Pedro Cateriano leyó un largo discurso, de más de tres horas, en su presentación ante el Pleno del Congreso, durante la jornada de ayer lunes. El resultado no fue el esperado para el saliente premier, pues en la mañana de hoy la mayoría de parlamentarios optó por negarle el voto de confianza al gabinete ministerial, que lideraba desde el 15 de julio último. Convoca Verifica, la unidad de fact checking de Convoca.pe, identificó dos afirmaciones engañosas realizadas por el ahora extitular de la Presidencial del Consejo de Ministros (PCM).
Cateriano planteó realizar ajustes a los trámites necesarios para impulsar proyectos mineros. Para ello, indicó que era imperioso modificar plazos para la consulta previa, derecho fundamental de las comunidades indígenas. "Resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso", manifestó.
Sin embargo, los actuales plazos tienen esa periodicidad. El reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas establece, en su artículo 24, que el proceso máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo es de 120 días calendario, es decir cuatro meses.
Un estudio elaborado por OXFAM, en 2018, había determinado que en 12 procesos de consulta previa realizados desde el 2015 al 2017, la mayoría se programó en un plazo de 49 a 90 días.
Así fue en el caso del proyecto de exploración minera La Merced, a cargo de Barrick Misquichilca S.A. El procedimiento con las comunidades campesinas de Llactun-Aija y Quilla Ayllu, en la provincia de Aija, región Áncash, tuvo una duración de dos meses. Las reuniones preparatorias empezaron el 10 y 11 de mayo de 2016. Y el 14 de junio del mismo año, se implementó el diálogo.
Miguel Lévano, especialista de Oxfam, señaló que el premier está desinformando a la población respecto al tiempo que demanda realizar una consulta previa. Afirmó que en la práctica, y según lo identificado por la organización no gubernamental, los procesos se realizan en plazos muy breves. Incluso, algunas etapas se realizan en solo un día, a lo que calificó como una consulta previa exprés.
De acuerdo con el reglamento de la Ley de Consulta Previa, las fases del proceso son: la identificación de los pueblos originarios, realización de reuniones de consulta, entrega del plan de consulta, etapa de publicidad, etapa de información, evaluación interna, diálogo, acta de consulta y decisión.
En diálogo con Convoca.pe, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción dijo que el Perú firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el cual se comprometió a aplicar la consulta previa bajo los estándares internacionales. "Es un convenio que forma parte de la legislación peruana", aseguró.
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Canon de la minería
En otro momento de su intervención, Pedro Cateriano señaló que "por concepto de canon minero los gobiernos regionales tienen actualmente más de 13 mil millones de soles que no han ejecutado presupuestalmente, a pesar de las necesidades existentes", por esta razón en el Poder Ejecutivo se planeaba emitir un decreto supremo para que estos recursos fueran usados a la brevedad.
Al revisar el Portal de Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concluye que lo afirmado por Cateriano resulta engañoso, porque los más de 13 mil millones de soles incluyen partidas que no corresponden al canon, como el caso de las rentas de aduana, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam), las regalías mineras, el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), entre otros.
Al respecto, Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, indicó que hubo un descuido para identificar la cantidad de dinero que se aporta a los gobiernos regionales con fondos del canon. Existe un rubro denominado "canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones", que para este año tiene una partida de S/ 13 561 232 876. "Es un cajón de sastre donde se mezclan un conjunto de conceptos, y varios de los cuales no tienen que ver con el canon minero o las industrias extractivas", refirió Baca.
Consideró que "es poco" el monto transferido a los gobiernos locales durante 2020, cerca de 1 mil 49 millones de soles. Añadió que la información distorsionada, que presentó Cateriano en su discurso, contribuye a una mala lectura sobre los recursos que genera la minería y como son distribuidos en el país.