El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acudió al Congreso el martes último para solicitar el voto de confianza y exponer la política general del Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19 y la grave crisis económica del país. El discurso de Martos tuvo un tono distinto que el de su antecesor Pedro Cateriano, quien tuvo que renunciar al cargo tras no obtener la votación necesaria de congresistas en el mismo procedimiento en el Legislativo.

Esta sesión plenaria resultó más corta que la anterior. Terminó cuando la mayoría de parlamentarios decidió otorgar la confianza al nuevo gabinete ministerial.

Convoca Verifica, la unidad de verificación del discurso público y detección de noticias falsas de Convoca.pe, evaluó las afirmaciones sobre algunos temas clave que se dieron en el hemiciclo, durante el pedido de voto de investidura.

Vacunas con la iniciativa COVAX Facility

En parte de su discurso, el premier Walter Martos se refirió a la inmunización de la población con la vacuna para el COVID-19. Señaló que con la iniciativa COVAX Facility se podrá asegurar la adquisición de vacunas para 6.6 millones de peruanos, el 20% de la población. ¿Qué tan cierta es esta afirmación?

En julio pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, anunció que el Perú había expresado su interés para ser parte de COVAX Facility. Se trata de una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que agrupa a países y fabricantes de vacunas. Los países miembros financian en conjunto la compra de vacunas, a excepción de los estados con ingresos bajos, que recibirán las dosis como donaciones.

De acuerdo con una publicación realizada en la web de la OMS, antes del 31 de agosto los países que autofinanciarán la compra de vacunas —mediante la citada iniciativa— deben remitir un compromiso vinculante. Es por este motivo que Martos dijo que se espera la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hasta el 11 de agosto, más de 81 países expresaron su interés en acceder a la iniciativa de forma autofinanciada. El objetivo de COVAX Facility es que hasta fines del 2021 se aseguren 2 mil millones de dosis de vacunas para los estados conformantes de esta iniciativa multilateral. Se brinda un aval para garantizar la cobertura del 20% de la población de cada país conformante de la iniciativa. Sin embargo, los lotes de vacunas se irán distribuyendo de forma equitativa entre todos los países. La declaración brindada por el presidente del Consejo de Ministros es verdadera.

Según la información difundida por COVAX Facility, históricamente, los programas de vacunas que no se encuentran en etapa de ensayos en humanos tienen un 7% de probabilidad de éxito. Este porcentaje aumenta al 17%,  una vez que ingresan en ensayos en humanos. De los 130 candidatos a vacunas identificados por la OMS, solo 15 se encuentran en la etapa de ensayos en humanos.

Pueblos indígenas

Las poblaciones indígenas fueron mencionadas en el discurso del premier, luego de volver a estar presentes en la agenda nacional por el conflicto social en el Lote 95, en Loreto, que dejó la muerte de tres miembros de la etnia Kukama Kukamiria, el pasado 9 de agosto.

Martos anunció la aprobación del plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía, con un financiamiento de 74 millones de soles, en beneficio de 350 mil pobladores de diez regiones del país.

El Ministerio de Salud aprobó, mediante la Resolución Ministerial N° 308-2020-MINSA, el Plan de Intervención para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía al que se refirió el premier Martos. El documento técnico del plan indica que se atenderán a comunidades indígenas de diez regiones de la Amazonía peruana: Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Cusco, Cerro de Pasco, Huánuco, Junín y Cajamarca.

No obstante, el presupuesto de este plan, emitido el pasado 21 de mayo, era de 88 millones 246 mil 254 soles. El 23 de junio se publicó el Decreto de Urgencia 071 - 2020, que destina 74 millones de soles como dijo Walter Martos en su discurso. Esta afirmación se considera verdadera pero el presupuesto inicial planteado por el MINSA para aplicar esta estrategia era mayor.

Martos también sostuvo que se había implementado una estrategia multisectorial para los pueblos indígenas originarios frente al COVID-19 . En efecto, esta estrategia fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1489, del 9 de mayo de 2020, la cual destinó 5 millones de soles al Ministerio de Cultura para el financiamiento del programa. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera.

Los ejes principales de la estrategia son cinco: respuesta sanitaria, control territorial, abastecimiento de bienes de primera necesidad, información y alerta temprana, y protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. La estrategia tiene un alcance que cubre 17 departamentos: Loreto, Amazonas, Ucayali, Pasco, Cusco, Junín, Madre de Dios, Ayacucho, San Martín, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Áncash, Arequipa, Apurímac, Puno y Tacna.

Amazonía y el Acuerdo de Escazú

En su exposición, el premier Walter Martos no se refirió de manera específica al Acuerdo de Escazú. Fueron congresistas de las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP) y Unión Por el Perú (UPP), quienes introdujeron el tema cuando intervinieron en el debate. Fernando Meléndez, vocero de APP, dijo que "este acuerdo es una afrenta a la Amazonía y soberanía territorial del país". Mientras que Alexander Lozano, de UPP, consideró que el Poder Ejecutivo y Congreso deben decir "no" al acuerdo, porque quitará soberanía al país y  afectará a los sectores productivos.

Convoca Verifica examinó el Acuerdo de Escazú y conversó con especialistas en tema ambiental para determinar la veracidad de las afirmaciones de los parlamentarios.

El documento en entredicho se denomina Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo del 2018.  Este acuerdo aún no entra en vigencia, pues se necesita que 11 países de la región lo ratifiquen, y nueve lo hicieron.

Parlamentario Fernando Meléndez, vocero de Alianza Para el Progreso. Foto: Agencia Andina

El Perú ha seguido un trámite para su ratificación, pero el proceso  fue  interrumpido en agosto de 2019, cuando se derivó el expediente al Congreso. El Legislativo debe aprobar el acuerdo a través de una resolución legislativa para que sea ratificado, sin embargo, hay oposición en el Congreso, como quedó demostrado en el debate del martes pasado.

Un argumento en su contra es que su adopción afectaría a la Amazonía. Esta afirmación es engañosa, ya que el acuerdo rige para todos los territorios de los países que se adhieran. No está particularmente enfocado en la Amazonía. La palabra ni siquiera es mencionada en el cuerpo del documento.

Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), afirmó que el Acuerdo de Escazú no se refiere a ningún territorio en particular, sino a la aplicación de derechos humanos. En su artículo 1 se indica que  tiene por objetivo garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Legislador Alexander Lozano, de Unión Por el Perú. Foto: Difusión

Algo en lo que coincidieron los dos legisladores es en indicar que el acuerdo quita soberanía al Perú.

Aida Gamboa, coordinadora del programa  Amazonía de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), sostuvo que el propio acuerdo reconoce la soberanía en su artículo 3. Esto es cierto, el Acuerdo de Escazú establece el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados.

La especialista de DAR indicó que este acuerdo eleva la valla en cuanto a la participación ciudadana, la entrega de información y el resarcimiento de daños ambientales. Mientras que Carol Mora, de SPDA, refirió que en el marco del acuerdo no se compromete el dominio eminencial sobre los recursos naturales, ni el poder público del Estado para administrar los mismos. Entonces se concluye que lo mencionado por los parlamentarios es falso.

Financiamiento a universidades

Las dos declaraciones de Martos sobre el financiamiento de universidades públicas durante el estado de emergencia nacional son verdaderas.

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, el Gobierno destinó 231 millones 311 mil 146 soles para el funcionamiento de los centros de estudio superior durante el estado de emergencia.

Asimismo, también se destinó en abril de este año 14 millones de soles al Programa para la Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT), para fortalecer la educación virtual en las universidades.