La noche del 18 de febrero cerró con una decisión que vuelve a confirmar el peso determinante del Legislativo en la política peruana. Con 60 votos en segunda vuelta, José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, asumirá la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

No se trató de una elección ciudadana ni de un proceso electoral extraordinario. Fue una votación parlamentaria, ajustada y precedida de intensas negociaciones, la que coloca a Balcázar al frente del Ejecutivo. En menos de una década, el país suma el octavo mandatario, que llega al poder por la vía congresal y no por el voto directo.

Una votación marcada por la fragmentación. En la primera ronda participaron 117 congresistas. Ninguno de los cuatro postulantes alcanzó la mayoría requerida (59 votos):

Héctor Acuña (Lista 1): 13 votos

María del Carmen Alva (Lista 2): 43 votos

Edgard Reymundo (Lista 3): 7 votos

José María Balcázar (Lista 4): 46 votos

7 votos viciados y 1 en blanco

José María Balcázar alcanzó 46 votos en la primera votación con la lista 4. En segunda vuelta, fue elegido como presidente del Congreso con 60 votos. Foto: Congreso

Al no alcanzarse la mayoría absoluta, el Reglamento del Parlamento obligó a una segunda vuelta entre María del Carmen Alva y Balcázar. En esa instancia, el resultado se inclinó por un margen estrecho: 60 votos para Balcázar frente a 46 para Alva.

El desenlace contrastó con los anuncios previos de respaldo a Alva por parte de bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y Avanza País. La recomposición de apoyos en la segunda vuelta evidenció acuerdos de último momento que no fueron transparentados públicamente.

Durante la votación definitiva, los congresistas Edgard Reymundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, denunciando que ambas candidaturas representaban a bloques mayoritarios responsables del deterioro institucional.

El peso de los antecedentes

La designación de Balcázar reabre cuestionamientos sobre su trayectoria.

En su etapa como magistrado, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo tras concluir que vulneró el principio de cosa juzgada al dejar sin efecto una resolución firme de la Corte Suprema. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró infundada su demanda para revertir esa decisión.

A nivel fiscal, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en la que se le vincula con un presunto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Según la acusación, Balcázar habría apoyado decisiones favorables a Benavides a cambio de gestiones para archivar una investigación en su contra y facilitar el nombramiento de un familiar en el Ministerio Público. El caso se encuentra en evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Además, sus declaraciones públicas en defensa del matrimonio infantil generaron rechazo y pronunciamientos críticos desde sectores especializados en derechos de la niñez y del Ministerio de la Mujer.

El Congreso como puerta de acceso al Ejecutivo

La censura de Jerí —aprobada con 75 votos— no solo removió al presidente del Congreso, sino que activó nuevamente el mecanismo de sucesión que traslada el poder Ejecutivo a manos del titular del Parlamento. En la práctica, el Legislativo no solo fiscaliza y legisla: también define quién conduce el país cuando se activan estas crisis.

Desde 2016, el Perú ha tenido una sucesión constante de mandatarios que no culminan su periodo. La llegada de Balcázar confirma esa tendencia y profundiza el debate sobre la estabilidad del modelo político y el uso recurrente de herramientas constitucionales para reconfigurar el poder.

Legitimidad en debate

Balcázar asume la Presidencia con 60 votos parlamentarios, no con millones de votos ciudadanos. Su mandato inicia bajo el peso de investigaciones pendientes y antecedentes disciplinarios que ya forman parte del debate público.

La decisión del Congreso no solo define un nombre en Palacio de Gobierno. Expone, nuevamente, que la correlación de fuerzas internas del Parlamento puede redibujar el mapa del poder nacional en cuestión de horas.

La pregunta de fondo es si un presidente designado por mayoría congresal —y con cuestionamientos abiertos— podrá sostener gobernabilidad en un escenario marcado por desconfianza ciudadana y crisis institucional permanente.