Una vez más, el partido Fuerza Popular es protagonista de un nuevo intento para flexibilizar el proceso de formalización de los mineros informales. El último sábado, la Junta de Portavoces aprobó poner en la agenda del Pleno del Congreso el dictamen del proyecto de ley presentado por el parlamentario fujimorista Miguel Ángel Vivanco, con el fin de ampliar el plazo que tienen los mineros informales para presentar su Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

La presentación de ese instrumento de gestión ambiental es un requisito indispensable para desarrollar las actividades de minería artesanal y de pequeña escala, porque ese documento identifica los impactos ambientales negativos de la actividad, para que el Estado pueda prevenir riesgos de contaminación de suelos y ríos de las zonas donde operan los mineros informales que buscan formalizarse.

Gobierno ha prohibido el uso de dragas excavadoras en los cursos de agua. Estas maquinarias son utilizadas por la minería informal en la Amazonía. Foto: SPDA

El requisito de presentación del Instrumento de Gestión Ambiental fue aprobado por el Ejecutivo en julio de 2018, a través del Decreto Supremo 019-2018, que indicaba que la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental debía realizarse como fecha máxima el 31 de julio de 2019. 

Sin embargo, el gobierno del presidente Martín Vizcarra amplió en dos oportunidades ese plazo. La primera ampliación fue hasta el 31 de marzo de 2020 pero, con las consecuencias de la pandemia, el plazo se amplió nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2020. En total, 30 meses para que los mineros informales presenten dicho documento.

Dictamen plantea ampliar el plazo de presentación del IGAFOM hasta el 30 de abril de 2021.

Esta vez, ya no es el Ejecutivo sino el Legislativo el que plantea una nueva ampliación para presentar el Instrumento de Gestión Ambiental hasta el 30 de abril de 2021. El dictamen del proyecto fue aprobado el 23 de noviembre por la mayoría de congresistas de la Comisión de Energía y Minas. 

Además, gracias a un reciente acuerdo de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú y Descentralización Democrática, este dictamen fue incluido en la agenda del Pleno del Congreso de esta semana.

El congresista fujimorista Miguel Vivanco presentó el proyecto de Ley para ampliar el plazo en el que los mineros en proceso de formalización puedan entregar el IGAFOM. Foto: Captura CNC TV

Ese proyecto ha sido rechazado por el Ministerio de Energía y Minas, entidad que afirma que esta eventual nueva ampliación de la presentación del IGAFOM generará que continúen los impactos ambientales del sector informal de la minería sin adoptar medidas para su mitigación y control.

Además, el Minem indicó que, por circunstancia de la pandemia, el Ejecutivo ya había ampliado el plazo de presentación del IGAFOM hasta diciembre de este año y que, incluso, creó una plataforma virtual para que los mineros en vías de formalización presenten la documentación.

El Ministerio del Ambiente señala que para una ampliación del plazo para presentar el IGAFOM no es necesario que se norme por ley, ya que las ampliaciones que ha dado el Ejecutivo para presentar el Instrumento de Gestión Ambiental fueron a través de decretos supremos.

Compromiso electoral

Esta no es la primera ocasión en que la bancada fujimorista hace público el apoyo a los mineros informales e, incluso, el respaldo viene de la lideresa de esa organización política, Keiko Fujimori, quien se ha opuesto a las fórmulas de formalización de los mineros informales, como candidata presidencial en las elecciones de 2016.

Durante uno de sus actos públicos en la campaña de segunda vuelta en abril de 2016, Keiko Fujimori suscribió un acuerdo con los mineros informales agrupados en la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), en el que se comprometió a derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, promulgados por el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, que regulan la formalización minera.

Keiko Fujimori firmó acuerdos con organizaciones mineras para derogar los decretos que dieron inicio al proceso de formalización de la minería informal. Foto: El Comercio

“Apostamos por comenzar nuevamente y, por eso, es tan importante la derogatoria de estos decretos legislativos, y a partir de ese momento, volveremos a hacer un verdadero proceso de formalización. No una trampa o una traición como ahora”, afirmó Fujimori en esa campaña.

Las normas aprobadas por el gobierno de Humala también decretaron que el Estado realice intervenciones de interdicción de la minería en escala pequeña o artesanal para sancionarlas, si utilizan maquinaria prohibida para sus labores, como dragas excavadoras en los cursos de agua o la instalación de pozas en las que se utilice cianuro para procesar los minerales

En un evento en marzo de 2016, Keiko Fujimori también firmó un acta similar con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, que es el mayor centro de minería informal del altiplano ubicado a 5 mil metros de altitud, donde se explota oro en condiciones de alto riesgo e insalubridad en el nevado Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, en Puno.

¡Gracias La Rinconada #Puno!
Trabajaremos por la formalización de la minería ancestral, artesanal e informal. pic.twitter.com/BDciyDUPFx

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 20, 2016

En esa reunión con la Central Nacional de Mineros que se realizó en la sede de Fuerza Popular, en el distrito limeño de La Molina, también participó la congresista Úrsula Letona, quien ocultó que era socia fundadora y exgerente general de la Minera Rana 34 S.A.C., dueña de una concesión de aproximadamente 600 hectáreas en la provincia de Caravelí, en Arequipa, según publicó el semanario Hildebrandt en sus trece.

Minera Rana 34 S.A.C. fue creada el 9 de mayo del 2012 por Úrsula Letona, junto a su socio Gadwin Sánchez Yaringaño. El capital social fue de 100 soles, que ambos aportaron en partes iguales. Como fundadora, Letona asumió la gerencia general y, bajo su dirección, su primera acción fue adquirir una concesión que arrendó a mineros informales.

Los mineros ilegales tienen que entregar el 10% de su producción a la empresa fundada por Letona y el restante deben venderlo exclusivamente a Minera Rana 34 S.A.C. Imagen: Hildebrandt en sus trece

Según documentos de la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP) y del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la compañía de Úrsula Letona compró la concesión, el 31 de mayo del 2012, a la Compañía Minera Aurífera del Sur por S/ 55.200. La firma de la entonces parlamentaria aparece como la adquirente junto a la de Valentín Paniagua Jara, quien estuvo en representación de Aurifera del Sur.

La publicación periodística señala que Letona ya tenía un acuerdo con la empresa de mineros informales antes de concretar la transacción por la concesión. Incluso, las condiciones laborales impuestas estaban definidas. Minera Rana 34 se quedaría con el 10% del material extraído. El resto, los informales tenían que vendérselo a la Minera Rana 34 al 50% del precio internacional. Con esta modalidad, la empresa de la excongresista se quedaba con gran parte de las ganancias.

Retiro del delito de crimen organizado

Otro de los gestos de la bancada fujimorista hacia la minería informal fue el que tuvo su bancada en el Congreso cuando, en marzo de 2017, la entonces congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa legislativa para retirar a la minería ilegal del marco delictivo del crimen organizado. 

Dos meses antes, en enero de 2017, el delito de minería ilegal fue incorporado en la Ley Contra el Crimen Organizado por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La norma señala que se sancionará al que realice actividad de extracción de minerales sin autorización y cause o pueda causar daño al ambiente y que será reprimido con no menos de cuatro ni mayor de ocho años de prisión.

La excongresista Aramayo buscó retirar a la minería ilegal del delito de crímen organizado. Foto: Congreso

Además, señala que las penas por ese delito serían más graves en caso la actividad se realice en zonas no permitidas, así como si se utiliza dragas excavadoras o instrumentos que pongan en peligro la vida o la salud, también si se emplea a menores de edad para la extracción de los minerales, así como en caso de que un funcionario o servidor público se aproveche de su cargo para ejercer actividades de minería ilegal.

La exlegisladora fujimorista Aramayo defendió su proyecto al afirmar que la inclusión de la minería ilegal como delito de crimen organizado "entorpece el proceso de formalización" de los pequeños mineros y mineros artesanales. 

En julio de 2019, su proyecto se convirtió en dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero no llegó a debatirse en el Pleno, ya que el 30 de septiembre el Congreso fue disuelto por el exmandatario Martín Vizcarra.

“Buscan extender la informalidad”

El abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza dijo a Convoca.pe que esta iniciativa parlamentaria es un nuevo intento vinculado a extender la ilegalidad de las actividades mineras de pequeña escala que incumplen los marcos de protección ambiental.

Además, el abogado indicó que se busca seguir ampliando el proceso de formalización, cuando el Estado ha facilitado a los mineros informales que puedan enviar la documentación del instrumento de gestión ambiental por canales digitales.

El abogado César Ipenza advirtió que la ampliación del plazo de la entrega del IGAFOM busca extender la minería informal. Foto: Fundación Carolina

Ipenza alertó que la extensión de los plazos de entrega del IGA solo garantiza que la minería ilegal siga destruyendo patrimonio de todos los peruanos, porque permite la afectación de ecosistemas y del ambiente sin ningún control.

El especialista explicó que este proyecto no es un intento aislado sino que está articulado con grupos de poder relacionados a ese sector de la minería dentro de diversos partidos y que es una muestra más de los vínculos entre el fujimorismo y los mineros informales e ilegales.

Actualización, 29 de diciembre de 2020

Hoy el Ministerio de Energía y Minas publicó el Decreto Supremo 032-2020-EM que permite la ampliación para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la minería informal y artesanal (IGAFOM) hasta el 30 de abril. Esto pese a que solo hace dos meses el ministerio se opuso a un Proyecto de Ley que buscaba lo mismo. 

En el decreto que lleva la firma del presidente Francisco Sagasti y del ministro Jaime Gálvez Delgado, indica que las pequeñas mineras informales y artesanales tendrán cuatro meses más para presentar su IGAFOM. Una propuesta  idéntica a la que el congresista Miguel Ángel Vivanco de la bancada de Fuerza Popular presentó ante el Parlamento y a la que el Minem se opuso.

En su oposición, el MINEM indicó que la aplicación del plazo porque los impactos generados al ambiente seguirán produciéndose sin adoptarse las medidas ambientales adecuadas para su mitigación y control. 

El decreto supremo amplía el plazo de presentación hasta el 30 de abril, tal como lo propuso la iniciativa fujimorista.