Para evitar que los agentes del orden que participaron en el operativo policial durante las recientes protestas por el paro de transportistas en Ica, donde fue asesinado un manifestante, se sigan investigando a sí mismos o a sus superiores, defensores de derechos humanos han solicitado al Ministerio del Interior y al Ministerio Público que disponga el envío a esa ciudad de un equipo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú de Lima.

Este pedido fue formulado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la congresista Ruth Luque, del partido Juntos Por el Perú, al amparo de la Directiva N° 003-2018-MP-FN de la Fiscalía de la Nación, que establece los lineamientos que deben cumplir los fiscales para prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con el uso arbitrario de la fuerza por parte de la PNP.

La directiva del Ministerio Público establece que, en este tipo de casos, el fiscal deberá garantizar que durante las diligencias no participen como investigadores o similares los policías investigados ni ningún otro miembro de la PNP que formó parte del operativo en el que ocurrió el hecho.

“Esta es una garantía de imparcialidad. Es muy difícil que los policías realicen una investigación exhaustiva cuando van a resultar implicados sus compañeros policías o los mandos policiales que están sobre ellos”, explicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a Convoca.pe.

Actualmente, los policías de Ica se están investigando a sí mismos por la muerte del trabajador agrario Jhony Quinto Contreras, de 25 años, y las lesiones graves a otros dos manifestantes, pues agentes de diversas dependencias de la región participaron en la represión policial de las protestas del 6 de abril último, durante el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, en Ica. Entre estas, se encuentran el Frente Policial Ica, el Frente Policial Lima, la Divincri Ica, la Región Policial Ica, la División de Emergencia, diversas comisarías competentes, entre otras.

Sepelio de Jhony Quinto, joven asesinado de un balazo en la cabeza durante la represión policial de las protestas del 6 de abril último, en Ica. Foto: Facebook/Fentagri

En un informe anterior, Convoca.pe publicó fotos que prueban que minutos antes de que Jhony Quinto muriera por el impacto de una bala en la cabeza, dos policías empuñaron sus armas de fuego en la zona de Expansión Urbana, a un lado de la carretera Panamericana Sur, cerca de donde fue asesinado el joven. En una de las fotografías también aparece uno de los agentes apuntando con su pistola directamente a los manifestantes.

“Para que pueda avanzar la investigación sobre el fallecido y dos personas heridas de gravedad en Ica, debe garantizarse la imparcialidad de los efectivos, porque es muy probable que los efectivos que han dirigido el uso de la fuerza estén por encima de los que integran la Divincri en Ica”, resaltó la abogada Mar Pérez.

En Ica, la máxima autoridad policial es el jefe del Frente Policial de Ica, general Aldo Muñoz Ygal, nombrado en dicho cargo en febrero pasado, durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. En la zona de Expansión Urbana, donde falleció Jhony Quinto, el oficial responsable del operativo policial era el comandante PNP Dany Fernando Soriano Cruzado, de la División de Seguridad Ciudadana y Policía Comunitaria Ica, órgano de apoyo del Frente Policial Ica, según información de testigos.

Los policías no solamente deben responder por la muerte de Jhony Quinto y las lesiones graves a dos manifestantes, sino también por haber dispuesto el levantamiento del cadáver del joven sin la presencia de un representante del Ministerio Público, como lo evidencian las fotos publicadas por Convoca.pe. En dicho operativo policial, también resultaron heridos, por lo menos 12 agentes de la PNP, según los primeros reportes de las autoridades.

A las 6:58 am, un policía fue captado apuntando su pistola en dirección a los manifestantes. Minutos después, a las 7:07, Jhony Quinto fue fotografiado y abatido por un impacto de bala en la cabeza.

Sin respuesta

El 21 de abril último, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos envió una carta al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, pidiéndole que solicite el traslado a Ica de un equipo de la Divincri Lima, con el fin de investigar las lesiones graves de Rosmel Huaraca Centeno y Jhonatan Huamaní Espinoza, así como el homicidio de Jhony Quinto, atribuido a policías que habrían usado armas letales.

El pedido se sustenta en la referida Directiva N° 003-2018-MP-FN de la Fiscalía de la Nación y recuerda que los efectivos que investigan el uso de la fuerza por parte de la PNP deben pertenecer a cuerpos diferentes a los involucrados en los hechos investigados. El organismo de derechos humanos informó que aún no ha recibido respuesta de la máxima autoridad del Ministerio Público.

“Nos preocupa mucho la posición que expresó públicamente el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señalando que ellos no tenían ninguna responsabilidad en la muerte de los manifestantes. Evidencia que hay una protección política a esos efectivos que utilizan, de manera arbitraria, la fuerza. ¿Qué garantía nos puede ofrecer una investigación de los hechos a cargo de la Policía?”, señaló la abogada Mar Pérez.

En la misma fecha, el 21 de abril, la parlamentaria Ruth Luque envió un oficio al Ministerio Público solicitando que, como titular de la investigación penal sobre los heridos y el fallecido el 6 de abril en Ica, solicite el envío de un equipo de la Divincri Lima al lugar de los hechos investigados.

La congresista Luque también envió un oficio al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, pidiendo directamente el envío de un contingente imparcial. “La gravedad de los hechos que se investigan requiere que se asegure la objetividad de los agentes policiales que intervengan en la investigación, de ahí que, resulta idónea la presente solicitud”, señala un extracto del oficio al que accedió Convoca.pe. 

Ruth Luque dijo a este medio digital que tampoco ha recibido respuesta a los oficios enviados al Ministerio Público y al Ministerio del Interior. 

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, respaldó a los policías que participaron en el operativo en Ica y brindó un reconocimiento a los agentes heridos por los manifestantes. Foto: Difusión

La solicitud tiene como precedente una disposición del entonces ministro de Justicia José Elice, quien dispuso el traslado de efectivos desde la capital hasta La Libertad, en diciembre del 2020, para investigar la muerte de tres ciudadanos durante el paro agrario en dicha jurisdicción.

Esta medida permitió identificar de qué arma procedían las balas que mataron a los manifestantes. En esa ocasión, el gobierno del presidente Francisco Sagasti se comprometió a iniciar una reforma policial, que aún no se concreta.

El último lunes, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, no acudió a la cuarta citación que le formuló la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, para que informe sobre el accionar policial durante las protestas ocurridas entre el 1 y el 6 de abril, entre otros temas relativos a su sector. Ante ello, un grupo de congresistas presentó una moción para que el titular del Interior acuda a declarar ante el pleno del Parlamento.

Además, en la próxima sesión plenaria del Poder Legislativo se debatirá si se aprueba o no la moción de interpelación a Chávarry por las muertes ocurridas en las recientes protestas de Ica, Huánuco y Junín.

La última acción dispuesta por el gobierno de Pedro Castillo ante los reclamos por estos decesos ha sido la promulgación de una resolución del Ministerio de Justicia, el último domingo, que crea un grupo de trabajo multisectorial con el fin de elaborar propuestas normativas para el apoyo económico excepcional a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril de 2022.

Foto principal: Convoca.pe