El Perú ha vuelto a una normalidad que ya parece institucionalizada: la de tener un nuevo presidente no elegido en las urnas. Desde 2018, cinco mandatarios han llegado a Palacio por vías distintas al voto popular. El más reciente es José Jerí, congresista de Somos Perú, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte en medio de una nueva crisis política.

Recientemente, los técnicos del Consejo Fiscal encendieron las alarmas. Detectaron 37 dictámenes en el Congreso que crean beneficios tributarios y reducen la capacidad del Estado para recaudar, así como la capacidad presupuestaria. Entre los proyectos con estas características figuran iniciativas del actual presidente José Jerí.

Durante cuatro años, el ahora presidente presentó más de 70 proyectos de ley, muchos con apariencia técnica, pero de la revisión que hizo Convoca.pe encontramos algunas iniciativas con implicancias negativas para las arcas del Estado, la transparencia en el debate de las leyes y el sistema electoral. 

El ahora presidente Jerí, ha elaborado proyectos de ley que de ser aprobadas perjudicarían la recaudación tributaria y ocultarían información sobre proyectos de ley de presupuesto. Foto: Congreso

Exoneraciones que erosionan al Estado

El entonces congresista impulsó el proyecto de ley N.º 1541 que buscaba exonerar por 90 días el cobro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles, tabaco, bebidas alcohólicas, vehículos y juegos de azar, en casos de “conflictos bélicos internacionales” o “coyunturas internacionales similares”.

El MEF advirtió que el texto era vago —pues no definía quién debía declarar dichas coyunturas y qué criterios se tomarían para considerarlas— y que la medida beneficiaría sobre todo a los sectores de mayores ingresos. También alertó que un precedente similar, el Decreto Supremo N° 068-2022, costó al Estado 333 millones de soles mensuales.

Pese a las advertencias, el proyecto de Jerí fue exonerado de dictamen por la Junta de Portavoces y pasó directamente al Pleno, sin evaluación técnica ni revisión de la Comisión de Economía. Actualmente, se encuentra esperando su debate entre los parlamentarios.

El Ministerio de Economía alertó que de aprobarse la propuesta de Jerí se afectaría al fisco por cientos de millones de soles menos de recaudación por mes. 

Otro ejemplo es el proyecto de ley N.º 11460, presentado meses antes de que Jerí asumiera la presidencia. La propuesta establece una tasa progresiva del Impuesto a la Renta (IR) para nuevas empresas: 0% el primer año, 10% el segundo, 35% el tercero y 60% el cuarto. Solo al quinto año pagarían el 100% del tributo.

El MEF calificó la propuesta como riesgosa y regresiva, pues crearía incentivos para que empresas “reinicien operaciones” y evadan impuestos. El costo fiscal proyectado: 97 millones de soles.

Pese a ello, la Comisión de Economía, presidida por el Víctor Ilich del partido Fuerza Popular y con el propio José Jerí de Somos Perú en la secretaría, dictaminó el proyecto asegurando que el impacto sería “marginal” y que solo aplicaría a micro y pequeñas empresas recién constituidas.

El Ministerio de Economía calificó la propuesta como riesgosa y regresiva,

Celeridad sin transparencia

Otro intento de modificación de las reglas políticas que afectaría la transparencia pública, así como las arcas del Estado, es el proyecto de ley N° 1646 que tiene como autor principal a Jerí. El proyecto de Jerí busca modificar el Reglamento del Congreso bicameral para exonerar de debates en comisiones a los proyectos de ley de asuntos presupuestales con pedido de urgencia.

Según su versión en la exposición de motivos, Jerí busca agilizar la aprobación de leyes de presupuesto para lo cual propone la modificación del reglamento que regirá para el próximo Legislativo bicameral. Sin embargo, expertos en debate parlamentario advierten que de ser aprobada abriría el camino para que se aprueben normas sin revisión técnica ni discusión política, debilitando uno de los pocos filtros del Congreso.

Para José Luis Ramos Salinas, docente de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el proyecto no acelera la transparencia, sino la opacidad. “Se habla de celeridad, pero lo que realmente se busca es legislar a espaldas de la ciudadanía. Se crea el Senado con el argumento de debatir más, pero lo que quieren es aprobar más rápido lo que les conviene”, sostuvo.

El Concejo Fiscal alertó que este tipo de proyectos de ley tienen un impacto adverso pues incrementan el gasto público.

El politólogo Eduardo Salmón Salazar coincidió en que la propuesta elimina filtros técnicos y sociales. “Sin dictámenes ni prepublicaciones, los técnicos del Congreso no pueden evaluar la viabilidad económica y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no puede emitir opinión. Se legisla a ciegas”, advirtió.

Salmón recuerda, además, que Jerí y su bancada impulsaron también la ley que transfiere hasta el 2% del IGV a las municipalidades, pese a que los gobiernos locales tienen una ejecución presupuestal menor que la del gobierno central. “Jerí trata el presupuesto público como si fuera inagotable”, sentencia.

Somos Perú, presidido por Patricia Li, puede ser una fuerza pequeña en el Congreso, pero tiene una influencia política importante en las regiones con 7 gobernadores regionales en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco y San Martín. Siendo el principal partido nacional que rivaliza con los movimientos regionales.

Además, cuenta con alcaldes en 161 municipalidades distritales, 21 municipalidades provinciales y más de 1180 regidores. 

Con siete gobernaciones regionales y cientos de alcaldes y regidores, Somos Perú es una de las fuerzas políticas con más influencia en los gobiernos subnacionales.

Los expertos coincidieron que el debate del Presupuesto General de la República es un arma que muchos partidos utilizan para beneficiar a los gobiernos locales y regionales donde tienen autoridades o para lograr apoyos de los movimientos regionales con miras a las próximas elecciones generales del 2026.

Además, Jerí presentó el proyecto de ley N.º 2279 que buscaba ampliar de 30 a 40 años la explotación de hidrocarburos y gas, con un plazo adicional de retención de hasta 10 años, homologando los tiempos con la explotación del gas natural. 

Perupetro señaló que la propuesta limitaba la flexibilidad de la agencia para negociar contratos de inversión, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Piura advirtió que la medida premiaría la ineficiencia de empresas privadas que no habían logrado incrementar reservas ni producción diaria de crudo.

Finalmente, las iniciativas de Jerí y otros parlamentarios fueron dictaminados en una sola propuesta para que las empresas petroleras con contratos vigentes se acojan a la homologación de plazos de 30 a 40 años. Las empresas deberán cumplir requisitos como demostrar generación de fuentes de empleo, acreditar el cumplimiento de un cronograma de ejecución del plan de abandono y otros.

Además, el dictamen propone que las empresas operadoras no podrían homologarse si su producción es menor de 2 mil barriles diarios, tenga sanciones ambientales muy graves o estén en un proceso arbitral o judicial iniciado por Perupetro. En tanto, los nuevos contratos de extracción de crudo podrán ser negociados por Perupetro hasta por 40 años. 

Los trabajadores del sector hidrocarburos rechazaron el proyecto ya que consideran que ampliar una década de operación es premier la ineficiencia de las empresas petroleras.

“Un proyecto descartable”

Uno de los proyectos más insólitos de Jerí fue el Proyecto de Ley N° 4674, presentado en julio de 2022. La propuesta parecía técnica, casi anodina. Pero escondía una idea insólita que, de aprobarse, habría modificado las reglas básicas del sistema democrático peruano: permitir que hasta cuatro candidatos presidenciales pasen a una segunda vuelta electoral.

Jerí propuso que la Constitución deje de definir cómo se elige al presidente de la República, y que esa facultad pase a la Ley Orgánica de Elecciones. En esa nueva versión, habría tres escenarios: Si los dos primeros candidatos suman más del 50% de votos válidos, pasarían ambos a segunda vuelta. Si no lo alcanzan o si se presentan entre 10 y 15 candidatos, pasarían tres. Y si hay más de 15 postulantes o los tres primeros no superan el 60%, podrían pasar cuatro candidatos al balotaje.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la propuesta por inviable. “La segunda vuelta tiene como propósito garantizar que uno de los candidatos alcance una mayoría absoluta para iniciar su gobierno con legitimidad”, señaló en su informe técnico. Dejar en manos del Congreso la definición de las reglas de la elección, advirtió el organismo, podría provocar una inestabilidad constante, con reformas cambiantes según las mayorías del momento.

Jurado Nacional de Elecciones se opuso a la propuesta de Jerí pues haría inviable la realización de los comicios y los candidatos no lograrían el repaldo necesario.

El politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta, consultado para este informe, calificó de "error" y que "a todas luces es un proyecto descartable" la propuesta de Jerí que desde el 2022 se mantiene en la Comisión de Constitución y Reglamento.

Consultado para este reportaje, Tuesta lo resume así: “Es un proyecto que rompe con la lógica de la segunda vuelta. No busca mayor legitimidad, busca más espacio para la fragmentación y el cálculo político”. El experto precisó que la segunda vuelta busca justamente que el candidato ganador de la elección logre constituir una mayoría calificada de apoyo popular que supere el 50%. 

En una elección tan fragmentada como la que será la del 2026 con más de 40 partidos políticos participantes, los cuatro primeros candidatos de la primera vuelta podrían obtener porcentajes minúsculos de apoyo popular. Somos Perú no ha inscrito alianzas y deberá afrontar individualmente con su candidato que será el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth.

El ahora presidente José Jerí llama "mamá" a  Patricia Li, la presidenta de Somos Perú y hace corazones con ella en cada evento partidario. Foto: DIfusión

"Supongamos que ingresen tres, no habría posibilidad que ninguno logre una mayoría absoluta. Lo máximo que lograrían sería un tercio, peor con cuatro. Podría ocurrir que esa dispersión que trajo el voto de la primera vuelta se repita en la segunda y ninguno logre el 50% de los votos", describió Tuesta sobre la consecuencias del proyecto de Jerí.

Asimismo, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), criticó que se busque modificar la Constitución para que una ley orgánica sea la que dicte las reglas principales que han definido las elecciones de los últimos 25 años.

Tuesta advirtió que si el balotaje se modifica por una ley, los partidos que conforman el Congreso que reacciones en función del resultado electoral inmediato estarían modificando las principales reglas electorales de manera frecuente.

Proyectos inviables, exoneraciones sin control, reformas que debilitan la transparencia y recortan la capacidad de fiscalización al Estado. La revisión de sus iniciativas revela un patrón: Jerí legisla para flexibilizar los límites institucionales, no para fortalecerlos.

Hoy, desde Palacio de Gobierno, el nuevo presidente intenta proyectar una imagen de moderación y diálogo, pero a la vez sus voceros son duros ante la ciudadanía que exige soluciones a la crisis de inseguridad y política. Pero su historial legislativo muestra otra cosa: un político que impulsó normas que ponían en riesgo la legitimidad del sistema electoral, la transparencia del Congreso y la estabilidad fiscal del país.