El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se mantiene prófugo de la justicia o, como dice su abogado, “a buen recaudo”. Mientras que la Policía Nacional aún no es capaz de dar con su paradero, el Gobierno lo ha puesto en la lista de "los más buscados" y ofrece una recompensa de S/ 50 mil por información que lleve a su captura. Este monto, sin embargo, no genera un incentivo determinante para que la situación cambie, según especialistas en seguridad y orden interno consultados por Convoca.pe.
La retribución a primera vista puede parecer elevada si se compara con las cifras ofrecidas por el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco (S/ 30 mil), y por los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo (S/ 15 mil) y Gian Marco Castillo (S/15 mil). Pero es bastante modesta si se considera, por ejemplo, los montos que se ofrecieron en su momento contra los gobernadores regionales del Callao, Cajamarca y Tumbes: Félix Moreno (S/ 150 mil), Gregorio Santos (S/ 100 mil) y Gerardo Viñas Dioses (S/100 mil), respectivamente.
Incluso, la recompensa que se ofrece por Silva Villegas es la mitad de la que el Gobierno llegó a prometer en 2019 por la ubicación y captura del general en retiro y excongresista Edwin Donayre (S/ 100 mil) y de un exalcalde distrital como Carlos Burgos (S/ 100 mil), de San Juan de Lurigancho.
Poco atractivo
“Lógicamente hubiera dado mucho más para que sea un incentivo. En nuestra época, [debido a las altas recompensas] trajimos a Martín Belaunde, de Bolivia; a Gerson Gálvez, de Colombia; a [Gerald] Oropeza, de Ecuador […]. Entonces, deben dar un buen incentivo para que gente cercana a él lo denuncie”, explicó a este medio el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
El ex alto funcionario, que fue uno de los impulsores del Programa de Recompensas, explicó a este portal que las dificultades que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) para capturar a un prófugo, y la alta peligrosidad de este, son los criterios que toma en cuenta el viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) para determinar el monto de una recompensa.
Como se sabe, Silva Villegas desapareció la semana pasada a pesar de que el Ministerio Público había solicitado desde el 27 de mayo a la Policía Nacional efectuarle una videovigilancia permanente, ya que se le investiga por el caso Puente Tarata III. La entidad de justicia ha señalado que nunca recibió los informes policiales sobre dichas diligencias.
Silva ocupó la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicación desde julio de 2021 hasta febrero de 2022. Las imputaciones no son ligeras. Se le investiga por los delitos de organización criminal y colusión agravada por presuntos favorecimiento en las licitaciones de su cartera, así como por un aparente soborno de 100 mil soles detallado por un colaborador eficaz.
“Nosotros en 4 o 5 meses [durante la gestión de Ollanta Humala], al 30% de los que pusimos en el Programa de Recompensas se les capturó, pero por gente cercana [a los prófugos] que quería su dinero y se le pagó [por informar]. Ya después esto se desvirtuó”, aseguró el exministro a este portal.
El Decreto Supremo N° 011-2016-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1180, –que a su vez establece el beneficio del programa de recompensas– señala que, en los casos contra la criminalidad, se pagará un monto de hasta S/ 500 mil para quien entregue información que lleve a la captura de jefes, dirigentes o cabecillas. En tanto, la paga será de hasta S/ 100 mil para el caso de integrantes o partícipes de una banda. Finalmente, la cifra se puede elevar hasta los S/ 150 mil en el caso de delitos de alta lesividad.
El exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, explicó a Convoca.pe que desde que el exministro Carlos Basombrío se hizo cargo del Programa de Recompensas, instaurado por Pérez Guadalupe durante el Gobierno de Ollanta Humala, los resultados no han sido muy halagadores.
“El porcentaje [de capturas] no es bueno. En cuanto al monto, efectivamente estos 50 mil soles que están ofreciendo es un monto dentro de los mayores que se han establecido. Bruno Pacheco tiene S/ 30 mil, el sobrino de Castillo, S/ 15 mil. Pero si vemos la realidad, vale decir, resultados que se pudieran conseguir, no es lo que se esperaba”, explicó el general en retiro.
Este portal se solicitó una entrevista con Basombrío para conocer su postura frente a estos temas, pero señaló que en ese momento no estaba disponible para atender.
Responsabilidades
No obstante, Pérez Rocha fue más allá del tema de la recompensa y señaló que la Policía tuvo cierta responsabilidad en la fuga de Silva Villegas, quien dio señas de lo que iba a pasar cuando renunció a la escolta policial que debía protegerlo durante seis meses por haber sido ministro de Estado.
“Se supone que hasta el 5 o 6 [de junio] ha tenido seguridad personal y [quienes lo custodian] son policías de Seguridad del Estado que lo siguen en todo momento, 24 por 24, y que tienen que informar con un parte escrito las horas, lugares, actividades que ha realizado, lugar donde lo han dejado como fin de este servicio, donde pernocta. Es inconcebible que no se conozcan las actividades de estos últimos días, por eso ha pasado a la clandestinidad”, afirmó el exdirector de la Policía en diálogo con este portal.
Lo cierto es que el pasado 25 de mayo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria que dicte la orden de impedimento de salida del país contra el exministro. Del mismo modo, el 27 del mismo mes la Fiscalía dispuso que la Policía Nacional, a través de su división de Investigación de delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado (Dircocor) inicie un plan de videovigilancia para Silva Villegas.
Sin embargo, recién el 4 de junio, la Corte Suprema aceptó la solicitud del Ministerio Público y ordenó la detención preliminar de 15 días contra el exfuncionario. Este contexto sirvió de argumento al ministro del Interior, Dimitri Senmache, para negar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su sector o la Policía tengan responsabilidad en la huida y permanencia en clandestinidad de Juan Silva Villegas.
Este viernes, Semnache argumentó que la institución policial actúa solo siguiendo la ley y los pedidos del Ministerio Público.
El alto funcionario ratificó que no renunciará a su cargo. “No puedo aceptar responsabilidad que no me compete cuando es el Ministerio Público, el director y ejecutor de las investigaciones, el que debería mantener todo este procedimiento en reserva […]. En ningún momento en mi gestión hay una sola orden, un solo dicho, una sola muestra de que se ha querido esconder a alguien”, argumentó el ministro.
En tanto, el abogado del exministro Juan Silva, Alfredo Yalán Ramírez, afirmó que su defendido no está prófugo y que no está incumpliendo con la justicia pues solo se ha puesto “a buen recaudo”. Incluso, el letrado señaló que su defendido podría pedir asilo en una embajada.
“Cuando dije que se encuentra a buen recaudo es porque está en el Perú, en un país donde aparentemente nos estamos guiando por un estado constitucional, democrático y social, orientado al bien común donde gobiernan las leyes y no los hombres. Él está acá en el Perú, no se ha fugado”, declaró el jurista.
El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo a Convoca.pe que en este tema, los agentes que escoltaban a Silva Villegas tienen mucho que decir, pues han tenido que informar, hasta el último día, dónde se encontraba el ahora clandestino funcionario. Esa información tuvo que ser evaluada por Seguridad del Estado inmediatamente y sin esperar un requerimiento del Ministerio Público, explicó el especialista.
“Todos sabían que se le venía un pedido de prisión preliminar, e Inteligencia de la Policía ha tenido que actuar por motu proprio, independientemente de que la Fiscalía se lo pida […]. Que [Senmache] le eche la culpa a la Fiscalía, no me parece la mejor salida. La Fiscalía tiene sus plazos, pero la Policía tiene actuar independientemente, no para la captura, pero sí estar atentos a dónde está porque el pedido de captura era inminente”, argumentó.
Uno de los efectivos que conformaba la escolta de Silva Villegas, la agente María Angélica Fuentes, se defendió de las acusaciones. A través del abogado Stefano Miranda, explicó que reportó que el exministro de Transportes no estaba en su vivienda.
“Ella ha comunicado oportunamente, el viernes 3 de junio, a su comando [que Juan Silva ya no estaba]. Ha comunicado mediante la documentación que hace en la Policía Nacional del Perú”, explicó en el programa ‘Milagros Leiva Entrevista’, el último miércoles.
No obstante, aunque se mostró muy enérgico y activo con la defensa de la escolta, solo un día después de dar estas declaraciones, dejó de ser su representante legal. Convoca.pe se comunicó con Miranda para conocer las razones de su alejamiento del caso. El abogado se limitó a explicar que esto fue decidido por su exclienta y por razones que desconocía.
“Veremos qué cosa sustenta nuevamente ella. Nosotros hemos sustentado lo que hemos visto y lo que tenemos en carpeta”, explicó a este portal.
Mientras los acontecimientos se desarrollan, el exministro Juan Silva permanece "a buen recaudo" al cierre de esta nota.