Más de 1.400 incendios pusieron en alerta al país. Una de las zonas afectadas por el fuego es Cutivireni, una comunidad asháninka ubicada en el río Ene, donde 2.300 hectáreas de bosques primarios han resultado dañadas y 80 familias han quedado sin hogar. En este escenario, Convoca encontró que durante la gestión de José Balcázar, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),  desestimó una propuesta multisectorial para prevenir y controlar el fuego en zonas amazónicas, una iniciativa que ya había dado resultados en comunidades indígenas. Además, el 60% del presupuesto para la prevención de desastres no se ha ejecutado.

Los incendios forestales han afectado 2.300 hectáreas en la selva central de Junín / crédito: FARE Asháninka.

Hay una gran distancia entre la Política Nacional de Prevención y Gestión del Riesgo de Desastres, dirigida desde la Presidencia del Consejo de Ministros, y la propuesta que han construido organizaciones como la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Las autoridades plantean evitar la quema de campos de cultivo o residuos agrícolas, considerada una de las principales causas de estos eventos. Asimismo, se han establecido multas para personas identificadas como responsables de quemar pastizales. José Pedro Valerio, Central Asháninka del Río Ene (CARE), considera que esta política es inviable.

“Nosotros no podemos decirle a las personas de las comunidades que no quemen, porque es la manera de hacer agricultura en estas zonas y, además, el fuego es un elemento importante para los asháninkas. Pero lo que estamos promoviendo es la estrategia PAAMARI, una quema controlada y una gestión del fuego estratégica para la agricultura, que no se convierta en incendio”, señala a Convoca.

Con esa propuesta en junio del 2026, durante la gestión de Luis Enrique Arroyo Sánchez como primer ministro de José Balcázar, representantes de CARE se acercaron al Ministerio del Ambiente (Minam) entre otras entidades gubernamentales, para impulsar acciones de prevención de incendios forestales en su región. El Minam convocó al Consejo de Ministros para abordar el tema y reconoció la labor de la organización indígena y la propuesta PAAMARI, que redujo en 81 % las hectáreas afectadas por incendios forestales en la zona.

La entonces viceministra del Ambiente, Carmen Vegas, recibió la propuesta y se publicó una nota de prensa sobre las conversaciones para crear un grupo de trabajo multisectorial que elaborara una hoja de ruta con el objetivo de ampliar esta experiencia a otras zonas del país. Sin embargo, la iniciativa terminó derivando en una política sectorial a cargo únicamente del Minam.

Reunión donde participaron distintos representantes del Estado con la ex viceministra del Ambiente, Carmen Vegas.

La abogada de CARE, Irupe Cañari, sostiene que, tras reuniones convocadas por el Ministerio del Ambiente,  el Consejo de Ministros consideró que ya contaba con una política de gestión del riesgo de desastres y desestimó la propuesta de los asháninkas. “Si bien hemos tenido apertura para avanzar en este tema, necesitamos llevar el trabajo a otro nivel y conformar un grupo multisectorial que permita articular esfuerzos y generar respuestas más integrales frente a los incendios forestales. Sin embargo, no se logró concretar esta instancia porque la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no quiso formar parte del grupo”, afirmó.

En efecto, una resolución del 12 de agosto de 2026 propuso una política sectorial en la que el Minam es el principal impulsor. Además, en la fotografía difundida el 8 de septiembre no aparece ningún representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.  El documento lleva la firma del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero. 

Resolución ministerial que crea el "Grupo de Trabajo Sectorial para la elaboración de instrumentos que promuevan el Manejo Integral del Fuego".

Presupuesto para desastres pendiente por ejecutar 

El presupuesto también es un tema a considerar, a  poco más de dos meses de cerrar el año, el presupuesto destinado a la gestión del riesgo de desastres aún no alcanza la mitad de su ejecución. Una revisión de Convoca a la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que, en 2026, solo se había ejecutado el 40,4% de los recursos del Programa Presupuestal  destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El programa cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 2.783 millones, luego de que la asignación inicial de S/ 1.518 millones aumentara durante el año. Sin embargo, al momento de la consulta, el monto devengado ascendía a S/ 1.124 millones. Esto significa que, pese al incremento de los recursos disponibles, todavía quedaba por ejecutar cerca del 60% del presupuesto modificado, en un contexto en el que la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias resultan fundamentales.

En comunicación con Convoca, el Serfor, entidad encargada de gestionar acciones de prevención de incendios forestales, no brindó información sobre la aplicación de la política para enfrentar estos siniestros, pero indicó que la página web de la institución se encontraba caída. Convoca verificó que la herramienta de monitoreo de incendios forestales llevaba ocho días suspendida. Sobre este sistema de monitoreo, Convoca ya había advertido una reducción presupuestal.

Son 8 días que la web de Serfor de reporte de incendios forestales permanece inactiva.

En 2024, dentro de esta categoría también se registró una reducción presupuestal en la actividad “Generación de información y monitoreo de incendios forestales”, cuya asignación pasó de S/ 423.816 (US$ 108.950) a S/ 219.760 (US$ 59.250), lo que representó una disminución del 48% respecto al año anterior. 

Una estrategia para el control del fuego y la prevención de incendios

Saul Vega, vicepresidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), indicó que la quema agrícola es una práctica necesaria para preparar los terrenos de cultivo, especialmente en zonas donde se acumula abundante vegetación. El desafío, explicó, es evitar que estas prácticas se salgan de control y provoquen incendios forestales. Una investigación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reconoce que estas quemas responden a “prácticas ancestrales derivadas de la necesidad de ampliar áreas agrícolas y renovar pastos naturales para su transformación en terrenos cultivados”. A estos factores se suman las condiciones climáticas, la sequía, la acumulación de material combustible y la falta de organización comunal, que incrementan el riesgo de propagación del fuego.

Frente a este escenario, CARE promueve un sistema de manejo integral del fuego que combina los conocimientos ancestrales del pueblo asháninka con criterios técnicos para realizar quemas controladas. Saul Vega explica que, antes de iniciar una quema, las comunidades evalúan tres factores: la temperatura, la velocidad del viento y la humedad del material combustible. Si la temperatura supera los 40 °C, el viento alcanza los 65 kilómetros por hora o más, o la vegetación está demasiado seca, la quema debe suspenderse para evitar que el fuego se propague.

El dirigente señaló que estas labores no deben realizarse de manera individual. Es necesario organizar a la comunidad, habilitar líneas cortafuego de aproximadamente tres metros alrededor de las chacras y disponer de agua para responder rápidamente ante cualquier propagación de las llamas. “El sistema contempla, además, tres niveles de alerta identificados por colores: verde, cuando las condiciones permiten realizar la quema; amarillo, cuando se requiere precaución; y naranja, cuando está prohibida debido al riesgo”, informó Vega a Convoca.

La organización indígena CARE Asháninka ha formado a comuneros en la prevención contra incendios/ crédito: CARE Asháninka.

Según cifras presentadas por CARE, el proyecto ha permitido que el 2025 no se registren incendios en las comunidades donde se implementó. Remarcó que en 2023, se reportaron 25 incendios que afectaron más de 2.600 hectáreas, sin embargo, en 2024, tras su implementación, la cifra descendió a nueve incendios y alrededor de 492 hectáreas afectadas. 

La prevención también enfrenta límites normativos y políticos. Fiorella Herrera, de la organización ambiental We Can Be Heroes, cuestionó que las respuestas estatales se concentren en prohibiciones y sanciones sin desarrollar suficientes mecanismos operativos de prevención.  

La especialista advirtió que la propuesta de Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales podría resultar insuficiente si no contempla herramientas concretas para actuar en los territorios. También cuestiona los cambios introducidos por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.º 31973, pues  debilitan la protección de los bosques al permitir determinadas actividades agrarias en zonas deforestadas sin suficiente sustento técnico. A su juicio, este marco podría incentivar indirectamente las quemas como una vía para reclamar o ampliar terrenos.

Un problema de incendios generalizado en el país

Los incendios forestales registrados en octubre de 2026 han dejado 12 personas fallecidas y 832 afectadas, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundidas el 19 de octubre. Cusco concentra cuatro víctimas mortales; seguido de Cajamarca, con tres; Apurímac y Pasco, con dos cada una; y Puno, con una. Los siniestros también mantienen en alerta a regiones como Junín, Ayacucho y Áncash, mientras comunidades y autoridades locales han solicitado apoyo para enfrentar las emergencias.

Fiorella Herrera, de la organización ambiental We Can Be Heroes, que propone políticas para la Amazonía, comentó que las deficiencias en la gestión de los incendios forestales responden, en parte, a problemas de planificación y ejecución presupuestal. Sostuvo que el Plan Multisectorial fue diseñado para articular a ocho ministerios bajo la dirección del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Sin embargo, dijo que algunos gobiernos locales contratan consultorías únicamente para cumplir con el requisito formal y evitar sanciones. Esto termina generando planes genéricos que no responden a las características geográficas, logísticas ni presupuestales de cada territorio.

Bomberos que llegaron a la zona tuvieron que adecuarse a las condiciones, en redes sociales se solicitaba apoyo para cubrir equipos/ crédito FARE Asháninka.

La especialista también alertó sobre la falta de recursos para quienes enfrentan directamente los incendios. Bomberos forestales, guardaparques del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y comunidades nativas deben operar sin herramientas básicas, camiones cisterna ni equipos de protección adecuados. A ello se suma, según Herrera, la concentración de las decisiones y los presupuestos en Lima y en las sedes regionales, lo que dificulta que los recursos lleguen oportunamente a las zonas afectadas.

Esta falta de equipamiento también ha sido reportada en territorios asháninkas. La organización CARE Asháninka informó que 80 familias resultaron afectadas por los incendios y advirtió sobre la necesidad de contar con equipos para combatir el fuego. Una mochila contraincendios cuesta alrededor de S/ 1.000 y, en la zona asháninka, se ha logrado conseguir aproximadamente 55 unidades.

El brigadista indígena Felin Maraví relató que fueron días de trabajo para combatir el fuego, con equipos insuficientes, largas caminatas y el traslado de agua incluso en botellas. “Aunque no somos especialistas, los brigadistas asháninkas sabemos cómo combatir el fuego, reconocer el territorio y determinar por dónde desplazarnos. Hemos apoyado a cuatro comunidades en el control de incendios y permanecimos siete días trabajando en la zona. Es una labor agotadora, pero las comunidades siguen solicitando nuestro apoyo porque ya tenemos experiencia”, aseguró a Convoca.

Las brigadas indígenas han combatido el fuego por semanas en la selva central/ crédito: CARE Asháninka

En otras regiones del país también se reportaron carencias de implementos para combatir los incendios forestales, entre ellos mochilas contra incendios, cascos y botas. En Apurímac, la organización ambiental Ecoenergía Apurímac inició una colecta nacional para adquirir equipos destinados a los bomberos. En Cusco también se organizaron colectas y se convocó a la ciudadanía a realizar aportes para conseguir implementos que permitan combatir el fuego.

Estas limitaciones evidencian las dificultades que enfrentan las brigadas y las comunidades para responder a las emergencias y proteger sus territorios. Como revisó Convoca, en un contexto de pedidos de apoyo, el 60% del presupuesto para la prevención de desastres no se ha ejecutado. Contactamos con la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente para consultar por este tema, pero no recibimos respuesta hasta la emisión de esta nota.

Mientras tanto, frente a una consulta de Convoca, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) aseguró, a través de su área de comunicaciones, que ha desplegado brigadas y bomberos para atender las emergencias en las áreas naturales protegidas. Hasta el cierre de este artículo, el Ministerio de Defensa reportó que ya no había incendios activos, coincidiendo con la llegada de las lluvias a zonas andinas y amazónicas.