Más presupuesto del gobierno no se evidencia en diagnóstico y tratamiento de afectados por metales pesados

Flavia Pacompía Yerba sabe que, durante varios años, ha consumido agua contaminada con arsénico, boro, hierro, manganeso y otros metales pesados, al igual que los cerca de 500 pobladores de la Comunidad Campesina de Uquisilla, en el distrito de Coata, en Puno. Desde que las pruebas de laboratorio evidenciaron que este recurso que obtenían de los pozos era dañino, las familias se abastecen a través de camiones cisternas que envían las autoridades de otras zonas de esta región de la sierra sur del Perú.

“El doctor dijo que no hay tratamiento, solo dejar de tomar el agua contaminada cuando tienes los metales”, dice Flavia Pacompía, quien culpa a la minería informal y a las personas que vierten aguas servidas y residuos sólidos por la contaminación del río Coata —que desemboca en el lago Titicaca— y de los pozos y manantiales.

Ante el conflicto social generado por las reiteradas protestas, bloqueos de vías y paros indefinidos de la población de Coata, Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla, Caracoto, entre otros distritos de las provincias de Puno y San Román, afectada por el agua contaminada, el gobierno del presidente Pedro Castillo dispuso incrementar este año el presupuesto para su atención médica. En este aumento se priorizó un mayor monto de dinero para estas zonas de Puno, además de otras ubicadas en cuatro regiones (Cusco, Junín, Pasco y Loreto), cuyos habitantes también sufren los graves efectos de la contaminación.

Este año, Puno ocupa el segundo lugar entre las cinco regiones con mayor asignación presupuestal para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados. De acuerdo con la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para dicho rubro en el Gobierno Regional de Puno es de S/ 1 533 203. Al 15 de junio, solo ha ejecutado el 38% de dicho monto, es decir, apenas S/ 575 493.

Sin embargo, según informó a Convoca.pe el director regional de Salud de Puno, Juan Mendoza Velásquez, este año, en realidad, solo cuentan con un presupuesto de 235 mil 124 soles, que debe ser distribuido entre seis de sus 13 unidades ejecutoras a cargo de la Estrategia de Metales Pesados. Además, señaló que la mayor parte se destina al pago del personal y de servicios, entre los cuales figuran las pruebas de laboratorio para las personas en riesgo por los metales pesados. 

Para pobladores como Flavia Pacompía, un mayor o menor presupuesto para este rubro aún no se ha visto reflejado en la toma de pruebas de laboratorio que confirmen o descarten que su organismo tiene metales pesados, tras los anpálisis que confirmaron que el agua que consumían está contaminada. Y si no hay diagnóstico, tampoco hay tratamiento médico. “El tamizaje que se ha hecho solo ha sido en distritos. Pedimos que vengan a las comunidades más alejadas, que estamos afectadas y contaminadas”, reclama. 

Pobladores de la provincia de Espinar, en Cusco, exigen presupuesto para atender a la población afectada por la contaminación del agua que genera la Compañía Minera Antapaccay. Foto: IDL

Juicios ganados, burocracia lenta

Cusco lidera la lista de regiones con más dinero asignado para atender la problemática de los metales pesados entre la población, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 2 505 898, destinado sólo a la provincia de Espinar, donde opera la Compañía Minera Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. Sin embargo, en el sexto mes del año, el Gobierno Regional de Cusco sólo ha ejecutado el 3% del monto total, según el Seguimiento de la Ejecución presupuestal que figura en el portal público del MEF, al 15 de junio de este año.

En otras palabras, la región que debe recibir el mayor presupuesto para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados tiene el menor porcentaje de ejecución de gastos. Y esto es debido a un desacuerdo entre los representantes del Gobierno Regional del Cusco y de la población de Espinar. 

La controversia gira en torno a cómo ejecutar una sentencia del Poder Judicial, que ordena brindar atención especializada a las personas en riesgo por la contaminación que ha producido la actividad minera —que se realiza en la provincia desde hace más de 40 años— y hacer una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria, que incluya el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Cusco ofrece cumplir el fallo judicial, confirmado por la Sala Mixta de Canchis en diciembre del 2020, con un plan de acción para la atención médica de la población de Espinar. Sin embargo, la comunidad campesina Huisa y las tres organizaciones sociales que interpusieron, en mayo del 2015, la demanda contra el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado cuestionan que dicho plan no refleja lo que dice la sentencia ni las necesidades de las personas afectadas por el consumo de agua contaminada con arsénico, mercurio, plomo, cadmio, entre otros.

“Es un plan de salud elaborado en el 2020, a exigencia de la provincia de Espinar, por el tema de contaminación, de salud, por las huelgas que hubo. No es un plan que fue ordenado por la jueza para personas con metales tóxicos”, explica a este medio Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a los denunciantes.

Pobladores de Espinar obtuvieron fallo a su favor en denuncia interpuesta contra el Estado peruano, sin embargo la sentencia aún no se ejecuta. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras

Trece comunidades campesinas de Espinar, con aproximadamente 20 mil habitantes, que están en los alrededores de los centros mineros, son consideradas población de riesgo por la Gerencia Regional de Salud del Cusco. “Sin embargo, la demanda de ellos es que la población total estaría en riesgo. La provincia de Espinar tiene una población de 54 mil personas. No se puede atender a todos”, explica a este medio digital el gerente regional de Salud del Cusco, César Ramírez.

“El Ministerio de Salud, conjuntamente con la Geresa Cusco, están en la obligación de identificar a las personas expuestas y contaminadas con metales tóxicos para, luego, realizar una atención debida, pertinente y especializada”, responde la abogada del IDL, Maritza Quispe. Precisa que, tras la sentencia, solo se han realizado 1 621 dosajes entre las personas de Espinar y ellas aún no han sido atendidas, tal como lo evidencia el informe de Amnistía Internacional “Estado de Salud Fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar”, publicado en mayo del 2021.

Mientras los representantes del sector salud, de las organizaciones sociales y del municipio provincial se ponen de acuerdo en las mesas de diálogo y el Juzgado Mixto de Espinar aún no se pronuncia tras una audiencia de ejecución de sentencia realizada el año pasado, la población afectada en Espinar aún espera un diagnóstico con exámenes de laboratorio y tratamiento médico.

Pobladores de la Comunidad Nativa de Cuninico, en Loreto, se reúnen con autoridades de salud para ejecución de sentencia judicial que ordena brindarles atención en salud tras afectación por derrame de petróleo. Foto: Geresa Loreto

En Loreto, las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa también han ganado una demanda judicial contra el Estado. Este año, tienen S/ 398 974 de presupuesto asignado para el diagnóstico y atención de personas afectadas por el derrame de 2 500 barriles petróleo ocurrido en el 2014 en la quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia de Loreto. La responsabilidad fue atribuida a la empresa estatal Petroperú. 

A pesar de que las autoridades de salud de Loreto han ejecutado el 40% del presupuesto, es decir, S/ 158 859, según la data del MEF, la población de estas comunidades considera que no están cumpliendo el fallo que dispone brindarles atención de salud y garantizar la calidad del agua para consumo humano.

“Hemos ganado la demanda. No están cumpliendo”, afirma el apu de la comunidad kukama San Francisco, Julio Arirua, quien relata que personal del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), del Instituto Nacional de Salud (INS), ha realizado en diciembre último exámenes de sangre y orina a los pobladores de las comunidades nativas locales para ver si tienen metales pesados en su organismo. Pero no han analizado el pelo porque “dicen que el gobierno regional no les da el presupuesto”, según Arirua.

En la última reunión que los dirigentes de las comunidades tuvieron con personal de la Dirección Regional de Salud de Loreto, les dijeron que “hay como 30 afectados”, según los resultados de los análisis de laboratorio. El resto no supera los valores normales de metales en su organismo. Sin embargo, los comuneros no creen esto y piden el examen de pelo porque consideran que este es más preciso y eficaz que las pruebas de sangre y orina.

“No sabemos más. No sabemos cuánto de metales puede ser permitido en el cuerpo de cada persona. La mayoría tiene plomo y mercurio en su cuerpo, niños y adultos. Eso ha salido en las cuatro comunidades”, dice Arirua a Convoca.pe. Además, advierte que varios comuneros aún tienen heridas y ronchas en la piel, tras ocho años del derrame de petróleo.

En el 2014, derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, en Loreto, afectó a la población de cinco comunidades de la etnia kukama. Foto: Alex Kornhuber/Servindi

Para Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor legal de la Comunidad Nativa de Cuninico, son varias las batallas que han ganado tras el derrame de petróleo: por atención en salud, garantías de no repetición del daño y obligación de Petroperú de dar mantenimiento al Oleoducto Nor Peruano, motivo de la fuga, y pagar por el derecho de servidumbre a las comunidades por donde pasan los ductos con combustible. 

La sentencia de segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, emitida en el 24 de enero del 2018, para que el Estado diseñe y aplique una estrategia de salud pública de emergencia, se encuentra en etapa de ejecución, desde hace más de cuatro años.

Pasco y Junín son las otras dos regiones priorizadas con la asignación de presupuesto este año. Según la data del MEF, Pasco tiene hasta el momento un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 284 386 y ha ejecutado el 44%, equivalente a S/ 125 856. En tanto, la provincia de La Oroya, en Junín, cuenta con S/ 398 974 y ha ejecutado el 40%, es decir, S/ 158 859.

A pesar de estas asignaciones presupuestarias, la situación en estas zonas de Pasco y Junín es similar a la de Coata (Puno), Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco). A los pobladores afectados por metales pesados no los beneficia que las autoridades de salud dispongan de más dinero, si no les brindan atención.

Emanación de gases del Complejo Metalúrgico de La Oroya, a cargo de la empresa Doe Run Perú, ha afectado durante varios años a los pobladores de este distrito de la provincia de Yauli, en Junín. Foto: Andina

Desde hace casi un siglo, la población de La Oroya, en Junín, ha venido siendo contaminada por plomo, arsénico, cadmio, dióxido de azufre y otros metales y desde hace más de 20 años ha venido reclamando el diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas, recuerda la defensora ambiental Liliana Carhuaz, del Movimiento por la Salud de La Oroya. Carhuaz fue una de las primeras residentes de esta ciudad que denunció al Estado peruano ante el Poder Judicial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no velar por la salud de las personas afectadas con la contaminación que generaba la minera Doe Run Perú, actualmente en liquidación.

Aunque Carhuaz destaca que los establecimientos de salud aplican una estrategia para el tratamiento de metales pesados, advierte que no tienen un presupuesto adecuado para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades provocadas por la contaminación que provoca la actividad minera. “Tienen un presupuesto que, en los últimos años, por el tema de la pandemia han destinado al área de Covid-19. Del 2020 al 2022 no ha habido tratamiento ni dosaje”, asegura a Convoca.pe.

En los últimos tres años, el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados en La Oroya, en Junín, se ha reducido notoriamente. En el 2019, se le asignó S/ 1 582 694. Pero en el 2020 recibió S/ 693 411 y en el 2021 el monto anual pericibido bajó aún más, a S/ 447 008. Ahora, en el 2022, la suma presupuestada llega apenas a S/ 398 974, según la información que figura en el MEF al 15 de junio de este año, a pesar de que en la actual Ley de Presupuesto 2022 figura entre las cinco regiones priorizadas para la asignación presupuestal. 

Cuatro años después

En el 2019, Convoca.pe evidenció la distribución ineficaz de los fondos públicos para atender a los pobladores expuestos a metales pesados, como parte de la serie investigativa Expediente Tóxico. Tres años después, un análisis de la base de datos elaborada por este medio, con información del Ministerio de Economía y Finanzas, revela que el presupuesto para la atención en salud de este sector de la ciudadanía se ha incrementado solamente en algunas regiones y que aún no llega adecuadamente a toda la población afectada.

Como respuesta a los conflictos sociales y a las demandas judiciales, este año, el gobierno del presidente Pedro Castillo asignó un presupuesto de hasta S/ 10 682 505 al Ministerio de Salud y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales de todo el país, para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.
 
A las cinco regiones priorizadas de Cusco, Puno, Junín, Loreto y Pasco, debido a la contaminación de sus territorios y población, el MEF les asignó un total de S/ 2 182 186,00 en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que, con modificaciones presupuestarias internas en cada región, fue ampliado hasta S/ 5 036 240, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Para el MEF, estas cinco regiones cuentan con recursos suficientes para financiar la atención de las personas afectadas por la contaminación con metales pesados, pero alega que el problema es que hay un bajo nivel de ejecución del presupuesto a nivel regional. Como prueba de ello, dicha entidad informó a Convoca.pe que los cinco gobiernos regionales tienen un avance de ejecución de S/ 1 144 112, lo que representa 23% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 5 036 240. 

“No se requiere ningún proceso adicional para su desembolso; es decir, estos recursos están disponibles en el presupuesto de cada gobierno regional, y por tanto, corresponde al titular de la entidad, en este caso, el gobernador regional, en el marco de sus competencias y prioridades, determinar las acciones necesarias para la ejecución del gasto orientado a la atención de las personas afectadas (...), en el momento que considere conveniente”, precisó el MEF a este medio digital.

Sin embargo, para utilizar dichos recursos presupuestados, los gobiernos regionales deben “seguir el ciclo del gasto público registrando cada etapa en el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)", según explica el MEF. Esto consiste en iniciar el proceso de contratación del bien o servicio que requieren, firmar los compromisos y registrar el monto que se espera ejecutar en el SIAF, recibir el bien o servicio adquirido y otorgar su conformidad. Y luego, devengar, girar y pagar a su proveedor.

La Ley de Presupuesto 2022 también autoriza al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, es decir, dentro de cada institución, con el fin de habilitar recursos para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados hasta por S/ 30 millones, dando prioridad a Cusco, Puno, Loreto, Pasco y Junín. Esto depende de la voluntad política de sus gobernadores. 

“Esta autorización permite que los GORES (Gobiernos regionales) puedan evaluar su presupuesto institucional, identificar saldos disponibles y realicen modificaciones presupuestarias internas, en cualquier momento, para ampliar su presupuesto y así poder atender la problemática señalada, sin necesidad de solicitar recursos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó el MEF a Convoca.pe.

Las muestras de orina tomadas a pobladores expuestos a metales pesados, en Puno, deben ser enviadas a laboratorios en Lima. Foto: Diresa Puno

Según el MEF, estos cinco gobiernos regionales “cuentan con importantes recursos de su presupuesto institucional a nivel de actividades sin certificar, con los cuales podrían efectuar modificaciones presupuestarias internas para ampliar el presupuesto para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.

En conclusión, esos S/ 30 millones adicionales para la atención de las personas afectadas por metales pesados deben salir de los mismos gobiernos regionales, que tendrían que quitarle presupuesto a otros rubros. Por ello, las modificaciones para ampliar el presupuesto para este sector de la población no son contundentes.

El mayor incremento presupuestal para este año corresponde al gobierno regional de Cusco, que pasó de S/ 171 622  a S/ 2 505 898, pues debe cumplir el fallo judicial ya mencionado.

Además, la Ley de Presupuesto 2022 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice modificaciones presupuestarias, a nivel institucional, hasta por S/ 10 millones, en favor de los gobiernos regionales, aparte de los S/ 10 millones del presupuesto inicial. Es decir, puede destinar dinero de la Reserva de Contingencia, que está dentro de su presupuesto del MEF. Esta ampliación del presupuesto debe ser refrendada por el ministro de Economía y Finanzas y el de Salud, a solicitud de este último. 

“Al respecto, a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de transferencia de recursos para financiar las acciones para la atención de las personas afectadas por la contaminación por metales pesados”, precisó el MEF a este medio digital.

Para el director regional de salud de Puno, Juan Mendoza Velásquez, la situación es más complicada de lo que parece. Aclara que, a pesar de que hay un “bolsón de dinero”, no se puede usar. “Cuando hacemos el requerimiento [al MEF], no hay posibilidades de hacer uso porque las exigencias son muy engorrosas”, justifica.

Aunque varias localidades de la cuenca del río Coata han sido declaradas más de diez veces en estado de emergencia por el Poder Ejecutivo —la última en septiembre del 2021—, Mendoza reconoce que la intervención y el resultado es mínimo, porque deben usar su propio presupuesto y tienen una brecha negativa de recursos humanos y otros problemas. “Solo tenemos una asignación presupuestal como región, pero que es distribuida a todas las redes. El 80% a 85% es para recursos humanos y el resto, para las actividades, y las cantidades son ínfimas”, precisa.

Durante años, los pobladores de las comunidades de la cuenca del río Coata, en Puno, han consumido el agua de los pozos, contaminada con metales pesados. Foto: Samuel Vilca
 

Aumento para algunas regiones

En los últimos cuatro años, el presupuesto total para el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos regionales ha variado. En comparación con los S/ 12 477 884 asignados en el 2019, el presupuesto del 2020 se redujo a S/ 10 761241, en el 2021 se incrementó a S/ 13 157 382 y, este 2022, el Presupuesto Institucional de Apertura se redujo a S/ 10 312 260.

Con respecto al año anterior, este 2022 se ha incrementado la asignación presupuestal en seis regiones: Cusco, Puno, Ayacucho, Huánuco, La Libertad y Moquegua. A pesar de que, según el presupuesto aprobado para este año, deben darle prioridad a Pasco, Loreto y Junín, el presupuesto de estas regiones ha sido reducido notoriamente este año.

Además de Pasco, Loreto y Junín, en otras 15 regiones, el presupuesto para este rubro se ha reducido de manera significativa: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali. La única región que no ha tenido una asignación presupuestal para personas afectadas por esta problemática, en los últimos diez años, es San Martín.

Durante la pandemia del Covid-19, en los años 2020 y 2021, destacan los incrementos de presupuesto, con respecto al 2019, en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y Tumbes. Para este año, ha seguido aumentando la asignación para Ayacucho, Tumbes y La Libertad.

Convoca.pe solicitó una versión del Ministerio de Salud, hoy bajo el mando de Jorge López Peña, sobre los problemas de ejecución del presupuesto y de la estrategia sectorial. Al cierre de este reportaje, no hubo una respuesta, a pesar de que la oficina de prensa se comprometió a darla hace más de dos semanas.

Como exasesor del Ministerio de Salud, durante la gestión del ministro Hernando Cevallos, en el 2021, el toxicólogo Fernando Osores opina que el presupuesto no es lo único que se debe modificar. Advierte que no hay un equipo técnico en el gobierno que sostenga una política pública adecuada para tratar un problema de salud pública que afecta a un cuarto de la población del Perú, aproximadamente, de acuerdo con sus estimaciones.

“No accionan. Lo único que hacen es ir, tomar unas muestras y dicen que los van a atender. Dicen que se ha encontrado que algunas personas tienen metales pesados y que se les va a seguir. El seguimiento no está dirigido al problema que motivó la acción: la exposición y posible afectación a la salud por metales pesados. Las personas quedan desamparadas y ellos dan la imagen de que sí han producido el servicio”, explica Osores al referirse a las acciones del sector Salud.

El Ministerio de Salud tiene pendiente la reglamentación de la Ley N° 31189, Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. A fines de mayo, publicó el proyecto de reglamento y dio 15 días para recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones. La aprobación de dicho reglamento será un gran avance en el tratamiento de esta problemática, según señalan los representantes de las personas afectadas.

Más de 10 millones de personas en el Perú están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, lo que equivale al 31.15 % de la población. Más del 80% de esa población en riesgo está conformada por niños y niñas de entre 0 y 11 años, según las estimaciones del Ministerio de Salud publicadas en un informe especial de octubre del 2020.

El toxicólogo Fernando Osores advierte que, al no brindarle atención médica oportuna a este gran sector de ciudadanos, el Estado los está sentenciando a que, dentro de cinco a diez años, desarrollen alteraciones patológicas, como el deterioro cognitivo y de la capacidad de socialización, mayor agresividad, pérdida del coeficiente intelectual, que no se puedan adaptar a un sistema altamente competitivo de productividad y que padezcan enfermedades renales, cardiacas, cáncer, entre otras dolencias.

Flavia Pacompía y más de 10 millones de peruanos expuestos a la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas siguen esperando que las autoridades de salud cumplan con hacerles un diagnóstico y brindarles atención médica. A pesar de las protestas y los fallos judiciales, la asignación del presupuesto para este rubro continúa siendo insuficiente y no llega a la población que lo requiere. 

* Este reportaje se realizó con la colaboración de los periodistas Samuel Vilca Vilca, en Puno, y Jimmy Leonardo Martínez, en Lima.