El descontento social en el Perú ha cobrado más fuerza incluso luego de la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como presidente de la República. “Estamos cansados de las autoridades y sus pactos de impunidad”, señala Milagros Samillán, hermana de Marco Antonio, el médico puneño que murió en las protestas de inicios de 2023 por la represión policial. “Jerí es la nueva marioneta del Congreso”, señalan los ciudadanos en las redes sociales. “Queremos que lleguen hasta aquí (las autoridades)”, exige una comunera a través de un megáfono desde el río Nanay, en Loreto, una zona afectada por la minería ilegal y las redes criminales en tiempos de la fiebre del oro, en pleno corazón de la Amazonía peruana.
Hoy las protestas sociales de diversos colectivos, organizaciones sociales, gremios y estudiantes de más de 15 universidades reflejan diversas demandas acumuladas ante el desequilibrio de los poderes del Estado y el debilitamiento de las instituciones.
Convoca.pe registró que los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Agraria La Molina y de otros centros de estudios, llegaron antes de las 5 p.m. (hora Lima) a la Plaza 2 de Mayo, mientras que los familiares de los asesinados en protestas sociales como Milagros Samillán se concentraron frente al Palacio de Justicia y luego se desplazaron hacia el Congreso de la República. Diversos colectivos de la sociedad civil se fueron sumando a la jornada de protestas en la avenida Abancay rumbo al Parlamento.
Dirigentes transportistas de Lima Norte y Sur informaron a Convoca.pe días antes que participarían en esta movilización debido a que no fueron convocados a la mesa de diálogo con el Ejecutivo para el jueves 16 de octubre para coordinar acciones ante la ola de extorsiones y asesinatos a trabajadores del sector transporte. Sin embargo, un reportero de nuestro equipo pudo constatar que sólo se unió a la marcha un grupo minoritario de transportistas en las inmediaciones de la avenida Abancay, y que se retiró antes de las 6 y 30 p.m.
El debilitamiento de las instituciones a través de grupos políticos en el Congreso que buscan interferir en las decisiones del sistema de justicia en el Perú ha sido alertado en un amplio documento de 23 páginas por los expertos de la Comisión de Venecia, organismo consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa. Esta instancia ha identificado estos problemas estructurales en respuesta a un pedido de opinión de Delia Espinoza, quien acaba de obtener una medida cautelar para volver a ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, tras ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La Comisión de Venecia señala que la JNJ carece de equilibrio interno y de representación de jueces o fiscales elegidos por sus pares y pidió que el Congreso reconsidere proyectos de ley que buscan destituir a fiscales supremos.