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Aunque Lima concentra el mayor número de agresiones registradas, las formas más extremas de violencia ocurren en regiones. Allí, los periodistas trabajan sin respaldo legal ni protección institucional, en territorios donde el crimen organizado y la corrupción están profundamente arraigados. “El periodista regional vive del día a día y enfrenta solo las amenazas, las denuncias y el miedo”, alerta Zuliana Lainez, presidenta de la ANP.
Este escenario ha generado lo que organizaciones llaman desiertos informativos, zonas donde los periodistas optan por no investigar o dejan de publicar información sensible para proteger su vida.
Los periodistas asesinados en 2025 comparten un patrón claro. Todos trabajaban en regiones, estaban en ejercicio activo del periodismo y realizaban investigaciones sobre corrupción y poder local.
Gastón Medina Sotomayor fue asesinado el 20 de enero de 2025 en Ica, Ramiro Raúl Celis López fue asesinado meses después, el 7 de mayo en Iquitos; y Fernando Núñez Guevara, director de un medio local en Pacasmayo, fue asesinado el 6 de diciembre. En los tres casos, los crímenes fueron ejecutados por sicarios, lo que descarta robos u hechos fortuitos y apunta a asesinatos por encargo, enfatiza Lainez.
El gobierno debe proteger a los periodistas, garantizar transparencia y reconocer su labor, en lugar de estigmatizarla.” dijo Artur Romeu director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF)".
Justicia para los hermanos Núñez
Karina Romero explica a Convoca que el ataque ocurrió el 6 de diciembre, cuando Juan Fernando Núñez Guevara, director de Camila TV, y su esposo David Núñez, regresaban a Guadalupe, región La Libertad, tras cubrir realizar una cobertura periodística en Ciudad de Dios. Ella recalca que Fernando era reservado con su trabajo y manejaba sus fuentes y contratos de forma personal, por lo que la familia nunca tuvo conocimiento de amenazas que permitieran alertar de un posible atentado.
Sobre la situación familiar, Karina señala que David Núñez se encuentra en estado crítico en el Hospital Regional de Trujillo, mientras la familia enfrenta miedo y un doble luto tras la reciente muerte del padre de los hermanos Núñez. Además, enfatiza la desprotección de los hijos de Fernando y el bebé de un año y diez meses que ella tiene con David, pidiendo que el caso no quede en el olvido.
El asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara fue coordinado desde el penal El Milagro de Trujillo por un interno identificado como Jorge “Bolas”, condenado por extorsión, y en cuya celda se halló un croquis del atentado y material vinculado al caso, según el informe de la Policía. Entre los detenidos figuran “Jeremías” (16), “Dumbita” (18) y “Moni” (21), señalados como ejecutores del ataque; “Jeremías” fue capturado con droga, municiones, un explosivo y un celular clave. El pago por el crimen habría sido de S/ 4 mil, y la investigación continúa para determinar quiénes ordenaron el asesinato del periodista.
El asesinato de Juan Fernando Núñez Guevara fue coordinado desde el penal El Milagro de Trujillo".
Fernando Núñez era director del medio digital Kamila TV, un portal de noticias que cubría temas locales y denuncias en la región La Libertad, Perú
¿Por qué atacaron a balazos a Mitzar en Ucayali?
Una semana después del asesinato del periodista Fernando Núñez, la violencia volvió a golpear al periodismo en la Amazonía. El 13 de diciembre, el periodista Mítzar Castillejos, conductor de un programa informativo en Aguaytía (Ucayali), fue atacado a balazos cuando se dirigía a su centro de trabajo.
Castillejos quedó gravemente herido y permaneció varios días internado, requiriendo atención médica especializada. Para la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el atentado presenta los mismos patrones que otros crímenes recientes: se trataba de un periodista regional, crítico de autoridades locales y víctima de un ataque con características de sicariato.
“En ninguno de los casos se registró robo del vehículo ni de pertenencias personales. Todo indica que el móvil está vinculado directamente con su labor periodística”, subrayó Zuliana Lainez, presidenta de la ANP.
Al cierre de este informe, el 26 de diciembre, el periodista Omar Chira Fernández confirmó el fallecimiento de Mítzar Bato Castillejos Tenazoa, quien no logró recuperarse de las heridas provocadas por el ataque armado ocurrido en Aguaytía.
“En ninguno de los casos les robaron el vehículo ni sus pertenencias. Todo indica que el móvil está relacionado con su trabajo periodístico”, subraya Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)".
El 13 de diciembre, el periodista fue atacado por sicarios y trasladado de emergencia a Tingo María, donde luchó 14 días por su vida.
Periodista amenazado por investigar la minería ilegal
Antes del ataque a balazos contra periodistas, Manuel Calloquispe Flores, en Madre de Dios, ya era blanco de amenazas y denuncias como represalia por sus investigaciones sobre minería ilegal. Convoca conversó con él¿¿ para registrar su testimonio y evidenciar el patrón de hostigamiento.
“Han ganado; no puedo trabajar”, denuncia Manuel, quien por investigar la minería ilegal se ha visto obligado a vivir confinado en su casa.
El 28 de agosto de 2025, Manuel recibió una amenaza directa de Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, cabecilla de los “Guardianes de la Trocha”: “Ni un solo reportaje más sobre La Pampa… Si no te encuentro, voy por tu familia”. Meses después, el 17 de noviembre, le advirtieron que había un precio de 40 mil soles por su secuestro.
Hoy, Manuel vive refugiado y protegido por cámaras de seguridad, sin poder salir ni ejercer su oficio. Tras años de amenazas y ataques, denuncia que las mafias pagan para proteger operaciones ilegales y pide ayuda urgente para salir del país: “Han logrado su cometido, no puedo trabajar. Necesito salir de aquí”.
Manuel ha sobrevivido a ataques y hoy vive solo, con su trabajo paralizado. Denuncia que las mafias pagan miles de soles para filtrar operativos y evitar capturas. Ante el riesgo de muerte, solicita ayuda urgente a las instituciones para salir del país.
Yo no debería estar acá, necesito salir al extranjero. Yo tengo la verdad enfrente y no es un criminal cualquiera, [Edison Fernández Pérez, alias “Chili”] es un capo con más de 50 asesinatos", declaró el periodista.
Periodista con 20 años de experiencia en Madre de Dios suele cubrir medios (como El Comercio, La República, RPP,entre otros)
El 17 de noviembre, la situación empeoró cuando una informante le advirtió que habían puesto precio a su libertad: "Señor Manuel... a usted lo quieren secuestrar y llevarlo a La Pampa... han ofrecido por usted cuarenta mil soles".
Lima: investigar bajo amenaza, acoso judicial y violencia digital
En Lima, la violencia contra la prensa va más allá de lo físico. La Asociación Nacional de Periodistas registró acoso digital que afectan especialmente a mujeres periodistas y reporteros de investigación. También hay un hostigamiento judicial que cada año lleva entre 30 y 35 periodistas a los tribunales. El objetivo: desgastar, intimidar y fomentar la autocensura, mientras el Estado no responde.
"El último año ha sido el que más ataques he recibido en toda mi carrera”, afirma a Convoca.pe Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del programa Panorama de Panamericana Televisión. Relata que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) se ha emprendido un atentado en su contra, disfrazado como un “robo común violento”, La periodista señala que existía una carpeta con seguimientos sobre ella y sus familiares, vinculada a sus investigaciones periodísticas.
“Si dejamos de investigar por temor, entonces la corrupción ya ganó”, señaló Karla Ramirez en entrevista con Convoca, a periodista insiste en que el ADN del periodismo es investigar al poder, incluso cuando hacerlo tiene un costo personal".
El 31 de agosto de 2025, Ramírez responsabilizó a Juan José Santiváñez (entonces ministro de Justicia y exministro del Interior) y a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, por un presunto plan vinculado a sus investigaciones sobre la mina El Dorado en Panorama. El programa periodístico reveló audios, chats y documentos que sugieren maniobras irregulares de autoridades y mandos policiales a favor de intereses asociados a la mina en Ancash.
En entrevista con Convoca, Karla Ramírez relata que el hostigamiento comenzó en 2025 tras investigaciones que involucraban al sector Interior y a altos mandos policiales. El 2 de setiembre, Santiváñez la descalificó públicamente y anunció querellas; poco después. El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, hizo lo mismo. “Nunca desmintieron la información, solo intentaron intimidar”, afirma.
Pese a la gravedad de la denuncia, no hubo respuesta efectiva del Estado. Ramírez rechazó protección policial, considerando que el riesgo provenía del propio sector Interior. “La Defensoría del Pueblo nunca se acercó, nunca me llamó, nunca preguntó qué estaba pasando”, recuerda.
El Estado deja solos a los que investigan la corrupción
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad señala ante el aumento de agresiones, amenazas y hostigamiento a los periodistas que el Estado no activa mecanismos de prevención, dejando a estos profesionales expuestos y solos.
Pese al hostigamiento, Karka Ramírez subraya que ceder al miedo implica renunciar al sentido del oficio. “Si dejamos de investigar por temor, entonces la corrupción ya ganó”, señaló. En un escenario de amenazas y ausencia de protección, insiste en que el ADN del periodismo es investigar al poder, incluso a costo personal.
Su testimonio, recogido por Convoca, muestra cómo la intimidación se ha convertido en herramienta para intentar frenar el periodismo de investigación.
“Los ataques ya no son hechos aislados. Funcionan como un sistema articulado", señala Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
El testimonio de Karla Ramirez confirma que, ante agresiones y amenazas, el Estado no protege a la prensa.
La mirada internacional: alerta por impunidad
En 2025, el Perú registró diversos asesinatos de periodistas, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Perú, señala Artur Romeu, director regional de Reporteros sin Fronteras (RSF) en América Latina. Según explicó a Convoca, esto refleja un escenario de fragilidad generalizada de la libertad de prensa. La situación es alarmante, y pocos países de la región han experimentado un retroceso tan rápido y profundo en tan corto período de tiempo.
Romeu asegura que el gobierno debe valorar el trabajo periodístico, mejorar la transparencia y el acceso a la información, y establecer una política efectiva de protección para los periodistas amenazados. Además, recomendó crear una mesa de trabajo que reúna a instituciones, medios y organismos internacionales para analizar la situación y proponer soluciones que reviertan la crisis.
En este contexto, Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Committee to Protect Journalists (CPJ), advierte que el Perú muestra señales preocupantes que ya se han visto en otros países de la región.
Zahar señala que el hostigamiento judicial, el acoso digital y los asesinatos de periodistas son indicadores de un deterioro grave de la libertad de prensa, agravado por la impunidad. “Cuando no se investiga ni se sanciona a los autores intelectuales, el mensaje es que atacar a la prensa no tiene consecuencias”, sostiene.
Perú ha caído 53 posiciones en el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa de RSF en los últimos tres años. El país presenta un deterioro en todos los indicadores que evalúan las condiciones para ejercer el periodismo: mayor interferencia política en la información, presiones económicas sobre los medios, menor pluralismo, caída de la confianza en la prensa, aumento de la autocensura y un empeoramiento del marco normativo que regula la actividad de los medios, entre otros factores.
Cuando no se investiga ni se sanciona a los autores intelectuales, el mensaje es que atacar a la prensa no tiene consecuencias”, sostiene Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Committee to Protect Journalists (CPJ)".
Un Estado ausente
Para la ANP, IPYS, RSF y CPJ, la respuesta del Estado peruano ha sido insuficiente. El mecanismo de protección de defensores de derechos humanos existe, pero carece de presupuesto y capacidad operativa. Las investigaciones avanzan lentamente y rara vez identifican a los responsables intelectuales.
“En el Perú, el mensaje es devastador: se asesina a un periodista y no pasa nada”, resume Lainez.
“Cuando no se investiga a los autores intelectuales, la violencia contra la prensa se repite”, advierte Zahar.
Las investigaciones por agresiones avanzan lentamente. En los asesinatos, cuando hay avances, suelen limitarse a los autores materiales, mientras los autores intelectuales permanecen en la sombra.
La Defensoría del Pueblo, históricamente clave en la defensa de la libertad de prensa, hoy tiene una presencia limitada. El mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, adscrito al Ministerio de Justicia, carece de capacidad de reacción inmediata.
“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, pero no lo está haciendo”, afirma Adriana León, directora de Libertades Informativas del IPYS.
Convoca solicitó una entrevista con el Defensor del Pueblo, pero no obtuvo respuesta.
El riesgo de normalizar la violencia
El inicio de la contienda electoral aumenta la preocupación. Las campañas políticas suelen intensificar los ataques contra la prensa, especialmente hacia quienes investigan financiamiento electoral, vínculos con economías ilegales y corrupción.
“El principal efecto de esta violencia es la autocensura”, advierte Adriana León. Cuando los periodistas dejan de investigar por miedo, no solo se afecta a la prensa, sino también al derecho de la ciudadanía a decidir de manera informada.
Desde el plano internacional, Zahar alerta que el Perú corre el riesgo de repetir patrones de otros países de la región, donde la impunidad ha debilitado gravemente la libertad de prensa.
Mientras los ataques aumentan y las investigaciones contra los responsables no avanzan, el mensaje es claro: en el Perú, investigar al poder es fundamental para la democracia, pero cada vez más peligroso.
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