Las empresas y grupos religiosos que se benefician con la modificación de la ley forestal

Entre los expedientes y denuncias por delito de deforestación masiva en la Amazonía, encontramos nombres de grupos empresariales y religiosos que pueden beneficiarse en estos procesos judiciales debido a la modificación de la ley forestal. Además de las conocidas Ocho Sur y Tamshi, que fueron creadas como parte del Grupo Melka, figuran Palmas de Shanusi, del poderoso Grupo Romero, Reforestadora Inca, del empresario Samuel Dyer,  así como las agrupaciones religiosas Menonitas y los Israelitas del Nuevo Pacto Universal.

Los cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre abren camino para el archivamiento de los casos de deforestación por los que se investiga a las mencionadas empresas y asociaciones religiosas, como lo han señalado diversos especialistas en el tema, incluido el Procurador del Ministerio del Ambiente Julio Guzmán.

Convoca.pe revisó los expedientes de siete casos y consultó a diversas fuentes para entender la magnitud de la afectación a los bosques y las comunidades indígenas a partir de esta reforma legal y encontró que son más de 53 mil hectáreas de bosques que fueron convertidos por estos grupos investigados en plantaciones de palma, cacao, maíz, entre otros cultivos, principalmente en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Entre los casos más importantes destacan las imputaciones contra Ocho Sur (ex Plantaciones Ucayali) con 12 mil hectáreas deforestadas, los asentamientos Israelitas del Nuevo Pacto Universal de Arca Pacahuara, en Madre de Dios; Bajo Amazonas, en Loreto, y El Sira, en Ucayali, con 10 mil  hectáreas en promedio cada uno, lo que hace un total de más de 30 mil hectáreas. A Palmas del Shanusi, en Loreto, se le acusa por deforestar mil 700 hectáreas; a Tamshi, también en Loreto, se le investiga por arrasar unas 2 mil hectáreas, mientras que los asentamientos de los menonitas suman más de 7 mil hectáreas de deforestación y Refinca unas 300 hectáreas.

José Luis Guzmán Ferro, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, quien ve algunos de los principales procesos de deforestación en el país, asegura a Convoca.pe que el cambio de la ley forestal favorece a quienes han deforestado ya que ahora esa acción no sería considerada delito. "Los limpia de toda imputación", agrega.

¿En qué consiste el borrón y cuenta nueva?

Las principales críticas apuntan a la disposición complementaria final de la propuesta aprobada. La reforma legal excluye a “los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión” de realizar la clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor, que permite identificar la aptitud natural del suelo y por lo tanto determinar si debe mantenerse como bosque o ser usado para producción agropecuaria.

La norma también señala que esto no aplica para las tierras con áreas boscosas, sin embargo, en todos los casos de las empresas y organizaciones religiosas investigadas, las tierras sobre las que hoy desarrollan actividades antes eran bosques, como demuestran los mapas satelitales históricos de estas zonas y los documentos de los expedientes.

Al respecto, el caso Ocho Sur es emblemático: esta empresa no obtuvo la certificación ambiental y otros permisos en forma oportuna para el desarrollo de actividades agrarias en tierras boscosas, como advirtió la Contraloría General de la República en diciembre de 2022 en un informe de tres tomos.

La deforestación de los bosques para realizar actividades agropecuarias, sin zonificación forestal, produce que se pierdan más de 200.000 hectáreas anuales en la Amazonía peruana. Foto: IDL Reporteros.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura “favorecieron a las empresas  Ocho Sur U SAC. y Ocho Sur P SAC.” porque les permitieron presentar una nueva solicitud de Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), “facilitando que las mismas continúen con sus actividades agrícolas sin certificación ambiental, contraviniendo el ordenamiento jurídico ambiental”, señala la Contraloría, Es decir, operaron en forma ilegal.

“La única forma de legalizar estas operaciones sería cambiar las leyes existentes, que es lo que hizo el Congreso al aprobar la Ley 31973”, apunta la organización no gubernamental Environmental Investigation Agency (EIA, por sus siglas en inglés) en su informe “Parcelando la Amazonía”, en el que hace referencia al amplio análisis de la Contraloría General de la República.

Diversas organizaciones ecologistas e indígenas cuestionan que las modificaciones de la ley le quita al Ministerio del Ambiente la facultad de decidir qué bosques son de “producción permanente” para aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre. Ahora, esta capacidad recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que se ha caracterizado por promover y facilitar la actividad económica en la Amazonía de varias de estas compañías que ahora enfrentan investigaciones judiciales por deforestación como es el caso de Ocho Sur.

Al interior de las instituciones públicas también existen diversos funcionarios que han cuestionado el cambio de la norma, tal como revelan los documentos a los que accedió Convoca.pe. Renato Delgado Flores, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente hasta el 6 de marzo de 2023, elaboró un informe a la Secretaría General de esa institución en el que advertía desde enero del año pasado que la modificación de la ley forestal era “no favorable”.  Richard García Sabroso, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros hizo lo propio con la Secretaría General de esta entidad, calificando el cambio de la norma como “no viable”.

Otras iniciativas que apuntan a la impunidad

La modificación de la Ley Forestal aprobada es solo una de las iniciativas con las que se pretende eliminar las sanciones y resolver los casos de deforestación para agricultura en el Perú.  

Existe el proyecto de ley N° 05580/2022-CR de Formalización de la Gestión Ambiental del Sector Agrario, propuesta por el congresista de Fuerza Popular Arturo Alegría, que plantea la amnistía general para todas las personas naturales o jurídicas que no hayan cumplido con las licencias o permisos necesarios para realizar un desbosque. Un borrón y cuenta nueva para todos los infractores. Otra iniciativa es el proyecto de ley Nº 649/2021-CR, promovido por la bancada de Perú Libre, que planteaba modificaciones similares a la norma aprobada.

El impacto de estas iniciativas legales para los pueblos indígenas ha sido expresado con claridad por Yvette Peña, miembro del Consejo Directivo de ORAU, organización regional de Aidesep en Ucayali: "Nuestro principal temor es que ustedes señores congresistas están dando leyes desde Lima sin conocer la realidad, sin saber las reales consecuencias de lo que aprueban. Esa ley que han aprobado (el cambio de la ley forestal) es solo para apoyar a los deforestadores, solo a ellos los beneficia".

"Y nuestros defensores, nuestros 30 asesinados que han dado la vida por defender los territorios y los bosques ¿dónde quedan? Ustedes deben pensar en el pueblo, no solo en las empresas y la conveniencia de los que están destruyendo nuestra Amazonía", reclamó Peña durante la reunión de la Mesa Regional de Defensores Ambientales, que se realizó el 27 de febrero en la ciudad de Pucallpa.

Sin embargo, el debilitamiento de las normas de control forestal también viene de parte del Poder Ejecutivo. El 20 de febrero, la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola enviaron al presidente del Congreso el proyecto de ley N° 07085/2023-PE, que reduce la supervisión para la extracción de especies forestales incluidas en el listado de la convención CITES, que vigila la comercialización de especies que podrían a futuro declararse en peligro.

La deforestación en la Amazonía tiene un avance alarmante. Entre 2004 y julio de 2023, Loreto perdió 378 mil hectáreas de cobertura vegetal. Foto: Ricardo Mendoza.

Se pone en riesgo el cobro de reparaciones

Con la modificación de la ley forestal también se pone en riesgo el pago de las reparaciones económicas que deben asumir las empresas y organizaciones religiosas investigadas y que fueron solicitadas por la Procuraduría del Ministerio del Medio Ambiente para compensar el daño al patrimonio natural del Estado.

En dos de los casos analizados, los perjuicios de la deforestación alcanzaban más de 220 millones 514 mil nuevos soles (unos 66.8 millones de dólares al cambio del año 2015) por las actividades de Plantaciones Ucayali S.A.C. (ahora 8 Sur) y más de 156 millones 305 mil nuevos soles (unos 55.9 millones de dólares del año 2014) en el caso de Tamshi SAC.

Por otro lado, la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre de Ucayali ha multado a los grupos menonitas con 11 millones de soles (unos 2.9 millones de dólares), monto que ha sido ratificado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ucayali.  En el caso de la empresa Reforestadora Inca, de Samuel Dyer, el Gobierno Regional de Ucayali ratificó una sanción por 352 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), lo que asciende a un millón 742 mil 400 nuevos soles (alrededor de 460 mil dólares, al cambio de la fecha).

En entrevista con Convoca.pe, Lucila Pautrat, del Instituto Kené, señaló que los delitos de deforestación son apenas una parte de las diversas acusaciones que enfrentan estas empresas. Delitos contra el patrimonio, usurpación agravada, contaminación, corrupción de funcionarios, entre otros, son procesos penales y civiles relacionados a la afectación de los bosques que están pendientes de resolución y que en varios casos avanzan con lentitud en el sistema judicial.

Presiones empresariales y grandes desafíos

El 13 de diciembre de 2023, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) envió una carta al presidente del Congreso, Alejandro Soto, pidiendo la aprobación de una modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La carta fue enviada un día antes de que la Junta de Portavoces del Congreso la incluyera en la agenda y aprobara el cambio, lo que inmediatamente despertó las suspicacias de los grupos ambientalistas, organizaciones indígenas e incluso gremios agrarios y gobiernos regionales.

Estos grupos empresariales y religiosos han demostrado su acceso al poder político y el respaldo de su posición desde diversos frentes, en medio de una serie de visitas a entidades públicas de diversos personajes que han mostrado su apoyo a la cuestionada modificación de la norma. Uno de ellos es el economista y exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites Ramos, quien tuvo reuniones en la entidad estatal que antes estaba a su cargo, el Ministerio de Agricultura, y en el Ministerio de la Producción, en momentos en que se discutía el cambio de la ley forestal.

La última presentación de Juan Manuel Benites en el Congreso de la República fue ante la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, presidida por Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular, el 5 de diciembre de 2023. Benites participó como apoyo técnico de la Federación Nacional de Cafetaleros del Perú y desde ese rol argumentó la necesidad de aprobar la modificatoria de la ley forestal, algo que sucedió pocos días después.

Desde las agrupaciones religiosas también se registran acciones. Isaac Zacharias Klassen, líder de la colonia menonita de Masisea, y miembros de las otras colonias menonitas que también están afrontando acusaciones por deforestación ilegal, registran entre julio del 2022, en los días en que empezaba a debatir las modificaciones a la ley forestal, hasta julio del 2023, once visitas a altos funcionarios del sector agricultura y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Medelú Saldaña, exasesor de las colonias menonitas sostuvo 12 reuniones con funcionarios de la PCM y del Ministerio de Agricultura, entre el 2022 y el 2023. Consultado telefónicamente, y ya desvinculado de los grupos menonitas, Saldaña manifiesta que en esas reuniones no se trataron temas vinculados a la modificación de la ley forestal, pero no puede asegurar que los menonitas independientemente no hayan participado en impulsar la norma a través de terceros.

Hay otros actores que apoyan la norma aprobada por el Congreso. Una cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter) a nombre de “Perú Agricultor” (@PeruAgricultor) viene promocionando el cambio de la ley forestal desde octubre de 2022 y cuenta con más de una veintena de videos de agricultores solicitando el cambio de la norma. La cuenta sin embargo tiene solo 7 seguidores.  Esa misma organización, que se define como “un colectivo de comunidades nativas y pequeños productores dedicados a la agricultura sostenible”, publicó un video en conjunto con la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (FENCAAP).

Dicho video fue colgado en la red social LinkedIn por el exjefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el doctor en biología Juan Carlos Castro Vargas, ahora flamante Ministro del Ambiente, y quien felicitó al exministro Benites por su defensa del cambio en la ley forestal en redes sociales al igual que la exministra Mercedes Aráoz, entre otros políticos. 

2018. Medelú Saldaña, con chaleco de subprefecto, junto a menonitas de Tierra Blanca. Fuente: Facebook

En medio de diversas posiciones y controversias, la deforestación causada por las actividades agropecuarias en la Amazonía, entre 2001 y 2021, alcanzó a 2,774,562 hectáreas, de acuerdo al portal oficial Geobosques. Los expertos reconocen que el reto sigue siendo la situación de los agricultores precarios de la Amazonía: son el eslabón más débil de la cadena.

De acuerdo con Ciro Salazar, especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, “el Estado debe dar señales claras a los cientos de miles de productores que quieren titularse, que el verdadero objetivo de toda esta discusión es su desarrollo sostenible, más allá de cumplir la norma europea. Según el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) tenemos más de 8 millones de hectáreas de ecosistemas altamente degradados y el costo de restaurar solo el 4% asciende a S/. 200 millones”.

Para Salazar, el problema está mal enfocado: “Hace mucho tiempo estamos obligados a reducir la deforestación por razones que van más allá de lo ambiental. Los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF) reducen el riesgo de deforestación, pero no dan la seguridad que pide el productor, vía titulación, por un tema de confianza".

"Solo si el Estado inicia cuanto antes inversiones en infraestructura (no sólo agrícola), paquetes tecnológicos, aumenta su presencia en el campo y acelera estrategias para ayudar a conectar productores con los mercados, puede prosperar este esquema. El riesgo de no hacerlo bien rebasa el tema de la deforestación.  Hablamos de que siga fluyendo mano de obra a la minería ilegal y sembríos de coca que crecen cada año”, apunta Salazar.

Si bien la derogatoria de la controversial norma no resolvería el problema de la titularidad de la tierra en la Amazonia, el camino accidentado emprendido por el Congreso, apoyado por los grupos empresariales, resulta ser el más complejo, conflictivo y nocivo para los bosques y los territorios de las comunidades indígenas.