Ante el incremento de ataques del poder político contra los periodistas en Perú, más de 290 reporteros, editores, líderes de medios y organizaciones defensores de la libertad de prensa de 25 países firmaron un pronunciamiento que denuncia un escenario cada vez más hostil para quienes investigan a las redes de corrupción, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Desde Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Francia, Grecia, Suiza, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Panamá, Honduras, Brasil, Bolivia, Austria, Alemania, Chile y Venezuela, periodistas y otros profesionales condenaron las agresiones en escalada de funcionarios públicos investigados por corrupción y otros delitos contra decenas de periodistas en el Perú. Una situación que pone en riesgo al periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Entre los firmantes destacan líderes de reconocidas organizaciones internacionales y defensores de la libertad de prensa como Rosental Alves, fundador y director del Centro Knight para el periodismo en las Américas de la Universidad de Texas; Marina Walker, editora ejecutiva del Centro Pulitzer; Emilia Díaz, directora ejecutiva de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés), Nathan Jaccard, editor para América Latina de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP); María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación (El CLIP); Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés); Carlos Dada, cofundador y director de El Faro; Gabriela Manuli, del International Press Institute (IPI); el escritor Jon Lee Anderson, la jurista Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH; y la abogada guatemalteca Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); entre otros reconocidos periodistas del continente. 

Son 62 organizaciones internacionales que respaldan este comunicado, entre medios de comunicación, redes y consorcios de periodismo, así como organizaciones globales prestigiosas. A este pronunciamiento, también se suman periodistas de 25 medios peruanos y 17 organizaciones y universidades del país tales como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Peruanos, entre otras.

A continuación el comunicado: 

Amenazas de muerte, ataques y acoso legal ponen en riesgo a decenas de periodistas en Perú

Condenamos las agresiones del poder político y exigimos que la justicia defienda y respete la libertad de prensa como derecho constitucional.

Perú se ha convertido en un país cada vez más peligroso para hacer periodismo: a los ya conocidos métodos de hostigamiento legal, campañas de desprestigio y desinformación, se han sumado amenazas de muerte, agresiones físicas y un discurso cada vez más violento de funcionarios públicos contra los periodistas. Esta situación los pone en permanente riesgo por simplemente hacer su trabajo: investigar al poder.

Políticos investigados por corrupción, lavado de dinero y graves violaciones a los derechos humanos han emprendido, desde sus cargos públicos, una campaña hostil contra un grupo de periodistas sin que el Ministerio Público investigue los hechos. Desde 2022, las cifras de ataques contra los periodistas se han duplicado, y sólo entre enero y julio de 2025, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado 180 casos de agresiones y dos asesinatos. Después de ocho años, el país ha vuelto a ser escenario de crímenes contra periodistas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ANP documentó, entre enero y abril, que los principales agresores eran funcionarios públicos. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, protagonizó 14 casos; en el mismo período el gremio registró 34 actos de hostigamiento y amenazas, 22 discursos estigmatizantes, 11 trabas a la cobertura informativa y cuatro intimidaciones judiciales. Las cifras han ido en aumento.

López Aliaga, líder del partido de extrema derecha Renovación Popular, ataca a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, desde la década pasada, como consecuencia de los reportajes sobre los casos Lava Jato, pero sus ataques han arreciado desde 2022.

En este contexto, cada vez más violento contra la prensa, el 9 de septiembre López Aliaga fue aún más lejos: durante una actividad pública, dijo que si Gorriti era un obstáculo para crear los “tribunales militares” que procesen a delincuentes, había que “cargárselo de una vez”. Eso es una clara amenaza contra la integridad física del periodista, quien es referente del periodismo investigativo en América Latina.

El alcalde de Lima, exregidor de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) y con pretensiones de ser candidato presidencial, ha usado su actual cargo público para difamar y acosar al periodista, así como otras vías para desinformar, como Willax, el diario Expreso, y la agrupación violenta conocida como ‘La Resistencia’, cuyo cabecilla Juan José Muñico, fue candidato al Congreso por Solidaridad Nacional en 2020.

López Aliaga también acosa de manera continua con ofensas misóginas y xenófobas a las periodistas Rosa María Palacios y Clara Elvira Ospina, así como al periodista Marco Sifuentes, hechos que tampoco han sido investigados por las autoridades. Recientemente, luego de un informe publicado por Epicentro, el alcalde, lejos de aclarar los hechos expuestos, tildó de “asesinos” y “ladrones” a sus periodistas.

A esto se suman los actos intimidatorios promovidos por el poder político -representado por Juan José Santivañez- contra otros siete periodistas, seis de ellos de canales de televisión de señal abierta. Los ataques se han multiplicado desde que Santiváñez asumió como ministro de Justicia el 23 de agosto pasado, una medida que López Aliaga respaldó inmediatamente.

En paralelo, desde la juramentación de Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, diversas instancias que dependen formalmente -o no- del funcionario han desplegado acciones de amenaza y acoso legal contra periodistas que lo investigan a él, a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte y a su entorno. Todos ellos están incluidos en carpetas fiscales por cargos de organización criminal.

El 17 de agosto, Karla Ramírez, la jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, reportó una red de corrupción que incluye a Santiváñez, un abogado, policías en retiro y en actividad, y ejecutivos de una mina en Ayacucho. Seis días después, Santiváñez juramentó como ministro de Justicia, y el 31 de agosto, la periodista denunció un plan de policías de inteligencia para atacarlas a ella y a su familia, en represalia por sus investigaciones.

El 4 de septiembre un procurador anticorrupción adscrito al Ministerio de Justicia pidió al Ministerio Público tramitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz [LatinaTV] y César Prado [ex periodista de IDL-Reporteros] como parte de una denuncia hostil por cohecho. La fiscalía ha aceptado tramitarlo.

El domingo 7 de septiembre, la presentadora del programa Punto Final de Latina Noticias, Mónica Delta, informó que ella y otros tres periodistas estaban nuevamente bajo investigación fiscal por “reglaje y marcaje”, a raíz de la denuncia que presentó Santiváñez en julio contra ellos, durante su período como ‘monitor interministerial’, un cargo nuevo que le permitió despachar en Palacio de Gobierno. Al asumir como ministro de Justicia, pidió reabrir la investigación y un fiscal admitió la cuestión.

Casi todos los líderes políticos de la coalición autoritaria que gobierna están bajo investigaciones fiscales o juicios por corrupción y delitos de graves violaciones a los derechos humanos, y una gran parte de ellos ha sido investigada por la prensa nacional. En respuesta, el Congreso y el Ejecutivo han ensayado varias modificaciones al Código Penal para criminalizar la actividad periodística.

Quienes suscribimos este pronunciamiento condenamos la inacción de las autoridades ante la reciente amenaza de muerte del alcalde de Lima al periodista Gustavo Gorriti, y rechazamos enérgicamente los actos intimidatorios desplegados por el ministro de Justicia, y por otras autoridades, contra los mencionados colegas.

Como ocurre en autocracias y dictaduras -e incluso en países democráticos polarizados, como Estados Unidos por estos días-, los ataques reiterados de los principales cargos públicos hacia los periodistas tienen como fin erosionar la confianza en el periodismo y en el sistema democrático, y poner en duda las graves revelaciones que realizan los medios sobre la clase política y empresarial. Pero, con el tiempo, la persecución legal hostil –mediante acusaciones infundadas– y las amenazas de muerte cargadas de odio y mentiras, ponen en riesgo la integridad y la vida de los periodistas.

Quienes están actualmente en el poder han dado reiteradas muestras de que solo tienen como prioridad la impunidad, y por ello, reclamamos a los operadores del sistema de justicia defender urgente y firmemente los derechos fundamentales, incluidos la libertad de prensa, el secreto profesional y la vida.

Pronunciamiento: Amenazas de muerte, ataques y acoso legal ponen en riesgo a decenas de periodistas en Perú by Convoca