Corría la tarde del 9 de enero en las afueras del Aeropuerto de Juliaca, en Puno. Pedro Samillán ayudaba a preparar comida para los manifestantes que estaban llegando de las afueras de la ciudad. De pronto, le llegó la noticia de que su hermano, Marco Antonio Samillán (31), estudiante de Medicina, había recibido disparos cuando auxiliaba a otros heridos. Inmediatamente se dispuso a buscarlo. Entre la muchedumbre asustada y la represión desenfrenada, lo alcanzó una bala, a la altura del hombro izquierdo. En medio de la adrenalina del momento y la preocupación por buscar a Marco, no le prestó mucha atención a su propia herida, pero el proyectil le había perforado un tendón muy cerca del omóplato.

“La preocupación más grande para mí era luchar por la vida de mi hermano”, narra Pedro para Convoca.pe. Horas más tarde, su hermano Marco Antonio se convertiría en uno de los 18 fallecidos civiles a causa de la represión de parte del Gobierno de Dina Boluarte en Juliaca.

A lo largo de estas protestas sociales, regadas a lo largo y ancho del país, se registraron en total 49 civiles muertos, de los cuales, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 24 no habrían estado participando en las manifestaciones.

Familiares en acto de conmemoración este 8 de enero de 2024. Foto: Edwin Poire
 

Al día siguiente, Pedro Samillán se acercó al Hospital Carlos Monge Medrano, donde se le realizó una sutura y algunos exámenes médicos. Pedro se convirtió en uno más de los 108 civiles heridos por disparos de armas de fuego en las protestas, según la estadística de la OACNUDH. Y aunque pensó que la herida no tendría graves consecuencias en su vida, hoy —exactamente un año después— se está viendo afectado en su cotidianidad. No cuenta con ninguna ayuda del Estado.

El 2 de febrero de 2023 fue anunciado un apoyo económico para los heridos y familiares de fallecidos, promulgado a través del artículo 3 del Decreto de Urgencia 006-2023, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Puno, existe una cantidad de 92 beneficiarios: 21 familiares de fallecidos y 71 heridos de gravedad. No obstante, aunque el registro de la Defensoría del Pueblo indica que entre el 6 y el 13 de enero se atendieron 204 personas en los establecimientos de salud puneños, los representantes de la comunidad y las mismas víctimas declaran que la cifra real de heridos asciende a aproximadamente 500 personas. “Nosotros tenemos un registro —no exacto—, pero con más o menos una contabilidad de más de 500 heridos [...] Lo que pasa es que hay muchos que tienen el temor de ser procesados si denuncian”, comentó Pedro Samillán.

Pacientes atendidos en Puno del 06 al 13 de enero. Fuente: Defensoría del Pueblo.

Pedro, junto a seis personas más, reclama desde mayo ser agregado a la lista de beneficiarios, alegando que su caso cumple con los criterios, debido a que la herida de bala ha tenido consecuencias en su vida cotidiana. Dicha solicitud fue tramitada a través de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, presidida por su otro hermano, Raúl Samillán. Pese a los esfuerzos, hasta la fecha el Ministerio de Justicia no ha aceptado que tanto él como otros heridos y deudos puneños accedan al apoyo económico.

Entre los reclamantes también está el caso de José Hernán Silva Miranda, quien producto de una detonación con un objeto explosivo perdió la mano derecha, y el de Papalindo Rubén Turpo Mayta, quien es menor de edad. De la misma manera destaca el caso de Irma Mariela Cayo Sánchez, viuda de Manuel Quilla, quien denuncia que su cónyuge fue torturado en Lima en marzo luego de una manifestación. Días después falleció debido a múltiples lesiones graves en el cráneo y extremidades superiores e inferiores, según su autopsia.

Solicitud de las siete personas para ser tomadas en cuenta para el apoyo económico.
Fuente: Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero
 

Antes del suceso, Pedro se desempeñaba como carguero, trabajo que ha tenido que abandonar debido al dolor que sufre a causa del disparo. Ahora está en busca de alternativas para poder sustentar a su familia, especialmente a su hija de once (11) años.

Desde hace semanas Convoca.pe ha solicitado a la oficina de imagen del Ministerio de Justicia información sobre la situación de los apoyos prometidos a los deudos y heridos, ya que son varios los que denuncian no haber recibido nada. La institución hasta ahora no se pronuncia al respecto.

Herida y diagnóstico posterior de Pedro. Foto: Pedro Samillán
 

Incluso quienes han podido contar con el apoyo de los S/ 25.000 establecido para los heridos graves declaran que la ayuda del Estado ha sido insuficiente. Personas como Belarmino Quispe Pacompía, natural de Capachica, ubicada a una hora de Juliaca, herido en las afueras del aeropuerto, lo testifican. Belarmino tiene alojada una bala de 9 milímetros en la columna lumbar, disparada por arma de fuego el 9 de enero de 2023. 

“El 8 de enero fui a Juliaca con mi familia porque mi suegra vive a dos cuadras del aeropuerto. Es costumbre siempre ir los fines de semana. Ese díala gente corría a todos lados por la desesperación. Había niños… helicópteros disparando desde arriba. Yo estaba caminando por la avenida principal con mi pareja y mi hijo de cuatro años. Nos estábamos retirando. De la nada, sentí como si una aguja me hubiera punzado. Caí inconsciente. Yo no estaba protestando”, relató Belarmino.

Los médicos le advirtieron que de intervenirse quirúrgicamente podría quedar paralítico de por vida. No obstante, él demanda poder ser atendido en Lima para una segunda opinión debido a que solo lo remitieron a Arequipa y gracias a la “constante exigencia” de su familia. Allí le aconsejaron tratarse en la capital peruana, pero no cuenta con los recursos para costear el viaje y los exámenes médicos. “Me gustaría que haya alguna facilidad para ir a Lima y que tomen mi caso. Quisiera salir de esta duda: si es que me voy a operar o siempre voy a quedarme con esa bala”, declara a este medio.

Radiografía de Belarmino que muestra dónde tiene alojada la bala. Foto: Belarmino Quispe Pacompía

Belarmino, quien tiene dos hijos —de cinco y once años— y una hija —de ocho—, comenta que a pesar de las promesas hechas por la Comisión Multisectorial de apoyar no solo económicamente, sino también en aspectos psicológicos, educativos, sociales y agrarios, el Gobierno Peruano no ha cumplido con ninguno de estos puntos declarados en la audiencia de seguimiento a las recomendaciones del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, realizada el 10 de noviembre de 2023. “No me ha llegado a decir nada de apoyo agrario ni becas (para su hija) [...] La preocupación es para mí es inmensa. Vivir con una bala es un trauma psicológico. Mis hijos se ponen tristes, mi pareja también”, acotó.

Esto parece ser una generalidad a lo largo de los casos de heridos no solo en Puno, sino también a lo largo de todo el país.

Con tan solo veintinueve (29) años, Belarmino no pierde la esperanza de poder realizarse la operación y volver “a ser el de antes”. “Cuánto me gustaría poder trabajar… ¿Qué va a ser de mí? Yo también soy joven”, dice.

Se ha perdido medio año

El abogado César Quispe Calsín, quien es defensor de Belarmino y de otros deudos de Juliaca, critica el avance de las investigaciones, pues “se ha perdido tiempo en más de medio año”. “Como todos sabemos quien ha reinado en el Ministerio Público y quien ha manejado a su antojo las investigaciones ha sido Patricia Benavides. En el caso de Juliaca se han cambiado cinco fiscales. A pesar de eso, la defensa, que somos nosotros, ha introducido muchísimas pruebas, elementos de convicción, vídeos, fotos, declaraciones. Se han hecho constataciones con la última fiscal, con quien sí se ha avanzado cualitativamente al punto de ya tener a cinco investigados, que son efectivos [policiales] de la cadena de mando, no solamente de la Policía Nacional del Perú, sino también del Ejército”, agrega.

El caso de la masacre ha pasado por las manos de varios fiscales de Puno y Lima.

Además, afirma que en Puno se están investigando actualmente “más de treinta carpetas fiscales distintas”, por lo que los procesos individuales de cada caso varían en diagnóstico y avances. Según Quispe Calsín, el retraso se debió mayormente al continuo cambio de Fiscales asignados a Puno, pudiéndose recién ”obtener avances” con Nancy Chávez Torres, actual fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP). Convoca.pe intentó ponerse en contacto con la fiscal, pero no obtuvo respuesta.

Conmemoraciones en honor a los fallecidos el 8 de enero de 2024. Foto: Edwin Poire
 

Ha pasado un año ya, las familias siguen pidiendo justicia. Toda esta semana, la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, en conjunto con la comunidad de Juliaca, han estado organizando actos de conmemoración y manifestaciones pacíficas en honor a los 23 muertos civiles que concentra el departamento de Puno. Ellos buscan mantener las memorias de sus seres queridos.

Foto principal: Edwin Poire.