Actualización jueves 6 de marzo

Este jueves Pedro Castillo volvió a protagonizar otro altercado con los jueces supremos que dictarán una sentencia por el fallido golpe de Estado. 

En la segunda audiencia del juicio oral, Castillo Terrones rechazó nuevamente participar de la sesión y contar con un abogado de oficio. También pidió retirarse de la sala en dos ocasiones.  

"El único delito que cometí es defender a este pueblo. Sin ser abogado, me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad. Yo no deseo participar más de este juicio, con su permiso, quiero retirarme", manifestó el expresidente, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Babardillo. 

A partir de ese momento, protagonizó un altercado verbal con el juez José Neyra, interrumpiendo constantemente al magistrado. "Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso", expresaba el expresidente ante el magistrado.

"Estoy acá en contra de mi voluntad en nombre de pueblo", continuaba para después volver a reiterar que solitaba permiso para retirarse de la sala  "No me siento cómodo con un delito que no he cometido", le dijo Castillo al juez supremo José Neyra.

Ante las repetidas interrupciones, el magistrado le pidió moderar su vocabulario.

En esta sesión, los abogados de la expremier Betssy Chávez y el exministro Willy Huerta presentaron sus alegatos. 

El abogado y el exministro del Interior Luis Barranzuela estuvo a cargo de la defensa de la expremier de Pedro Castillo. Barrenzuela ha defendido también a clientes como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre.

Como estrategia legal, la defensa recordó que en el 2019  la justicia española absolvió del delito de rebelión a un grupo de independentistas catalanes por falta de un “elemento violento” cuando organizaron un referedúm y proclamaron la "República Catalana", la cual nunca se materializó. Sin embargo, no mencionó que estos líderes, sí bien fueron absueltos de rebelión, sí fueron condenados por el delito de sedición.  

"Para que exista rebelión debe haber alzamiento armado. Si no hay alzamiento armado no hay delito de rebelión”, dijo el letrado.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior, Willy Huerta, rechazó que su patrocinado haya sido parte del frustrado golpe de Estado, al señalar que lo único que hizo Huerta fue prestar su celular a Pedro Castillo.

Por otro lado, los abogados del general Manuel Lozada y el comandante Justo Venero negaron que los exoficiales hayan intentado cerrar el Congreso o impedir el ingreso de congresistas y ciudadanos. En ese sentido el abogado de Lozada, Roy Ramírez, sostuvo que el general nunca recibió una llamada de Castillo con la orden de cerrar las rejas del Parlamento.

Asimismo, la jueza Norma Carbajal citó a 6 testigos de la Fiscalía para el próximo martes 13 de marzo: el exministro Emilio Bobbio, Manuel Gómez de la Torre, exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., el exmilitar Walter Córdoba y su secretaria Lina Sánchez, Alberto Alcalá y Andrés Salas.

La tercera audiencia del juicio oral será el 11 de marzo de 9 a.m. a 1 p.m. Y las subsiguientes el 13 y 14 de marzo.

Nota del 4 de marzo 

Más de dos años después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo José Neyra Flores, dio inicio a la audiencia de instalación de juicio oral contra el expresidente por el delito de rebelión en agravio del Estado al promediar las 9 y 30 de la mañana del martes 4 de marzo, media hora después de lo programado debido a que Castillo se presentó sin un abogado.

"No tiene razón venir con un abogado a esta audiencia toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar coordinado", dijo Pedro Castillo desde la Sala Penal Especial ubicado en la Base Policial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), contigua al Penal Barbadillo en Ate, donde se encuentra preso el exmandatario. Afuera de la audiencia, decenas de manifestantes que simpatizan con Castillo llegaron con pancartas desde las primeras horas del día para pedir que liberen al exjefe de Estado.

Decenas de manifestantes se acercaron horas antes del inicio de la instalación del juicio oral de Pedro Castillo. Varios llevaban pancartas en las que exigían su liberación. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.pe

Hasta un día antes de la sesión, el lunes 3 de marzo, el abogado de Castillo era Luis Walter Medrano Girón. No obstante, ese mismo día Castillo presentó un escrito al Poder Judicial para prescindir de los servicios del letrado y reemplazarlo con Iber Maraví Olarte. 

Sin embargo, iniciada la audiencia, Pedro Castillo se presentó ante la Sala e informó a la magistrada Norma Carbajal que no iba a requerir de ningún abogado pues el juicio era una “pantomima” y una “farsa”. 

Este hecho retraso inevitablemente la instalación de la audiencia y generó un ambiente de tensión entre los jueces supremos, quienes finalmente dispusieron designar a Edgar Callahualpa Quispe como abogado de oficio de Pedro Castillo. Esto, pese al rechazo del exjefe de Estado de contar con un defensor público.

El expresidente Pedro Castillo en la audiencia de instalación del juicio oral que enfrente por el delito de rebelión en agravio del Estado. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.pe

Lo que pide el Ministerio Público

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Alcides Chinchay, ha solicitado 34 años de prisión para el exmandatario y el pago de una reparación civil de más de S/ 65 millones en favor del Estado peruano. 

Los otros acusados son la expremier Betssy Chávez, el expremier y asesor Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huerta. La investigación fiscal también comprende a los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón Gómez. Este último actualmente está en Suiza y no se presentó a la audiencia.

El abogado de Infanzón, José Francisco Salas Abanto, informó que, si bien su patrocinado se encontraba en Suiza, desconocía su paradero específico y que su cliente no pudo conectarse debido a posibles problemas con la conexión de Internet.  

Tras un breve debate, la sala declaró a Eder Infanzón como reo contumaz y archivó provisionalmente todas las actuaciones contra el expolicía.

La Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para los acusados con excepción de Aníbal Torres, quien enfrenta una pena de 15 años. 

Mientras que el ahora abogado de Aníbal Torres y expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que su patrocinado no tenía ningún poder de decisión como jefe de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros y que "con las pruebas que la Fiscalía ha ofrecido" y que la defensa aportó "se demostrará" que Torres no tiene ninguna participación en el delito de rebelión que se le atribuye".

Expremier Aníbal Torres acusado junto a Pedro Castillo en la audiencia de inicio del juicio oral que ambos enfrentan. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.pe

La defensa de Aníbal Torres cuestionó el criterio de la sala, al señalar que ya no existía la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Frente a ello, el juez supremo José Neyra le pidió ceñirse exclusivamente a sus alegatos.

Duberlí Rodríguez renunció al Poder Judicial tras conocerse el caso de corrupción ''Los Cuellos Blancos del Puerto', un entramado de intercambio de favores y coimas entre magistrados y procesados.

Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público logró que se admitan 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, así como pericias forenses y grafotécnicas.

Contrapunto de pruebas y alegatos

La fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas, a cargo de la acusación, relató los hechos ocurridos antes, durante y después del frustrado golpe de Estado de diciembre de 2022. 

En ese sentido, Meza Salas argumentó que Betssy Chávez y Aníbal Torres tuvieron una reunión con Pedro Castillo en el Salón Dorado, donde habrían coordinado el anuncio que daría el expresidente para disolver el Congreso. 

La fiscal indicó que presentaría pruebas documentales y grabaciones de lo narrado, y que también contarían con la declaración de exfuncionarios como Juan Navarro Pando, exsecretario general de Ministerio de Cultura, y Cintya Malpartida, periodista del Instituto Nacional de Radio y Televisión, quienes fueron convocados por Betssy Chávez para coordinar una entrevista en la Presidencia de Consejo de Ministros.

La fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas relató los alegatos que acusan a Castillo. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.pe

Al concluir la audiencia, la expremier Betssy Chávez explicó a los magistrados que padecía de laberintitis (inflamación al oído interno) y pidió a los magistrados mejorar las condiciones de su traslado a la base policial de la Dinoes. 

La procesada señaló que sufrió una caída y vomitó, ya que el vehículo que la transportaba no contaba con cinturones de seguridad. "Para mí es vital es estar de manera presencial en estad audiencias. Yo he llegado con el personal policial a las 6:30 a.m. Sin embargo, debo manifestar que el transporte ha sido en un vehículo que se denomina perrera", sostuvo Chávez. 

Frente al pedido de la expremier, los jueces supremos informaron que enviarían un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para mejorar las condiciones de traslado desde el penal de Chorrillos a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la Base Policial de la Dinoes, en Ate.

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, no tuvo tiempo para exponer sus alegatos ante la sala. No obstante, a su salida de la base policial de la Dinoes, Noblecilla dijo a Convoca.pe que “el presidente (Pedro Castillo) se ha echado la responsabilidad y ha explicado que el único que hizo esto (fallido golpe de Estado) fue él”, refirió el abogado, tras afirmar que "eso es algo que va a tener que evaluarse y puede marcar un punto de inflexión”.

El procurador público Mario Camacho argumentó en la audiencia el pago de más de S/65 millones como indemnización para el Estado peruano. Camacho Lazarte alegó que la Policía, por ejemplo, había incurrido en gastos de por lo menos S/19 millones para restaurar la seguridad y el orden público luego del fallido golpe de Estado. 

Resguardo policial en los exteriores de la Base Policial de la Dinoes, en Ate, donde se realizó el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.pe

De otro lado, el abogado Harold Castillo explicó a Convoca.pe, que el "hecho de que Castillo esté cambiando a cada rato de abogado significa que no hay estrategia. ¿Quién puede llevar un caso de esa magnitud así? Es imposible", apuntó.

"Hay una controversia. El delito rebelión dice 'alzamiento en armas'. En el caso de Pedro Castillo, él dictó un discurso, pero nadie se alzó en armas. Entonces ahí hay dos posiciones: unos que dicen que el hecho es "atípico", es decir, que no configura la norma penal. Y otros dicen que ya se configuró, porque (con el discurso) comenzó a ejecutar".

La audiencia del juicio que enfrenta Pedro Castillo continuará el jueves 6 de marzo a las 9 de la mañana. Las sesiones de juicio oral se realizarán tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en forma presencial en la base policial de la Dinoes, contigua al penal Barbadillo, donde el expresidente cumple prisión preventiva.

Foto abridora: Expresidente Pedro Castillo en la audiencia de instalación del juicio oral que enfrenta por el fallido golpe de Estado de 2022. La sesión se realizó la mañana del martes 4 de marzo de 2025. Crédito: Ronald Pacotaipe/Convoca.

Este artículo de Shirley Cayetano contó con el apoyo de Edward Briceño. Las fotografías y vídeos de esta cobertura especial de Convoca son de Ronald Pacotaipe.