Durante la presentación de la política general del Gobierno, como parte de su pedido del voto de confianza al Legislativo para el gabinete que lidera, el premier Pedro Cateriano anunció hoy que en el proceso de reactivación económica el Poder Ejecutivo está decidido a “trabajar de inmediato” en la simplificación de procedimientos de entidades que participan en los procesos de autorizaciones de grandes proyectos mineros y de hidrocarburos.

El presidente del Consejo de Ministros consideró que se debe trabajar en “eliminar las trabas, reducir los plazos y requisitos innecesarios”, con el fin de incentivar la productividad de las empresas del sector minero y energético. En tal sentido, precisó que una de las entidades, cuyas facultades y procesos serán simplificados, es la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Cateriano añadió que el Poder Ejecutivo tomará medidas para reducir, por lo menos a seis meses, el proceso de consulta previa para los proyectos de actividad extractiva “reafirmando el compromiso del Estado” con los pueblos indígenas “a la par” que promueven las inversiones mineras responsables. Con ese objetivo, indicó que el gobierno transferirá recursos al Ministerio de Cultura para que pueda realizar la identificación de todos los pueblos originarios y de esa manera finalizar la base de datos de registro de estas comunidades.

Las palabras que predominaron en la exposición de Pedro Cateriano al pedir el voto de confianza para el gabinete que lidera desde el 15 de julio último.

En la sesión de investidura del gabinete, manifestó también que —en el sector hidrocarburos— el gobierno de Martín Vizcarra aprobará la modificación del Reglamento de Regalías y Retribuciones. Expresó que esa medida busca contribuir a que las empresas tengan mayor liquidez, puedan mantener sus operaciones y los puestos de trabajo que proporcionan.

En el discurso, Pedro Cateriano sostuvo que la minería "es la columna vertebral" de la economía peruana, pues esta actividad económica representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y una fuente importante de divisas. Agregó que la inversión minera alcanzará este año los US$ 4,800 millones y en 2021, llegará a los US$ 6 mil millones.

Anuncios generan preocupación

Respecto a estos anuncios para impulsar actividades extractivas, Convoca.pe dialogó con los especialistas Miguel Lévano y José de Echave, quienes consideraron preocupante que el Gobierno vaya a adoptar medidas de flexibilización en materia ambiental debido a que afectará a comunidades indígenas, en donde además ya existen conflictos sociales.

Lévano, oficial de industrias extractivas de Oxfam, opinó que debería conocerse cuáles son los requisitos que el premier Cateriano considera innecesarios en relación a la aprobación previa de los proyectos extractivos. Asimismo, prevé que, además de la ANA, el Ejecutivo podría flexibilizar procesos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que tuvo un reciente protagonismo al no haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental del Terminal Portuario de Paracas; y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que ha paralizado actividades extractivas ante hechos evidentes de daño ambiental.

Cateriano afirmó que se reducirán los "requisitos innecesarios" para incentivar la productividad de las empresas del sector extractivo.

Sobre este punto, el economista e investigador de Cooperacción, José de Echave, afirmó que la esencia del discurso de Pedro Cateriano corresponde a la posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pues refirió que el premier ha asumido la misma postura: que los proyectos de inversión se traban por la "tramitología" o la "permisología" de entidades a cargo de velar por el medio ambiente o de pueblos originarios.

"Todos esos requisitos, que son parte de los mejores estándares sociales y ambientales internacionales, se están entendiendo como excesos de trámite en el Perú", aseveró De Echave.

Ambos coincidieron que la reducción de estándares ambientales han sido la base de los problemas sociales y de que varios proyectos mineros o de hidrocarburos no se concreten. Y de que las poblaciones crean que el Estado no vela por el bien común.

Sin asidero

Sobre el anuncio del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de "reducir por lo menos en seis meses el proceso de consulta previa", el especialista Miguel Lévano afirmó que Pedro Cateriano "está desinformando a la población", pues el plazo máximo para ese proceso es de 120 días, según el Reglamento de la Ley de Consulta Previa. 

Además, Lévano afirmó que en la práctica, y según lo identificado por Oxfam, los procesos de consulta previa se realizan en plazos muy breves de entre 30 a 90 días, e incluso algunas etapas de la consulta se realizan en solo un día, es decir una "consulta previa express".

De Echave dijo que el Perú al haber firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se comprometió a aplicar la consulta previa bajo los estándares internacionales. "Es un convenio que forma parte de la legislación peruana", precisó.

Cateriano dijo que el proceso de consulta previa se reducirá a seis meses. Foto: Difusión

Asimismo, Lévano sostuvo que hay una fuerte presión de sectores gremiales por la reducción de estándares y flexibilización no sólo ambiental, sino también social y tributaria. Añadió que varias empresas petroleras, así como Petroperú y Perupetro, han mencionado la intención de reducir el pago de regalías para promover el sector, pero esto también significaría una reducción de ingresos para inversión pública de los gobiernos regionales de la Amazonía y de las jurisdicciones de Piura y Cusco.

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