Constantemente los agricultores del valle de Tambo, en Arequipa, luchan por el agua. Mientras que entre enero y marzo el río Tambo llega casi a desbordarse, entre setiembre y diciembre baja hasta casi secarse, generando que los agricultores hagan malabares para culminar sus cosechas y dar de beber a sus animales. Ahora, en agosto el temor de los tambeños se acrecentó cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) publicó la Resolución Directoral Nº 624-2022-ANA-AAA.CO, que otorga la licencia de uso de 22 millones de metros cúbicos (m3) de agua al año en favor de la empresa minera Anglo American, que ejecuta el proyecto Quellaveco, un yacimiento de cobre ubicado en las alturas de la región Moquegua. 

Con esto los tambeños nuevamente ven en riesgo su seguridad hídrica. Han iniciado protestas y hace un par de semanas presentaron una serie de apelaciones ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas con el fin de traerse abajo la resolución de la ANA. Sin embargo, el expresidente ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Huber Valdivia Pinto, apunta que los agricultores deberían más bien concentrar su lucha en conseguir la seguridad hídrica que se les negó cuando se culminó la represa Pasto Grande. Esta infraestructura toma agua de algunos de los afluentes de la Cuenca del Tambo para irrigar las paltas en las pampas moqueguanas. Y a pesar de que existe un compromiso de entregar 8 millones de m3 al año para el valle, este no se cumple debidamente. 

“Desde el 2004 se plantearon varias opciones para construir una represa que brinde seguridad hídrica en favor de los tambeños, pero ninguna se hace realidad por falta de compromiso de los diferentes gobiernos que han pasado. Tampoco hay presión por parte del gobierno regional ni de los propios agricultores”, explica Valdivia Pinto, quien también fue exviceministro de Agricultura.

Hoy, la elaboración de la represa de Yanapujio que ayudaría a solucionar este problema se encuentra entrampada debido a que el perfil técnico que se realizó fue mal elaborado. Así lo indica Valdivia Pinto y de lo mismo tienen conocimiento los agricultores del valle de Tambo. Según el sistema Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el actual contrato para la elaboración del expediente técnico previo a la obra está suspendido desde el 27 de enero “dada la inhabilidad técnica del eje del perfil”. Desde entonces no se ha avanzado una coma y los tambeños siguen en pie de guerra por el agua.

Este es el esquema hídrico que defiende la empresa minera Anglo American para dotar de agua a su mina Quellaveco. Foto: Captura Quellaveco.

La gota que derramó el vaso

El 25 de agosto los pobladores del valle de Tambo amanecieron con una mala noticia. Ese día se publicó la resolución Nº 624 que aprueba la entrega al año de 17,28 millones de m3 del río Titire y 4,8 millones de m3 del río Vizcachas en favor del proyecto minero Quellaveco. Estos son afluentes que terminan en la cuenca del Tambo. A cambio, la operadora Anglo American deberá devolver solo 10,19 millones de m3 al año a la cuenca del río Tambo desde la presa Vizcachas, construida por la compañía para asegurarse la dotación de agua para procesar y obtener el cobre. 

En primera impresión parece algo injusto, porque devolverían menos de la mitad de lo que tomarían. Incluso, de acuerdo con el análisis técnico del especialista en temas hídricos Ivan Díaz Robles, contratado por los agricultores de los municipios de la provincia de Islay, la entrega de agua sería de mucho menor: solo 6,4 millones de m3. Esto también está escrito en la apelación que presentaron hace dos semanas para intentar dejar sin efecto la resolución de la ANA.

Y es que la resolución emitida no es muy explícita en cuanto a las cifras de agua que Quellaveco deberá devolver al valle de Tambo. Por ejemplo, señala que como caudal ecológico se debe mantener una entrega constante entre enero a diciembre de 150 litros por segundo (L/s). A esto llaman caudal ecológico, es decir, lo mínimo que requiere el ecosistema para persistir. Para calcular el total hay que hacer la operación de multiplicar esa cantidad por los segundos que tiene una hora, las horas del día y los días del año. Eso resulta en en 4,74 millones de m3 al año. 

Más abajo la resolución indica que entre setiembre y diciembre (cuatro meses) Quellaveco debe devolver 157 L/s más con el fin de mantener un caudal normal en la época de sequía (en términos técnicos: los "caudales bajos"). Esto sería 1,63 millones de m3 más al año. 

Y finalmente, la ANA permite que la mina tome agua del río Titire durante todo el año con un volumen máximo de 17,28 millones de m3. Pero solo obliga a la empresa a devolver agua durante la época de estiaje (caudal mínimo, de setiembre a diciembre). El problema es que la resolución no dice la cantidad que se devolverá. No indica una cifra. Y esto es lo que cuestionan los agricultores del valle de Tambo, pues genera confusión y podría favorecer a la empresa y perjudicarlos.

Quellaveco asegura que tomarán el agua contaminada del río Titire y repondrán con agua limpia. Foto: José Sotomayor.

Al respecto, consultado por Convoca.pe, el ingeniero Luis Ramos Soroa, de la mina Quellaveco, explica que no hay una cifra porque no todos los años tomarán la misma cantidad de agua del río Titire. Además agrega que el agua que entregarán será del río Vizcachas, que no viene contaminada como el Titire, que contiene niveles extremos de Boro y Arsénico generados por fuentes naturales volcánicas, pero también por la contaminación que genera la mina Florencia Tucari de la empresa Aruntani en el altiplano moqueguano.

Luego de una larga explicación y de varias repreguntas, por fin accede a dar una cifra. En promedio la empresa calculó que tendría que devolver a la cuenca del Tambo uno 3,83 millones de m3 entre los meses de setiembre y diciembre, todos los años. Esto es 4 veces y medio menos de lo que tomarán. Es por ello que los agricultores tambeños sienten que la ANA está favoreciendo a Quellaveco sin tomar en cuenta sus propios intereses.

Ramos Soroa responde a este cuestionamiento. “No tiene sentido que devolvamos agua entre enero y agosto porque de acuerdo a los estudios hidrológicos que hicimos en esos meses en el río sobra agua. Hay agua para todos, porque en promedio todos los años se desperdician 200 millones de m3 hacia el mar”, indica. Es por este motivo que la ANA no obliga a Quellaveco a devolver el agua que tomen del río Titire entre enero y agosto. Es decir, agua gratis. “No —asevera el ingeniero de Quellaveco—. Continuaremos almacenando agua en la represa Vizcachas para entregar a la cuenca del Tambo. Así haya años secos nosotros tendremos que devolver siempre la misma cantidad de agua. Eso es seguridad hídrica”.

Mientras tanto el lunes en la noche, en el distrito de Mollendo, las autoridades locales y presidentes de las Juntas de Usuarios, se reunieron para debatir la forma en que se presentarán en la mesa de trabajo que el gobierno de Pedro Castillo anunció con el fin de resolver la problemática generada a partir de la resolución de la ANA. Esta mesa, prometió el mandatario, se daría en el valle y con su presencia. Por el momento, no hay fecha.

En la reunión, unos agricultores señalaban que el gobierno no podía superponer la agricultura a la minería y se posicionaron por exigir la cancelación de la resolución. Pero otros opinaron que en lugar de pelear con la mina deberían exigir al gobierno que inicie de una vez por todas la construcción de una represa. No solo para tener seguridad hídrica, sino también para lograr la tan soñada expansión de la frontera agrícola en pampas que solo esperan agua. Al respecto, los representantes de Quellaveco no quisieron asegurar si la empresa apoyaría en la construcción de la presa, aunque tampoco lo descartaron. “Es algo que no estamos autorizados a señalar”, dijeron.

En los meses de estiaje el caudal del río Tambo baja a niveles que hacen peligrar la agricultura. Foto: Roberth Orihuela.

Una represa truncada

Es cierto que los agricultores tambeños y las autoridades regionales no han puesto énfasis en la construcción de una represa que les dé seguridad hídrica, sobre todo en los meses de estiaje. Pero lo más preocupante es que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) tampoco ha logrado culminar siquiera con el expediente técnico de esta.

Y es que desde el 2004 se proyecta una represa para el valle de Tambo. La primera opción fue la represa de Paltiture, ubicada en el pueblo de Tolapalca, en la frontera entre Moquegua y Puno. “Esta represa estaba proyectada para almacenar solo 30 millones de m3 y en 2005 ya estaba a punto de construirse cuando los pobladores de Tolapalca hicieron una protesta y desalojaron a los obreros a pedradas”, recuerda Huber Valdivia. La segunda opción estuvo a punto de concebirse en 2016. La presa Paltiture, en Puno, estaba a punto de licitarse para almacenar 84 millones de m3, cuando el municipio provincial de Puno interpuso una medida cautelar alegando que la presa tomaría agua de los puneños. Desde entonces no se ha resuelto el problema judicial. 

Luego de que el gobierno de Martín Vizcarra dio el permiso de construcción al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper Perú y que pretende explotar cobre a solo tres kilómetros del valle de Tambo, se quiso compensar a los lugareños con el anuncio de los estudios para construirles por fin una represa. Se hicieron dos nuevas propuestas. “La primera fue la de Quebrada Honda, pero se descartó porque tenía muchos problemas técnicos y su costo no justificaba la poca cantidad de agua que iba almacenar. Así que la mejor opción sería Yanapujio, una represa de 50 millones de m3”, explica Valdivia Pinto.

Han pasado tres años y la elaboración del expediente técnico está paralizada. De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el servicio de elaboración del expediente técnico para la represa de Yanapujio se licitó en mayo del 2021, en favor de la empresa Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores SA, por un valor de S/ 9,5 millones. El plazo para culminar la ejecución era de 270 días, que terminaban en marzo de este año. Sin embargo, la empresa no cumplió con los plazos y su ejecución hoy se encuentra entrampada.

En las alturas de Moquegua la cuenca del río Tambo está contaminada por diversas fuentes. Pero esa agua podría ser represada. Foto: José Sotomayor.

De acuerdo con el portal de Invierte.pe del MEF, se está modificando el contrato en cuanto a los términos de referencia. El ingeniero Huber Valdivia explica que es porque la zona donde se proyectó la represa de Yanapujio no era idónea.

“Las rocas son muy frágiles y no sirven para represar agua. Este fue un error del perfil que elaboraron en un principio. Se ha paralizado todo desde enero y al PSI no le importa avanzar. Se les sugirió que metan juicio a la empresa que hizo el perfil, pero no han hecho nada. La empresa contratada para el expediente se ofreció a realizar los cambios y para ello piden ampliaciones de plazo e incremento del presupuesto. Y los del PSI no tienen interés porque para ellos el valle de Tambo no es una prioridad. Es falta de voluntad política”, indica.

El perfil fue realizado por la compañía estatal china Changjiang Institute of Surve, Planning, Design and Research y declarado viable en junio de 2020 por el PSI. El presupuesto de inversión aprobado para el proyecto fue de 608 millones 275 mil soles.

La dirigenta del valle de Tambo, Marilú Marroquín León señala que los pobladores del valle no tendrían ningún problema en negociar con el gobierno una represa. Pero ahora también tienen dudas sobre la empresa que el PSI contrató para elaborar el expediente. “Eso no significa que no sigamos luchando para cancelar la resolución que la ANA dio en favor de Quellaveco. Porque esa es otra lucha. Pero ojo, parece que todo lo hacen mal adrede. Porque han pasado tres años y siguen con el cuento de la represa. Los pobladores del valle de Tambo debemos despertar y reclamar nuestra represa. Esa empresa que contrataron está vinculada al Lagarto (Martín Vizcarra) y a su amigo Jorge Montenegro, el que fue ministro de Agricultura”, acusa Marroquín.

Cabe resaltar que la empresa Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores SA empezó a ganar buenas licitaciones a partir de 2019, justo en el gobierno de Vizcarra. Ese año, el 26 y 27 de febrero ganó dos licitaciones con el PSI. Ambas para elaborar los planes de control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas del río Motupe (Lambayeque) y del río Lacramarca (Ancash), por S/ 8.5 millones y S/ 8.4 millones, respectivamente. Pero la empresa no ha culminado su ejecución y ha iniciado procesos arbitrales exigiendo al PSI ampliaciones de plazo. El laudo de la obra en Áncash terminó dándole la razón a la empresa, pero el otro arbitraje sigue esperando una resolución.

Además, la empresa tiene una sanción en el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). De acuerdo con el expediente, la empresa presentó documentación falsa para la licitación de una supervisión de obra que realizaba el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en el 2002.

“En la fecha de la firma del certificado que acredita la supuesta prestación de servicios por el postor a [la empresa pública] EMSAPA La Oroya, uno de los firmantes del mismo no tenía vínculo laboral con la entidad, desde el día 24 de marzo de 1997, supuestamente emisora del certificado; 2) EMSAPA La Oroya no registra ninguna ejecución de obra y menos servicios por la suma de S/. 208.000; y 3) que hay diferencia en el nombre de la firma que realizó el trabajo porque se tiene conocimiento que la empresa Fichtner GmbH y el grupo alemán Berliner Wasser Betriev, Envicon GmbH, han desarrollado un estudio en mayo de 1997, asumiendo los costos la Municipalidad de Yauli-La Oroya”, dice el documento. Por este motivo la sanción fue de inhabilitar a la compañía por 3 meses para licitar con el Estado.

Convoca intentó comunicarse con el PSI a través del área de imagen institucional. Desde allí indicaron que coordinaron la entrevista pero luego no volvieron a responder las llamadas ni los mensajes. De igual forma intentamos comunicarnos con los teléfonos que Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores SA consignó en su ficha de proveedor del Estado, pero ninguno de los dos funcionaba.