Convoca.pe pudo encontrar que 30 funcionarios sancionados tienen resoluciones consentidas de inhabilitación por muy graves infracciones administrativas ya que, según la Contraloría, sus conductas habrían causado graves perjuicios económicos al Estado. En total, 11 infracciones han sido consentidas en primera instancia y otras 24 fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Estas revelaciones se han obtenido con la información registrada en la base de datos Sancionados, de nuestra nueva plataforma Rastreadora, que contiene aplicaciones ciudadanas y reportajes que reúne información de interés público y hallazgos periodísticos para que los ciudadanos puedan vigilar al poder, enfrentar la corrupción y la impunidad.

De esta forma se pudo identificar cada uno de estos casos y con información de las resoluciones sancionadoras consentidas se pudo concluir que el perjuicio económico al Estado por las acciones de estos servidores públicos suma un total de 15 millones 232 mil 389 soles. A estos funcionarios, se les impusieron un total de 35 conductas infractoras.

El caso de afectación económica con la cifra más escandalosa está relacionado a la sanción de tres ejecutivos de la petrolera estatal Petroperú. Esto ya que la Contraloría encontró irregularidades durante el proceso de adquisición de Biodiesel B100 por un monto total de US $84 millones 304 mil 215 que se adjudicó a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. del empresario Samir Abudayeh, quien previamente se había reunido con el entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Tres funcionarios de Petroperú han sido inhabilitados de la función pública por el caso de la compra de biocombustible a la empresa de Samir Abudayeh. Foto: El Comercio.

El órgano de control indicó que en dicho proceso de compra de combustible tres exfuncionarios de la empresa, el gerente del Departamento de Planeamiento Operacional, Mitchell Laurent Chávez Mendoza, el gerente del departamento de compras de hidrocarburos, Roger Daniel Liy Lion y el jefe de administración de contratos, Darwin Toscano Ludeña, determinaron irregularmente el volumen de compra y periodos de entrega del producto.

El Órgano Instructor de la Contraloría encontró que los tres exfuncionarios fueron responsables por no cobrar las penalidades por el retraso injustificado del biodiesel ya que solo se ejecutaron las entregas del 27.4% del total contratado. Sin embargo, Petroperú tramitó los pagos a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. por cerca de 22 millones de dólares y no aplicaron las penalidades del retraso injustificado, ocasionando que el Estado no pueda cobrar 2 millones 342 mil 349 dólares.

Por este motivo, el Tribunal Supremo de Responsabilidades Administrativas (TSRA) dispuso la inhabilitación de estos tres funcionarios. El jefe de administración de contratos fue inhabilitado para laborar en entidades públicas por 3 años y 8 meses, el gerente del departamento de compras por 180 días y el gerente del departamento de planeamiento por 2 años y 7 meses.

La instancia administrativa de la Contraloría determinó que los funcionarios de Petroperú generaron perjuicio económico al no cobrar a la empresa de Abudayeh la millonaria penalidad por incumplimiento de contrato. 

Esta medida se ejecutó con la renovada facultad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR), aprobada por el Congreso en el 2021, la cual permitió sancionar con inhabilitaciones a un total de 30 funcionarios por infracciones administrativas muy graves que perjudicaron económicamente a las entidades públicas en donde laboraban. La Ley 31288 reúne 32 conductas que pueden ser pasibles de sanción por parte de la entidad que controla el uso de los recursos públicos.

No obstante, como narró Convoca.pe, antes del 2019, la Contraloría sí contaba con facultades sancionadoras, pero estas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC). Esto porque el TC encontró que la anterior norma que tipificaba las infracciones no especificaba las conductas concretas que se buscaba sancionar. Además, la Ley Orgánica de la Contraloría no incluía ninguna conducta infractora tipificada.

Por ello, la entidad fiscalizadora presentó un proyecto de Ley al Congreso para buscar que el Parlamento apruebe sus nuevas facultades legislativas, lo que finalmente se logró en julio de 2021. Sin embargo, el gobierno de Francisco Sagasti presentó una nueva demanda para declarar inconstitucional la norma ya que consideró que contiene "disposiciones genéricas", que no permite tener certeza sobre la conducta que debe considerarse infractora.

Aunque, desde agosto de 2023, el Tribunal Constitucional (TC) tiene pendiente resolver la demanda presentada por el Poder Ejecutivo, la nueva facultad sancionadora de la CGR ya ha alcanzado un total de 112 funcionarios que han sido inhabilitados con procesos que llegaron a la última instancia administrativa y otros 109 que han sido sancionados en primera instancia.

Un total de 112 funcionarios han sido inhabilitados por faltas graves y muy graves detectadas por la Contraloría. Otros 109 han sido sancionados en primera instancia. Foto: Difusión.

2 millones en perjuicio

Entre los casos identificados hay un exalcalde involucrado. Hugo Meléndez Rengifo es el exalcalde del distrito de Morales, en Tarapoto, región San Martín, quien fue encontrado responsable por el adelanto directo y adelanto de materiales al contratista para una obra de mejoramiento de drenaje pluvial. Esto ocasionó un perjuicio económico de 2 millones 315 mil 816 soles. Esta cifra es la más alta de los 20 casos con monto encontrado.

Meléndez fue electo para la gestión 2019 a 2022 con el partido MAS San Martín. El exalcalde fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por cinco años. En enero de 2020 el MAS San Martín fue cancelado y en julio de 2021, Sin embargo, la autoridad edil se inscribió al partido Alianza para el Progreso (APP) hasta que renunció en octubre de 2021.

En este caso, la Municipalidad Distrital de Morales otorgó un adelanto directo y adelanto de materiales al contratista Consorcio Pirámide al que se le encargó el mejoramiento del drenaje pluvial desde el Jr. Comandante Chirinos hasta el Jr. Malecón Cumbaza - Quebrada Amorarca.

El entonces alcalde del distrito de Morales en la región San Martín fue inhabilitado de la función pública por cinco años. Foto: Municipalidad Distrital de Morales.

El órgano sancionador señaló que Meléndez Rengifo ocasionó un "efecto adverso a los intereses del Estado", pues, en setiembre de 2021, emitió sin sustento legal una carta con la cual devolvió dos cartas fianzas de garantía al Consorcio Pirámide, pese a que en un laudo arbitral le ordenaron a la Municipalidad de Morales que las retuviera ya que existían saldos pendientes por amortizar de los montos adelantados. 

Esto originó que esta municipalidad perdiera el respaldo financiero que le permitía recuperar de manera automática los recursos entregados al contratista por concepto de adelanto directo y adelanto de materiales. Esto afectó a la entidad con 2 millones 315 mil 816 soles.

Por esta afectación, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría confirmó la inhabilitación de cinco años para el exalcalde Meléndez Rengifo al encontrarlo responsable por conductas muy graves por incumplir de manera injustificada el ejercicio de las funciones a su cargo establecidas en los instrumentos de gestión ocasionando perjuicio económico al Estado.

Por el mismo hecho, también fue inhabilitado el entonces jefe de la oficina de tesorería del municipio de Morales, Jherson Mego Tuanama. Esto por que tenía la responsabilidad de tener en su custodia las cartas fianza en su caja fuerte. Según indicó el exfuncionario, su asistente entregó las cartas sin su consentimiento. Fue inhabilitado de la función pública por tres años.

Más de 2 millones 300 mil soles fue la afectación económica por la devolución de las cartas fianza por parte del alcalde de Morales, según la resolución de la Contraloría. 

Compensaciones irregulares

Un importante caso presentado en una universidad pública y que habría causado -de los casos identificados-mayor afectación al Estado es el que involucra al exrector encargado de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad), Hugo Dueñas Linares, y a Zandali Herrera Machaca, jefa del Área de Remuneraciones y de la Unidad de Recursos Humanos, quienes fueron inhabilitados de la gestión pública. Esto por no evitar compensaciones económicas irregulares durante el 2021. 

La Contraloría encontró responsabilidad administrativa en ambos funcionarios de la Unamad pues se detectó que se otorgó remuneraciones y beneficios laborales a las autoridades universitarias cuando no les correspondía. El perjuicio causado al Estado, a través de la institución, por estos pagos fue de 1 millón 61 mil 578 soles.

Esta situación además había sido advertida por la Autoridad del Servicio Civil que en enero de 2021 informó que "las autoridades universitarias encargadas no podían ser beneficiadas con las compensaciones económicas establecidas en el Decreto Supremo N° 313-2019-EF". Ese decreto aprobado en el 2019, aprobó compensaciones económicas para los rectores y vicerrectores de universidades públicas.

El docente Hugo Dueñas Linares, quien fue nombrado como rector encargado de la Universidad Nacional de Madre de Dios, fue sancionado por realizar pagos irregulares a sí mismo y a los vicerrectores durante el 2021. Foto: Unamad.

Los pagos aprobados eran de una compensación mensual de 25 mil soles para el rector y de 22 mil 500 soles para los vicerrectores. Estos pagos se realizaron entre el 27 de mayo de 2020 al 30 de noviembre de 2021 y se realizaron a favor de los docentes nombrados Hugo Dueñas Linares, Luz Marina Almanza Huamán y Soledad Paucar Sullca, que tenían funciones encargadas de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación, respectivamente. 

Según el informe de control, estos pagos no debieron ser realizados pues el rector y las vicerrectoras encargadas son docentes ordinarios que fueron designados por la Asamblea Universitaria de forma provisional. La diferencia es que por ser docentes ordinarios estaban sujetos a la carrera especial de la Ley Universitaria, mientras que los rectores y vicerrectores se rigen por el régimen de Servicio Civil.  

El ex rector encargado fue inhabilitado de la gestión pública por 3 años y 6 meses, mientras la entonces jefa del Área de Remuneraciones y de la Unidad de Recursos Humanos fue inhabilitada por 121 días.

El perjuicio causado al Estado por el entonces rector encargado de la Unamad, según la Contraloría, sería de 1 millón 61 mil soles.

Otros procesos pendientes

Convoca.pe pudo encontrar que de las 35 resoluciones de procesos disciplinarios de primera y segunda instancia por perjuicio económico al Estado, las instituciones públicas que acumulan más exservidores sancionados son Petroperú (6) con seis resoluciones, Municipalidad Provincial de Tumbes (4) y la Municipalidad Provincial de San Miguel (3). Así también los gobiernos regionales de Junín (3) y Áncash (3).

Sin embargo, este medio de comunicación pudo identificar que hay otras 20 resoluciones de sanción de los órganos sancionadores de primera instancia. La Contraloría dijo a Convoca.pe que la información de estas resoluciones iniciales no es pública pues están en proceso de apelaciones que han sido presentadas por la defensa de los exfuncionarios públicos ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).