Uno de los mensajes más repetidos por la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, es que el sector pesquero no necesita “ni subsidios, ni regalos; solo estabilidad y confianza”. Aljovín, quien ha ocupado el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores —los dos primeros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el último en el de Martín Vizcarra—, olvida que existen episodios reveladores que demuestran que las compañías más poderosas del gremio que lidera, han buscado lo contrario. 

Un capítulo ilustrativo se remonta a 2007 cuando un grupo de empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería contrató a Apoyo Consultoría para elaborar una propuesta técnica que sirvió de base para la fabricación del decreto legislativo 1084, que reguló las cuotas de pesca y permitió congelar por una década el valor del derecho de pesca durante la gestión del entonces ministro de la Producción, Rafael Rey.

Rafael Rey recibiendo condecoración de la Sociedad Nacional de Pesquería de manos de Humberto Speziani, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y asesor de la dirección de Tecnológica de Alimentos S.A. (Tasa), la empresa pesquera más importante de Perú. / Caretas

En esos días, Gianfranco Castagnola de Apoyo Consultoría reconoció para un reportaje de IDL-Reporteros, que así sucedió y además explicó cómo fue la asesoría que brindaron a Rafael Rey, a quien incluso acompañaron a sustentar los cuestionamientos de este decreto, que repartió en cuotas de pesca el mar peruano a favor de las empresas, a una comisión del Congreso de la República. De esta  manera, las embarcaciones de cada empresa contaba con una cantidad de tonelada fija para poder pescar en cada temporada.

Ese mismo decreto permitió congelar por 10 años el porcentaje porcentual del pago de derecho de pesca que debía realizar cada empresa en favor del Estado por cada tonelada métrica de pescado extraída del mar. Ese beneficio se mantuvo vigente hasta 2018 y recién un año después el Ministerio de la Producción, que regula el sector pesquero, decidió el incremento porcentual del derecho de pesca: de 0.25% a 0.43%. 

El cobro de los derechos de pesca permite al Estado peruano ampliar los fondos para mayor investigación científica ante la alta variación de las condiciones del mar peruano. Investigar cuándo y qué especies se pueden extraer del mar sin afectar su reproducción permite tener una pesca sostenible a escala industrial y artesanal. De lo contrario, se corre el riesgo de continuar sobrexplotando los recursos pesqueros, lo que conllevaría a un debilitamiento de la propia industria y pondría en peligro la seguridad alimentaria del país.

Mientras el Ministerio de la Producción señaló que el incremento porcentual de los derechos de pesca, permitiría aumentar el monto recaudado, algunos especialistas como Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de la organización Oceana, señalan que el monto es aún muy bajo en comparación con lo que se requiere para la inversión y gestión de los recursos del mar.

Las principales empresas pesqueras del sector aportaron 228 millones de soles (70 millones 265 dólares) por derecho de pesca desde 2013 a 2020. / OCEANA (Andre Baertschi)
 

Sueiro llama a los derechos de pesca como “subsidio indirecto”: “Si tú miras la ley general de pesca, se establece que una parte sustantiva de la investigación en la pesca, se tiene que pagar con el dinero de los derechos de pesca que pagan los que se benefician de capturar estos recursos”, explica el experto. Sin embargo, en este reportaje revelamos que el panorama es más complejo.

Se esperaba que, con el nuevo porcentaje de cuota de pesca, el monto recaudado llegaría a 90 millones de soles (26.9 millones de dólares) en 2019, de acuerdo con el Ministerio de Producción. Pero lo que en realidad sucedió fue que el cobro llegó a aproximadamente 60 millones de soles (18 millones de dólares), lo que representa 30 millones de soles (9 millones de dólares) menos de lo proyectado.

Convoca.pe accedió a los montos por derecho de pesca que las principales empresas han pagado desde 2013 tras diversos pedidos de información al Ministerio de la Producción vía la Ley de Transparencia. El monto de lo recaudado por derecho de pesca aumentó desde ese año; sin embargo, cuando entró en vigencia el incremento porcentual de ese pago en 2019, lo que el Estado peruano cobró por este concepto disminuyó. 

Solo en 2020, año en que comenzó la pandemia, hubo un incremento de 32% del monto de los derechos de pesca que cobró el Estado, un ligero aumento si se compara con años anteriores al aumento porcentual de los derechos de pesca: en 2014, lo recaudado despuntó a 181%, y en 2017 a 45%, si se toma en cuenta la evolución de estos pagos antes de 2019.

Como consecuencia de la caída del cobro de los derechos de pesca en 2019, se produjo un impacto en la distribución del canon pesquero, que es la compensación económica que hace el gobierno central a los gobiernos regionales y que está conformado en 50% por los recursos que provienen de los derechos de pesca que pagan las empresas al Estado y el 50% del impuesto a la renta de estas compañías. 

En 2019, el monto del dinero de los derechos de pesca destinado para el canon tan solo aumentó en 2 millones de soles (600 mil dólares), cuando se esperaba un aumento de 15 millones (4.5 millones de dólares), según el Ministerio de la Producción. En 2020, el monto por los derechos de pesca que recibieron los gobiernos locales y regionales fue de 23 millones de soles (6.6 millones de dólares), uno de los más bajos de la década.

Si se compara este tipo de cobros por derechos de pesca con lo que sucede en Chile, otro país donde la pesca industrial cumple un papel relevante, encontramos importantes diferencias. En 2019, año en que se fijó el nuevo porcentaje porcentual para el cobro del derecho de pesca, el Estado peruano cobró aproximadamente 18 millones de dólares en 2019, mientras que Chile más de 44 millones de dólares (solo tomando en cuenta los impuestos y lo que pagan las embarcaciones por las patentes de pesca).

Cobros por empresas

¿Qué sucede con el pago de los derechos de pesca si hacemos la revisión por compañía? Los aportes de las principales empresas pesqueras —Tasa, CFG Investment, Copeinca, Austral, Diamante, Exalmar, Hayduk y Centinela— subieron en forma fluctuante entre 2013 y 2018. Sin embargo, en 2019, año en que se subió el porcentaje base del derecho de pesca (de 0.25% a 0.43%), el aporte de estas ocho empresas por este derecho bajó en 8% en promedio.

En 2020, Tecnológica de Alimentos S. A. (Tasa), la empresa más poderosa del gremio pesquero, desembolsó al Estado más de 9 millones 900 mil soles (2.84 millones de dólares) en cuotas de pesca. La compañía que desembolsó menos recursos ese año fue Pesquera Diamante con 1 millón 918 mil soles (549 mil dólares). Sin embargo, dicha empresa y Exalmar fueron las únicas que aumentaron sus pagos por derecho de pesca en 2019, el año en que las otras seis empresas tuvieron caídas en sus aportes por derecho de pesca.

Las empresas que más cayeron en proporción, en 2019, fueron Hayduk, que bajó su aporte de derechos de pesca en 22%, seguida por CFG Investment con una caída de 11%.

¿A qué se debió esta disminución en el año en que el Ministerio de Producción esperaba recaudar 90 millones de soles (26.9 millones de dólares) por ese concepto? Convoca.pe contactó a las empresas Exalmar, Austral, Hayduk, Diamante, Tasa y Copeinca-CFG Investment, al Ministerio de Producción y a la Sociedad Nacional de Pesquería para responder esa pregunta. Hasta el cierre de esta edición, aún no hemos recibido respuesta de las empresas.

La Sociedad Nacional de Pesquería, organización gremial privada que tiene en su directorio a representantes de estas empresas, respondió que “si bien es cierto que en el año 2019 se dio un aumento en el derecho de pesca que se paga por el acceso al recurso anchoveta, este aumento entró en vigencia a partir de la segunda temporada del año, pero en dicha temporada solamente se alcanzó capturar el 36% de la cuota asignada ya que, debido a la presencia de anomalías climatológicas, se afectó la distribución del recurso y se concluyó anticipadamente la temporada, por lo que ello no aportó significativamente a la recaudación del 2019.”

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de los datos realizados en 2020 el incremento en el cobro del derecho de pesca tampoco ha sido significativo si se compara con los años anteriores como hemos revelado antes en este reportaje.

Convoca.pe solicitó entrevistas con autoridades del Ministerio de Producción desde setiembre de 2021, pero la entidad no accedió al pedido argumentando que la institución se encontraba en cambio de administración con el nuevo gobierno y recientemente con la designación de un nuevo ministro.

En el año del inicio de la pandemia, uno de los pocos sectores que se mantuvieron a flote fue el pesquero / Andina.

Otros subsidios

Para el experto Juan Carlos Sueiro, el bajo valor de derecho de pesca que pagan las empresas no es el único subsidio indirecto que existe en la pesca industrial: “Hay otro subsidio que son las devoluciones de impuestos a las exportaciones. Hay dos tipos: el subsidio al IGV del combustible y los subsidios para las exportaciones no tradicionales (que no incluye la harina de pescado)”, señala el director de pesquerías de Oceana.

Oceana lanzó los resultados de una investigación en subvenciones perjudiciales en junio de 2021, en donde se revela los 10 países que más subvencionan sus pescas, que terminan impactando en las aguas de 116 naciones. El estudio menciona que “una gran proporción de las subvenciones pesqueras mundiales pueden estar transfiriendo los riesgos de la sobrepesca de unas naciones a otras”.

En 2015, Perú promovió las negociaciones en la X Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizada en Nairobi, Kenia, “con miras a la eliminación de los subsidios pesqueros que afectan la sostenibilidad de los recursos marinos”.  Esto fue suscrito por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Magali Silva, titular del ministerio en ese entonces, informó que era una prioridad para Perú “la prohibición para el año 2020 de los subsidios a la pesca que generan exceso de capacidad y sobrepesca, y la eliminación de los subsidios que contribuyen con la pesca ilegal”.

Con respecto a este último, Convoca.pe accedió a los montos generales que registra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la restitución de derechos arancelarios o drawback, que es el nombre del régimen que permite a las empresas obtener la devolución de un porcentaje del valor del bien exportado. Desde 2012 a 2014, el drawback se elevó, llegando a ser más de 171 millones de soles (60.2 millones de dólares) solo en 2014, y manteniéndose alto en la última década con respecto a la anterior.

Las empresas incluidas se hacen con base en el código de clasificación (CIIU) declarado por el RUC. Si el contribuyente realiza actividad pesquera y pide, la devolución de estos montos, drawback, pero tiene registrado otro CIIU, que puede pasar por ser un dato autodeclarado, no se incluirá en estos datos.

“A fines del gobierno militar, en los setentas, lo que había era tasas arancelarias: yo importaba algo, que iba a usar para exportación, y pagaba una tasa arancelaria. Esta devolución era que esa tasa arancelaria, en tanto servía para un insumo para exportar, se devolvía. Pero después cuando el Perú liberalizó toda su economía, y firmó TLCs, virtualmente no hay tasas arancelarias, pero igual se devuelve. En ese sentido es un subsidio indirecto”, señala Sueiro. De 2007 a 2020, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha devuelto 677 millones de soles (231 millones de dólares) en drawback a empresas pesqueras.

Para Luis Icochea, director del Departamento de manejo pesquero y medioambiente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, hay sobrecostos, “más que subsidios”, para la gran pesca industrial. “En el ITP (Instituto Tecnológico de la Producción) les hacen pagar unas muestras carísimas para ver si hay contaminación por metales pesados –cuando sabemos que no los hay y cinco empresas de un mismo sitio, tienen que pagar cinco mil dólares por eso, para exportar. Suficiente que se haga una vez al año una evaluación a nivel de todo el país”, argumenta Icochea.

La presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, asegura que el sector pesquero necesita tener la certeza de que se eliminarán los sobrecostos que afectan la competitividad del sector. En respuesta a preguntas de Convoca.pe para este reportaje, el gremio pesquero envió un documento en el que señalaba que el derecho de pesca no es el único aporte que realiza la industria.

La Sociedad Nacional de Pesquería, que es el gremio que congrega a las empresas más poderosas del sector, señala que existen pagos adicionales al derecho de pesca como el pago por seguimiento satelital, el programa Control y Vigilancia, Aporte al Foncopes (Fondo de compensación para el ordenamiento pesquero) para la reinserción laboral, aporte extraordinario para el Fondo de Jubilación de los pescadores, y aporte complementario a la pensión individual de los pescadores.
 
El gremio empresarial señaló que el programa de Control y Vigilancia lo pagan las compañías íntegramente, como se sostiene en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE. El Estado realiza la selección de las empresas que supervisarán en los puertos pesqueros y las contratan, sin embargo, existe un gran conflicto de interés porque estas mismas compañías certifican la harina de pescado para la exportación a pedido de las empresas de la gran industria.

Captura del documento enviado por la Sociedad Nacional de Pesquería

“¿Por qué no le paga Produce a las empresas supervisoras del Programa de Control y Vigilancia de los recursos que ingresan al pliego como derechos de pesca?”, se pregunta Jesús Véliz. El especialista en derecho pesquero y exdirector de asesoría jurídica del Ministerio de la Producción mencionó que estas empresas pagan directamente a las supervisoras: “estos pagos por derecho de fiscalización son una tasa, que no se le pueden dar a un particular, se tiene que pagar a una entidad, que en este caso sería Produce, y Produce debería pagar esto. Pero no, acá se paga directamente. Está mal que el administrado pague por ser fiscalizado”.

Por otro lado, el experto de Oceana, Juan Carlos Sueiro, señala que la Sociedad Nacional de Pesquería debe manejar como aportes separados lo que paga por derechos de pesca y costos de operación de la actividad extractiva. “Son dos cosas diferentes. El que yo tenga un sistema de control, como es el de supervisión o el aporte del Foncopes, que ya se acabó, son temas laborales. No es [un pago] al Estado, para que con eso pueda regular e investigar en la pesquería, que es uno de los objetivos principales del pago por cuota de pesca”, explica Sueiro. En efecto, el Fondo de Compensación para el Ordenamiento pesquero (Foncodes) es una entidad privada que se encarga de administrar los recursos destinados a los programas de beneficios dirigidos a los trabajadores de la flota pesquera anchovetera.

Si comparamos lo que sucede en Perú y Chile respecto al aporte de la gran industria pesquera, basta ver las siguientes cifras: el aporte al Estado que señala la Sociedad Nacional de Pesquería en su memoria anual de 2019 es de 43 mil 612 dólares, mientras que según los datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile y Sernapesca, el gravamen al sector industrial pesquero en Chile en ese mismo año fue de más de 73 millones de dólares. 

Pero, además, el aporte de la industria pesquera de Chile, proviene de la captura de 3 millones 799 mil toneladas de pescado durante el 2019 versus las 4 millones 860 mil en Perú ese mismo año.

Ganancias millonarias

A pesar de los mencionados sobrecostos que argumenta el gremio industrial pesquero, a las compañías no les ha ido nada mal. Según la información de la Superintendencia del Mercado de Valores, Exalmar y Austral, dos de las empresas más grandes del sector, han tenido ganancias millonarias.

Luego de tener pérdidas en 2016, Exalmar empezó a elevar sus ganancias: 15 millones y medio de soles (4.75 millones de dólares) en 2017, 96 millones de soles (29.18 millones de dólares) en 2018, y, a pesar de tener ganancias menores en 2019 y 2020, el primer trimestre de este año ya reportaban 62 millones de soles (17.77 millones de dólares) en ganancias. 

Austral, por su parte, en 2018 presentó ganancias de 104 millones 400 mil soles (31.73 millones de dólares), aunque luego de ese provechoso año sus ganancias cayeron a 21 millones 700 mil soles (6.5 millones de dólares) en 2019 y 144 mil soles (41.3 mil dólares) en 2020.

La revisión del aporte por canon pesquero es un indicador para revisar cómo le ha ido a la industria pesquera debido a que este incluye el 50 por ciento del impuesto a la renta que aportan las empresas. Las compañías pasaron de aportar 17 millones de soles (5.09 millones de dólares) al canon pesquero, en 2019, a 107 millones 755 mil soles (30.88 millones de dólares) en 2020.

Los otros gremios

Y mientras existan beneficios para la pesca industrial, los gremios de pescadores artesanales se sienten tan desamparados como siempre.

“No pueden decir que hay equidad en el tratamiento de la pesca industrial con la artesanal. El industrial es prácticamente todo un esfuerzo de país que subsidia a un producto que en gran porcentaje va al exterior, a diferencia con el artesanal, que debería apoyarse, porque tiene que ver con la alimentación”, sostiene José Luis Bernuy, de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales de Perú (ANEPAP). Para una muestra: en 2019 se exportaron más de 1 millón de toneladas de harina de pescado mientras apenas 18 mil toneladas (1.8 por ciento de lo exportado) se vendieron dentro de Perú.

A pesar de esto, el consumo interno de productos pesqueros ha estado subiendo, aunque lentamente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática: de 778 mil toneladas en 2018 a 809 mil en 2019 de pescado enlatado, fresco, congelado y otros productos del mar.

“En el mar peruano, la mayor cantidad de recurso es la anchoveta, que está destinada para la harina de pescado, que se exporta, no se queda en el Perú. Gran parte se exporta para el mercado asiático, para cultivo de tilapia y otras especies”, declara Bernuy. De  2011 a 2019 se han exportado un promedio de 969 mil toneladas de harina de pescado por año (un 83 por ciento de esas toneladas fueron a Asia. 

Para el secretario del gremio de pescadores artesanales, el problema de la pesca artesanal es vital, en tanto tiene que ver con la salud alimentaria del Perú.

Junto al representante del ANEPAP, Alejandro Bravo de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), cuestiona que las autoridades hayan prometido créditos de bienes y servicios para los pescadores que estén 
inscritos en el padrón nacional oficial, es decir, para 12 mil pescadores en todo el país, cuando en realidad son más de 100 mil pescadores, asegura Bravo. 

Luis Palma, director general de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), aseguró a Convoca.pe que la institución entregó créditos para acceso a tecnología, radares, GPS, y por primera vez, a raíz de la pandemia, créditos monetarios. Señaló, además, que se suspendieron las cobranzas de estos créditos hasta abril de 2021. Sin embargo, para la mayoría de los pescadores, estos beneficios no han llegado.

Juan Carlos Sueiro señala que los subsidios a la pesca industrial no afectan directamente a la pesca artesanal. Oceana, organización al que pertenece Sueiro, señala que los subsidios sí contribuyen a la “sobreexplotación de los recursos pesqueros, y que se estiman en unos 20 billones de dólares anuales; cifra equivalente al 25% del valor total de las capturas mundiales”. Sueiro, además, cuestionó que se le subsidie el combustible a la pesca industrial y no al pescador artesanal.

Según Oceana, en 2018 la flota peruana bordeaba las 19 600 embarcaciones, 5.4 veces más grande que la flota en 1950. / Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

El panorama sigue siendo complejo: el estudio “Growing Into Poverty: Reconstructing Peruvian Small-Scale Fishing Effort Between 1950 and 2018”, realizado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica de Canadá y Oceana, señala que el  creciente esfuerzo pesquero es insostenible y antieconómico, porque existen pescadores artesanales que trabajan en completa precariedad ganando menos del salario mínimo.

Según Oceana, en las últimas décadas la pesca artesanal en el Perú, que abastece principalmente al mercado internacional, ha crecido significativamente: en 2018 la flota bordeaba las 19 mil 600 embarcaciones, 544% más de lo que registró en 1950 (3 mil 600 embarcaciones). Sin embargo, a pesar de que la flota pesquera artesanal se encuentra en ascenso, en la última década las ganancias de los pescadores artesanales se han reducido. Los pescadores se tienen que esforzar más para obtener los mismos niveles de pesca que obtenían años atrás: Juan Carlos Sueiro sostiene que esto se debe a que hay más gente pescando. “El acceso abierto lleva a sobrecapitalización”, añade.

Lo que se observa es una gran brecha de beneficios y ganancias. A esto se suma poca transparencia para acceder a información relevante y pública sobre lo que aporta la gran pesca industrial al país versus los millones de utilidades que obtiene por la extracción de los recursos naturales de uno de los mares más ricos del mundo.

Este reportaje se produjo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews