La campaña presidencial rumbo al balotaje del 7 de junio entra en su etapa decisiva marcada por ausencia de respuestas claras frente al avance de las economías ilegales en el país. En Convoca en Vivo, analistas y especialistas advirtieron que el debate presidencial del próximo 31 de mayo entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se desarrollará en un contexto de alta tensión política y crecientes cuestionamientos sobre la capacidad del próximo gobierno para enfrentar el crimen organizado y recuperar legitimidad democrática.

La coyuntura se agravó esta semana tras la denuncia presentada por los abogados del expresidente Pedro Castillo, el exfiscal José Domingo Pérez Gómez y Aldo Álvarez Hurtado, junto con el propio Castillo Terrones, contra figuras del fujimorismo por presunta conspiración para derrocarlo, luego de las declaraciones del excongresista Miguel Torres sobre las coordinaciones políticas realizadas durante la crisis que derivó en la caída del exmandatario.

Para el exsecretario general de Transparencia, Iván Lanegra, más allá de la viabilidad jurídica de la denuncia, el episodio forma parte de una estrategia política orientada a reforzar los “riesgos” que cada candidatura busca atribuir a su adversario ante el electorado.

Durante la entrevista, Iván Lanegra señaló que esta segunda vuelta presenta una particularidad: existe un sector de electores que todavía no decide si votar por alguna candidatura o emitir un voto blanco o nulo. Aunque no se trata de un grupo mayoritario, advirtió que puede resultar decisivo en una elección cerrada.

“El debate puede marcar cierta diferencia si logra enviar mensajes que ese grupo que está sin decisión considere relevantes”, explicó. Sin embargo, sostuvo que el impacto no necesariamente dependerá de las propuestas programáticas, sino de momentos puntuales, gestos y desempeños políticos que luego circulan masivamente en medios y redes sociales.

El politólogo remarcó que el principal desafío para ambos candidatos no es únicamente explicar qué harán en un eventual gobierno, sino cómo generarán las condiciones políticas para concretar sus propuestas en un escenario marcado por un Congreso fragmentado, instituciones debilitadas y una fuerte desconfianza ciudadana hacia la política.

“Hay una nueva estructura parlamentaria, condiciones sociales complejas y debilidades del Estado que se han agravado en los últimos años. La pregunta es qué van a cambiar para generar las condiciones necesarias para que sus propuestas sean viables”, sostuvo.

Grandes problemas ausentes en el debate: minería ilegal y crimen organizado

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante el programa fue la ausencia de propuestas claras sobre minería ilegal, narcotráfico y protección ambiental en el reciente debate técnico entre representantes de ambas candidaturas.

Pese a tratarse de un país altamente dependiente de las industrias extractivas y afectado por el crecimiento de economías ilícitas vinculadas al oro ilegal, los equipos técnicos evitaron pronunciarse sobre el tema incluso cuando fueron consultados directamente.

Para Lanegra, esta omisión responde en parte a la composición del próximo Congreso y a los intereses que atraviesan distintas bancadas políticas. El analista afirmó que la presencia de intereses vinculados a la minería informal e ilegal se expresa tanto en el financiamiento de campañas como en la llegada de representantes cercanos a estas actividades al Parlamento.

“El tema del Reinfo atraviesa a los grupos políticos. Hay intereses vinculados a la minería informal ilegal presentes en distintas bancadas”, indicó.

El especialista advirtió que el Ejecutivo tendrá limitadas capacidades de acción si el Congreso continúa debilitando las instituciones encargadas de fiscalizar y controlar estas actividades. Además, señaló que la respuesta estatal de los últimos años se ha reducido principalmente al uso temporal de la fuerza, sin atacar las estructuras económicas que sostienen estas redes ilegales.

“Los últimos gobiernos han acudido solamente a la coerción: operativos momentáneos que duran poco tiempo y luego todo vuelve a la situación previa”, afirmó.

La Amazonía bajo presión criminal

En la segunda parte del programa, los investigadores Ricardo Soberón e Iván Brehaut presentaron los hallazgos del informe La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal, elaborado por Amazon Watch, ProPurús, el Instituto del Bien Común y organizaciones indígenas amazónicas.

El informe documenta cómo el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas ya no operan de manera aislada, sino como estructuras articuladas que avanzan sobre territorios indígenas y zonas estratégicas de la Amazonía.

Para Ricardo Soberón, el país enfrenta “la mayor amenaza a la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial del Perú”.

Entre las medidas urgentes planteadas en el informe destacan una moratoria a nuevos petitorios mineros, acciones de protección inmediata para 25 comunidades nativas amenazadas y la creación de una comisión multisectorial para ordenar el territorio amazónico y combatir las economías ilegales.

Asimismo, el documento propone separar a las bases sociales vinculadas a actividades informales de las estructuras criminales organizadas.

Un mapa del avance criminal

Iván Brehaut explicó que la investigación desarrolló un mapeo detallado de las zonas donde confluyen minería ilegal y narcotráfico, abandonando el enfoque tradicional que solo mide áreas de cultivo de coca o presencia de dragas.

“La confluencia entre zonas mineras y zonas cocaleras alcanza casi el 25% del país”, señaló.

Las principales áreas identificadas se encuentran en Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, especialmente en zonas de frontera con Colombia, Brasil y Ecuador.

Brehaut advirtió que el Estado peruano ha perdido presencia efectiva en varias de estas zonas y mencionó la expansión de organizaciones criminales transnacionales como los Comandos de la Frontera hacia el interior de Loreto.

“Estamos hablando del corazón de Loreto, no de zonas fronterizas. Eso nos da una idea del nivel de penetración y de pérdida de soberanía que estamos teniendo como país”, afirmó.

Criminalidad, política y penetración institucional

Soberón sostuvo que las economías ilegales han penetrado distintos niveles del sistema político peruano, desde gobiernos locales hasta estructuras nacionales.

“A nivel local la relación con las estructuras criminales es mucho más cotidiana; conforme se avanza al nivel regional y nacional, la penetración se vuelve más sofisticada y los montos aumentan exponencialmente”, explicó.

También cuestionó la falta de voluntad política de las principales fuerzas electorales para enfrentar estas redes.

En el caso de Fuerza Popular, habló de una “ceguera histórica y estructural” frente al crimen organizado; mientras que respecto a Juntos por el Perú señaló “una mezcla de ignorancia e interés político”.

“El primer gran reto del próximo gobierno será desmontar las estructuras criminales organizadas al interior de las instituciones del Estado”, afirmó.

Defensores ambientales sin protección estatal

Los investigadores alertaron además sobre el incremento de amenazas contra líderes indígenas y defensores ambientales que enfrentan el avance de organizaciones criminales en la Amazonía.

Brehaut sostuvo que comunidades indígenas, ribereñas y campesinas están organizándose para contener el avance de estas economías ilegales prácticamente sin respaldo estatal.

“La población está tratando de defenderse sin el apoyo que debería recibir del Estado peruano”, indicó.

En esa línea, Soberón propuso que el Estado reconozca formalmente a las guardias indígenas y monitores ambientales como actores legítimos de protección territorial, similar a lo ocurrido décadas atrás con las rondas campesinas y comités de autodefensa.