Desde enero de 2026, las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao se incrementaron, y el alza empezará a reflejarse en los recibos de febrero. La medida, aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), ha generado preocupación entre millones de usuarios, críticas de gremios empresariales y anuncios de protestas vecinales.

En zonas como Collique, en el distrito de Comas, donde el servicio continuo recién se consolidó tras años de suministro intermitente, los vecinos advierten que el aumento puede significar hasta S/ 18 más al mes por familia, al aplicarse tanto al consumo de agua como al cobro por alcantarillado. “Primero nos instalaron los medidores y después vino el alza, sin que la ley exija mejoras previas en la calidad del servicio”, señala José Muñoz, presidente de la Comisión de Saneamiento Integral de Collique.

Sunass sostiene que el aumento responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1620, aprobado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte, que ordena aplicar un rebalanceo tarifario para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, como Sedapal. Sin embargo, el contenido de la norma, el modo en que se ha implementado y la realidad del servicio en barrios populares plantean una pregunta central: ¿están pagando más los usuarios sin que existan mejoras previas ni garantías claras de calidad?

El sustento legal

El Decreto Legislativo N.° 1620 modificó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento con el objetivo de impulsar inversiones y reducir brechas de acceso. En su Quinta Disposición Complementaria Final, la norma obliga a Sunass a revisar el nivel y la estructura de las tarifas mediante un rebalanceo, con el fin de que los ingresos de las empresas prestadoras cubran los costos de operación, mantenimiento e inversión.

A diferencia de los procesos tarifarios ordinarios —que se revisan cada cinco años—, el decreto establece que la tarifa derivada del rebalanceo entra en vigencia inmediata tras su aprobación, sin esperar el inicio de un nuevo periodo regulatorio. Este punto explica por qué el incremento se aplica desde enero de 2026 y no en un nuevo quinquenio.

La norma también dispone que el reajuste debe considerar subsidios cruzados y subsidios directos para usuarios en situación de pobreza y pobreza extrema, usando información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y mapas de pobreza. Es decir, el propio decreto reconoce que el aumento tarifario puede afectar la capacidad de pago de los hogares más vulnerables y que el Estado debe compensar ese impacto.

No obstante, el decreto no fija porcentajes de incremento, ni establece metas obligatorias de calidad del servicio que deban cumplirse antes de aplicar el alza. Tampoco condiciona el aumento a la continuidad del servicio o a la reducción de pérdidas de agua, que en el caso de Sedapal siguen siendo elevadas.

Un aspecto poco advertido es que el Decreto Legislativo 1620 fue aprobado sin pasar por un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), al considerarse que no generaba costos adicionales para los ciudadanos. Hoy, sin embargo, su aplicación se traduce directamente en recibos más altos para millones de usuarios, lo que abre cuestionamientos sobre la evaluación previa de sus efectos sociales.

¿Qué explica Sunass y cuánto suben las tarifas?

Según Sunass, el reajuste responde a la necesidad de asegurar recursos para inversiones, mantenimiento de redes y mejora del servicio. El regulador sostiene que el proceso incluyó la publicación del proyecto tarifario, una audiencia pública y la recepción de comentarios de usuarios, Sedapal, el Ministerio de Vivienda y otros actores del sector.

Para un usuario doméstico promedio que consume alrededor de 16 metros cúbicos mensuales, el incremento será de aproximadamente S/ 7.70 al mes. En términos porcentuales, el alza alcanza cerca de 12 % para usuarios residenciales y hasta 20 % para usuarios no residenciales, como comercios, industrias y entidades públicas.

Sunass asegura que cualquier incremento debe estar asociado a mejoras verificables en la calidad del servicio y que reforzará la fiscalización para garantizar el uso adecuado de los recursos. Sin embargo, la normativa vigente no obliga a que esas mejoras se materialicen antes de aplicar el aumento, lo que deja a los usuarios pagando hoy por beneficios que podrían concretarse recién en los próximos años.

La otra cara: barrios con agua intermitente 

En zonas de Lima Norte, el incremento se vive con especial malestar. En Collique, distrito de Comas, los vecinos recuerdan que durante años tuvieron solo dos o tres horas de agua al día, pero aun así se intentó instalar medidores y aplicar esquemas de facturación más altos.

“Nos querían instalar medidores cuando solo teníamos dos o tres horas de agua al día. Nosotros no nos oponemos al medidor, lo que exigimos es primero servicio las 24 horas, como en otros distritos”, señala José Muñoz, presidente de la Comisión de Saneamiento Integral de Collique.

Muñoz explica que, ante la negativa vecinal, se aplicaban sanciones progresivas: duplicación del recibo, luego triplicación y finalmente el corte del servicio si el usuario persistía en rechazar la instalación del medidor. “Eso es quitar un servicio esencial. Primero debe garantizarse la continuidad, luego se puede hablar de medición y tarifas”, sostiene.

Finalmente, tras protestas y negociaciones, el servicio se volvió continuo y se instalaron los medidores. Pero, según el dirigente, el objetivo principal era incorporar a Collique —con cerca de 180 mil habitantes— al sistema de facturación plena antes de aplicar el incremento tarifario.

“Para Sunass era importante que Collique tenga medidores para poder aplicar el aumento. Son miles de usuarios que ahora entran al esquema completo de cobro”, afirma.

Agua y alcantarillado suben juntos

Otro punto crítico es que el incremento no solo afecta el consumo de agua, sino también el cobro por alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que en muchos casos representa alrededor del 50 % del recibo total.

“Si mi consumo de agua es 50 soles, el recibo termina siendo 100 porque el alcantarillado cuesta casi lo mismo. Y cuando sube la tarifa, también sube esa parte”, explica Muñoz. Por ello, los dirigentes de Collique plantean que el cobro por alcantarillado debería ser una tarifa plana y no proporcional al consumo, ya que el mantenimiento no es permanente sino esporádico, cuando ocurren atoros o roturas.

El propio Decreto Legislativo 1620 obliga a que la facturación tenga componentes separados: cargo fijo, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Esto significa que cualquier reajuste tarifario impacta en más de un rubro del recibo, amplificando el efecto del aumento para las familias.

Cuestionamientos 

El incremento también ha generado reacciones en el ámbito político. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso solicitó al Ministerio de Vivienda un informe detallado que explique los criterios técnicos del reajuste y qué medidas se aplicarán para proteger a la población más vulnerable, de modo que el acceso al agua no se vea afectado por razones económicas.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) calificó el aumento como desproporcionado, señalando que la inflación de 2025 fue cercana al 1.5 % y que el reajuste no guarda relación con la evolución reciente de los costos macroeconómicos. Además, cuestionó que el proceso no haya sido conducido exclusivamente por Sunass, sino que habría existido una intervención directa del Ministerio de Vivienda, lo que —según el gremio— debilita la autonomía del regulador.

Este debate no es menor: el Decreto Legislativo 1620 refuerza el rol del Ministerio de Vivienda en la política de saneamiento, mientras que Sunass mantiene la función de regulación tarifaria. Para especialistas en regulación, la línea entre política pública y decisión técnica se vuelve difusa cuando los ajustes tarifarios se aceleran por mandato legal sin estudios de impacto social ampliamente difundidos.

¿Pagar más para mejorar el servicio?

El argumento central del rebalanceo tarifario es que las empresas prestadoras necesitan más recursos para cerrar brechas de infraestructura. En el caso de Sedapal, los desafíos son enormes: redes antiguas, altos niveles de agua no facturada, déficit de tratamiento de aguas residuales y expansión urbana informal que no ha sido acompañada de inversión sostenida.

No obstante, el decreto no obliga a que los nuevos ingresos se destinen a proyectos específicos ni establece mecanismos de rendición de cuentas públicos y fácilmente verificables por los usuarios. Tampoco fija metas de desempeño vinculantes que permitan evaluar, en el corto plazo, si el alza se traduce en mejoras concretas en presión, continuidad o calidad del agua.

Desde la perspectiva de los vecinos, el mensaje es contradictorio: se paga más por un servicio que durante años fue deficiente y cuyas mejoras no siempre son visibles. “Primero deben garantizarnos un servicio digno y continuo. Después se puede hablar de tarifas”, resume Muñoz.

Acciones contra el alza 

Organizaciones vecinales de Lima Norte han anunciado movilizaciones contra el aumento tarifario. En el caso de Collique, los dirigentes han articulado una protesta que también incluirá reclamos por el alza del pasaje del Metropolitano y otros temas sociales, como la situación de Petroperú.

“Esto no ha sido informado ni discutido con las organizaciones. Ha caído como sorpresa para los usuarios”, sostiene el dirigente de Collique.

El malestar refleja una tensión estructural del sector saneamiento en el Perú: la necesidad real de financiar inversiones frente al derecho humano al agua y la limitada capacidad de pago de amplios sectores de la población urbana.

Un debate pendiente

El aumento de la tarifa del agua en Lima y Callao no es solo una decisión técnica, sino una medida con profundas implicancias sociales. El Decreto Legislativo 1620 buscó acelerar inversiones, pero lo hizo reduciendo etapas de evaluación, permitiendo aplicación inmediata de tarifas y sin exigir mejoras previas verificables.

El resultado es un escenario en el que los usuarios asumen el costo de la sostenibilidad del sistema sin contar con garantías claras de que el servicio mejorará en el corto plazo, ni con información accesible que permita fiscalizar el destino de los recursos.

Mientras Sunass insiste en que el incremento es necesario para asegurar el futuro del servicio, las voces desde los barrios recuerdan que el acceso al agua no puede tratarse solo como una variable financiera, sino como un derecho básico que exige primero calidad, continuidad y equidad