Pueblo awajún bajo amenaza

En 2025, Convoca.pe recorrió comunidades awajún en la Amazonía peruana para documentar cómo la minería, tanto artesanal como formal e ilegal, avanza sobre tierras ancestrales cercanas a los ríos Cenepa y Marañón. A través de recorridos fluviales, testimonios directos y análisis de información oficial, el reportaje documentó la presencia activa de minería ilegal en los ríos Comaina, Cenepa y Marañón, donde operan dragas y balsas que remueven sedimentos y emplean mercurio, pese a la prohibición expresa de estas actividades.

En comunidades como Pagata y Kusu Kubaim, la minería ha llegado a bloquear tramos completos de los ríos, afectando el acceso al agua, la pesca y la movilidad de las poblaciones indígenas. Uno de los hallazgos centrales fue la constatación de que esta expansión no es aislada ni espontánea. Convoca identificó la existencia de al menos 19 concesiones mineras superpuestas a los ríos Cenepa y Marañón, muchas de ellas en manos de personas provenientes de regiones con antecedentes de minería ilegal, como Madre de Dios. 

Varias de estas concesiones corresponden a titulares con registros suspendidos o inhabilitados en el Reinfo, lo que evidencia vacíos en los controles estatales y una permisividad institucional que favorece la ocupación del territorio indígena.

Audios de Medifarma

La investigación de Convoca.pe reveló serias irregularidades en los procesos de control de calidad del laboratorio Medifarma, a partir del análisis de audios y documentos vinculados al caso del suero fisiológico que provocó la muerte de al menos siete personas. 

Los registros muestran que trabajadores de la empresa, luego despedidos, denunciaron presiones, fallas reiteradas en los equipos y ausencia de supervisión adecuada durante la elaboración y verificación de los lotes, en un contexto donde la responsabilidad fue inicialmente atribuida solo a operarios de menor rango.

Los audios, grabados durante reuniones entre extrabajadores y abogados del laboratorio, evidencian que los análisis del producto se realizaban en condiciones precarias: equipos defectuosos, múltiples muestras procesadas simultáneamente y repetición de pruebas sin supervisión técnica. Según los testimonios, estas prácticas eran habituales y conocidas por la jefatura, lo que contradice la versión empresarial que atribuye el error a una acción individual y aislada.

La investigación también reveló que los trabajadores involucrados fueron citados por abogados de la empresa sin la presencia de defensa legal propia, mientras enfrentaban procesos penales.

Crudo Abandono

La investigación Crudo Abandono reveló cómo, tanto en Perú como en Colombia, el Estado ha permitido que miles de pasivos ambientales derivados de décadas de explotación petrolera permanezcan sin remediación, afectando directamente a comunidades que conviven con suelos contaminados, filtraciones de crudo y riesgos permanentes para la salud. 

En el caso peruano, el reportaje documentó que existen más de 3.200 pasivos ambientales petroleros, de los cuales solo uno ha sido remediado en más de una década, pese a la existencia de una ley que obliga a su atención.

La investigación expuso que, mientras el Estado promueve lotes petroleros ante inversionistas internacionales, omite informar sobre la magnitud de la contaminación heredada. En regiones como Piura y Loreto, comunidades viven sobre antiguos pozos mal sellados, con derrames recurrentes y suelos saturados de hidrocarburos. 

El trabajo transfronterizo también documentó una situación similar en Colombia, donde cientos de pozos abandonados continúan afectando a comunidades rurales sin que exista una política efectiva de remediación. 

Redes de trata 

La serie Redes de trata reveló cómo la explotación de personas se ha consolidado en distintas regiones del país, con especial gravedad en Madre de Dios y Piura, donde la ausencia del Estado, la precariedad institucional y las economías ilegales permiten que este delito se reproduce sin control. A través de trabajo de campo, revisión de expedientes judiciales y testimonios directos, Convoca documentó cómo mujeres jóvenes, muchas de ellas extranjeras, son captadas mediante falsas ofertas laborales y sometidas a redes de explotación sexual.

En Madre de Dios, la investigación mostró que la trata se ha afianzado en zonas dominadas por la minería ilegal, como La Pampa, donde operan redes que trasladan principalmente a mujeres de Bolivia y Venezuela. 

Solo en 2024 se registraron 191 casos, una cifra desproporcionada para una región con baja población. Pese a la magnitud del problema, más de la mitad de los procesos no culminan en sentencias firmes, lo que evidencia un patrón de impunidad sostenida.

En Piura, la segunda región con más casos de trata a nivel nacional, las redes criminales captan víctimas mediante anuncios públicos y promesas falsas de empleo. Aunque en 2024 se reportaron 218 casos y se logró rescatar a cerca de 200 personas, la región carece de un centro de acogida especializado y cuenta únicamente con dos fiscales para investigar estos delitos. 

Consorcio de constructora china investigada 

La investigación de Convoca reveló cómo una empresa constructora china investigada por lavado de activos logró obtener más de S/500 millones en contratos con el Estado peruano en apenas siete meses, pese a arrastrar sanciones administrativas y cuestionamientos judiciales. 

El consorcio, integrado por China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y una empresa peruana sin experiencia previa en obras públicas, fue beneficiado con adjudicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en al menos cinco regiones del país.

El reportaje documentó que la empresa peruana socia, creada pocos años antes y vinculada a un joven empresario sin trayectoria en el sector, se asoció con la constructora china para acceder a contratos millonarios, mientras que CCECC acumulaba antecedentes por presentar documentación falsa y había sido inhabilitada temporalmente por el Estado. 

A pesar de ello, medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial permitieron que la compañía continuara contratando con el Estado, incluso cuando enfrentaba investigaciones fiscales por presunto lavado de activos.

José Jerí y sus polémicos proyectos de ley

La investigación de Convoca reveló cómo José Jerí, antes de asumir la presidencia, impulsó desde el Congreso una serie de proyectos de ley que, lejos de fortalecer la institucionalidad, buscaban reducir controles fiscales, flexibilizar normas electorales y favorecer intereses particulares. 

El análisis de más de 70 iniciativas legislativas mostró un patrón: propuestas con alto impacto fiscal, escaso sustento técnico y potencial para debilitar la transparencia y el equilibrio democrático.

Entre los casos más relevantes figura la promoción de exoneraciones tributarias que habrían significado millonarias pérdidas para el Estado, como la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo y beneficios tributarios para empresas recién creadas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que estas medidas podían generar distorsiones graves y abrir espacios para la elusión fiscal, pero aun así varias de ellas avanzaron en el Congreso sin evaluación técnica adecuada.

La investigación también documentó los intentos de modificar las reglas del sistema electoral, incluyendo una propuesta para permitir hasta cuatro candidatos en una segunda vuelta presidencial. Especialistas advirtieron que esta iniciativa habría debilitado la legitimidad del proceso democrático y fragmentado aún más el voto ciudadano. 

Además, se identificaron proyectos que buscaban ampliar contratos de hidrocarburos y reducir controles ambientales, favoreciendo a empresas privadas en detrimento de la fiscalización estatal.

 El incendio los mató, la justicia los olvidó

En mayo de 2023, un incendio en la mina Esperanza I, operada por la empresa aurífera Yanaquihua en Arequipa, causó la muerte de 27 trabajadores que quedaron atrapados en el interior del socavón. Dos años después, la investigación fiscal apunta a cerrarse sin sanciones penales, pese a la existencia de informes técnicos y testimonios que evidencian graves fallas de seguridad.

Convoca reveló que el fiscal del caso, Giovanni Matos, solicitó archivar la investigación bajo la tesis de la “autopuesta en peligro”, sosteniendo que los propios trabajadores habrían decidido permanecer en la mina pese a conocer los riesgos. Esta postura coincide con la defensa de la empresa minera y omite elementos clave del expediente, como los informes del Gobierno Regional de Arequipa que advertían deficiencias estructurales, ausencia de protocolos de evacuación, falta de supervisión y fallas en la comunicación interna durante la emergencia.

La investigación periodística documentó que, la noche del incendio, no había supervisores en el socavón y que los trabajadores recibieron información contradictoria sobre la magnitud del riesgo. 

Además, se evidenció que la minera Yanaquihua y su contratista, Sermigold, alcanzaron acuerdos extrajudiciales con los familiares de las víctimas, quienes se comprometieron a no iniciar acciones legales, en un contexto de profunda vulnerabilidad económica.

Gases no autorizados 
 

Mediante el análisis de imágenes satelitales, datos internacionales sobre quema de gas y entrevistas a especialistas, Convoca.pe documentó que la planta de gas natural licuado de Pampa Melchorita, operada por Perú LNG con participación de Hunt Oil Company, ha quemado o ventilado metano y otros gases efecto invernadero sin contar con autorización sectorial durante más de una década. 

El reportaje contrastó los compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental con la realidad de las emisiones crecientes, señalando fallas en las acciones de fiscalización estatal.