La semana pasada antes de iniciar nuestras celebraciones de Fiestas Patrias, recibimos dos noticias vinculadas a la justicia ambiental penal muy alentadoras y relevantes, que sin duda marcan un camino sobre nuestro papel como ciudadanos y consumidores, temas tan sensibles vinculados a los dos crímenes ambientales de mayor incidencia en el Perú: los delitos contra los bosques (tráfico ilícito de productos forestales) y la minería ilegal.

Sin duda el primer caso emblemático es el de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C (ahora Tamshi S.A.C.), en Loreto, fundada por el empresario checo-estadounidense Denise Melka. El gerente general de esta compañía, Rubén Antonio Espinoza, fue condenado a ocho (8) años de pena privativa de libertad y el jefe de operaciones y un trabajador de campo a cuatro (4) años de pena suspendida. En la audiencia del 25 de julio, se condenó a prisión a estas personas por el delito de tráfico ilícito de productos forestales maderables y por la obstrucción del procedimiento en su forma agravada. La sentencia fijó una reparación civil de 15 millones 720 mil soles, que deberán pagar la empresa y los sentenciados durante el primer año de dictado el veredicto.

El caso evidencia que no existe impunidad y que los responsables de gestionar, administrar y tomar decisiones en una empresa de este tipo, pueden ser sancionados, lo que genera un precedente relevante en uno de los casos de mayor deforestación en el Perú. Sin embargo, aún está pendiente que los representantes de la compañía puedan resarcir el daño causado al ambiente. Esto podría llevar a los magistrados a plantear, de manera complementaria, que se reforeste o establezca mecanismos compensatorios. 

Otro caso relevante que pasó casi inadvertido está referido a una de las primeras sentencias en Huancayo, en el departamento de Junín, por el delito de minería ilegal. El Juzgado Penal Colegiado de Huancayo sentenció a Luis Suere Orihuela, representante de la empresa Agregados Santa Catalina SAC, que tenía como modus operandi la presentación reiterada de petitorios mineros en un mismo lugar, pese a que conocía que se trataba de una zona prohibida o de Áreas de No Admisión de petitorio minero (ANAP). 
 

En este caso, la Fiscal Especializada en Materia Ambiental, Nora Flores, contó con el apoyo del Equipo Forense de Medio Ambiente (EFOMA) y el respaldo de los Informes Fundamentados de las autoridades administrativas, lo que contribuyó a la sentencia de ocho años de pena privativa de libertad a Suere Orihuela y el pago de una reparación civil de 932 mil 020 soles.  

Además de ello, resulta interesante que este último caso corresponda a minería no metálica y que pueda servir como antecedente para construir la teoría del caso en otros distritos fiscales a fin de tener resultados similares en regiones con alto índice de minería ilegal.

En el 2016 la Dirección Regional de Minería de Junín y la Fiscalía Especializada Ambiental de Huancayo realizaron intervenciones a la planta chancadora Santa Catalina ubicada en el distrito de Pilcomayo en Huancayo. Foto: Andina.

Tanto en Loreto y Junín, las operaciones se realizaron a través de empresas formalmente constituidas y con las sentencias quedó en evidencia que los representantes de las compañías pueden ser sancionados al haber tenido la posibilidad de controlar las actividades y la capacidad de evitar que se cometan dichos delitos. Sin duda, se trata de casos emblemáticos que nos permiten entender la dinámica de los crímenes contra el ambiente.

Otro elemento que debe considerarse es el compromiso de los Fiscales Especializados en Materia Ambiental (FEMA) para abordar estos casos, en los que han recurrido a instrumentos técnico-jurídicos que la ley señala, y el rol preponderante que juega la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental. Pese a las diversas restricciones en la asignación de recursos económicos están tendiendo resultados que son un ejemplo a escala nacional.

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El nuevo reto para los operadores de justicia ambiental en el Perú es empezar a abordar y a utilizar mayores y mejores herramientas técnico-jurídicas, construir las teorías de caso, identificar mejores mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades administrativas para la persecución de los diversos delitos que no solo afectan el patrimonio de todos los peruanos, sino también afectan la vida de la gente.

Una mención aparte es el rol de la sociedad civil no solo como veedores de cómo se destruye nuestro patrimonio natural, sino en un actor fundamental que colabora con las autoridades para la defensa del patrimonio de todos y de nuestra casa común.
 

(*) César A. Ipenza es abogado especializado en materia ambiental, tiene una maestría en Espacios Naturales Protegidos y Gestión Pública. Es profesor e investigador en temas ambientales.
 

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