A lo largo de este año, seis congresistas han impulsado la aprobación de por lo menos once proyectos de ley que afectan directamente a la Amazonía y a la lucha contra los delitos ambientales. Las propuestas parlamentarias aumentan la vulnerabilidad de las comunidades nativas y, en algunos casos, abren paso a legalizar actividades ilícitas, como sucede con la apertura del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), según el análisis de estos proyectos y las entrevistas a diversos especialistas que realizó Convoca.pe. 

Las bancadas que promovieron estas iniciativas son Alianza Para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial. De estos 11 proyectos de ley cuatro en encuentran en reconsideración luego de su aprobación, cuatro en 'orden del día', dos en comisión y uno aprobado.

La más reciente estocada del Parlamento ha sido la aprobación por insistencia de los proyectos de ley 649, 894 y 2315, que modifican la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Por una reconsideración presentada en marzo por la congresista Nilza Chacón, de la bancada de Fuerza Popular, se aprobaron la noche del 14 de diciembre de 2023— con celeridad y sin encontrarse en la agenda parlamentaria— dichos proyectos. Una de las modificaciones que se logró consumar fue quitar la responsabilidad de manejar y zonificar bosques de producción permanente al Ministerio de Ambiente y trasladarla a los gobiernos regionales y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tienen un enfoque de promoción de la inversión privada en territorios amazónicos, como se ha podido ver en el caso de proyectos de cultivo de palma aceitera a gran escala y el emblemático caso del grupo Melka.

Otro cambio alarmante de la ley forestal es la regularización de la actividad agrícola de miles de productores que invadieron zonas boscosas hace muchos años. 

Para los especialistas y conservacionistas, estas modificaciones afectarán a diversos compromisos y acuerdos internacionales que asumió el Perú para reducir la deforestación. La abogada Iris Olivera, coordinadora de cambio climático y bosques en la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) dijo a Convoca.pe que con esos cambios legales se abrirá una puerta a la deforestación.

“La iniciativa (de cambiar la ley forestal) ya había sido observada hace dos años, incluso en marzo de este año fue archivada. Pero se presentó una reconsideración frente a esta norma que estaría facilitando la línea de la deforestación y además estaría legalizándola”, sostiene Olivera.

La deforestación en la Amazonía tiene un avance alarmante, por ejemplo entre 2004 y julio de 2023, Loreto perdió 378 mil hectáreas de cobertura vegetal, según la plataforma estatal Geoservidor. Foto: Ricardo Mendoza

La especialista asegura que para modificar la ley se usó como “excusa” la reciente reglamentación de la Unión Europea que exige la trazabilidad en el café y el cacao para saber que no provienen de zonas deforestadas.    

“Fue una excusa porque lo que se pretende es legalizar la deforestación [que ocurrió] en el pasado y con el riesgo de aumentarla. Claramente tenemos un problema social donde hay agricultores pequeños y medianos que tienen expectativas sobre la formalización de sus tierras, pero la ocupación de estas tierras ha sido precisamente en zonas forestales. El problema es que la norma planteada no resolvería este problema social, sino abriría otras opciones de ocupación de territorio”, puntualiza la coordinadora de DAR, quien añade que hay intereses empresariales detrás de la modificación.     

Lo manifestado por la abogada Iris Olivera sobre los intereses de grupos empresariales, se sustenta con el documento enviado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) un día antes del debate. En dicho oficio  el gremio empresarial pide expresamente que se dé prioridad y se discuta la modificación de la ley porque eso tendría un “impacto trascendental en la estabilidad económica”.

Documento enviado por la CONFIEP a Alejandro Soto Reyes, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, para que se debata la modificación de la Ley Forestal.

Ciro Salazar, consultor de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), sostiene que se tiene que dar soluciones a los pequeños agricultores pero sin la aprobación de iniciativas que sigan "generando conflictos y alentando la deforestación".

“Este es un proceso complejo de solucionar, que tiene un trasfondo institucional de décadas", agrega Salazar tras advertir que un riesgo que no se está tomando en cuenta son las ocupaciones en zonas inventariadas por el Estado como de ‘alta prioridad para restauración’, y ahora con la modificatoria estas invasiones se legalizan.

Para el abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, la modificación de la ley forestal debió ser consultada con los pueblos indígenas pues ellos son los directamente afectados, más aún cuando se habla de propiedad, protección y tenencia de los territorios.

“Esta fue una de las primeras leyes que pasó por consulta previa, luego del “Baguazo” —conflicto social ocurrido en Bagua en junio de 2009, donde comunidades indígenas protestaron contra decretos legislativos que afectaban directamente a sus territorios, en las protestas fallecieron 33 personas—. Lo lógico es que si esta ley fue elaborada así, cualquier modificatoria debería tener mecanismos de consulta porque impacta directamente en la tenencia de la tierra. Tenemos situaciones de conflicto donde invasores se han posesionado y deforestado en tierras de comunidades nativas, entonces eso nos lleva a ver que [la modificatoria] afecta directamente al derecho de los pueblos indígenas”, explica el especialista. 

Al cierre de esta edición las congresistas Susel Paredes y Ruth luque habían solicitado a la presidencia del Congreso de la República la reconsideración de la votación.

Posibles beneficios para las economías ilícitas

Pero los intentos del Congreso para golpear la Amazonía no se detienen en la modificación de la Ley Forestal. El congresista de Alianza por el Progreso, Eduardo Salhuana, ha impulsado tres iniciativas que le facilitan las actividades a los mineros y taladores ilegales.

Una de ellas es la norma (proyecto de ley 2715/2021-CR) para modificar el Decreto Legislativo N°1100 y plantear no destruir la maquinaria usada por la minería ilegal. En un reportaje de Convoca.pe, fiscales ambientales de Loreto se pronunciaron ante la inviabilidad de esta tarea porque alertaría a los mineros ilegales ya que toda operación tendría que coordinarse con los gobiernos regionales, perdiéndose así la confidencialidad de las operaciones, exponiéndose a fugas de información. Además los juristas declararon que por el difícil acceso a las zonas donde opera la minería ilegal, trasladar maquinaria demandaría un sobreesfuerzo que los coloca en una posición vulnerable para recibir ataques. 

Aunque el proyecto fue aprobado y posteriormente reconsiderado, actualmente se encuentra en 'orden del día'.

El Proyecto de Ley impulsado por el congresista Eduardo Salhuana es, en opinión de fiscales y expertos, inviable porque dificultaría sus tareas de interdicción y los expondría a ataques. Foto: FEMA LORETO

Otras iniciativas que favorecen a la minería ilegal son los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621, 5171 impulsados por Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular, y que buscan modificar las condiciones para ingresar al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y establecer un nuevo plazo de 90 días para que los mineros informales se inscriban. Para los especialistas como César Ipenza esta iniciativa trata de hacer pasar como informal a la minería ilegal. 

Aunque actualmente se encuentran en 'orden del día', en septiembre el congresista Daniel Williams Zapata solicitó una 'sesión energética' para debatirlos en el pleno.

En un anterior reportaje Convoca reveló que la minería ilegal había retornado a La Pampa, la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tampobata (Madre de Dios). Expertos advirtieron que el Estado debe tener políticas efectivas para combatir este ílitico. Gráfico: Conservación Amazónica. 

Para este reportaje, se solicitó la versión de fiscales ambientales, pero no quisieron declarar porque temen ser sancionados al igual que sus once colegas de Madre Dios, quienes enfrentan una posible sanción por pronunciarse ante estas iniciativas parlamentarias que favorecen a la minería ilegal y debilitan las herramientas para enfrentarla.

En cuanto a la deforestación el congresista Eduardo Salhuana vuelve a tomar protagonismo al impulsar el proyecto de Ley 04587/2022-CR (en comisión) que excluye al al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del proceso de creación de “bosques locales” y pasar la responsabilidad a los gobiernos regionales.

En el proyecto de ley de Salhuana se propone que puedan acceder a estos bosques los productores forestales (madereros) “organizados y legalmente constituidos”, lo que es contradictorio debido a que los bosques locales están destinados para el uso de población rural, cuya actividad principal no es precisamente forestal. Además otro de los riesgos es que los productores pueden proponer directamente la creación de un bosque local. El abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, ya ha advertido que este nuevo mecanismo puede servir para el blanqueo o extracción ilegal de madera.

El congresista Eduardo Salhuana de la bandada de Alianza para el Progreso es quien más ha impulsado Proyectos de Ley perjudiciales para la Amazonía. Foto: Congreso de la República

Otra iniciativa del congresista Salhuana fue el Proyecto de  Ley 6259/2023-CR, que propone la construcción de infraestructura vial en Madre de Dios, como es el caso de la carretera que uniría Boca Manu y Boca Colorado, poniendo en peligro a pueblos no contactados y el Parque Nacional del Manu. Lo llamativo de la iniciativa de Salhuana es que no se toma en cuenta el mecanismo de consulta previa para llevar a cabo la construcción, aunque ya fue aprobada en el pleno. 

Finalmente otro proyecto perjudicial (aun en comisión) es el de la congresista Lucinda Vásquez Vela del Bloque Magisterial. La iniciativa, que fue propuesta en abril de este año, trataba de incentivar la agricultura en los suelos aluviales (riberas del río que corren riesgo de inundación) y eliminar una disposición del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (DS 001-2010-AG) que prohíbe precisamente esto.

De esta manera podemos ver que algunas propuestas parlamentarias pueden ser sumamente peligrosas para la conservación de la Amazonía peruana y para frenar los delitos que la acosan. 

Para Ciro Salazar, consultor de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, muchos de estos planes buscan popularidad o favorecer a intereses particulares.

“Las consecuencias de estas normas van más allá del tema ambiental, van también en el campo social y económico. Se necesitan medidas de mediano y largo plazo que permitan una visión de desarrollo sostenible y que no generen una dicotomía entre la sostenibilidad, la protección del ambiente y la inversión”, puntualiza Salazar.