¡Alcalde Romero, contrata a tus obreros! ¡Alcalde Romero, contrata a tus obreros!”, entonaba un grupo de trabajadores de limpieza pública a unos metros de la Municipalidad de Lima, el último 16 de mayo. El actual alcalde Miguel Romero Sotelo hasta el momento no se ha pronunciado sobre los reclamos de este gremio, que tiene a su favor una ley, un mandato judicial e incluso un acta de compromiso, que obligan al municipio a incorporarlos a la planilla laboral.

Desde julio de 2021 existe la Ley 31254, que prohíbe "la tercerización de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales". En cumplimiento de dicha legislación, la gestión del exalcalde Jorge Muñoz suscribió en noviembre de 2021 un acta en la que  se comprometía a incorporar a este personal como trabajadores formales de la institución, de manera progresiva, en el transcurso de un año. Desde entonces, ni esa administración ni la actual de Sotelo han acatado la disposición.

Denegatoria y agresiones

Miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Pública de Lima (Sitobur) denuncian a Convoca.pe que son víctimas de constantes agresiones de la Policía y de la indiferencia de los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desde que protestan casi a diario, desde hace cinco meses, en las mañanas y tardes, frente al Palacio Municipal.

El secretario general del Sitobur, Jimmy Ayme, señala a Convoca.pe que el último lunes 16 de mayo fueron invitados por los funcionarios de la Municipalidad para tratar los puntos de su incorporación a la planilla de la MML. Sin embargo, no fueron recibidos por trabajador del municipio. Por el contrario, la Policía los golpeó y reprimió con gases lacrimógenos cuando empezaron a protestar por el desaire que les habían hecho.

No fue la primera ni la última vez que fueron agredidos por agentes policiales. Un día después, el 17 de mayo en horas de la mañana, una trabajadora de limpieza fue agredida por un oficial que la golpeó con su escudo y la hizo caer fuertemente contra el pavimento. Un video fue registrado y difundido en las redes sociales del Sitobur.

“Como somos mujeres y no tenemos la misma fuerza que ellos, en ese intento de alejarme de la entrada de la municipalidad, me empujaron. Caí de espalda y me golpeé la cabeza”, cuenta a este medio Yureth Saira, la trabajadora agredida. Al ver a su compañera en el suelo, Florentina Quiroz, otra obrera de limpieza, se acercó a increpar a los policías, pero le respondieron “que venían a fregar y lastimar”, según esta última.

"Váyanse a la casa del alcalde a molestar, déjennos hacer nuestro trabajo", les dijo un agente, según Quiroz.

La obrera que fue agredida físicamente, Yureth Saira, afirma que no denunció la agresión registrada en video en la comisiaría ni pasó por una evaluación con un médico legista. Temía que, por hacer estos trámites, le descontaran el día, pues implicaba ausentarse de sus labores. “El descuento por un día es de casi 200 soles. Lo sigo manejando [el golpe] mediante analgésicos y medicamentos. Siento un dolor intenso”, acota.

Al igual que su compañera, Florentina Quiroz fue agredida el mismo 17 de mayo. Estaba sujetada de una reja que rodea el municipio, cuando, asegura, un policía le dijo: "Sal de acá o te doy duro". “¿Serías capaz de pegar a una mujer?”, le dijo Quiroz. Fue en ese momento que una oficial del cuerpo policial la golpeó con un rodillazo y otro agente la sujetó de los brazos para empujarla, de acuerdo con su relato.

“Fui a una botica cerca de mi casa, me pusieron ampollas porque me dolía mucho. En la tarde, la espalda se me hinchó y hasta ahora tengo marcas”, narra la sindicalista.

Florentina Quiroz fue agredida el 17 de mayo por agentes de la Policía Nacional delPerú.

Una situación similar ocurrió con Yenny Tapia, también obrera de limpieza. Afirma que hace un mes un policía la pateó en el pie. “Se me hizo una bola de sangre. Me tuvieron que hacer una pequeña cirugía para drenar los coágulos. También he tenido moretones, golpes, bombas lacrimógenas. Prácticamente te lo tiran en la cara”, apunta Tapia. Dice que además los oficiales amenazan con detenerla. “Tú eres la cabecilla, la que está incitando a las demás. Te vamos a llevar a la comisaría”, le dicen.

Yenny Tapia tuvo coágulos en la pierna a causa de la agresión policial.

El obrero Enrique Castañeda intentó defender a sus compañeras, pero los policías lo golpearon con su vara, acusa el dirigente Jimmy Ayme. “El compañero ha sido golpeado en la cabeza y tiene cinco puntos”, dice.

Ayme cuenta a este portal que los funcionarios administrativos de la MML asoman la cabeza cada vez que ellos protestan. Incluso, algunos han sido testigos de las agresiones policiales pero no han realizado acción alguna para que cese la represión.

“Siempre que tenemos algún tipo de protesta, tenemos al señor Barrios y el señor Pacheco Moya que nos miran y luego siguen en lo suyo”, comenta la obrera Saria. “Incluso el día que hubo temblor, salieron por el temblor, pero luego se metieron”, agrega Florentina Quiroz.

El regidor Luis Pacheco Moya del partido Podemos Perú, que preside la Comisión de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, es señalado por los miembros del Sitobur de aplazar los acuerdos para incorporarlos en la planilla. Convoca.pe intentó comunicarse con el funcionario edil para contrastar lo dicho por los trabajadores, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Respecto a las constantes agresiones policiales, el regidor Carlo Ángeles declaró a este medio no estar enterado de la situación, pero afirmó que se comunicaría con Jimmy Ayme, a través de la Gerencia de Defensa del Ciudadano de la MML, para brindar las herramientas legales para denunciar los actos de violencia. "No podemos permitir que se ejerza la fuerza frente a las legítimas protestas", agregó.

Indiferencia constante

El Sitobur solicitó conversar con el alcalde Miguel Romero Sotelo mediante una carta que envió la congresista Isabel Cortez el 12 de mayo, con carácter de urgencia, “para tratar temas laborales que los sindicatos han puesto en evidencia”. La congresista confirmó a Convoca.pe que hasta el momento su despacho no recibe respuesta. Lo cierto es que la autoridad edil tiene un plazo establecido de respuesta de 15 días y luego una prórroga de 15 días más, por lo que aún está dentro del periodo.

“Debería ser inmediatamente, tratándose de esos temas tan delicados”, opinó Cortez, quien también es antigua sindicalista y ex trabajadora de limpieza pública.

Cortez envió un oficio al alcalde de Lima Miguel Sotelo el último 12 de mayo con el fin de reunirse para tratar "temas laborales que los sindicatos han puesto en evidencia". 

Sin embargo, los 30 días que el alcalde tiene para responder al oficio enviado podría perjudicar a los trabajadores de limpieza, ya que la disposición de la Ley 31254, que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública, vence el 4 de julio: un año después de ser publicada. “Hay un documento firmado por la Municipalidad para que los trabajadores pasen progresivamente a las planillas. Hasta el momento no ha pasado ningún trabajador”, afirmó Ayme. 

La gestión de Jorge Muñoz firmó un acta el 17 de noviembre de 2021. En dicho documento, la alcaldía garantizó la incorporación de trabajadores de limpieza pública a la planilla laboral del municipio. También se estableció que los trabajadores serían incorporados progresivamente a partir del último 15 de enero: 85 trabajadores cada mes. 

El acta firmada por la Municipalidad todavía no ha sido cumplida por la institución.

Como ya lo ha informado Convoca.pe en un informe anterior, los obreros presentaron los documentos pertinentes para pasar a la mencionada planilla de trabajadores municipales, pero cuando llegó la fecha, la gestión de Muñoz no cumplió con el plazo.

Asimismo, el 15 de marzo de 2021, el Poder Judicial ordenó a la Municipalidad de Lima incluir en planillas a obreros de limpieza pública ilegalmente tercerizados bajo pena de multa. Según la resolución, se debe incuir a todos los trabajadores que pertenecían al Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental al momento de presentarse la demanda.

Sin embargo, el Municipio siguió dando excusas para retrasar el cumplimiento de su obligación, advierten los trabajadores. Ahora temen que la indiferencia continúe durante el mandato del nuevo alcalde Romero Sotelo, quien hasta hace pocos días era el teniente alcalde del vacado Jorge Muñoz.

"De momento, el tema no ha sido incluido en la agenda [del Concejo Municipal] por el alcalde y tampoco por otros regidores", señala Carlo Ángeles. Frente a esta situación, el regidor afirma que este miércoles próximo propondrá al presidente de la Comisión Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el regidor José Pacheco Moya, la instalación de mesas de diálogo para establecer fechas y plazos para la implementación de los trabajadores de limpieza pública.

La sentencia del Poder Judicial ordena a la MML a incluir a los trabajadores de limpieza pública a la planilla de la institución.

Al respecto, el abogado laboralista Guillermo Boza comenta a este portal que la MML tiene que cumplir con el mandato judicial o estaría cometiendo desacato a una orden judicial. "Eso supone una infracción penal, por lo que los trabajadores podrían recurrir a la vía judicial penal para que se ejecute la sentencia", acota el especialista.

Además, afirma que según la ley 31254, las actividades nucleares no pueden ser tercerizadas y solo pueden ocurrir dos escenarios. Primero, que la Municipalidad resuelva los contratos de locación de servicios que tenga con empresas tercerizadoras que brindan el servicio de limpieza. Segundo, que la institución mantenga los contratos y el personal continúe siendo tercerizado. 

"Si esto último ocurriese, la relación queda desnaturalizada y esos trabajadores pueden demandar su incorporación directa a las planillas de la Municipalidad", enfatiza.

Mientras tanto, Jimmy Ayme advirtió que de no recibir respuesta alguna de las autoridades, el Sitobur planea radicalizar las protestas, a fin de que sus demandas reconocidas sean cumplidas por la gestión de Miguel Sotelo. Los trabajadores de limpieza solo piden que se cumpla la ley y la orden judicial, pero el municipio hasta ahora simplemente no lo hace.