Perú se encuentra en un escenario de censura y ataques contra los medios independientes con acciones que restringen la investigación periodística. En ese contexto; Convoca, Epicentro TV, Salud con Lupa, IDL Reporteros y Ojo Público presentaron acciones de amparo ante el Poder Judicial contra la Ley 32301, conocida como Ley APCI. 

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se ha sumado en esta medida y también ha presentado un recurso de amparo para impedir que se aplique la Ley APCI, que busca desaparecer a los medios independientes, como anteriormente se alertó a la comunidad internacional de periodismo.

La norma, promulgada por la expresidenta Dina Boluarte, impone un control previo sobre el trabajo de los medios independientes, obligándolos a obtener una autorización del gobierno para ejecutar proyectos periodísticos, incluyendo las investigaciones sobre el poder político y económico, que son financiadas por la cooperación internacional. 

Tres organizaciones internacionales y dos exrelatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, Catalina Botero y Santiago Cantón, enviaron un Amicus Curiae para respaldar las demandas de los medios. El Amicus Curiae recuerda a los jueces que los periodistas, “al documentar y difundir información sobre violaciones de derechos humanos, cumplen una función esencial de vigilancia democrática y rendición de cuentas, y por tanto deben ser reconocidos y protegidos como personas defensoras”. 

En el documento se enfatiza que la Ley APCI, busca incapacitar o destruir a los medios periodísticos, pues “afectan directamente su capacidad de operar como medios independientes. Actividades legítimas como la investigación periodística sobre corrupción, la supervisión crítica de políticas públicas, la publicación de reportajes sobre violaciones de derechos humanos y la búsqueda de cooperación internacional para sostener estas labores pueden ser interpretadas como 'acciones contra el Estado, lo que expone al medio a sanciones graves, incluyendo la cancelación de su registro”. 

El Amicus Curiae fue elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Media Defence, la exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, con el apoyo técnico de la Clínica Lowenstein de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Yale.

El documento fue presentado ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se encuentra la acción de amparo de OjoPúblico y se tenía programada una audiencia para el 28 de octubre de 2025. Sin embargo, esta sesión de postergó para el 10 de diciembre. Los demás medios tienen fechas programadas entre lo que queda de 2025 y 2026. El Amicus Curiae se presentará en forma progresiva en los diversos juzgados donde se encuentran las otras acciones de amparo.