Este viernes 3 de julio culmina uno de los procesos electorales más ajustados de las últimas décadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio al 100% y otorgó a la candidata de Fuerza Popular una ventaja de apenas 49.641 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. 

La proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, programada por el Jurado Nacional de Elecciones para el 3 de julio al mediodía, no marca únicamente el inicio de un nuevo gobierno, también representa la llegada al Ejecutivo de la lideresa del partido que, durante los últimos años, fue uno de los principales protagonistas de la transformación del marco legal del país desde el Congreso de la República

El Parlamento aprobó un conjunto de normas que modificaron profundamente las reglas de la persecución penal, la lucha contra la corrupción, el control del crimen organizado, la responsabilidad de los partidos políticos, los beneficios tributarios para determinados grupos económicos y los límites del uso de la fuerza por parte del Estado.

Congreso de la República. Foto: Bancada Fuerza Popular

Una revisión de Convoca.pe identifica al menos catorce leyes y proyectos impulsados o respaldados por Fuerza Popular que han sido cuestionados por especialistas, fiscales, organismos nacionales e internacionales y organizaciones de derechos humanos por favorecer espacios de impunidad, debilitar instituciones democráticas o beneficiar intereses particulares.

En muchos casos, Fuerza Popular fue autora directa de las iniciativas. En otros, las propuestas fueron presentadas por bancadas como Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular o Alianza para el Progreso, pero el fujimorismo aportó los votos necesarios para convertirlas en ley, consolidando una mayoría parlamentaria que terminó redefiniendo aspectos centrales del sistema de justicia peruano.

El resultado es un Estado donde ahora investigar redes de corrupción es más difícil; donde los partidos políticos cuentan con mayores mecanismos de protección frente a responsabilidades penales; donde las herramientas contra el crimen organizado han sido restringidas; donde policías y militares enfrentan menos controles judiciales; donde regímenes tributarios favorables para determinados sectores económicos fueron prorrogados; y donde iniciativas conservadoras han intentado redefinir políticas públicas vinculadas con derechos fundamentales.

El debilitamiento de la lucha contra la corrupción

Investigaciones como Lava Jato, el Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos del Puerto o diversas redes regionales de corrupción pudieron avanzar gracias a herramientas como la colaboración eficaz, la persecución de organizaciones criminales, la responsabilidad penal de personas jurídicas y mecanismos procesales que permitían investigar estructuras complejas.

Ese escenario cambió. Una de las reformas más cuestionadas fue la modificación de la colaboración eficaz. Bajo el argumento de acelerar los procesos, el Congreso estableció plazos mucho más rígidos para corroborar la información proporcionada por colaboradores.

El Ministerio Público advirtió que la reforma limita el tiempo para corroborar la información proporcionada por los colaboradores eficaces, mientras fiscales especializados en corrupción, como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, sostuvieron durante el debate público que investigaciones de gran complejidad —como Lava Jato— dependen de diligencias que pueden extenderse durante meses o incluso años, entre ellas asistencias judiciales internacionales, pericias financieras y levantamientos del secreto bancario. En ese contexto, imponer plazos rígidos podría frustrar acuerdos de colaboración y dificultar el esclarecimiento de redes de corrupción.

Algo similar ocurrió con la denominada Ley Soto, que modificó las reglas sobre la suspensión de la prescripción penal.

Aunque presentada como una medida de orden procesal, especialistas advirtieron que sus efectos benefician principalmente a quienes enfrentan investigaciones complejas por corrupción y crimen organizado, donde los procesos suelen prolongarse debido a la cantidad de investigados, pruebas internacionales y recursos judiciales interpuestos por las defensas.

Para fiscales y procuradores anticorrupción, la consecuencia es evidente: aumenta el riesgo de que procesos emblemáticos prescriban antes de llegar a una sentencia definitiva.

A ello se suma la modificación del delito de organización criminal mediante la Ley 32108.

La reforma elevó los requisitos para acreditar la existencia de estas organizaciones y restringió herramientas de investigación utilizadas por la Fiscalía durante los últimos años.

La Junta de Fiscales Supremos, el Ministerio Público y especialistas en derecho penal cuestionaron públicamente la norma por considerar que contradice estándares internacionales establecidos en la Convención de Palermo y debilita la capacidad del Estado para perseguir redes de corrupción, minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, extorsión y lavado de activos.

En términos prácticos, fiscales deberán acreditar estructuras criminales mucho más complejas para acceder a instrumentos de investigación que anteriormente estaban disponibles, dificultando la persecución de organizaciones que operan precisamente bajo esquemas flexibles y descentralizados.

Un blindaje para las organizaciones políticas

Otra reforma especialmente polémica fue la aprobación de la Ley 32054. La modificación excluyó a los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal aplicable a otras personas jurídicas.

Mientras empresas, asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas pueden enfrentar sanciones como suspensión, clausura o incluso disolución cuando su estructura es utilizada para cometer determinados delitos, los partidos quedaron exceptuados de esas consecuencias.

La reforma adquiere especial relevancia en un país donde varias agrupaciones, incluido Fuerza Popular, han sido investigadas durante años por presuntos aportes ilícitos de campaña.

Más allá de los casos concretos, la ley reduce los incentivos para que las organizaciones políticas implementen mecanismos efectivos de prevención, transparencia y control sobre el origen de sus recursos. El beneficio es evidente para las dirigencias partidarias.

Menos controles para el uso de la fuerza estatal

La ampliación de los márgenes de actuación de policías y militares constituye uno de los ejes más consistentes de la agenda impulsada por Fuerza Popular en materia de seguridad.

No se trata de una única norma, sino de una secuencia de reformas aprobadas durante distintos periodos legislativos que, en conjunto, reducen los controles judiciales sobre el uso de la fuerza y fortalecen la jurisdicción militar frente a la justicia ordinaria.

El principal impulsor de esa agenda fue el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución. Durante el último quinquenio promovió diversos proyectos destinados a ampliar las exenciones de responsabilidad penal para policías y militares y defendió públicamente estas iniciativas como herramientas para enfrentar la criminalidad.

Entre ellas figura la Ley 32026, conocida por sus críticos como la "Ley de Gatillo Fácil". La iniciativa fue presentada por Fernando Rospigliosi y otros congresistas de Fuerza Popular, y modificó el Decreto Legislativo 1186, ampliando las facultades de la Policía Nacional para emplear armas de fuego durante el ejercicio de sus funciones.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que calificó la iniciativa como un retroceso porque flexibiliza el uso de la fuerza y puede favorecer la impunidad en casos de uso excesivo de la fuerza.

La ofensiva legislativa continuó con una reforma aún más amplia. En junio de 2026, el Congreso aprobó la ley que establece que los presuntos delitos de función cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean conocidos por la jurisdicción militar-policial y no por la justicia ordinaria. El dictamen reunió tres proyectos de ley: uno presentado por Fernando Rospigliosi (Proyecto de Ley 9187), de Fuerza Popular, y otros dos impulsados por Alejandro Muñante y Patricia Chirinos, ambos de Renovación Popular.

La aprobación de esta reforma generó una inmediata reacción de organismos de derechos humanos, exmagistrados y especialistas en justicia constitucional, quienes recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que la jurisdicción militar debe tener un carácter excepcional y restrictivo, limitado exclusivamente a delitos estrictamente vinculados con funciones castrenses, y no a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles.

Esa preocupación cobra especial relevancia en un país que aún mantiene investigaciones abiertas por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

Beneficios tributarios para las grandes agroexportadoras

La aprobación de la nueva Ley Agraria —conocida por sus críticos como la Ley Chlimper 2.0— constituye uno de los ejemplos más claros de cómo el Congreso, con Fuerza Popular como principal impulsor, legisló en favor de intereses económicos específicos.

El proyecto que dio origen al texto finalmente aprobado fue presentado en septiembre de 2024 por la congresista fujimorista Cruz María Zeta Chunga, entonces presidenta de la Comisión Agraria. 

La ley establece que, entre 2026 y 2035, las grandes empresas agroexportadoras pagarán una tasa del 15 % del Impuesto a la Renta, muy por debajo del régimen general. Esta reducción implicará una pérdida fiscal, recursos que el Estado dejará de recaudar y que podrían destinarse a sectores como salud, educación o seguridad ciudadana.

Economistas como Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, sostienen que el beneficio tributario carece de justificación técnica porque el sector agroexportador ya es uno de los más dinámicos y rentables del país. Según sus estimaciones, las exportaciones del sector crecieron más de 1.000 % en los últimos 25 años y las grandes empresas registraron un incremento cercano al 75 % en sus utilidades durante 2023, por lo que no requieren incentivos fiscales para mantener su competitividad.

Una agenda conservadora desde el Congreso

Fuerza Popular también ha impulsado desde el Congreso una agenda orientada a redefinir las políticas públicas sobre igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, educación y familia. Aunque varias de estas iniciativas aún no han sido convertidas en ley, muestran una línea política consistente que podría cobrar mayor fuerza con el retorno del fujimorismo al Ejecutivo.

Uno de los ejes ha sido el desplazamiento del enfoque de género por el denominado "enfoque de familia". En mayo de 2025, el Congreso aprobó en primera votación un dictamen que incorpora este enfoque como criterio transversal para el diseño de las políticas nacionales y sectoriales. La iniciativa fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, María Córdova Lobatón (Renovación Popular), con el respaldo de Fuerza Popular 

Durante el debate, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) defendió la propuesta y sostuvo que el objetivo era fortalecer a la familia como núcleo de la sociedad y que el proyecto no excluía ningún tipo de familia.

Paralelamente, congresistas de Fuerza Popular respaldaron iniciativas que buscan reemplazar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por un Ministerio de la Familia, una propuesta que organizaciones en favor de los derechos de la mujer consideran un retroceso institucional. Sus críticas apuntan a que el cambio diluiría el enfoque especializado en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y pondría en riesgo políticas construidas durante décadas para enfrentar la desigualdad de género.

La bancada fujimorista también ha promovido proyectos vinculados con la patria potestad, el régimen de visitas y la conciliación familiar. Una de sus principales impulsoras ha sido la congresista Barbarán, que propone establecer la conciliación obligatoria en procesos de alimentos, tenencia y visitas como mecanismo previo para resolver conflictos derivados de la separación de los padres. Barbarán sostiene que la iniciativa busca proteger el interés superior del niño y fortalecer la corresponsabilidad parental.
 

Las advertencias sobre el gobierno que comienza

En entrevista con Convoca.pe, el politólogo Eduardo Salmón considera que ese contexto resulta inseparable del gobierno que ahora inicia y sostuvo que Keiko Fujimori no mostró durante la campaña señales claras de moderación democrática, sino una continuidad con prácticas autoritarias ya conocidas.

El especialista alertó sobre intentos de reescribir el legado del régimen de Alberto Fujimori, las crecientes presiones contra periodistas y fiscales, las amenazas a la independencia judicial y la posibilidad de que el nuevo gobierno termine respondiendo a compromisos acumulados durante cuatro campañas presidenciales con importantes grupos de poder económico.

Para Salmón, el Congreso dejó construido un andamiaje legal que reduce los contrapesos institucionales precisamente cuando el mismo partido que ayudó a levantarlo se dispone a ocupar el Ejecutivo.

La interrogante ya no es únicamente cómo gobernará Keiko Fujimori. La pregunta es qué ocurrirá cuando el poder presidencial se ejerza sobre un Estado cuyas reglas fueron modificadas, durante años, por la fuerza política que hoy vuelve al Palacio de Gobierno.