De los 88 congresistas que buscan mantenerse en el Parlamento en las elecciones de 2026, al menos 24 registran participación en empresas. Convoca.pe identificó los casos de tres parlamentarios con mayor número de empresas declaradas: José Luis Elías Ávalos (Alianza para el Progreso),  Diego Bazán (Renovación Popular), y Víctor Flores (Fuerza Popular).

Como parte de la serie investigativa Patrimonio S.A., cruzamos la información sobre los negocios privados, propiedades y bienes de los congresistas que van a la reelección con su actividad legislativa para identificar posibles conflictos de interés. Y esto fue lo que encontramos.

José Elías: el candidato de APP con negocios en el agro que buscó desaparecer la veda hídrica 

José Luis Elías Ávalos, candidato al Senado por Alianza para el Progreso, ha encontrado en el Parlamento el lugar estratégico para sus intereses empresariales. El congresista aspira por sexta vez a un escaño en el Poder Legislativo.

Elías es un congresista con gran concentración de tierras, que ha postulado al Congreso desde 1995, que ha pasado por el fujimorismo, Avanza País y Podemos Perú, con este último partido volvió al Congreso y legisló en los últimos cinco años. Una trayectoria marcada por el transfuguismo político.

Convoca.pe revisó el patrimonio de Elías Avalos, quien reportó ingresos por más de S/ 5.1 millones (1.49 millones de dólares) gran parte provenientes de dividendos empresariales. El legislador declaró participación en al menos ocho organizaciones vinculadas a educación, inmobiliarias, turismo y producción de vinos.

Candidato al Senado por Alianza para el Progreso y congresista con trayectoria desde 1995, marcada por el paso por Fuerza Popular, Avanza País y Podemos Perú. Foto: Facebook 

La declaración jurada de Elías Ávalos revela un portafolio de 48 inmuebles, de los cuales la mayoría son predios rurales ubicados en Ica, especialmente en los distritos de San Juan Bautista y Salas. Sus terrenos se ubican en zonas como Pampa de Villacurí, donde existe veda hídrica por ley, y, valiéndose de su posición de congresista, Elías busca quitarla.

En las zonas con veda hídrica se prohíbe la perforación de nuevos pozos y el aumento de extracción de agua subterránea debido a la sobreexplotación agroexportadora. Sin embargo, Elias Avalos promovió en mayo de 2025 un proyecto de ley para levantar la veda hídrica y permitir la construcción de pozos en determinadas zonas. 

La propuesta, actualmente en la Comisión Agraria, reúne el respaldo de congresistas de distintas bancadas, varios de ellos en carrera por la reelección. Foto: Captura Facebook

Entre los firmantes del proyecto figuran Juan Burgos Oliveros; Juan Bartolomé, quien busca reelegirse como diputado por La Libertad con Podemos Perú; Yorel Kira Alcarraz Agüero; Carlos Javier Zeballos Madariaga, también en busca de la reelección, esta vez como senador por Cooperación Popular; y Luis Raúl Picón Quedo. A ellos se suma José León Luna Gálvez, quien postula simultáneamente al Senado por Podemos Perú y a la Presidencia de la República

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego advirtió que la propuesta no es viable, ya que invade competencias técnicas de la Autoridad Nacional del Agua y puede afectar la sostenibilidad del recurso.

Elias tiene por lo menos 33 predios agrícolas en la región Ica, donde precisamente existe veda hídrica vigente y donde ha buscado desaparecer esta restricción desde su curul en el Congreso.

El congresista también registra un pozo para la extracción de agua subterránea, un activo especialmente relevante en una región marcada por el estrés hídrico. En paralelo, sus inversiones empresariales —que abarcan desde inmobiliarias hasta la producción de bebidas, como su empresa Mio Cid El Campeador S.A.C., dedicada a la elaboración de vinos y destilados en Ica.— dependen, directa o indirectamente, del uso del suelo y de los recursos naturales asociados a esta zona.

Jose Elias es propietario de siete predios rurales en Villacuri, donde existe veda hídrica vigente desde 2008 por la sobreexplotación severa de aguas subterráneas. La norma añade que por tratarse de una zona de veda  el incumplimiento de las disposiciones de la presente resolución será calificado como “infracción muy grave”.

Este vínculo de Elías y proyectos de ley a favor de sus propiedades no es nueva. Una investigación de Convoca.pe  documentó que, durante su anterior paso por el Congreso como congresista de Fuerza Popular, Elías impulsó una iniciativa para ampliar la formalización de tierras en Ica, precisamente en zonas donde él era propietario. En ese mismo periodo, uno de sus predios más valiosos, el fundo “Normita”, cambió de categoría de rústico a urbano, lo que disparó su valor. La operación estuvo rodeada de cuestionamientos por la forma en que se adquirió el terreno, en medio de denuncias de irregularidades que no se llegaron a esclarecer.

Hoy, el patrón se repite bajo otra forma. El proyecto de ley que promueve el legislador interviene en un aspecto crítico para el agro en la costa sur: la regulación del agua. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha advertido que la propuesta no es técnicamente viable y que podría generar distorsiones en la gestión del recurso hídrico, un señalamiento que, en términos políticos, suele apuntar a riesgos de uso ineficiente o inequitativo del agua.

Para un gran propietario de tierras en zonas como Villacurí, como lo es Elias, el acceso al agua subterránea y las reglas que la regulan determinan cuánto vale una hectárea y cuánto se puede producir en ella. Cualquier modificación normativa —sea flexibilizando restricciones, ampliando acceso o alterando condiciones de uso— tiene efectos directos sobre la rentabilidad y valorización de esos activos.

La historia de Elías Ávalos muestra una constante: decisiones públicas que tienen la capacidad de impactar directamente en el valor de su patrimonio.

Víctor Flores: el congresista fujimorista que legisla sobre minería mientras tiene concesiones con actividad informal

El legislador de Fuerza Popular, Víctor Flores, hoy candidato al Senado por La Libertad, construye su campaña en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal e informal. Pero, al mismo tiempo, mantiene intereses directos en ese mismo sector: es accionista de una empresa minera que tiene concesiones vigentes donde opera un actor inscrito en el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Convoca.pe analizó su patrimonio y lo cruzó con su actividad legislativa, en la que Flores es coautor de proyectos de ley que buscan blindar penalmente a mineros informales y repetir el fracaso del Reinfo.

Flores no es solo un político. Es empresario en al menos seis compañías que abarcan sectores estratégicos como minería, salud, agricultura, comercio y construcción. Sin embargo, es en la actividad minera donde se concentra el eje más sensible de su patrimonio —y donde se cruzan sus decisiones legislativas.

Los registros oficiales muestran que Flores llegó a acumular al menos nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura. De ese total, cinco fueron extinguidas por caducidad o falta de pago entre 2017 y 2021. Las restantes no desaparecieron: fueron transferidas.

Tres de esas concesiones —Marilia XXI, Marilia XXIII y Marilia XXVII— pasaron en 2017 a manos de la Compañía Minera Marilia & FCS S.A.C. Hoy, Flores es accionista de esa misma empresa: declara poseer 1,031,487 acciones, valorizadas en más de S/ 1 millón (292 mil dólares). Es decir, aunque dejó de figurar como titular directo de los derechos mineros, mantuvo el control económico a través de una estructura empresarial.

Actualmente, la empresa Marilia & FCS S.A.C. registra cinco concesiones mineras vigentes en Piura: Marilia XX, Marilia XXI, Marilia XXII, Marilia XXVI y Marilia XXVII, según registros de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la entidad estatal encargada de administrar el catastro minero nacional y otorgar los derechos de concesión en el país.

Pero hay un dato clave: en estas concesiones, ubicadas en la sierra piurana de Ayabaca, opera el Consorcio C & G, inscrito en el Reinfo como “minero en vías de formalización”.

En teoría, el Reinfo debía ser un mecanismo temporal para formalizar a pequeños mineros. En la práctica, ha sido ampliamente cuestionado por funcionar como un “escudo legal” que permite continuar operando sin cumplir plenamente con estándares ambientales, técnicos o laborales.

Esto significa que, mientras la empresa vinculada a Flores mantiene la titularidad de las concesiones, la actividad extractiva es realizada por un operador que permanece en un régimen transitorio de informalidad.

En el esquema minero peruano, el titular de la concesión tiene responsabilidad sobre lo que ocurre dentro de su área. Sin embargo, la coexistencia de concesiones formales con operadores inscritos en el Reinfo ha generado una zona gris donde la actividad informal puede persistir bajo cobertura legal.

En este caso, la evidencia muestra que Flores mantiene intereses económicos en concesiones donde opera un actor que no ha completado su formalización, en un contexto donde el Estado ha sido incapaz de cerrar ese proceso por más de dos décadas.

Flores ha impulsado iniciativas legislativas clave en el sector minero. Es coautor del proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

Un análisis técnico de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advierte que esta propuesta podría reproducir los mismos problemas del Reinfo, e incluso agravarlos. Entre los principales cuestionamientos está la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a mineros inscritos en registros administrativos, incluso sin cumplir plenamente con estándares ambientales.

Según el informe, esto abriría la puerta a que operadores ilegales se amparen en estos registros para continuar sus actividades, debilitando el marco penal y ambiental en un contexto donde la minería ilegal sigue en expansión.

Victor Flores es coautor de un proyecto de ley sobre minería artesanal (MAPE), cuestionado por especialistas por reproducir fallas del Reinfo

Un voto que debilitó el control de la minería ilegal

La actuación de Flores no se limita a proyectos de ley. También respaldó decisiones clave desde el Pleno.

El congresista votó a favor de la Ley N.º 31989, que eliminó una herramienta operativa de la Policía Nacional para intervenir de inmediato a mineros ilegales o informales con inscripción suspendida en el Reinfo que eran encontrados con explosivos sin autorización.

Antes, esa sola constatación permitía su exclusión automática del registro. Con la modificación, se eliminó ese mecanismo ágil, generando un vacío que debilita la capacidad de control del Estado y que puede ser aprovechado por redes vinculadas a la minería ilegal.

Un portafolio con intereses en el sector farmacéutico

El congresista también tiene presencia en otros sectores. En salud, participa en la Clínica Salud Integral Farmédica S.A.C., donde posee el 70% de acciones y registra deudas coactivas, además de Farmédica S.A.C., dedicada a la venta de medicamentos.

En el sector agrícola, figura como parte de Lucía Teresa S.A.C., enfocada en cultivos. Y en comercio y construcción, ha estado vinculado a empresas como Soluciones Orgánicas del Perú S.A.C. e Inversiones I.V.L. S.A.C., actualmente con baja o inactivas.

El caso de Víctor Flores revela un patrón: un congresista que legisla sobre un sector en el que mantiene intereses económicos directos e indirectos, incluso en áreas donde operan actores bajo esquemas de formalización cuestionados.

En una región como La Libertad, golpeada por la expansión de la minería ilegal, sus decisiones —tanto en proyectos de ley como en votaciones— adquieren un peso mayor. No solo por su impacto en la política pública, sino porque coinciden con un entramado empresarial que lo mantiene vinculado a la misma actividad que el Estado busca regular.
 

Diego Bazán: El legislador empresario que impulsó normas en sectores donde tiene negocios
 

El congresista Diego Bazán, candidato a la reelección como diputado por La Libertad por Renovación Popular, registra seis empresas en sectores como farmacia, hotelería, gastronomía, educación e inmobiliaria.

En su última declaración jurada reportó ingresos por S/ 456 mil (133 mil dólares), pero con un dato clave: más del 58% no proviene de su sueldo como congresista, sino de rentas de capital y acciones.

Dos sectores donde Bazán tiene negocios y donde también ha legislado son los de farmacia y turismo. En el rubro turístico y hotelero, Bazán está vinculado a Servicios Generales Turísticos Laredo Grande S.A.C. —que registró incremento de capital este año— y a Corporación Virtual S.A.C., dedicada a alojamiento para estancias cortas.

Diego Bazán, el congresista y candidato a la reelección por Renovación Popular (La Libertad) con seis empresas activas en farmacia, turismo, hotelería, gastronomía, educación e inmobiliaria.

En este sector, el congresista impulsó el Proyecto 00014/2021-CR, que planteaba un régimen tributario transitorio para reactivar la actividad turística tras la pandemia, proponiendo exoneraciones de impuestos por tres años. También promovió el Proyecto 05095/2022-CR, que establece puentes festivos para incentivar el turismo interno.

Dos de sus compañías registran deudas en cobranza coactiva: Boticas San José María S.A.C. y Servicios Generales Dialon S.A.C. Esta última, además, accedió al programa Reactiva Perú.

En paralelo, Bazán presentó el Proyecto de Ley 7423-2023-CR, que propone establecer la obligación de oferta continua de medicamentos genéricos en farmacias y boticas a nivel nacional. Aunque la iniciativa no contempla subsidios directos, sí modifica las reglas del mercado farmacéutico, sector donde participa su empresa.
En su caso, además, los ingresos muestran una dependencia relevante de sus actividades privadas, más que de su función pública. 

Reelección, patrimonio y conflicto de interés

En el Perú, la Ley 31564 establece un marco para prevenir y mitigar los conflictos de interés en el sector público. La norma fija obligaciones como no utilizar información privilegiada, evitar intervenir en decisiones vinculadas a intereses propios y establece impedimentos incluso después de dejar el cargo. También contempla sanciones que pueden llegar a la inhabilitación para contratar con el Estado.

Sin embargo, ese diseño legal convive con una práctica mucho más frágil. La ley no prohíbe que los congresistas mantengan empresas ni participación en sectores que luego regulan. En la práctica, el sistema descansa en la declaración jurada de intereses y en la capacidad limitada del Estado para verificarla y hacerla cumplir.

En ese escenario, los casos de Bazán, Elías y Flores no son aislados. Forman parte de un patrón más amplio: legisladores que buscan reelegirse mientras mantienen negocios activos en los mismos sectores donde promueven proyectos de ley. De los 88 congresistas que postulan a continuar en el poder, Convoca.pe identificó al menos 24 con participación empresarial.

El problema no es solo la coincidencia entre patrimonio y función pública, sino el uso del poder legislativo en un contexto donde las reglas pueden moldearse desde dentro. 

Legislar se ha convertido en una herramienta para favorecer intereses privados antes que el bien público, señala el politólogo Eduardo Salmón. “El principal negocio de un congresista no es su sueldo, sino el lobby: las leyes que presenta, las que bloquea y los intereses que representa”, añade.

Para Salmón, el Congreso no solo legisla: también puede operar como un espacio de intermediación de intereses privados. El politólogo advierte que estos incentivos no siempre se traducen en beneficios directos visibles, sino en redes más complejas de influencia, favores y alineamientos con determinados sectores económicos.

“Se confía demasiado en la declaración jurada, pero no hay verificación efectiva”, señala. Los congresistas declaran sus empresas, pero no existe una obligación clara ni sistemática de inhibirse de legislar sobre esos sectores.

“Las decisiones dejan de tomarse para la ciudadanía y pasan a responder a intereses particulares”. En sectores críticos como salud o recursos naturales, esto puede traducirse en servicios deficientes, mercados distorsionados y barreras de acceso para la mayoría de la población.

En ese contexto, la capacidad sancionadora institucional aparece debilitada. Para Salmón, la principal forma de control está en la elección del ciudadano en las urnas: “El mayor poder está en el voto”, sostiene. 

Convoca.pe continuará examinando cómo los negocios privados de los congresistas se cruzan con las leyes que promueven desde el Parlamento.