Perú no solo está debilitando su política ambiental. Está comprometiendo su permanencia en uno de sus acuerdos comerciales más importantes. Organizaciones de la sociedad civil alertaron que un conjunto de normas aprobadas en los últimos años, y que se han intensificado recientemente, configuran un patrón sistemático de retrocesos ambientales que podría activar tensiones serias con la Unión Europea, principal bloque que exige altos estándares de protección ambiental, trazabilidad y respeto de derechos humanos en sus relaciones comerciales.

Representantes de RedGE, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Proética, todas ellas parte del Grupo Consultivo del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE), alertaron una década de retrasos. 

No estamos ante hechos aislados. Lo que vemos es un proceso acumulativo de flexibilización normativa que desmonta la institucionalidad ambiental del país, coindicieron los especialistas, en referencia a cambios legales que afectan la Amazonía, la gobernanza forestal y la capacidad del Estado para fiscalizar actividades ilegales y extractivas.

Grupo Consultivo del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE) explican los riegos para el acuerdo comercial y preocupación por la Ley APCI

Una década de normas regresivas

Según explicó Micaela Guillén, coordinadora nacional del MOCICC, este proceso se remonta al año 2014, cuando se aprobó la Ley 30230, una norma que redujo las capacidades sancionadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en un contexto de impulso a la inversión privada en proyectos extractivos.

“La flexibilización ambiental no empezó hoy. La Ley 30230, los cambios al SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) y las recientes normas regresivas han ido desmontando capacidades institucionales”, advirtió Guillén.

En esa misma línea, identificó a la Ley 31973 como uno de los ejemplos más graves del proceso de desmantelamiento ambiental. Esta norma, explicó, facilita la legalización de la deforestación ocurrida de manera irregular, debilita la zonificación forestal y reduce el rol del Ministerio del Ambiente (MINAM) en decisiones clave.

“Esto no solo debilita la protección de los bosques, sino que contradice abiertamente los compromisos del Perú en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea”, señaló.

Las organizaciones sostienen que estas medidas vulneran artículos centrales del acuerdo, entre ellos los artículos 268, 273, 275 y 277, que obligan al Estado peruano a mantener altos niveles de protección ambiental y a no debilitar su legislación como incentivo comercial

La Amazonía en la primera línea de riesgo

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), puso el énfasis en los impactos territoriales de estos retrocesos normativos. Explicó que la Ley 31973 y otras medidas recientes abren la puerta a la expansión de economías ilegales, el tráfico de tierras y la invasión de territorios indígenas.

“La Ley 31973 debilita la zonificación forestal, promueve el tráfico de tierras y abre la puerta a economías ilegales. Esto incrementa el riesgo para pueblos indígenas que ya enfrentan invasiones, deforestación y ausencia del Estado”, advirtió Cueto.

Para las organizaciones, esto ocurre en un contexto donde la presencia estatal en la Amazonía ya es precaria y donde las mafias vinculadas a la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico encuentran cada vez más facilidades para operar.

“Nada de esto es compatible con los compromisos internacionales del Perú, especialmente con la Unión Europea, que exige trazabilidad, transparencia y sostenibilidad”, remarcó Cueto.

El riesgo de un conflicto comercial

Más allá del impacto ambiental, las organizaciones advirtieron que el debilitamiento normativo puede tener consecuencias directas sobre la relación comercial con la Unión Europea, uno de los principales socios del Perú en exportaciones agrícolas, forestales y de productos que están bajo creciente escrutinio ambiental.

Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), sostuvo que el país está enviando una señal contradictoria a la comunidad internacional.

“El Acuerdo Comercial exige participación ciudadana real, transparencia y altos estándares ambientales. El patrón de retrocesos que estamos viendo no solo vulnera esos compromisos, sino que envía un mensaje muy negativo a la Unión Europea”, afirmó.

Romero agregó que la posible aprobación de normas que restrinjan el trabajo de la sociedad civil —como los cambios en la Ley APCI— agrava aún más la situación, porque limita los mecanismos independientes de vigilancia.

“Si además se restringe el trabajo de la sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la Unión Europea para verificar si el Perú está cumpliendo”, alertó.

Durante la conferencia también se mencionó que la Unión Europea ha venido endureciendo sus mecanismos de control sobre productos asociados a la deforestación, el cambio de uso de suelo y las violaciones de derechos humanos en cadenas de suministro.

“El problema es que ahora la Unión Europea ya no solo mira cuánto exportas, sino cómo lo produces. Y si el Perú institucionaliza la deforestación, puede enfrentarse a barreras comerciales más duras”.

Esta declaración se enmarca en la entrada en vigencia de nuevas regulaciones europeas sobre productos libres de deforestación, lo que convierte a la Amazonía peruana en un territorio crítico para el futuro de las exportaciones nacionales.

Normas de espalda a la sociedad 

Otro punto que generó preocupación fue el contexto de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que abriría la posibilidad de aprobar nuevas normas sin un debate público amplio ni evaluaciones de impacto ambiental profundas.

“Existe el riesgo de nuevas medidas regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”, advirtieron las organizaciones.

Para los especialistas, esto podría traducirse en más recortes al rol del Ministerio del Ambiente, reducción de controles sobre grandes proyectos de infraestructura, y mayor flexibilidad para la regularización de actividades ilegales en territorios forestales.

Las organizaciones concluyeron que el país aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero que el costo político, ambiental y económico de no hacerlo será alto.

“El futuro de nuestros bosques y nuestra credibilidad internacional están en juego”, concluyó Ana Romero.

Más allá de un debate técnico, lo que está en juego es si el Perú decide sostener un modelo de desarrollo basado en la destrucción de su Amazonía o si opta por alinearse, de verdad, con los compromisos ambientales que ya ha firmado ante el mundo.

Porque esta vez no se trata solo de una sanción administrativa o de una observación diplomática; es el riesgo real de que el Perú pierda mercados, influencia y legitimidad por impulsar normas que afectan su propia institucionalidad.