito de Omas, en la provincia de Yauyos, también con movimiento Patria Joven. Tiene siete carpetas fiscales en diligencia preliminar por presunto peculado doloso (aprovechamiento indebido del cargo y hacer uso de bienes públicos en beneficio de él o un tercero).

Por su parte, los alcaldes de los distritos de Tupe (Wuang Morales Iturrizaga) y de Huangáscar (Filimón Gutiérrez), en Yauyos, en Lima Provincia, tienen respectivamente cuatro y cinco carpetas fiscales abiertas por los presuntos delitos de peculado, malversación, apropiación ilícita, colusión, entre otros. En Lima Metropolitana los alcaldes de San Miguel (Eduardo Bless), Villa María del Triunfo (Eloy Chávez), Punta Hermosa (Carlos Fernández) y El Agustino (Richard Soria) lograron pasar el filtro de las elecciones a pesar de tener investigaciones por presunta corrupción en su contra. 

El más investigado

Entre todos los distritos del Perú, resalta el caso de Álvaro Mendoza Alca, actual alcalde del distrito Victor Fajardo, provincia de Colca, en Ayacucho, quien tiene abiertos 18 carpetas fiscales por presuntos delitos de corrupción. En su historial se leen imputaciones por peculado, negociación incompatible, aprovechamiento del cargo y colusión agravada. Postuló con el movimiento regional Gana Ayacucho.

"Si bien hay una prohibición vigente de una reforma constitucional que impide que personas con sentencia postulen o ingresen a la gestión pública en general, no lo prohíbe a las personas investigadas”, indica Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. Es por eso que a pesar de los delitos imputados a Mendoza Alca y otros nuevos alcaldes, han podido postular, ganar y asumir funciones.

Si bien la reelección inmediata sobre el mismo municipio está prohibida desde 2014, el alcalde del distrito de Ayacucho, como otros, han encontrado formas de continuar ejerciendo cargos de voto popular en distintos periodos y jurisdicciones. "Una vez que terminan su periodo se postulan como alcaldes provinciales y luego vuelven a la alcaldía de su distrito. La gente igual vota por ellos", lamenta Rotta.

Para el sociólogo y director de Proética, la corrupción en gobiernos locales va desde nombrar personas no calificadas dentro de la gestión hasta realizar obras mal construidas por contratar empresas no idóneas. Por lo general para "pagar favores de campaña", acota. Esto genera un claro perjuicio contra los servicios que necesita la comunidad.

Por ejemplo, la Contraloría calcula que el perjuicio anual que genera la corrupción y malas prácticas en los gobiernos locales es de 4 mil 362 millones de soles. A nivel de Gobiernos Regionales el daño asciende a 8 mil 842 mil soles.

Rotta hace énfasis en la necesidad de apostar por partidos políticos más responsables y con mejores filtros para ofrecer una "carta de menús de alternativas basado en la idoneidad y trayectoria íntegra". "Además, complementado con un ejercicio responsable de la ciudadanía, que esta no dé el voto a personas cuestionadas", agrega. Sin embargo, apunta que luego de 25 años con este sistema, ya correspondería establecer limitaciones a las personas investigadas por delitos de corrupción, de crimen organizado o de derechos humanos, muy sensibles para la vida pública.

Comenta también que la prohibición de reelección inmediata no ha solucionado el problema de fondo. Se debe fortalecer los sistemas de control en las gestiones, la vigilancia de la ciudadanía y el periodismo local, puntualiza.