El último 14 y 15 de marzo se desarrolló el primer Congreso de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, que contó con la participación de la expremier Mirtha Vásquez. El presidente de la organización, Félix Suasaca, advierte que en la reunión los representantes de las delegaciones de más de 14 regiones contaminadas aseguraron que el presupuesto para el tratamiento médico no se ha ejecutado en sus comunidades. 

"Las Direcciones Regionales de Salud (Diresas) no han hecho sus planes de acción en cada una de las regiones acerca de cómo se va a intervenir con ese presupuesto. En Puno no hay nada todavía. Solamente indican, [los dirigentes] en las otras regiones, que los médicos van a visitar y a recetarles paracetamol. Prácticamente, a los hermanos y hermanas los están engañando", asegura Suasaca.

El secretario general de la Plataforma de Afectados también advierte que al evento no acudió ningún titular de los ministerios involucrados en el Plan Multisectorial. También asegura que la Plataforma ha solicitado una reunión multisectorial, encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros y las carteras de Salud, Agricultura, Energía y Minas, entre otras, pero que hasta ahora el Ejecutivo no convoca por escrito la cita para el encuentro.

La expremier Mirtha Vásquez participó en el primer Congreso de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados los días 14 y 15 de marzo de 2022. Foto: CooperAcción. 

Para este informe, Convoca.pe intentó contactarse con funcionarios de las Diresas de las cinco regiones priorizadas por la Ley de Presupuesto 2022 (Loreto, Puno, Cusco, Pasco y Junín), pero en ninguno de los gobiernos regionales atendieron nuestros pedidos de entrevista.

Consecuencias del desconocimiento

El 9 de mayo se dio a conocer que Perú fue excluido de manera temporal de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por su sigla en inglés), una alianza internacional de más de 50 países, debido a que el Ministerio de Energía y Minas no presentó el informe periódico sobre las actividades de las industrias del sector. La iniciativa tiene como propósito transparentar la distribución de los pagos que recibe el gobierno de turno por parte de las empresas mineras y los compromisos socioambientales vigentes.

El documento debió ser presentado en diciembre último, pero luego de una solicitud del Ministerio de Energía y Minas se aprobó una prórroga para marzo de 2022, plazo que también incumplió. La institución anunció que recién en junio se adjudicaría la buena pro para que una firma auditora lo elabore. Ahora, el referido informe podrá ser entregado hasta setiembre próximo y deberá incluir datos como los planes de cierre de las operaciones y la reparación de los pasivos ambientales.

En un reporte de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales se detectó que en 2019, en el Perú, existían más de 12 mil pasivos ambientales —3.457 del sector Hidrocarburos y 8.794 de Minería—, residuos producidos por operaciones extractivas abandonadas que constituyen un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente. 

Un año después, según el Inventario de Pasivos Mineros del Ministerio de Energía y Minas se detectó oficialmente un número menor: 7.956 pasivos, de los cuales 52 de alto riesgo se encontraban en Cerro de Pasco, región con alta actividad minera.

La situación de Perú en EITI puede ser revertida si se cumple con publicar el Octavo Informe Nacional de Transparencia hasta antes del 30 de setiembre de 2022. Foto: ONG DAR.

Existen distintas organizaciones que han contribuido con la investigación ambiental y de salud sobre este tipo de contaminación. De hecho, ya se han demostrado los efectos nocivos de las sustancias tóxicas en el desarrollo intelectual de los niños, secuelas que cargan para toda la vida.

La organización italiana Source Internacional realizó en 2021 un estudio epidemiológico en Cerro de Pasco a 81 menores de 6 a 16 años expuestos a metales pesados como el arsénico, el plomo y el cadmio de los centros poblados de Paragsha y José Carlos Mariátegui, del distrito Simón Bolívar. Los niños fueron comparados con otro grupo de control de 17 infantes no expuestos a la polución, de la localidad cercana de Carhuamayo.
 
Solo en Paragsha se demostró que el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) de los niños analizados fue de 82,5 puntos, cifra 12,3 puntos menor que el puntaje del grupo de control, que obtuvo una media de 94,8.

Población expuesta en Cerro de Pasco. Foto: ONG Italiana Source Internacional.

“Hay toxicidades monometálicas y polimetálicas. Las toxicidades son monometálicas cuando, por ejemplo, yo soy un trabajador de una empresa de baterías. Si la batería necesita plomo, ahí el trabajador está casi exclusivamente expuesto al plomo. Por lo tanto, tengo que limitarme a la toxicidad por plomo. Pero, cuando son polimetálicas el valor tóxico se potencia, porque hay otro elemento que puede conllevar a aumentar la toxicidad de un primer momento o aumentar la toxicidad de ambos”, explica a Convoca.pe el médico Ricardo Puell Calderón, especialista en toxicología.

Puell sostiene que las personas expuestas a las actividades mineras de tajos abiertos, como la población de Cerro de Pasco y La Oroya, en Junín, tienen mayor probabilidad de tener más de un metal tóxico en el organismo. Como esto implica que puedan presentar más complicaciones en su salud, el especialista advierte que estas personas deberían ser reubicadas.

“Los metales más comunes que intoxican al cuerpo humano son el arsénico, el mercurio y el plomo. El arsénico tiene mucha afinidad por los tejidos epiteliales, llamados así por cubrir el 70% de las superficies de los órganos, incluida la piel, las uñas y el cabello. El arsénico al pegarse a estos puede causar problemas en el sistema nervioso y de maneras diferentes, así como alteraciones neuropsicológicas y distintos tipos de cáncer", señala.

La Oroya, en Junín, es una de las zonas más contaminadas por la actividad minera en el país. Foto: Actualidad Ambiental.

Por otro lado, Puell indica que el cadmio también es peligroso, ya que además de afectar el sistema nervioso ataca directamente al hígado. De hecho, en el caso de los niños menores de ocho años, los metales tóxicos pueden producir daños tan graves en su desarrollo como para dificultar su capacidad de terminar el nivel de educación secundaria, afirma.

Sin interés

Uno de los problemas que preocupa de manera recurrente a los miembros de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados es el desconocimiento de las autoridades sobre el tema.

El 24 de abril los representantes de la Plataforma, incluido su presidente Félix Suasaca, se reunieron con el gabinete de asesores del viceministerio de Gobernanza Territorial, actualmente a cargo de Jesús Oswaldo Quispe Arones, para dialogar sobre los avances de la implementación del ya mencionado Plan Especial Multisectorial.

Suasaca asegura que el grupo de funcionarios desconocían la existencia del Plan, un dato alarmante para las comunidades, pues una de las funciones de esta entidad de gobernanza es promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, la economía y su entorno socio ambiental.  

“Ellos recién estaban enterándose de que ese decreto existía. Incluso ellos han propuesto [tomarse] un mes para revisarlo”, indica Suasaca.

Un día después del encuentro, el 25 de abril, se entabló un segundo diálogo con el Ejecutivo, pero esta vez con el titular del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. La demanda fue agilizar la reunión multisectorial con la Presidencia de Consejo de Ministros, a fin de mantener informado al grupo de afectados sobre los avances de la implementación del plan. Hasta ahora no se ha coordinado ninguna fecha con este fin, declara Suasaca.

El lunes 25 de abril, el comité directivo de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas se reunieron con el ministro de Agricultura Óscar Zea. Foto: CooperAcción

Por su lado, Puell lamenta la falta de interés en el país y la puesta en valor de los intereses económicos sobre la salud de los afectados. Los muestreos a la población no deberían ser una tarea difícil. “Los equipos para hacer muestras [para dosaje de metales pesados] son del tamaño de una mesa, se pueden llevar a las regiones, pero la verdad es que no hay interés de hacerlo”, comenta.

Por su lado, Fernando Osores, especialista en toxicología ambiental y exasesor del Ministerio de Salud durante la gestión de Hernando Cevallos, periodo en el cual se aprobó el Plan Especial Multisectorial, señala a Convoca.pe que la clave para ejecutar más rápido el plan radica en incluirlo en la Ley 31189, la cual prioriza la creación de un registro de contaminación por región. 

Fernando Osores es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Foto: Red Muqui.

“Como experto en el tema, [considero que] el plan debe introducirse dentro de un reglamento, dirigido hacia una ley que sea jerárquicamente superior a un decreto supremo. Si un tercio de la población del país se encuentra en riesgo de exposición [a metales pesados] es increíble que hasta ahora nadie haya hecho nada”, advierte Osores.

Osores también menciona que es importante incluir en el plan un sistema de recursos humanos que permita capacitar al personal médico sobre el tema, de manera que puedan tener un mayor acercamiento a los protocolos e instrumentos técnicos para la atención de los afectados. Esto no está contemplado en el Plan Multisectorial, alerta el exfuncionario.

"Por nuestros propios medios"

Las complicaciones para que el personal de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), de los Gobiernos Regionales, se acerquen a las zonas afectadas es otro de los problemas identificados por la Plataforma de Afectados.

Por ejemplo, el caso de contaminación de la Cuenca del Coata, en Puno, comenzó en 2006, cuando se tiñeron de rojo las aguas del río Torococha, afluente que cruza con el Lago Titicaca. Suasaca advierte que esto ocurrió como consecuencia de los vertimientos de toneladas de residuos sólidos y aguas residuales por parte de la empresa pública de saneamiento Seda Juliaca y de operaciones mineras abandonadas en las cabeceras de las cuencas.

La principal es la unidad minera Arasi, operada por la empresa Aruntani SAC, que paralizó sus actividades y tuvo cierre definitivo en julio de 2019, mediante una medida cautelar interpuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). En este lugar, actualmente las comunidades campesinas exigen a la empresa extractiva la reparación del río Jatun Ayllu, principal fuente de agua para sus actividades de agricultura y ganadería.

Lago Titicaca. Foto: Félix Suasaca.

De acuerdo con la información compilada por nuestra plataforma Convoca Deep Data, Aruntani registra un total de 59 infracciones ambientales entre 2011 y 2019. Solo en Puno se cometieron 25 infracciones en el distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, según los registros del Oefa.

Contaminación de la cuenca Jatun Ayllu y Llallimayo, Puno. Foto: Grufides.

Lo mismo sucede en el caso de la Cuenca del Coata, donde peces como el pejerrey y la trucha desaparecieron por completo y el ganado ahora está desnutrido, según informa Suasaca, quien representa a las comunidades de Coata, Huata, Capachica, Caracoto, Paucarcolla y Chilla, distritos colindantes al afluente.

El dirigente dice que recién en 2018 los trabajadores de salud de la Diresa de Puno se acercaron a la zona afectada. Pero no lo hicieron de buenas a primeras.

El dirigente revela a Convoca.pe que previamente las familias afectadas tuvieron que pedir apoyo a la ONG Codenet para financiar 1.120 análisis en agua y suelos de agricultura, y con ello demostrar la contaminación existente a la Diresa de Puno para que esta procediera a actuar.

Así, en octubre de 2020, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de dicha Diresa detectó altos niveles de arsénico (0,43 mg/L), manganeso (5,85 mg/L), hierro (13,4 mg/L) y boro (1,66 mg/L) en más de seis pozos de agua de consumo humano, en tres distritos de la provincia de Puno (Juliaca, Caracoto y Huata).

Los valores de las concentraciones de metales tóxicos excedieron los parámetros del Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano. Resultados presentados en diciembre de 2020. Informe: Diresa Puno.

Sobre ello, el Dirección Regional de Salud de Puno solo recomendó, en el mismo informe, continuar con el abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas, hasta que los gobiernos locales y el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pudieran solucionar el problema que afecta el derecho fundamente de los residentes a este servicio.

Informe: DIRESA PUNO. 

Ante la situación, Félix Suasaca interpuso una denuncia penal en febrero de 2019 contra el Gobierno Regional de Puno y el Gobierno Central por atentar contra la salud de las comunidades de la Cuenca del Coata. Pese a ello, su reclamo permanece en la Fiscalía Especializada de Materia Ambiental (FEMA) de Puno, afirma, sin que a la fecha se haya desarrollado mayor avance para sancionar a los responsables.

Denuncia penal interpuesta por Félix Suasaca, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata y Lago Titicaca, en febrero de 2019 por los delitos de contaminación y mal manejo de residuos sólidos. Foto: Félix Suasaca.

Después de la denuncia, en menos de 15 días, representantes de la Diresa de Puno, del Ministerio de Salud, de la Autoridad Nacional de Agua y del Oefa se acercaron a la zona afectada y confirmaron que el 79,9% de los 279 participantes que se sometieron a pruebas de laboratorio presentó arsénico en la sangre. 

Los análisis y tamizajes de la Diresa se realizaron a niños, niñas, madres gestantes, adultos mayores y población en general en enero de 2021.

“Aquí, en Puno, hemos demostrado por nuestros propios medios que todas las aguas están contaminadas y, por tanto, hemos obligado al Estado peruano a que hagan el tamizaje. En el resto de regiones cada quien ha buscado su forma de demostrar sus análisis al gobierno”, relata el representante de los afectados.

En la denuncia también se detalló que los informe técnicos ambientales de la calidad de agua y suelos, realizados por la ONG Codenet, se presentaron como evidencia para emprender acciones de denuncia pública.

Los impactos silenciosos 

Otra de las preocupaciones de las familias rurales afectadas por metales pesados son las consecuencias directas de la contaminación en las cuencas ganaderas. En el caso de las comunidades de la Cuenca del Coata, estas sustancias han perjudicado su economía en cuanto a la producción de leche, carne y queso para su distribución en los mercados locales y nacionales. 

El mes pasado, el ministro de Agricultura, Óscar Zea, relanzó el proyecto de inversión para el mejoramiento tecnológico del ganado vacuno lechero en la zona que busca beneficiar a más de 6 mil productores en los distritos puneños de Huata, Coata, Paucarcolla, Capachica y Caracoto. 

“Nosotros hemos expresado al Estado que tienen que reponer los alimentos del ganado vacuno de la zona donde vivimos, al ver que nuestras aguas han sido contaminadas. Los animales consumen esa agua diariamente y se mueren. Por eso, estamos exigiendo que se nos habilite otro cobertizo, en el marco del plan de acción en temas de reparación y mitigación”, indica Suasaca. 

“Se nos tiene que reubicar en otras zonas de agricultura, porque en base a eso ganamos [el sustento diario]”, apunta.

Ministro de Agricultura, Óscar Zea. Foto: Andina.

El director del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Raúl Loayza Muro, confirma a Convoca.pe que algunos de los impactos silenciosos de los metales pesados también podrían presentarse de manera natural en las cuencas ganaderas. 

“Una de las fuentes más importantes de metales pesados en el Perú, y que es pasada por alto, es el drenaje ácido de rocas. Tenemos formaciones geológicas que, a través de una serie de procesos naturales, producen una cantidad de ácido que muchas veces se equipara a las que producen las actividades mineras. Es un enemigo silencioso”, asegura.

Según Loayza, esta afectación natural, sin ningún tipo de intervención humana, promueve la movilización de metales que pueden ser altamente tóxicos como el arsénico, el hierro, el aluminio y el manganeso. 
 

La ganadería también se ve afectada por la presencia de metales pesados. Foto: SPDA Actualidad Ambiental

“Los metales afectan no solamente la calidad de las aguas, de los suelos, sino que impactan en las cadenas de valor, constituyen un riesgo para la salud humana, la economía y la sostenibilidad a pequeña y gran escala”, dice Loayza.

El especialista afirma que todo depende de la evaluación de los niveles de metales pesados en aguas y suelos, de su origen y formas de distribución. Ese es el primer paso para idear planes de remediación adecuados que logren disminuir al máximo el transporte de los metales y la acidez. Una de las técnicas es aislar las fuentes de contaminación, ya que el impedimento de su contacto con el medio ambiente puede ayudar a controlar la liberación de estos metales hacia las lagunas, ríos aledaños, siembras, entre otros ecosistemas.

Ese es otro tema que también requiere la atención de las autoridades. Pero mientras los nuevos funcionarios aún no terminan de enterarse de los datos generales de esta problemática, los peruanos que sufren directamante la contaminación en sus cuerpos seguirán reclamando, como lo han hecho antes, para superar cualquier nuevo obstáculo que aparezca, aunque provenga de su propio Estado.