Actualización. Viernes 22 de abril de 2022.

Comunidad campesina denuncia incumplimiento de los acuerdos planteados para el inicio de la mesa de diálogo

El último miércoles 20 de abril, el Gobierno peruano declaró estado de emergencia en el distrito de Torata para garantizar la paz en la zona minera de Cuajone, Moquegua. En este lugar se desarrolla un conflicto social que lleva más de dos meses sin solución y que enfrenta a la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala y la minera Southern Perú Copper Corporation. Se esperaba que hoy empezaran a registrarse los primeros avances en el diálogo, pero la situación continúa igual de tensa que antes.

Esta mañana se tenía prevista la visita del Comité de Crisis –integrado por el gobernador de Moquegua, el prefecto y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)– para constatar el levantamiento de la medida de fuerza ejecutada por la comunidad, que consistía en el bloqueo del reservorio que abastece de agua a los campamentos mineros donde viven unas 5 mil personas.

Sin embargo, Iván Mendoza, vocero de la comunidad campesina, señaló a Convoca.pe que trabajadores de la empresa Liderman, encargados de la seguridad de Southern Copper, quemaron sus “chozas” y trajeron maquinarias para ocultar las evidencias. Mientras Mendoza conversaba con este medio, se escuchaba de fondo a sus compañeros pedir que no usen la maquinaria y el sonido de la misma.

“Que no nos digan más adelante que nosotros somos violentos, extorsionadores. Nosotros nos hacemos respetar”, afirmó Mendoza. El vocero declaró que su comunidad se reorganizará y decidirá si sigue en el diálogo o da un paso atrás. Asimismo, enfatizó que Southern Perú no ha retirado las denuncias a miembros de la comunidad, como se acordó.

“[Southern Copper] no ha cumplido nada. Quedamos en que retiraban las denuncias. Incluso los dos Hábeas Corpus que presentó Southern a la comunidad han salido improcedentes y ellos han apelado. ¿Quién incumple?”, cuestionó el comunero.

Declaraciones

El último miércoles, horas antes de que entrara en vigor el estado de emergencia, en una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, calificó de “irracional” los 5 mil millones de dólares que los comuneros exigen a Southern Perú como compensación por haber usufructuado, según alegan ellos, sus tierras por 50 años. “Cinco mil millones de dólares es una cantidad inimaginable y eso nos llevó a disponer el estado de emergencia", acotó Torres.

En respuesta, Mendoza consideró "lamentables" las expresiones del titular de la PCM. “Los cinco mil millones de dólares han sido una propuesta, no una decisión definitiva”, aseguró.

Ayer, la comunidad campesina se dirigió al responsable de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, José Muro Ventura, y le manifestó “la disposición de la asamblea comunal a poder continuar con los acuerdos plasmados”.

Nota original.

Sábado 4 de abril de 2022.

Conflicto en Mina Cuajone: 53 días de diálogo frustrado

El conflicto entre la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, de Moquegua, y la gigante minera Southern Perú Copper Corporation persiste. Después de 53 días desde que los comuneros, como medida de protesta, tomaran el reservorio hídrico de la mina Cuajone y dejaron al campamento de sus trabajadores sin agua, ni la comunidad ni la compañía extractiva ni el Estado han sido capaces de sentarse a dialogar.

Como se sabe, los campesinos aseguran que Southern Copper ha utilizado sus tierras por más de 50 años y ahora piden 5 mil millones de dólares como reparación y una participación del 5% en sus utilidades anuales.

El jueves 31 de marzo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, los representantes de la minera y los campesinos tenían prevista por fin una Mesa de Trabajo para abordar temas de demarcación territorial e indemnización. Sin embargo, la esperada reunión que pudo calmar las aguas nunca se concretó.

En la víspera, el premier envió una carta a Dionilde Flores Calizaya, presidenta de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, a fin de comunicarle que la instalación de la Mesa de Trabajo quedaba suspendida “hasta que existan las condiciones sociales necesarias, máxime si las medidas de fuerza que vienen ejerciendo se encuentran fuera del marco de la ley”.

En conversación con Convoca.pe, Iván Mendoza, vocero de la comunidad, ya había indicado el 30 de marzo que los comuneros no aceptarían la reunión si no se cumplían las siguientes demandas: instalar la Mesa de Trabajo en Viña Blanca, que es donde está el reservorio intervenido, y que Southern Perú retire las diez denuncias que interpusieron contra la comunidad campesina por actos vandálicos que los comuneros, aseguran, no cometieron.

Aníbal Vásquez, presidente del Consejo de Ministros, suspendió la reunión prevista para el 31 de marzo "hasta que existan las condiciones sociales necesarias".

Frente a esta situación, Óscar González Rocha, director de Southern Copper Corporation, se dirigió al Ejecutivo, a través de una carta abierta, para que interceda en la búsqueda de una solución a este conflicto que impide el acceso de los trabajadores mineros al agua.
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las partes involucradas a que retomen, en el más breve plazo, el diálogo, a fin de que se continúe con el tratamiento técnico de los problemas. Además, recomendó al Ministerio de Energía y Minas evaluar la situación e incidir en la comunidad y la empresa a fin de que se restituya la relación entre ellas.

Una fuente de Convoca.pe, que ha estado relacionada con las coordinaciones para entablar la Mesa de Diálogo, declaró que el premier Aníbal Torres llamó a Iván Mendoza, vocero de los campesinos, la tarde del último 2 de abril. La conversación no llegó a un punto en común, pues el representante de la comunidad insistió en que la compañía debía retirar las denuncias y pidió que se den las garantías necesarias para el diálogo. Mendoza corroboró a este medio lo dicho por la fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Diálogos frustrados
 
Iván Mendoza señala que el último 12 de febrero los comuneros se reunieron con Christian Gonzales Roncal, superintendente legal de Southern Perú, le presentaron un documento con sus demandas y no recibieron respuesta alguna. Para conocer de primera mano la posición de la empresa, Convoca.pe solicitó comunicarse en reiteradas ocasiones con sus representantes, pero al cierre de esta edición el pedido de entrevista no ha sido atendido.

Mendoza cuenta que luego, el 17 de marzo, el ministro de Energías y Minas (MEM), Carlos Palacios Pérez, llegó a Moquegua para facilitar un diálogo entre la comunidad campesina y la compañía minera, que se daría al día siguiente. Los comuneros insistieron en que la reunión debía desarrollarse en Viña Blanca, donde está el reservorio de agua intervenido, pero fueron persuadidos por la Comisión de Alto Nivel del ministerio y la cita tuvo lugar en el distrito de Torata, el 18 de marzo. 

Se suscribió un acta del encuentro. En el documento, la comunidad se comprometía a levantar la medida de fuerza en el reservorio de Viña Blanca y en la vía férrea y a aceptar la instalación de una mesa de diálogo, entre otros acuerdos. Sin embargo, Southern Copper nunca llegó.

Dos días después, el 20 de marzo, los comuneros rechazaron el acta que habían firmado con la Comisión de Alto Nivel. Según Mendoza, la negativa de los comuneros se debió a que tomaron conocimiento de que la compañía minera los había denunciado por actos de vandalismo. “Mientras estábamos acordando, nos notificaron denuncias a la comunidad”, asevera. 

La mina Cuajone, ubicada en Moquegua, es operada por Southern Copper desde 1976. Foto: Andina.pe

“Acusan a la comunidad por los daños del ferrocarril y la laguna. No hay diálogo directo con la empresa desde esa fecha”, asegura por su parte Dionilde Flores Calizaya, presidenta de la comunidad campesina.

Convoca.pe intentó comunicarse con representantes del MEM, pero no dieron una respuesta al cierre de este informe.

Origen del conflicto

Southern Copper Corporation se autodefine como “uno de los productores de cobre más grandes del mundo”. En 1976 se inauguró el Complejo Minero Cuajone, en Moquegua, que es lugar del conflicto entre la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala y la gigante extractiva.

Dionilde Flores, la presidenta de la comunidad, sostiene que Southern Copper usurpó parte de los territorios de la comunidad para construir el vaso regulador de Viña Blanca, una infraestructura para acumular agua. Además, afirma que la empresa minera arroja desmontes que perjudican los cultivos de decenas de familias de la comunidad campesina.

Según los campesinos, la empresa minera continúa arrojando desmonte al territorio de la población. Fuente: Facebook

Por estos antecedentes, la comunidad solicita una indemnización de cinco mil millones de dólares para compensar, alegan, más de 50 años de usufructo de sus territorios. Sin embargo, la compañía ha argumentado en medios de comunicación que tiene los permisos correspondientes para hacer uso de esos territorios. Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las dos partes proporcionó la documentación que solicitamos al respecto.

Al no llegar a un acuerdo, el 28 de febrero, la comunidad campesina tomó control del vaso regulador de Viña Blanca. Desde esa fecha, Southern Perú hizo de conocimiento público el cese de las operaciones en Cuajone por interrupción del servicio de agua potable hacia el campamento minero. La situación, según la compañía, ha puesto en riesgo a cinco mil personas -entre trabajadores y familiares de los mismos- que residen en la zona afectada.

En diálogo con Convoca.pe, Víctor Meneses, vocero de los trabajadores de Southern Copper en Cuajone, asegura que sus compañeros y sus familias no tienen acceso al agua. “El hospital está recibiendo gente con casos de diarrea y cada vez cuenta con menos agua. El agua es un derecho fundamental para la vida”, afirma.

Meneses comenta que los equipos que concentran el cobre están sin funcionar y se ha dejado de producir un promedio de 12 mil toneladas de concentrado de cobre. Sobre los efectos económicos de esta situación, el representante de Southern Perú, Óscar González Rocha, reiteró, en una carta abierta al Ejecutivo, que el perjuicio se estima en 5 millones de dólares por día de exportaciones y en S/ 8,5 millones diarios por concepto de impuestos y regalías.

Convoca.pe verificó que Southern Perú Copper en el pasado ha recibido trece sanciones de parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), nueve de ellas en Moquegua. Además, la compañía minera tiene dos penalizaciones en Cuajone, zona del conflicto social, por incumplimiento de normas de residuos sólidos en 2013. Ambas sanciones suman más de 30 mil dólares en multas.

La comunidad campesina decidió dejar sin efecto los acuerdos alcanzados en la reunión con el MEM. Aseguran que fueron denunciados por vandalismo por Southern Copper. Foto: Periódico Rotativo Moquegua.

Otros antecedentes

Southern Perú no es conocida precisamente por sus buenas relaciones con las poblaciones contiguas. En 2011 se desató la primera protesta contra la implementación del proyecto minero Tía María en Islay, Arequipa, a cargo de esta compañía de capitales mexicanos. Habitantes del valle del Tambo temían que los campos de cultivo sean afectados por la minería a tajo abierto que operaría en dicho yacimiento de cobre.

El diálogo entre la comunidad y la compañía minera no llegó entonces a un acuerdo y las protestas se recrudecieron en 2015. Ambas protestas sumaron el saldo fatal de seis manifestantes y un policía muertos. 

En julio de 2019, el entonces presidente Marín Vizcarra otorgó la licencia de construcción del proyecto a Southern Copper, pero la misma fue suspendida un mes después por nuevas protestas. 

En 2021, el entonces ministro de Economía, Pedro Francke, consideró que no existían las condiciones políticas y sociales para la viabilidad del proyecto Tía María debido al "muro de resistencia social" que se manifestó en la zona de influencia del yacimiento en los últimos años.

Sin embargo, en febrero de este año, Raul Jacob, vicepresidente de Finanzas, tesorero y director financiero de Southern Copper Corporation, reveló a la agencia Reuters que Tía María entraría en operaciones en el 2029. Estas afirmaciones tuvieron una respuesta de la población del valle del Tambo que anunció nuevas protestas.

Southern Copper ha firmado hasta ahora 11 convenios de seguridad con la Policía Nacional para proteger sus unidades mineras en el sur del Perú, como ya lo ha revelado una investigación de Convoca.pe. Tres de esos acuerdos se encuentran vigentes y tienen como objeto dar seguridad privada en las zonas de influencia de los proyectos Tía María, en Arequipa; Toquepala, en Tacna, y Cuajone, en Moquegua. 

Los tres convenios vigentes implican el pago total de 2 millones 86 mil 106 soles (US$ 524.806) por parte de Southern Copper. 

Denuncias en medio del diálogo

Los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala aseguran a Convoca.pe que agentes de seguridad de la empresa minera los agredió físicamente el último 10 de marzo. Iván Mendoza y Dionilde Flores relatan que decenas de trabajadores de Liderman, empresa encargada de la seguridad de Southern Copper, y un grupo de supuestos “delincuentes contratados”, tomaron de rehenes a diecisiete hombres y tres mujeres de la comunidad.

“Nos quitaron los celulares y todo lo que teníamos. Cada vez que nos movíamos nos golpeaban. Estuvimos bajo su custodia cerca de cuatro horas y nos soltaron uno a uno”, comenta Mendoza. 

Mendoza aseguró que todavía no habían interpuesto una denuncia por estos hechos, pero aseguró que pronto lo harían. Además, agregó que la comunidad usó las redes sociales para acusar a Southern Copper de estas presuntas agresiones.

Los comuneros acusaron a Southern de agresión en su página de Facebook. Fuente: Facebook.

Iván Mendoza reclama que él junto a sus compañeros contaron a los periodistas de los programas televisivos Cuarto Poder (de América Televisión) y Contracorriente (de Willax) el acto del que habrían sido víctimas, pero su relato no fue tomado en cuenta en sus últimos reportajes emitidos.

En esa línea, Dionilde Flores sospecha que algunos medios de comunicación están coludidos con Southern Perú para desfavorecer la imagen de la comunidad campesina. “Inventaron que los atacamos y usaron fotografías falsas para hacernos quedar mal”, acota.

Pronunciamiento de la comunidad campesina sobre supuesta difamación de medios de comunicación. Fuente: Facebook.

Como se recuerda, la compañía minera informó que el 27 de marzo, decenas de miembros de la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala realizaron una incursión muy cerca al ingreso de la mina Cuajone. A través de un comunicado, la minera detalló que los comuneros atacaron con piedras al personal de vigilancia y prendieron fuego a los arbustos cercanos a la garita de control.

“El mismo día del supuesto acto de vandalismo, la comunidad estaba en reunión desde las ocho de la mañana. La comunidad tiene cómo demostrarlo”, enfatiza Flores, quien además aseguró que habían firmado un acta al término de dicho encuentro. Solicitamos este documento, pero al cierre de este informe todavía no había sido enviado.

Trato ineficiente al conflicto

El conflicto minero en Cuajone es uno de los cientos de desacuerdos que persisten en el país y que no alcanzan una solución efectiva y permanente, tal como lo reportó la Defensoría del Pueblo en su informe Nº 187-2021 “Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos”.

El experto en conflictos sociales y ex jefe de la oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Marco Sipán, explicó a Convoca.pe que el constante cambio de funcionarios en gabinetes ministeriales y la carencia de personal capacitado estancan las negociaciones con las poblaciones.

“Cuando hay un punto de desconfianza como en este caso, se busca que la autoridad con más alto nivel llegue para poder garantizar cierto compromiso o sostenibilidad. La población envía sus demandas y no es atendida, solo se le presta atención cuando el conflicto escala enormemente”, afirmó Sipán.

El especialista también enfatizó que la comunidad campesina debe ser paciente a cada reunión y no tomar medidas radicales ni ser intransigente al diálogo.

Sobre la indemnización que la comunidad solicita a Southern, el experto señaló que la reivindicación de 5 mil millones de dólares, que la población estima merecer, no se debe reducir a una cifra expuesta por los comuneros, sino que debe ser evaluada por un equipo técnico que valorice realmente el daño o afectación. Para llegar a este punto es necesaria una mesa de trabajo.

Además, acotó que en el país no existe normatividad para la indemnización y reparación directa, sino que se establece a través de organismos. “Los acuerdos directos entre población y compañía minera son ‘actos de buena fe’ voluntarios de la empresa”, sostuvo Sipán.

Respecto al comportamiento de Southern Perú en otros conflictos mineros, el exfuncionario del MEM indicó que, a la hora de ejecutar los lineamientos, la empresa se arriesga a recibir sanciones y prefiere pagarlas antes que detener sus operaciones. “En Tía María ellos jugaron al borde”, concluyó el experto.