La llamada Nueva Ley Antiforestal  ingresó a debate en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, en medio de voces de oposición de las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación, así como de colectivos ambientales que se pronunciaron en contra de la iniciativa. Uno de los aspectos más cuestionados es que, pese a involucrar territorios indígenas y comunales, la propuesta no contempla la consulta previa como revisó Convoca.pe. Además, organizaciones ambientales advierten que podría impulsar la deforestación, especialmente después de las emergencias provocadas por los incendios forestales que ha vivido el país.

La propuesta de Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía  (Proposición legislativa N.° 00088/2026-2031-CD) plantea medidas de formalización y ordenamiento territorial. Durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente el 26 de octubre, el diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría defendió la iniciativa y apeló a la necesidad de promover el desarrollo sostenible en la Amazonía. En contraparte, la diputada Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, advirtió que la comisión no habría tomado en cuenta los pronunciamientos de las comunidades indígenas. Finalmente el dictamen quedó pendiente porque los diputados de Juntos por el Perú solicitaron tiempo para opiniones técnicas.

La propuesta legislativa seguirá en debate en una próxima sesión de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad

Organizaciones ambientales advirtieron a Convoca.pe que el dictamen recomienda aprobar la iniciativa sin resolver si corresponde consultar previamente a los pueblos indígenas, pese a que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional una disposición de la  Ley N.º 31973 que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por omitir ese procedimiento.

El texto sustitutorio incorpora medidas relacionadas con territorios comunales, comunidades nativas, reservas indígenas y espacios vinculados a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Para Fabrizzio Carpena, del Movimiento No a la Ley Antiforestal, estas disposiciones “pueden afectar directamente los derechos colectivos de las comunidades y, por tanto, requieren evaluar la obligación de realizar una consulta previa”.

El riesgo para los territorios indígenas que aún no tienen título

Los pueblos indígenas están luchando por la titulación de sus comunidades y territorios, un proceso largo y burocrático / crédito: SPDA

Otro de los principales cuestionamientos se refiere a las comunidades cuyos territorios tradicionales todavía no cuentan con reconocimiento o titulación formal. La diputada Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, advirtió que la Comisión de Medio Ambiente no habría tomado en cuenta los pronunciamientos de las comunidades indígenas.

Según el análisis que el Movimiento No a Ley Antiforestal compartió con Convoca.pe, el proyecto contempla mecanismos de verificación fundamentado en las bases oficiales disponibles y condiciona la protección de la ocupación tradicional a que pueda acreditarse. Esto podría dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a los territorios indígenas que todavía no aparecen en los registros estatales.

La preocupación es que la falta de titulación termine dificultando la identificación de los territorios tradicionales y que las comunidades tengan que demostrar su ocupación cuando ya existan actividades agrarias o procesos de transformación del bosque en esas áreas.

El derecho a la consulta previa está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la legislación peruana. Su finalidad es garantizar que los pueblos indígenas sean consultados mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

La controversia tiene un precedente reciente. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos disposiciones complementarias transitorias de la Ley 31973, conocida como Ley Antiforestal, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Afectaba directamente a áreas de bosque ubicadas en territorios en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación de comunidades campesinas y nativas.

La congresista Ruth Luque también cuestionó la iniciativa. “Esta propuesta busca crear un régimen especial para actividades agrarias en la Amazonía sin resolver serias dudas sobre fiscalización, protección de territorios indígenas, consulta previa legislativa y sin una evaluación ambiental y constitucional rigurosa”, sostuvo en un pronunciamiento público.

Formalización agraria y riesgo de deforestación

El proyecto también plantea mecanismos de formalización y asistencia para actividades agrarias en la Amazonía. De acuerdo con el texto sustitutorio analizado por el movimiento ambiental, el régimen propuesto podría incorporar actividades agrícolas sobre zonas de bosque iniciadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Fabrizzio Carpena, del Movimiento No a la Ley Antiforestal, cuestionó que esta vía pueda beneficiar a quienes ya han deforestado bosques sin cumplir las normas vigentes. También advirtió “que la iniciativa contempla la creación de zonas agropecuarias y forestales amazónicas mediante decreto supremo, en un contexto en el que, según su análisis, todavía existen limitaciones en la información catastral y en la zonificación forestal”.

Sostuvo que la ley podría impulsar la deforestación al simplificar los procedimientos para el cambio de uso de suelo. Asimismo, advirtió que la propuesta no contempla medidas de protección para las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, pese a que estas pueden convertirse en puertas de entrada para la deforestación en territorios reservados y de gran biodiversidad.

Las actividades agrícolas se suman a los riesgos que ya enfrentan las áreas naturales protegidas

La iniciativa, sin embargo, es presentada por sus promotores como una herramienta para ordenar las actividades agrarias. Durante la sesión del 26 de octubre el fujimorista  Alegría calificó como una “moda” la discusión sobre la protección ambiental y aseguró que este tema se “romantiza”. Asimismo, afirmó que las ONG extranjeras solo han generado que el Perú “no forme parte de las acciones para ponerle un freno a la deforestación”.

Un dictamen sin opiniones de entidades ambientales

La comisión solicitó opiniones a 19 entidades, pero no recibió pronunciamientos del Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La ausencia de estos puntos de vista es especialmente relevante para el debate sobre la consulta previa. El Ministerio de Cultura tiene competencias vinculadas a los pueblos indígenas, mientras que las entidades ambientales cumplen funciones relacionadas con la protección de los bosques y la biodiversidad, así como con la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales.

Por su parte, la diputada Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, advirtió que, hasta el sábado 24 de octubre, la página web del Congreso no permitía a la ciudadanía emitir opiniones sobre el predictamen.