Hace pocas semanas el Ministerio Público atravesó una conmoción de la que aún no se recupera. La entonces fiscal de la nación Patricia Benavides fue objeto del máximo escrutinio social cuando se revelaron unos chats que la implicaban en presuntas negociaciones ilegales con congresistas. Luego, el autor de estas comunicaciones, su asesor Jaime Villanueva, reconocería ante las autoridades que actuaba en nombre de la propia Benavides. Y su delación siguió incriminándola cuando narró cómo ésta tejió la presunta trama que terminó con la suspensión por ocho meses de Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, que lleva casos emblemáticos contra expresidentes, altos funcionarios, políticos y empresarios.

En este escenario, Convoca.pe conversó con el fiscal José Domingo Pérez, miembro de ese grupo de investigación que de pronto se vio descabezado en noviembre de 2023. Pérez compara la situación del Perú con la de Ecuador, donde ha habido una penetración manifiesta del crimen organizado en el sistema de justicia. También cuestiona que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público aún esté liderada por Antonio Fernández Jerí, cuya oficina sancionó a Vela por hacer declaraciones públicas a la prensa. Dentro de poco empieza el juicio contra Keiko Fujimori y Pérez teme que se instrumentalice de nuevo ese órgano disciplinario para sancionarlo y retirarlo de ese y otros casos, pues aún hay procesos sancionadores contra él en curso.

Estamos en una situación en la que, según algunas investigaciones, hay una supuesta infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia. Algunos casos de Lava Jato ya tienen acusación y ahora su desarrollo depende de otros factores, como la valoración de los jueces y las estrategias de las personas imputadas, que incluso pueden recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cree que estos casos pueden verse afectados por la situación que atraviesa el sistema?

Escuchar sus palabras respecto a la infiltración de actividades delictivas en las instituciones de justicia me traslada a escenarios de lo que está sucediendo muy cerca a Perú, en Ecuador, donde la situación de ese país se ha vuelto inviable aparentemente porque la sociedad se “dejó estar” y las instituciones lamentablemente fueron capturadas por intereses que lindaban con el crimen, con el delito. Y creo que, en nuestro país, debe llamar a la preocupación a la sociedad. Solo analizando lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en el Ministerio Público, quien era la titular [Patricia Benavides] está involucrada en una grave investigación por delitos graves, que han sido comunicados por la vocería de la propia Fiscalía, de crimen organizado, contra la administración pública, corrupción y otros. Debemos sentirnos preocupados, no solo uno como fiscal, sino la sociedad, de lo que puede suceder, lo que viene sucediendo y lo que sucederá.

¿Ha visto algunos signos concretos de este riesgo en los casos que está llevando?

La sola presencia de ciertos funcionarios que están involucrados en las investigaciones que se siguen a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, genera un potencial riesgo de que las investigaciones y los casos en juzgamiento se puedan perjudicar. Y hablo, en estricto, de la persona que está jefaturando la Autoridad de Nacional de Control [del Ministerio Público], Antonio Fernández Jerí. Se ha dado a conocer que estaría directamente involucrado en actos arbitrarios o ajenos sobre lo que supuso la suspensión del fiscal coordinador del Equipo Especial [Lava Jato] Rafael Vela.

El motivo que llevó a la Autoridad Nacional de Control a suspenderlo fue que él hizo una crítica a una resolución judicial de manera pública en 2020 o finales de 2019. Una investigación tan antigua fue actualizada. Para ello se trasladó a un fiscal de otro lugar, se lo trajo a Lima y en menos de 24 horas firmó la suspensión, lo que supuso que un fiscal coordinador de casos emblemáticos, de trascendencia nacional, contra personas que han tenido un poder político y económico importante en el país, haya sido apartado y hasta la fecha no pueda volver. Yo creo que eso genera preocupación constante.

Eso es dentro del Ministerio Público. ¿Y en otras instituciones?

Lo que voy a afirmar es respecto al fiscal Vela, quien decide accionar a través de la vía constitucional. Plantea una demanda de amparo y en ese proceso plantea una medida cautelar [para evitar su suspensión]. Una vez que se admite a trámite el proceso de amparo y notifican a la Autoridad Nacional de Control, a los días la autoridad de control del Poder Judicial, equivalente a la del Ministerio Público, suspende al juez que veía la causa de Rafael Vela. Y una vez que suspenden al juez, confirman la suspensión de Vela.

Los nuevos jueces que lo han sucedido, no han resuelto el pedido del fiscal coordinador [para anular su sanción] hasta que se ha desvelado el hecho en el que estuvo involucrada Patricia Benavides. Y mire usted: una de las personas involucradas era un funcionario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo, cuya esposa trabajaba en la Autoridad Nacional de Control del Minisiterio Público, Sharon Portalatino Manrique. Con esto se ha evidenciado una situación de coordinación aparente para lograr un propósito nefasto y arbitrario que era apartar al fiscal Vela. Esto ha sido denunciado por el fiscal Vela ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Entonces, si me preguntan si en el Poder Judicial puede haber conductas destinadas a perjudicar los procesos, yo le estoy poniendo de manifiesto un hecho concreto, con nombres, apellidos y actos. La JNJ tendrá que decidir.

Y hablando de esta situación, cuando se nombró como fiscal coordinadora de los casos de Lava Jato a Marena Mendoza…

Nunca se presentó, nunca la conocimos físicamente. Sabemos quién es por las imágenes que se registran de ella, pero físicamente nunca nos convocó. No hemos podido interactuar con esta fiscal que delegó Patricia Benavides. Pero llama a la reflexión que la Autoridad Nacional de Control Interno, paradójicamente, tenga que ser el mismo que tenga que investigar a los fiscales que han participado en los actos ejecutados por Benavides para obstruir las investigaciones.

¿Quién está investigando a Mendoza, no solo por la coordinación de Lava Jato sino como responsable de las investigaciones de los lamentables fallecimientos por las protestas sociales? Es una pregunta legítima, ¿va a ser Antonio Fernández Jerí, de quien existen serios cuestionamientos sobre su ética, idoneidad y probidad para el ejercicio del cargo? ¿Qué se está permitiendo con la permanencia de esta persona [Fernández Jerí] en esa función? Es un riesgo no solo para la labor que desarrollamos los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, sino para cualquier fiscal que quiera mantener independencia.

¿Y por qué sigue en el cargo Fernández Jerí?

Es una atribución que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia. Entendemos que está haciendo la evaluación correspondiente, pero yo le hablo desde el escenario que a mí me toca, el de uno de los agraviados por sus actos arbitrarios, abusivos y de falta de respeto al debido procesamiento. Yo estoy a semanas de presentarme en el juzgamiento contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros acusados. Y yo tengo el legítimo temor de que el señor Fernández Jerí conduzca acciones para apartarme del cargo. ¿Quién me garantiza  a mí que me van a permitir sustentar la acusación de manera regular? ¿Fernández Jerí? Si durante todo este último año y medio hemos estado acosados por la ANC. Existe una preocupación. No estará Patricia Benavides en el cargo, pero subsisten fiscales que formaron parte del grupo de poder cuando ella ejercía funciones.

Hay que tener garantías mínimas para que el sistema funcione.

No solo defendemos los intereses del Estado, sino a la sociedad que ha sido agraviada por la comisión de estos delitos. ¿Qué es lo que se está buscando? Que haya impunidad, que no podamos probar que quienes hayan sido acusados deben ser condenados con penas graves y severas. Hemos soportado un acoso constante del órgano disciplinario y denuncias penales interpuestas por diversas personas que, vamos determinando, tenían un interés común que era sacarnos del carro. Lo lograron con el fiscal Vela, con la doctora Marita Barreto temporalmente. Seguramente el siguiente era yo. No sé si habrán declinado en ese plan.

Aún tiene procesos disciplinarios abiertos.

Tengo procesos disciplinarios por brindar declaraciones a los medios de prensa. Acá hay un mal concepto de que los fiscales no pueden declarar a la prensa. No solo de la propia institución, sino de personas interesadas en descalificar a los fiscales. El Código de Ética del Ministerio Público nos autoriza a declarar públicamente cuando se está afectando la imagen institucional y también nuestra labor. Mi defensa ante la ANC ha sido que yo me he ajustado al marco ético. Y eso que no estoy hablando de los derechos que a todos los ciudadanos nos asisten.

Sobre la situación misma del caso Lava Jato, hay algunas acusaciones presentadas, otras investigaciones aún en curso. ¿En qué etapa estamos de este escándalo que empezó en 2015?

Estamos en la etapa de la definición. Hemos ingresado a la parte definitiva, que es el juzgamiento en varios casos: Ollanta Humala, Metro de Lima, Interoceánica que involucra a Alejandro Toledo, el de Keiko Fujimori, y otros más. Están en etapa de control de la acusación, para pasar a juicio oral, casos como el de Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Martín Vizcarra. Es decir, estamos en la fase a la que muchos de los investigados e interesados no querían que se llegue, cuando se va a determinar la responsabilidad penal por las pruebas que tiene la Fiscalía.

El Equipo Especial llevaba unos 30 o 40 casos, quizás se van a abrir más. Pero aún hay un lote de casos que se mantiene en fase de investigación…

Los casos que se iniciaron a partir de la develación de la información de Odebrecht en 2017 ya están con acusación y para juzgamiento. Pero hay otros que se han abierto producto de las propias investigaciones que se han llevado en el Ministerio Público y de la delación de algunos colaboradores aquí en Perú que han obligado y permitido la apertura de carpetas, que están aún en fase de investigación. Hay algunas que ya están para concluir y seguramente la actividad pericial es la que está pendiente de terminar para pasar a la siguiente fase, que debería ser la presentación de la acusación. Pero esto no se puede lograr si no hay el acompañamiento institucional, si la propia institución no te provee de los recursos, de los peritos, de toda la logística que se necesita. Hemos estado más de un año bajo la gestión de Patricia Benavides, lo que generaba obstáculos para que desarrollemos nuestra labor.

No se contaba con la disponibilidad de personal científico, técnico, económico, contable, de peritos que pudieran coadyuvar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato; del personal asistente, del personal fiscal, nos vimos reducidos en su número.

¿Siguen en esta situación?

No está el fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo especial. Entendemos que haber designado en la encargatura a su adjunta [Elssie Garavito] en su despacho, es una manifestación de la Fiscalía de la Nación de reconocer que ha sido una decisión injusta y arbitraria su suspensión. Esperamos que el fiscal Vela pueda retornar prontamente una vez que el Poder Judicial tome la decisión de resolver su proceso de amparo.  

Toda esto nos ha distraído del estado de la colaboración eficaz de Odebrecht, que ha estado en riesgo. Y la de Jorge Barata, para quien su despacho solicitó la revocatoria de los beneficios.

Yo voy a hablar de aspectos que son públicos, no reservados. El proceso de colaboración eficaz con Odebrecht y sus funcionarios continúa. Es cierto que la Fiscalía solicitó la revocatoria para los beneficios de uno de los colaboradores, que acaba de mencionar [Barata, por presunto incumplimiento del acuerdo de colaboración]. También es cierto que el abogado defensor de Jorge Barata es César Nakazaki, quien públicamente ha señalado que no ha habido incumplimiento. Entonces hay una controversia que tiene que ser resuelta por el Poder Judicial.

Con el fiscal Vela había una capacidad de coordinación adecuada entre los distintos actores que estaban dentro de este proceso de colaboración eficaz. No solamente con mi persona, como responsable del acuerdo de colaboración eficaz, y los representantes de Odebrecht y de los colaboradores eficaces, sino también con las distintas autoridades que a través de la cooperación judicial internacional permitían la viabilidad de este proceso. Una vez que se dio suspensión [de Vela], ha habido una paralización inexplicable. No tenemos conocimiento de absolutamente nada. Y creo que eso es consecuencia de la decisión de excluir al fiscal Vela de la coordinación del equipo especial.

Además, en Brasil había un particular escenario con el cambio de gobierno, las relaciones de cooperación entre la Procuraduría de Brasil y el Ministerio Público de Perú no tuvieron la misma intensidad. Perú entró en sus propias dinámicas, pero también Brasil en las suyas. Ese sería el contexto, además de la suspensión del fiscal Vela…

A pesar de lo que ocurría en Brasil, nosotros hemos procurado superar ello, tener la mejor información de Brasil. Sin embargo, la autoridad designada por Patricia Benavides en la Unidad de Cooperación Internacional, el fiscal superior Edgar Rebaza, que fue trasladado de Cajamarca a Lima, no coadyuvó en las finalidades que tenía el equipo especial. Afortunadamente ha sido relevado por una fiscal adjunta suprema que ya tenía experiencia en ese cargo, que es la fiscal Cecilia Hinojosa, y esperamos que a través de ella se pueda normalizar este mecanismo de comunicación con las autoridades brasileñas.

Porque todo ha sido cuestión de comunicación y coordinación, todo correspondía a que haya esos enlaces para que se pudieran llevar las diligencias de manera regular. O, por lo menos, el entendimiento de qué es lo que estaba sucediendo tanto allá en el Brasil como acá en el Perú. Pero cuando se desconecta este canal de comunicación, cuando los intereses de esta unidad no estaban en ayudar a los fiscales sino en favorecer los intereses de Patricia Benavides, lo que ocurrió es que esta oficina de cooperación fue inoperante.

Sobre esto, hay un componente que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, también mencionaba…

La fiscal Salazar abordó el último gran caso en Ecuador que se conoce como “Metástasis”, cuando el crimen organizado ha ingresado a las instituciones de justicia y a las de seguridad pública, como la policía. Ha presentado un gran caso que ha remecido a todo el Ecuador y no sé si ese ha sido el detonante para que el crimen organizado se manifieste en estos actos de terrorismo. Pero lo cierto es que ha habido un deterioro institucional, que, como dicen algunas personas entendidas, no viene de hace unos meses, viene ya de algunos años.

¿Qué es lo está ocurriendo en el Perú? En el tema de los procesos penales, se nos están quitando herramientas contra el crimen organizado. La colaboración eficaz, tantas veces cuestionada por los entes políticos investigados, por los defensores de los investigados… Bueno, la colaboración eficaz, por insistencia [del Congreso], terminó siendo modificada. Y, a la larga, no va a ser un instrumento legal idóneo para investigar el crimen organizado. No es una apreciación personal antojadiza. Lo dijo el propio fiscal coordinador de las fiscalías de crimen organizado. La modificaron.

Y no solo hablo de todo el relajamiento de normas penales, que ustedes han visto cuando a un acusado, condenado por tráfico de influencias agravado, al que le correspondía una pena de prisión efectiva, por una modificatoria legal, le han dado una pena suspendida. Estoy hablando de Kenji Fujimori y un hecho de compra y venta de la función parlamentaria. Ese y otros detalles nos llevan a preguntarnos si estamos en la antesala de lo que está ya ocurriendo en el Ecuador. Y aparentemente, [refiriéndome] a lo que a mí me corresponde, nos están quitando herramientas a los fiscales para procesar a las organizaciones criminales.