Los nombres de los 19 miembros del gabinete ministerial con el que arrancará la gestión del presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fueron confirmados luego de varios días de rumores. Un grupo importante viene de ocupar cargos gerenciales en compañías privadas y en consultoras que tienen entre sus clientes a influyentes gremios empresariales. En la lista destaca el caso de Cayetana Aljovín, confirmada ayer por la tarde como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y que se ha caracterizado por ir y venir del sector privado al sector público, y viceversa. Aljovín se presenta como “abogada con 20 años de experiencia” y no precisamente en promover políticas para “reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales” que es una de las funciones principales del ministerio que deberá encabezar. 

Aljovín aún aparece en su perfil de Linkedin como directora general de la consultora de comunicaciones Llorente & Cuenca. Sin embargo, ella dejó ese cargo y hoy es vicepresidenta ejecutiva de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Llorente & Cuenca tiene entre sus servicios más requeridos el de apagar incendios en la tribuna pública cuando las empresas están en aprietos. La consultora, por ejemplo, vio la cuenta de la Sociedad Nacional de Pesquería en momentos en que las compañías más influyentes del gremio enfrentaban acusaciones de sobrexplotación de la anchoveta, el principal recurso pesquero del Perú, y ejercían presiones mediáticas contra la exministra de la Producción, Gladys Triveño, que acusó a las compañías de impedir la reforma del sector (Ver entrevista “La ministra y los tiburones”). Estos hechos fueron ampliamente documentados por la periodista Milagros Salazar en la serie investigativa “Pesca negra” publicada en IDL-Reporteros.

La abogada Aljovín fue gerente de asuntos corporativos de la empresa Cálidda (Gas Natural de Lima y Callao) entre enero de 2011 y diciembre de 2012. Mientras trabajó para esta compañía se desempeñó en 2011 como presidenta del Comité de Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el principal gremio empresarial de las industrias extractivas. A inicios de 2009 ya había tenido un breve paso por Cálidda hasta que saltó al otro lado del mostrador: se convirtió en directora ejecutiva de la estatal Proinversión entre febrero y noviembre de 2009 durante el gobierno de Alan García. En el régimen aprista también fue viceministra de Comunicaciones, entre agosto de 2006 y setiembre de 2008. 

Cayetana Aljovín cuando era viceministra de Comunicaciones. Foto: Andina.

La trayectoria de Aljovín entre el sector público y privado es amplia y variada. En diversos momentos también ha sido conductora de Radio Programas del Perú, una experiencia que debe haberle servido para desenvolverse con holgura en medios de comunicación frente al manejo de crisis de los clientes de Llorente & Cuenca, entre los que no solo aparecen compañías privadas sino también la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú). Según el Sistema Electrónico de Contrataciones  del Estado (Seace), Llorente & Cuenca S.A. y Llorente & Cuenca Lima S.A.C. fueron contratadas por la compañía petrolera en cinco oportunidades por un valor total de 822 mil 549 soles, entre octubre de 2013 y junio de 2016, sin pasar por licitación pública. En otras tres ocasiones los servicios fueron para Proinversión por un valor de 94 mil 348 soles. A eso se suman tres contratos con el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud y Ministerio del Ambiente por 99 mil 975 soles. En total, la consultora tuvo once contrataciones con entidades del Estado por un millón 16 mil 874 soles en los últimos tres años, según los documentos publicados en Seace.

El primer contrato con Petroperú se remonta a fines de 2013, cuando Cayetana Aljovín trabajaba para Llorente & Cuenca, y encierra un caso de conflicto de interés.

Entre octubre de 2013 y abril de 2014, Llorente & Cuenca S.A. y Llorente & Cuenca Lima S.A.C. fueron contratadas por la empresa petrolera en tres oportunidades bajo la modalidad de adjudicación directa, es decir a dedo, por más de 327 mil soles (más de 117 mil dólares según el tipo de cambio de la época). (Ver “Para qué sirvió el Media Training” en IDL-Reporteros).

La primera contratación fue con Llorente & Cuenca S.A por 36 mil 900 soles como consta en los documentos de Seace. La misión de la consultora era hacer un media training para nueve funcionarios de dirección, incluido al entonces presidente Héctor Reyes Cruz, para “poner en agenda mediática” las ventajas de modernizar la refinería de Talara y también para “saber manejarse eficazmente ante un periodista”.

Aljovín no tuvo un papel secundario en este servicio. Ella fue la entrenadora para los objetivos ‘comunicacionales’ y transformar a ‘positivos los encuentros con los medios de comunicaciones’.

En noviembre de 2013 se dio la segunda contratación, esta vez con Llorente & Cuenca Lima S.A.C., para realizar otro media training y reuniones con periodistas para “posicionamiento estratégico de comunicaciones” y actores políticos claves en el caso de la refinería. Este servicio fue por 141 mil 600 soles y el trámite para la adjudicación directa duró apenas un día. 

Petroperú recurrió a la consultora en los días en que El Comercio se oponía desde sus editoriales a la modernización de Talara. Sin embargo sorpresivamente luego de contratar a Llorente & Cuenca, este diario cambió de postura y empezó a rescatar el proyecto de ley que declaraba de necesidad pública y de interés nacional, la ejecución de la modernización de la refinería. 

El giro editorial no pareció casual, todo lo contrario, estuvo marcado por un claro conflicto de interés: El 1 de octubre de 2013, poco antes del primer contrato a Llorente & Cuenca, asumió la dirección periodística de El Comercio, Fritz Du Bois, quien era esposo de Cayetana Aljovín, y estuvo en el cargo de este medio hasta su muerte en mayo de 2014. 

El último contrato de la consultora con Petroperú para posicionar la modernización de la refinería en los medios fue entre enero y abril de 2014. Pero no fue el último servicio que brindó Llorente & Cuenca a la petrolera estatal. 

Uno de los contratos más recientes con Petroperú, que se manejó con un valor referencial reservado según Seace, está vinculado con los derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Y aunque para este último servicio, Aljovín ya no era la directora general de la consultora, en esta historia se pone en evidencia el tipo de casos críticos que puede ayudar a defender en la opinión pública la empresa de comunicaciones para la que trabajó la nueva ministra. 

A mediados de junio de 2016, Llorente y Cuenca S.A. fue contratada para asesorar a Petroperú en mejorar su imagen luego de la ola de críticas en el país y el extranjero por los derrames del Oleoducto Norperuano en Loreto y Amazonas denunciados en la opinión pública desde inicios del año y que fueron ampliamente documentados por los mismos organismos reguladores. El problema no era reciente. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó por más de 10 millones de soles (más de 3 millones de dólares) a Petroperú, mediante la resolución directoral N° 878-2016-OEFA/DFSAI del 24 de junio del 2016, en la que concluyó que la empresa no cumplió con remediar las zonas impactadas con petróleo por el derrame de 600 barriles ocurrido en Cuninico, en Loreto, dos años antes. Pocos días antes de la sanción, la consultora fue contratada para la gestión de crisis y reputación de la compañía peruana. 

El 8 de junio, un día antes que Petroperú pidiera perdón a las comunidades nativas afectadas por los derrames, Llorente y Cuenca S.A. envió su “propuesta técnica – económica” para que les dieran el visto bueno y así pudiera iniciar la consultoría. Petroperú realizó la contratación directa en un solo día, y vía correo electrónico, el 13 de junio. Tres días después, el proceso fue publicado en el Seace.