En la Amazonía peruana, donde la fiebre del oro contamina ríos y destruye bosques, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) intenta mantener una lucha desigual. Las dragas operan de noche, los campamentos se multiplican, y los grupos criminales que controlan el negocio —equipados con drones, conexión satelital y armas de guerra— siguen ampliando su dominio. Pero los fiscales que deben perseguir la minería ilegal trabajan sin presupuesto para ese objetivo desde hace dos años.

“Para este año, el presupuesto designado en el Presupuesto General de la República para luchar contra la minería ilegal para la FEMA fue cero, y para el 2026 también lo será. ¿Cómo creamos fiscalías o sostenemos operativos si no tenemos recursos?”, advierte el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), en entrevista con Convoca.pe.

En octubre, los fiscales de la FEMA sobrevolaron la provincia de Condorcanqui y encontraron la extensión del impacto de la minería ilegal. Foto: Ministerio Público.

En el proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público, que la entonces presidenta Dina Boluarte y el expresidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa presentaron ante el Congreso, figura el "Programa Presupuestal 0128", que busca reducir la minería ilegal en el Perú mediante acciones de prevención, control y fiscalización. Este programa debería ser el instrumento que tiene que respaldar financieramente a las instituciones que combaten ese delito. 

Sin embargo, en el proyecto de ley elaborado por los órganos del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía, que es dirigido desde julio de 2025 por Rodolfo Acuña Namihas, el Ministerio Público ha sido marginado de tener recursos para el 2025 y también para el próximo 2026. 

En 2022, la Fiscalía no fue considerada como beneficiaria del programa. En 2023, se incluyó por primera vez una asignación de 4,3 millones de soles, destinada principalmente a viáticos y pasajes para operativos de interdicción en zonas de extracción. Pero en 2024, la cifra cayó drásticamente a 141 mil 196 soles.

Para los años 2025 y 2026, el Ministerio Público ha vuelto a quedar fuera del plan, lo que significa que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental no cuenta con fondos asignados para combatir la minería ilegal en ningún punto del país. 

Según la búsqueda realizada en la web del MEF, para el 2026 se ha presupuestado para el Programa Presupuestal 0128 un total de 177 millones 796 mil 795 soles para este programa presupuestal de reducción de la minería ilegal pero solo para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Ni un solo sol, para la institución que debe perseguir el delito de la minería ilegal: la Fiscalía.

Además, no se explica la exclusión del Ministerio Público, ya que dentro del Programa Presupuestal 0128 está considerado el producto 3000679 - Erradicación y sanción de la minería ilegal, se contemplan las operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción y las operaciones de soporte logístico para la interdicción, en las que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental tiene un rol fundamental.
 

La Policía y las Fuerzas Armadas tienen presupuesto, a través de los ministerio del Interior y de Defensa. Sin embargo, la Fiscalía no cuenta con el presupuesto directamente destinado a combatir la Minería Ilegal. 

Actualmente existen 40 despachos fiscales ambientales en todo el país. Pero las zonas donde la minería ilegal crece —como la Amazonía, la frontera norte y la sierra de Puno y Arequipa— superan la capacidad institucional. La FEMA de Ucayali, con competencia en Puerto Inca y Yuyapichi, cuenta con apenas cuatro despachos. En Madre de Dios hay cinco; en Loreto, tres; y en Condorcanqui (Amazonas), solo uno. 

El fiscal Almanza propone crear al menos 20 nuevas fiscalías en las regiones más afectadas. Pero, sin presupuesto, ese plan queda postergado, mientras la minería ilegal avanza. “El Pliego Presupuestal 128 del año 2026 no ha asignado recursos para nuestras operaciones. Eso paraliza investigaciones y deja impunes delitos que devastan la Amazonía”, advierte.

La Fiscalía Ambiental ha estimado que requiere 7,4 millones de soles para abrir nuevas sedes en zonas críticas donde crece la minería ilegal, como Ramón Castilla (Loreto), Sandia y Carabaya (Puno), y La Libertad, además de reforzar los despachos existentes en Arequipa, Puerto Maldonado y Puerto Inca.

La falta de capacidad logística para trasladarse a las zonas impactadas por la minería ilegal y la reducida capacidad tecnológica son las principales necesidades de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Las necesidades más urgentes incluyen transporte aéreo y fluvial, equipamiento especializado, pericias ambientales y personal técnico. “Son costos altos. No se puede llegar a zonas donde no hay carretera ni señal de teléfono sin helicópteros o combustible. Y tampoco se puede judicializar sin peritajes ambientales serios”, explica el fiscal.

Los informes presentados por la FEMA ante la cabeza de la Fiscalía de la Nación indican que las principales limitaciones están referidas a la capacidad logística y de transporte aéreo y fluvial para liderar y supervisar operativos de interdicción y diligencias, limitaciones para sostener programas permanentes de interdicción e investigación penal, así como la falta de equipamiento especializado, como drones y GPS o equipos de protección personal, y soporte técnicos.

Ni el MEF ni el Congreso responden

La Fiscalía Ambiental hizo reiterados pedidos a la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza y al actual interino Tomás Gálvez para que puedan atender las necesidades de recursos económicos ante la exclusión del programa presupuestal 0128.

Cabe recordar que a inicios de septiembre, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, hizo una declaración pública en donde advirtió que la entonces presidenta Dina Boluarte, propuso reducir el presupuesto de la Fiscalía, pese a que desde la Fiscalía se hicieron todas las acciones y solicitudes para tener mayores recursos.

Convoca.pe pidió respuestas a la oficina de la Fiscalía de la Nación, actualmente liderada por Tomás Aladino Gálvez, para conocer qué trámites están haciendo para garantizar los recursos para perseguir a la minería ilegal. Hasta el momento, no se ha conseguido respuesta.

Además, se enviaron preguntas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer por qué el gobierno no ha considerado a la Fiscalía de la Nación en el Programa Presupuestal 128 para la lucha contra la minería ilegal, así como si el gobierno de José Jerí iba a dar presupuestos. Pese a nuestra insistencia las respuestas no llegaron.

No obstante, Convoca.pe pudo acceder a la respuesta que dio la Dirección General de Presupuesto Público del Viceministerio de Hacienda a la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público. En ese oficio del 17 de septiembre, el funcionario del MEF, Loli Chávez Cabrera, dijo que los créditos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto que incluye al pliego del Ministerio Público, "se sustentaron en las proyecciones de los principales agregados económicos".

La Fiscalía solicitó una ampliación presupuestal para combatir la minería ilegal en el 2025. Sin embargo, el Ministerio de Economía se lo negó.

Además, el Ministerio de Economía señaló que "las demandas adicionales de gasto no previstas en la Ley de Presupuesto deben ser cubiertas por los pliegos correspondientes". Es decir, las necesidades para combatir a la minería ilegal deben ser cubiertas con los recursos que se le asignan a la Fiscalía. 

En el 2025, el presupuesto del Ministerio Público sólo cubrió el 20% de los 15 mil millones de soles solicitados para sus objetivos institucionales y para el 2026 el Poder Ejecutivo propone asignar 2870 millones 696 mil 959 soles al Ministerio Público. Esto es 50 millones de soles menos que el año vigente.

Al llamar a la oficina de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que preside el parlamentario Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso (APP) solicitamos respuestas para conocer si algún congresista o entidad pública o de la sociedad civil ha solicitado la inclusión del Ministerio Público en el Programa Presupuestal 0128. 

Los asesores de esta comisión indicaron que responderían luego de enviar un oficio por mesa de partes, lo cual hicimos. Hasta la publicación de este reportaje, aún no hemos recibido respuesta. 

Cabe recordar que Alejandro Soto fue el presidente del Congreso que, en marzo de 2024, firmó la autógrafa de la Ley que modifica el decreto legislativo 1607 que modifica la Ley 30077 contra el crimen organizado. Ese decreto derogado establecía medidas para combatir las actividades mineras ilegales a través de la interdicción, especialmente por persona naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Formalización Minera (Reinfo).

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ahora presidente de la Comisión de Presupuesto, firmó la autógrafa de la ley que derogó las medidas de interdicción contra los mineros ilegales del Reinfo.
 

Lucha desigual y sin presupuesto

Una de las preguntas que deja el fiscal Almanza es tan simple como urgente: "Si no le damos presupuesto y herramientas a quien es el director de la investigación de los delitos ambientales, la pregunta es ¿queremos realmente combatir a los delincuentes?". La falta de financiamiento para la Fiscalía contrasta con el crecimiento del negocio ilegal. Las redes de lavado de oro expanden su infraestructura mientras el Estado recorta los fondos para enfrentarlas.

Almanza explicó que la minería ilegal mueve seis veces más dinero que el narcotráfico en el Perú. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha advertido que el 44% del oro ilegal de toda América Latina es peruano, lo que convierte al país en el principal productor de oro sin trazabilidad de la región. 

El fiscal Almanza no se explica por qué no se incluye al Ministerio Público en el programa presupuestal que es directamente relacionado al combate a la minería ilegal. Foto: Ministerio Público.

En 2024, el país exportó 180 toneladas de oro, pero la producción formal solo alcanzó las 100 toneladas. Las 82 toneladas restantes corresponden a oro sin trazabilidad, vinculado a redes criminales que lavan el mineral a través de empresas fachada y exportaciones falsas.

“Con el precio de la onza por encima de los cuatro mil dólares, la minería ilegal movió más de 12 mil millones de dólares en 2024, seis veces más que el narcotráfico”, advierte Almanza. “Si el presupuesto para las economías ilegales está destinado principalmente al narcotráfico, mientras que la minería ilegal mueve más dinero y tiene mayor impacto ambiental, entonces estamos mirando hacia otro lado”, manifestó el fiscal superior.

“Es más fácil lavar oro y ganar más en comparación con la cocaína. La cocaína ahora compite con el fentanilo que es más barato y más fácil de hacer. Además, la hoja de coca es cada vez más pobre en sus componentes y tiene que hacerse con mas cantidad”, dijo Almanza.

La Fiscalía ha identificado que en regiones como Puerto Inca (Huánuco), Sandia (Puno) y Madre de Dios, los operadores mineros ilegales cuentan con internet satelital Starlink, drones de vigilancia y armamento militar. En los últimos operativos, los equipos fiscales han sido atacados con armas de guerra.

“¿El narco qué ve? Que hay penas bajas, legislación mala, poco presupuesto para perseguir a la minería ilegal, entonces en comparación, la actividad perfecta es la minería ilegal”, advirtió el coordinador nacional de las Fiscalías Ambientales.

Investigaciones transnacionales

Pese a la falta de financiamiento, la Fiscalía está realizando esfuerzos entre las distintas fiscalías que investigan las estructuras criminales de la minería ilegal. Almanza indicó que su despacho ha promovido el trabajo coordinado entre las fiscalías de materia ambiental, lavado de activos y crimen organizado a través del Grupo de Fiscales Coordinados (Gruficor)

El fiscal Almanza dijo en exclusiva a Convoca.pe que la Fiscalía peruana está realizando una investigación conjunta con los fiscales de Ecuador. La hipótesis es que existe una red de lavado de oro amazónico que opera entre Perú y Ecuador, utilizando las zonas de Nieva y el río Santiago como puntos de salida del metal extraído ilegalmente hacia el país del norte.

A pesar de no tener presupuesto suficiente, la FEMA continúa acompañando las acciones de interdicción contra la minería ilegal acompañando a la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Estamos verificando cómo sale el oro desde la Amazonía hacia Ecuador, qué empresas lo exportan como oro ecuatoriano y a qué mercados llega desde allí”, confirma el fiscal.

Las pesquisas, desarrolladas junto con fiscales ecuatorianos y colombianos, buscan desentrañar una cadena transnacional de blanqueo en la que participan organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos (de Ecuador) y Los Pulpos del Norte (Perú). Estas bandas, conocidas por su control del narcotráfico, también financiarían y protegerían las operaciones mineras ilegales en la frontera norte.

“Estamos trabajando con nuestros pares de Ecuador y Colombia en equipos especiales. Tenemos reuniones mensuales y cruzamos información sobre trazabilidad del oro. Es una investigación global, no se trata solo de destruir dragas sino de seguir el dinero”, precisa Almanza.

Aunque la FEMA tiene pocos recursos para perseguir la minería ilegal, las investigaciones conjuntas son apoyadas con apoyo de cooperantes internacionales, y prevén mostrar sus primeros resultados en 2026.