Actualización: 10 p.m. del viernes 18 de setiembre de 2020

El Poder Legislativo rechazó por mayoría la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por incapacidad moral, luego de que la semana pasada se iniciara este proceso al difundirse audios de su exasistente administrativa relacionados al caso 'Richard Swing'.

En contra de la moción de vacancia votaron 78 legisladores, 32 lo hicieron a favor y 15 en abstención. Las principales bancadas parlamentarias que respaldaron la salida de Vizcarra del gobierno fueron el Frepap y Unión por el Perú.

Según el Reglamento del Parlamento, se requería de 87 votos a favor para aprobar la moción.

Informe original

Para cuestionar la veracidad de los audios usados como argumento por el Congreso de la República para admitir un pedido de vacancia presidencial, el mandatario Martín Vizcarra mostró hoy en la sesión plenaria del Legislativo dos cartas notariales remitidas por su exasistente admnistrativa Karem Roca, en las que desmiente algunas de sus afirmaciones y pide disculpas a los aludidos.

El jefe de Estado presentó una carta notarial dirigida a la Marina de Guerra por Karem Roca, quien desmiente su propia afirmación de que dicha institución hacía grabaciones, vía interceptaciones de las comunicaciones, a los parlamentarios, y sostiene que no le consta ni sabe de esa información que ella registró, como lo evidencia un audio con su voz.

También exhibió otra carta notarial dirigida por su ex asistente al ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, en la que desmiente su afirmación de que es el cajero del presidente y le pide disculpas por decir cosas que no son ciertas.

Carta notarial de Karem Roca enviada al ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Así de fácil se manchan honras, y así también la protagonista desmiente sus propias versiones”, afirmó Vizcarra, quien recordó que “esa misma señora bajo juramento, en la comisión de Fiscalización sostuvo que ella no había grabado nada, y luego, en otro audio, uno de los tantos, acepta que sí ha grabado y consulta a su abogado, si es legal o ilegal que haya realizado esas grabaciones al presidente de la República”.

“Tanta mentira, tanta falsedad y, sin embargo, sin el más mínimo contraste, sin investigación alguna, sin nada, está corriendo la posibilidad de vacar al presidente de la República, con argumentos que luego han sido desconocidos por su propia autora”, manifestó al referirse a los audios sobre el caso 'Richard Swing'.

Aunque el presidente Vizcarra dijo que el contenido de los audios en los que aparece su voz no configura un delito, pidió dejar que el Ministerio Público llegue al fondo de esta investigación, porque es el que tiene la competencia de la investigación y no el Congreso.

Durante su presentación en el pleno del Parlamento, Vizcarra recordó que, según la Constitución, un presidente solo puede ser procesado al concluir su mandato, pero manifestó que este no será el caso.

“Yo he expresado mi plena voluntad para dar todas las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora. Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto, y que no he cometido ningún acto ilegal”, afirmó.

El mandatario destacó que “el único delito, lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina” tras reconocer que su voz está en uno de los audios. Sin embargo, dijo que de ninguna manera va a reconocer ni aceptar las acusaciones que se le realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información.

Al inicio de su discurso, Vizcarra dijo que acudió a dar la cara en el Congreso, a pesar de que muchas personas le dijeron que no lo haga “porque mi presencia podría avalar un procedimiento que no se acoge a ley” y porque estas oportunidades, a veces, se utilizan para maltratar a los invitados. Antes de retirarse, el jefe de Estado dijo que debía viajar a La Libertad y dejó a su abogado Roberto Pereira, para continuar con su defensa.

Mandatario Vizcarra y el abogado Roberto Pereira.

"Proceso de vacancia no cumple requisitos"

A su turno, el abogado Roberto Pereira, representante legal del jefe de Estado, afirmó en el hemiciclo que la vacancia presidencial no cumple con el debido proceso, ya que en la moción que dio inicio al proceso no se hizo ninguna referencia que establezca la causa de incapacidad moral permanente por parte del mandatario, por lo que se afecta la validez del procedimiento.

El letrado sostuvo que los audios propalados son de "autenticidad incierta", tanto en su origen como en su contenido, y que hasta la fecha no se sabe cómo el titular de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edgar Alarcón, tuvo acceso a los audios.

Pereira señaló que los audios que fueron propalados el 10 de setiembre por Edgar Alarcón no cumplieron con la legalidad prevista y que podrían ser tachados como inválidos ya que fueron emitidos sin acuerdo de los integrantes de la Comisión de Constitución.

"¿Cuál es el contenido de ese supuesto por incapacidad moral permanente? De acuerdo a la Constitución el test de valoración política no puede hacerse sobre la base de hechos que no tienen certeza", afirmó el abogado y agregó que el proceso ha sido contaminado por las dudas sobre la imparcialidad del pedido de vacancia por parte del Congreso.

Incluyen como investigadas a exsecretarias palaciegas

Minutos antes de que empezara la sesión en el Parlamento, el Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dispuso ayer que se ampliara las pesquisas por el caso de Richard Cisneros Carballido ('Swin') y se incluya como investigadas a las dos exfuncionarias de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque, así como a la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro Oshiro.

La fiscal Janny Sánchez Porturas, a cargo del caso, considera que Mirian Morales y Diana Tamashiro actuaron como instigadoras de la presunta comisión de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. A Morales también se le investigará como autora del delito de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

Respecto a Roca Luque, exasistente en el Despacho Presidencial, se le investiga como presunta autora de ocultamiento real, así como falsedad genérica. Todos los mencionados delitos fueron en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal preliminar, Morales Córdova sería quien habría realizado reuniones previas y coordinaciones, con el fin de que se viabilice la contratación directa del proveedor Richard Cisneros.

La pesquisa fiscal ya considera al presidente Martín Vizcarra como uno de los involucrados en el caso 'Richard Swing'.

Asimismo, en base a diversos elementos, entre ellos la información de un testigo en reserva, y mientras se culminan las pericias para verificar la veracidad de algunos audios difundidos recientemente respecto al caso, se advierte que habría inducido a que se presenten falsos testimonios dentro de la investigación.

En tanto, a Diana Tamashiro se le investiga debido a que, desde su cargo de secretaria general del Ministerio de Cultura (del 17 de enero al 30 de junio del 2020), se habría reunido con 'Richard Swing' y con los demás funcionarios a cargo del procedimiento de contratación directa, para coordinar y acordar la elección de dicho proveedor por servicios innecesarios; direccionando el perfil y, al parecer sobrevalorando los montos contractuales, además de otras irregularidades materia de investigación, según la Fiscalía.

Sobre la exasistente de Palacio de Gobierno, se infiere que habría dado falso testimonio sobre los registros de ingreso a dicho lugar, y al sostener que fue ella la que se reunió con el investigado el 12 de octubre del 2018.

En cuanto a los altos funcionarios públicos mencionados en la investigación, la magistrada Sánchez Porturas dispuso emitir y elevar el informe a la Fiscalía de la Nación sobre presuntos hechos que revisten connotación penal, para que se actúe conforme a sus atribuciones.

Hasta la fecha, son un total de 17 las personas implicadas en la investigación declarada como compleja, la cual está referida a las diversas irregularidades que se habrían cometido entre 2018 y 2020, al efectuar nueve órdenes de servicio a favor de Cisneros, por 175 mil 400 soles en total.

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